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Cláusula Suelo. Lo que Usted Debe Saber y su Banco no Quiere que Sepa

Los que siguen las noticias sobre cláusula suelo esta última semana de octubre, se habrán encontrado en los medios titulares como: “Bruselas defiende la retroactividad de las cláusulas suelo mal vendidas”, “La Comisión Europea cree que la banca debe devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo mal vendidas” o “Bruselas pide que la banca reintegre todo lo cobrado por las cláusulas suelo”. Al final de este artículo explicaremos a que se refieren estos titulares.

MELIÁN ABOGADOS lleva ya tiempo especializado en Derecho Bancario, por tal motivo hemos planteado numerosas demandas de nulidad de cláusula suelo. Teniendo en cuenta nuestra experiencia, vamos a intentar explicar, de una forma sencilla, porqué son nulas la mayoría de estas cláusulas, y qué puede Usted reclamar a su entidad bancaria, pues son muchos aún los que tienen un préstamo hipotecario en el que existe y se aplica la llamada cláusula suelo. Nuestro deseo es que este artículo les ayude a saber cómo actuar y a tomar una decisión.

Los clientes cuando acuden a nosotros conocen que existen sentencias que han declarado la nulidad de muchas de esas cláusulas, y sin embargo su banco se las sigue aplicando. Y nos preguntan —cómo es posible que mi banco no haya dejado de aplicar la cláusula suelo si existen Sentencias del Tribunal Supremo que las declaran nulas—.

Acordar una cláusula suelo no es ilícito, es decir no es contrario a derecho, y por ello se pueden establecer. Lo que ha pasado es que a Usted, cuando ha iniciado los trámites para contratar su hipoteca, su banco seguramente le ha ofrecido varias opciones para elegir, entre ellas una hipoteca con interés variable, y le han dicho con una sonrisa: “vamos a fijar un tope por si sube el tipo de interés de referencia”. Aquí, es donde nos encontramos con la llamada cláusula techo; pero eso sí, junto a esta cláusula techo, venía impuesta la cláusula suelo, de la cual no recibió muchas, por no decir ninguna, explicación.

Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que, como usted es un consumidor, y esa cláusula suelo le ha venido impuesta en el contrato sin posibilidad de negociación alguna; es decir, se trata de una cláusula “la coges o la dejas”, estaríamos ante una condición general de la contratación, la cual afecta al objeto principal del contrato, el precio, y que por ello debe someterse a un doble control de transparencia.

El primer control de transparencia lo que analiza es si estas cláusulas admiten ser incorporadas al contrato como una cláusula general. Este primer filtro, se refiere a que las entidades bancarias deben cumplir con las normas del sector, como podría ser la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, que regula el proceso de constitución de las hipotecas en garantía de préstamos hipotecarios a los consumidores, y cumplir la ley de condiciones generales de la contratación.

Pero bien, llegados a este punto supongamos que ese primer filtro es superado. Y entonces… ¿por qué son nulas? Pues porque no suelen pasar el segundo control de transparencia, esto es, el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato, que en castellano significa que el Banco no se aseguró de que Usted entendía claramente que iba a suponer tener una cláusula suelo en su contrato de préstamo hipotecario.

Es decir, son nulas las cláusulas suelo por los siguientes motivos:

  1. La entidad bancaria no ha informado de una manera suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
  2. Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas.
  3. No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.
  4. No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad —caso de existir— o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.
  5. A veces se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.

Recuerde ahora el momento en que usted firmó la hipoteca… ¿Ha sido su entidad bancaria transparente con usted?

Si su cláusula suelo es nula, usted no tiene porqué continuar pagando más intereses de los que le corresponde. Podrá interponer una demanda contra el banco.

¿Qué tengo que hacer para interponer una demanda?

Localizar un abogado especialista en estos asuntos, llevarle su escritura de préstamo hipotecario. El abogado estudiará su caso, y le recomendará lo que proceda.

¿Qué se puede reclamar?

Aparte de pedir al Tribunal la declaración de nulidad de la cláusula suelo, es decir, que se deje de aplicar como si nunca hubiera existido, y por lo tanto se re-calculen sus cuotas, se solicita la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula. De momento nuestro Tribunal Supremo ha limitado esta reclamación a los intereses que Usted hubiera pagado de más a partir de la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

Esta limitación a las cantidades a devolver ha sido puesta en tela de juicio. Se encuentra en trámite, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una decisión prejudicial planteada por varios tribunales españoles precisamente sobre esta limitación en la devolución y su compatibilidad con el derecho comunitario, y que dicho Tribunal Europeo tendrá que resolver.

Volviendo ahora a los titulares con los que iniciamos este artículo, esta misma semana hemos sabido que la Comisión Europea, evacuando un trámite que le ha otorgado el mentado Tribunal, se ha pronunciado al respecto y ha venido a decir que cuando una cláusula es declarada nula, no podrá limitarse los efectos de esa nulidad. Ni siquiera los Tribunales nacionales podrán moderar la devolución de las cantidades que ya ha pagado el consumidor desde el origen del préstamo hasta la actualidad.

Esta comunicación de la Comisión Europea no es vinculante, se trata sólo de un trámite dentro del mentado procedimiento judicial. Buena noticia para los consumidores, no para los bancos.

Veremos si finalmente el Tribunal Europeo tiene en cuenta este parecer de la Comisión.

¿Qué es una Cláusula Abusiva?

En un mundo donde la práctica jurídica se materializa en la formalización continua de contratos entre partes, sin planteárnoslo previamente y como consecuencia de ello, salen a la palestra términos que a juicio de los particulares pueden resultar de difícil comprensión. El consumo, como tal, consiste en la satisfacción de necesidades y deseos de los ciudadanos a través de la adquisición de bienes y servicios, relaciones que se someten a las normas de nuestro ordenamiento jurídico.

La formalización de un préstamo personal, la financiación de ese viaje programado para las vacaciones de verano, o incluso, la póliza de seguro de hogar entre otras, se configuran en un contexto normativo del cual pueden desprenderse cláusulas, de las consideras por nuestros tribunales de justicia, como abusivas o limitativas de derechos.

Nos encontramos ante una cláusula abusiva o leonina, cuan ésta, no es negociada individualmente con el cliente, siendo por tanto, predispuesta e incorporada por una sola de las partes, provocando además dicha inclusión, un desequilibrio en los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio del consumidor.

A continuación detallamos los aspectos fundamentales a tener en cuenta en cualquier tipo de contratación:

Información contractual previa

Antes de contratar deberá proporcionársele toda la información necesaria sobre el negocio jurídico pretendido. Precios desglosados, duración de contrato, formas de pago, garantías ofrecidas, posible resolución anticipada del contrato, tipo de interés ordinario y moratorio, existencia de derecho de desistimiento del consumidor, dirección para la presentación de reclamaciones o quejas, es decir, cualquier dato fundamental que configure la contratación y que sea preciso para conocer en los términos que contratamos.

Ofertas publicitarias, promociones u ofertas

Si existieran y fuera éste el motivo de la contratación, podrán exigirse la inclusión de éstas en el contrato que pretende celebrarse. No obstante lo anterior, si el contrato presentara cláusulas más beneficiosas para el consumidor, éstas prevalecerán sobre el contenido de la oferta o promoción.

Resolución anticipada del contrato firmado (después de su perfección)

El consumidor y usuario podrá ejercer tal derecho en la misma forma que lo celebró, sin sanciones o cargas onerosas desproporcionadas, tales como la pérdida de cantidades abonadas de forma anticipada, el abono de cantidades por servicios no prestados, la ejecución de cláusulas penales o fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños causados.

Desistimiento del contrato (uno de los contratantes desea no continuar con el desarrollo del vínculo negocial)

El consumidor podrá desistir el contrato por las causas previas en la Ley y cuando así lo reconozca la oferta del comerciante. Ello no lleva aparejado el cobro de penalizaciones en concepto de renuncia.

Contratación telefónica o electrónica

Si se llevará a cabo la contratación por alguno de estos medios, el consumidor o usuario deberá hacer constar su aceptación en la justificación documental que reciba. En este supuesto se enviará inmediatamente justificación de la contratación efectuada por escrito.

La firma de un contrato que incluya cláusula/s abusiva/s o limitativa/s de derecho contradiciendo, por tanto, la buena fe contractual que rige cualquier tipo de negociación, supone que la empresa obtenga ventajas que la Ley no le concede. Motivo por el cual se considerarán, a la vista de lo anterior, nulas de pleno de derecho teniéndose por no puestas.

No obstante lo anterior, la declaración de nulidad de una cláusula no implica que el resto del contrato sea abusivo, por lo que habrá que realizar un análisis pormenorizado de las condiciones que rigen el acuerdo entre las partes a fin de comprobar si éste se adecua a las estipulaciones previstas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, normativa que tiene por objeto establecer el régimen de protección de los consumidores y usuarios, es decir, de toda persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial o profesional, o bien, a aquella persona jurídica y entes sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.