Transparencia de Viaje | Melián Abogados

La Transparencia Veraneó a Última Hora en Canarias

Cuando agosto está a punto de morir, los estertores de su última semana traen de vuelta al personal. Las ciudades empiezan a parecer Septiembre. Recuperan el repiqueteo de tazas y cucharas de café y las tertulias improvisadas de primera mañana, también inevitable runrún de coches y pronto de sus colas. En medio de la agonía estival, la Transparencia se vino de veraneo a Canarias. El periódico Canarias 7, en su edición del pasado día 26 de Agosto,  contaba con todo lujo de detalles que nuestro Diputado del Común (el defensor del pueblo canario, para entendernos) había gastado en un viaje de cinco días al extranjero más de 5.000 euros. Al día siguiente, la misma periodista que había elaborado aquella minuciosa información, Almudena Sánchez, daba cuenta en el mismo diario de la réplica del Diputado del Común. Y aunque, según la información, el Diputado del Común afirmaba que  «No tengo nada que justificar» Dió todo lujo de detalle y explicaciones a su costoso periplo por tierras galas. Al parecer esta información y a cuenta de la Ley de Transparencia ya le había sido solicitada y había dado la callada por respuesta.

Y como en la revolucionaria canción de Carlos Puebla, y en eso llegó… el Comisionado de Transparencia. La hábil periodista inquirió una respuesta del Comisionado a la infracción del derecho de acceso a los ciudadanos a la información pública relativa al viaje de marras. El comisionado explicó en una nota los argumentos en virtud de los cuales él no podía hacer nada al respecto, puesto que sus potestades están constreñidas al contenido de la Ley Canaria de Transparencia. Lógico y natural.

Para empezar por su sitio, y remontándonos a las postrimerías del nacimiento de la Ley estatal de Transparencia, con propiedad, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; una de las críticas que de inicio se hizo al nuevo texto legislativo estaba relacionada con los privilegios que la propia Ley otorga a determinados sujetos. Entre éstos, los señalados en el apartado f) del artículo 2.1 de la Ley. “f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.” A estos sujetos, entre los que a cuenta de la coletilla “instituciones autonómicas análogas” también está nuestro Diputado del Común, sólo le serán exigibles las obligaciones de publicidad activa y la obligación de satisfacer el derecho de los ciudadanos a la información pública en relación con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo. Y en referencia a este último derecho, y conforme a lo establecido en el 32.2 de la Ley, luego refrendado por la Disposición Adicional tercera, el derecho de acceso a la información pública, sus resoluciones expresas o presuntas directamente han de ser recurridas ante los tribunales de justicia, no pudiendo presentarse frente a las mismas recurso administrativo alguno (curiosamente tratándose de actividades sujetas al Derecho Administrativo), tampoco la reclamación ante el órgano de control de la Transparencia.

En resumidas cuentas, la Ley Canaria no ha hecho sino reproducir el contenido de la Ley estatal. Por supuesto, tanto la Ley nacional y la autonómica podía haber ido más allá y ser menos complaciente con estos sujetos. Se trata en definitiva de dinero público, pero la cosa es que entre estos sujetos está el propio Parlamento, también el Canario. En los que se aprueban las leyes. También las que privilegian a sus señorías. Se podría pensar que si el dilema que plantea este caso es similar al del “Mito de Giges”, pero no. Si la periodista no le hubiera quitado el anillo de la invisibilidad al Diputado del Común, a su viaje, tengo la impresión de que él mismo no nos hubiera obsequiado con el relato minucioso de su viaje a la Galia. ¿El hombre es bueno por naturaleza o porque está obligado a serlo? ¿qué serías capaz de hacer si supieras que nadie puede verte ni controlarte, que nadie puede enjuiciar nada de los que haces ni debes rendir cuentas? He ahí el dilema: invisibilidad o transparencia. Ser o no ser.

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Licenciado en Derecho, Abogado colegiado en el ICATF, Especialista en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Propiedad Intelectual y Derecho del Entretenimiento. Cuenta con una dilatada experiencia de más de 25 años en el ejercicio profesional, principalmente en la consultoría de entidades del sector público autonómico y local y de diferentes medios de comunicación. Desarrolla su actividad como socio director del área de derecho Administrativo en el bufete “Melián Abogados”, establecido en las Islas Canarias. Puedes seguirlo en Twitter, Linkedin o Facebook. También puedes localizarlo en Skype en la cuenta: juancarlosmelian1 o por su nombre.