La Contratación Pública Electrónica

Según los indicadores más recientes de los que disponemos, el gasto en contratación del sector público en España durante el año 2011 supuso el 15,5% del PIB. Es decir, 164,68 billones de euros. En Europa la contratación pública de obras, bienes y servicios supuso 2.405,89 billones de euros. Los datos apuntados dan cuenta inequívoca de la importancia de la contratación del sector público en Europa y la necesidad de establecer mecanismos legales que garanticen unos procedimientos transparentes y no discriminatorios, cuyo objetivo sea asegurar a los operadores económicos el pleno disfrute de las libertades fundamentales cuando compitan por los contratos públicos.

A partir de las Directivas Europeas de contratación, nuestra legislación se ha ido adaptando con mayor o menor fortuna a las mismas y abriendo el mercado de la contratación pública a un número mayor de empresas. La participación en el mercado de la contratación pública, en el contexto de una crisis económica profunda ha dejado de ser una opción para las empresas cada vez más necesitadas de abrir fronteras, y se ha tornado en obligación. Por esa razón, el conocimientos y la comprensión de las cuestiones de la contratación pública abre nuevas oportunidades, no sólo para las empresas y para el sector público contratante, que logra un gasto más eficiente, sino también para las personas que tanto en el sector público como el privado pueden ver cubiertas y mejorar sus expectativas profesionales con la adquisición de conocimientos específicos en contratación pública, cada vez más demandados.

Por todas esas razones la contratación pública —como factor favorecedor de una Administración pública eficaz—, ocupa un papel fundamental en la Estrategia Europa 2020. En breve, las directivas clásicas de contratación serán revisadas, incorporando importantes novedades. Especialmente significativa será la implantación obligatoria de la contratación pública electrónica dados los ahorros sustanciales que puede generar, propiciando además un cambio estructural de la administración pública que simplifique sus procedimientos, favorezca el crecimiento y abra el mercado interior. Asimismo, la simple rebaja en los costes facilitará la participación de las PYMES en la contratación pública, e incrementará la transparencia por lo que respecta a las oportunidades empresariales.

En el cronograma de su implantación ya hay fechas:

• Diciembre 2013 -> Se aprobarán las nuevas directivas por el Parlamento de Europa.
• Enero 2014 -> Entrarán en vigor y los Estados tendrán dos años para adaptarse incorporando la notificación electrónica en el proceso de contratación y acceso a la información del procedimiento de forma electrónica.
• Enero-Febrero 2017 -> Licitación Electrónica obligatoria para las centrales de contratación.
• Aproximadamente en Junio-Julio de 2018 -> La contratación electrónica obligatoria para todos los estados miembros UE.

En paralelo a la modificación de las directivas de contratación, la Comisión ha adoptado una propuesta que tiene por objeto digitalizar otra fase del proceso de contratación pública: la facturación. Todo un reto y una oportunidad.