El GPS y el derecho a la intimidad del Trabajador

El GPS y el derecho a la intimidad del Trabajador. La inercia del trabajo diario y navegar por Internet me aportaba las ideas sobre los temas a tratar en mis artículos, pero tengo intención de cambiar a mis musas. Me niego porque no se merecen este castigo: Un monólogo recurrente sobre la crisis y su repercusión en la destrucción de empleo, fatal. Así que aprovecho el aire fresco que me trajo una consulta reciente sobre la instalación de un sistema GPS en unos vehículos de Empresa, para exponer unas líneas sobre la reciente jurisprudencia en materia de vulneración del derecho a la intimidad del trabajador en el entorno del trabajo.

Partimos de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 21 de junio de 2012, que si bien finalmente no unifica doctrina, nos sirve su análisis de punto de partida. El caso es el siguiente: Un trabajador es despedido por la realización de actividades incompatibles durante su incapacidad temporal. El desarrollo habitual de sus funciones requerían fundamentalmente realizar desplazamientos en coche visitando obras de construcción. La Empresa había contratado a un detective privado y éste colocó un aparato GPS en el coche del trabajador para realizar el seguimiento, verificando que los días de vigilancia estuvo realizando múltiples desplazamientos en su coche, entre otras actividades. La Sentencia de Instancia declara la nulidad del despido —con la consiguiente condena a la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo y abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido— porque los datos en que se sustenta la carta, el informe del detective, han sido obtenidos con vulneración del derecho a la intimidad en relación con los derechos a la libertad de circulación y a la tutela judicial efectiva; este pronunciamiento es confirmado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Sentencia de fecha 10 de mayo de 2010.

Recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, expongo brevemente dos de las cuestiones en que se centra el Recurso planteado por la Empresa:

• La primera, en cuanto a los motivos que determinan la ilicitud de la prueba. Ya hemos comentado en otros artículos que en el ejercicio de las facultades directivas, el empresario tiene las facultades de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones laborales, pero las mismas deben realizarse con respeto a la intimidad y dignidad del trabajador. Refiriéndose al informe de los detectives, razonaba la Sala de lo Social del TS de Justicia del Pais Vasco que éstos “no disponen de una patente de corso para interferir en el derecho a la intimidad de las personas sirviéndose de las nuevas tecnologías, debiendo utilizar únicamente aquellos métodos que respeten el derecho a la vida privada del individuo sometido a control.” Añade que procede “determinar si la colocación por el investigador privado contratado por la demandada de un dispositivo de localización GPS en el vehículo privado del demandante, sin su conocimiento ni autorización, y sin que concurriesen circunstancias especiales que pudiesen justificar su instalación, como la realización de maniobras de distracción encaminadas a despistar a posibles vigilantes, u otras similares, implica una injerencia desproporcionada en el derecho a la intimidad personal o vida privada del aquí recurrido”, concluyendo que sí se ha producido esa vulneración denunciada. “En primer lugar, la implementación de un sistema de monitorización en tiempo real del vehículo particular del demandante durante una semana en que su contrato de trabajo estaba suspendido, afecta a una de las manifestaciones de su derecho a la intimidad: el derecho a que los demás no sepan dónde está en cada momento y cuáles son sus movimientos; o dicho en otros términos, el derecho a no estar localizado de manera continua por medios electrónicos colocados en sus bienes contra su voluntad. A tal efecto hay que destacar que esa técnica permite al detective, y por extensión al empresario que le contrata, tener un conocimiento permanente, a lo largo del día y de la noche, del lugar dónde se encuentra el trabajador, a través de la posición de su vehículo, así como de otros datos complementarios, como los tiempos de utilización del vehículo, los itinerarios, las pausas, los kilómetros recorridos, o la velocidad de circulación. En segundo lugar, la razón que esgrimió el detective para la colocación del GPS  —ser un dispositivo que facilita el control y seguimiento del trabajador y que éste no se sienta vigilado— no es motivo que pueda legitimar su empleo frente a los métodos de vigilancia directos, menos intrusivos. El empleo de ese mecanismo no respeta el principio de proporcionalidad, pues resulta totalmente innecesario atendiendo al objetivo perseguido de comprobar las actividades realizadas por el demandante en los espacios públicos y privados de acceso libre, respondiendo a la mera conveniencia del investigador, lo que no justifica el uso de un medio tan invasor de la vida privada”.
  El Tribunal Supremo desestima el motivo de recurso alegado por la Empresa por falta de contradicción y defecto en la fundamentación legal, confirmando el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
• La Segunda cuestión a destacar se refiere a los efectos derivados de la nulidad de la prueba, que para el TSJ del País Vasco conllevó la nulidad del despido. Sobre esta cuestión existen criterios dispares de nuestros Tribunales de Justicia. Para unos, la ilicitud conlleva que no sea tenida en cuenta por el órgano judicial para la valoración de los hechos, por tanto no se den por probados los incumplimientos imputados al trabajador y sea declarado el despido como improcedente. Para otro sector, la nulidad de la prueba se extiende también a las decisiones sobre las que se sustentan , por lo que el despido será calificado como nulo por vulneración de derechos fundamentales.

Hubiera sido una oportunidad para que el TS se pronunciara al respecto y unificara criterios, pero no ha sido el caso, ya que igualmente desestima el motivo de recurso por defecto en su fundamentación legal. En otra será.