En las notificaciones administrativas se suele indicar el plazo de que disponemos para llevar a cabo la actuación que proceda, solo hay que saber cómo funciona el cómputo de plazos administrativos.
En determinadas circunstancias, no contar con un Plan de igualdad puede impedir contratar con empresas del Sector Público.
En el caso de los funcionarios públicos, dado que no están sometidos a la legislación laboral, es normal preguntarse en qué casos se extingue la relación con la Administración empleadora.
Dejamos en este artículo unas notas acerca de la autorización de entrada en domicilio para ejecutar un acto administrativo, junto con el modelo de escrito correspondiente.
El recurso especial en materia de contratación es un mecanismo valiosísimo para controlar que la actuación administrativa se ajuste a la legalidad.
Existen unas consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de publicar en la PCSP (Plataforma de Contratación del Sector Público) las convocatorias de las licitaciones. En este artículo hablamos de ellas.
Los recursos administrativos permiten a las personas impugnar los actos administrativos que les afecten, sin necesidad de acudir a la vía judicial, es decir, sin acudir a los juzgados y tribunales.
La delación premiada o delación compensada, que, para que nos entendamos, sería exactamente lo mismo que decir denuncia premiada o denuncia compensada, es una de las novedades más llamativas de nuestra nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo que al ámbito sancionador administrativo se refiere.
El procedimiento administrativo es el cauce de actuación de las Administraciones Públicas, y tiene como resultado un acto administrativo, que no es más que la decisión que toma una Administración en un asunto concreto. Obligaciones de la Administración La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. Y esa […]
Los entes que integran el sector público pueden encargar a entidades medio propio personificado sin que a tal encargo le sea de aplicación las normas que regulan la contratación del sector público.