En Qué Consiste el Interdicto de Obra Nueva

Nuestro código civil establece que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión y si fuere inquietado en ella deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen. En artículos anteriores hemos hablado de la posesión y las acciones que se pueden ejercitar en su defensa, concretamente en nuestro artículo “Defensa de la Posesión; Acciones” de 31 de mayo de 2016, tratamos del interdicto de recobrar la posesión, que procede cuando ya se ha despojado realmente, y del interdicto de retener la posesión que es adecuado cuando hay actos que hacen temer por un despojo, pero éste aún no ha tenido lugar.

Finalidad del interdicto de obra nueva

En esta ocasión vamos a tratar el interdicto de obra nueva, aunque la ley ya no llama así, en la práctica los abogados seguimos dándole esa denominación. La finalidad del interdicto de obra nueva es la paralización de la obra que menoscabe, invada, recorte, modifique o imposibilite el ejercicio de la posesión, para evitar que se consume el perjuicio. Se trata de paralizar una obra con el fin de evitar daños mayores en nuestra posesión. Para que esta acción sea viable, se requiere:

  1. Que se esté ejecutando una construcción material que ocasione un cambio en el estado actual de las cosas.
  2. Que dicha construcción perjudique, moleste u origine algún inconveniente o interferencia en la propiedad, posesión o derecho real del actor, con daños efectivamente producidos y constatados o simplemente potenciales (es decir, protege el daño actual, pero, fundamentalmente, el daño no causado que se prevé que va a producirse con el desarrollo de la obra ).
  3. Que dicha obra o construcción no esté finalizada, pudiendo intentarse la acción tanto para impedir una obra nueva como para suspenderla en el estado en que se encuentre cuando su continuación pueda perjudicar al titular de un derecho cuyo objeto no pueda sustraerse al daño actual o futuro de la obra.

La finalidad del interdicto de obra nueva es la paralización en ciertos casos de la obra. Clic para tuitear

En definitiva, la finalidad de la acción ejercitada no es otra que obtener del tribunal la suspensión de una obra nueva, incumbiendo al que la promueve acreditar tanto la justificación del derecho que alega como perjudicado y el perjuicio que se pretende causado por la obra. No basta con alegar posibles arbitrariedades en la actuación del demandado mientras no se traduzcan en perturbaciones constatadas en la situación fáctica de disfrute en que permanezca el actor.

¿Qué se persigue?

Lo que se persigue con esta acción es una defensa posesoria consiguiente a un ataque a la posesión causado por una obra nueva, aunque con ello se proteja también la propiedad u otros derechos reales, pero no con base en una reclamación real o reivindicación de los mismos.

La resolución que se adopte en este procedimiento, que será en todo caso la paralización o no de la obra, no tiene efectos de cosa juzgada. Por ello queda reservado a las partes el derecho que puedan tener sobre la propiedad o sobre la posesión definitiva, derecho que podrán hacer valer en juicio posterior.

Es decir. se trata de obtener la paralización cautelar de una obra, en tanto se dilucida definitivamente el derecho de las partes en el juicio declarativo ordinario que corresponda, ya que en los juicios interdictales no es posible discutir el derecho a la propiedad o a la posesión definitiva, pues su finalidad no es otra, en esta concreta modalidad, sino la de impedir la continuación de una obra nueva que afecte o pueda afectar a la situación preexistente, quedando así fuera de su ámbito la discusión de cuestiones complejas, cuyo examen y resolución corresponde al posterior juicio declarativo; lo que determina, que cualquiera que sea el pronunciamiento final que recaiga en este procedimiento, la sentencia que lo termina carece de defectos de cosa juzgada material, desde el momento que el dueño de la obra, luego que sea firme la sentencia en la que se ratifique la suspensión, podrá pedir que se declare, en el juicio declarativo correspondiente, su derecho a continuarla; al tiempo que quien hubiere promovido el interdicto podrá ejercitar también en el juicio declarativo correspondiente el derecho del que se creyere asistido para obtener la demolición de la obra, si la sentencia hubiere sido adversa a sus pretensiones, o para solicitar la demolición de lo anteriormente edificado, en el caso de haber resultado ratificada la suspensión inicial.

Por ello, cuantas declaraciones contenga el procedimiento interdictal, atendida su naturaleza cautelar y provisional, carecen de relevancia en el posterior declarativo y contradictorio, ya que es en éste en donde se deciden y ventilan los derechos de las partes.

Extinción de la Fianza, ¿Puedo dejar de ser Fiador?

Por la fianza un tercero se obliga a responder del cumplimiento de una obligación, si no la cumple el deudor principal. Es frecuente que algunos clientes nos preguntéis si pueden dejar de ser fiadores, la respuesta es que si el acreedor no lo consiente, ello no es posible.

¿Cuándo se extingue la fianza?

Hay que tener en cuenta que el acreedor, el que presta un dinero, por ejemplo, o el arrendador de una vivienda, puede haber tenido en cuenta para consentir, suscribir un contrato o prestar ese dinero, las garantías ofrecidas, entre ellas,  la fianza prestada por un tercero. Por lo tanto, la fianza por regla general sólo se extingue por las mismas causas que la obligación principal, si se extingue ésta se extingue la fianza.

Para dejar de ser fiador, el acreedor tiene que consentirlo. Clic para tuitear

Y por las mismas causas que el resto de las obligaciones, por ejemplo, el pago. No obstante, hay otras causas especiales por las cuales también se extingue la fianza, un caso es la dación en pago, si el deudor paga al acreedor con un inmueble u otras cualesquiera efectos, se extingue la fianza (aunque después el acreedor la pierda por evicción). Otra causa se da cuando el acreedor lleva a cabo algún hecho que impida la subrogación del fiador en los derechos hipotecas o privilegios que gozaba (por ejemplo, el acreedor no recurre una sentencia que declara perdido un derecho del que gozaba). Otro caso de extinción de la fianza es el de la concesión de prórroga por el acreedor, sin el consentimiento del fiador.

Normativa y jurisprudencia

El Art. 1851 del código civil es una norma que, apartándose de sus precedentes, declara la extinción de la fianza y el consiguiente derecho del fiador a pedirla cuando se haya concedido una prórroga al deudor “sin el consentimiento del fiador”.

La dificultades en la aplicación de esta norma vienen centradas en qué hay que entender por “sin el consentimiento del fiador”. Nuestro tribunal supremo ha venido considerando que este consentimiento puede ser expreso, de forma que si el fiador consintió la prórroga en el momento de constituir la fianza (consentimiento genérico, mediante la renuncia a la excepción de liberación), o bien en un momento posterior, cuando la prórroga tiene lugar, no va a producirse el efecto liberatorio. Pero también ha dicho que se excluye cuando por hechos concluyentes del propio fiador (consentimiento tácito), pueda llegarse a la conclusión de que la prórroga se ha consentido.

La fianza generalmente sólo se extingue por las mismas causas que la obligación principal. Clic para tuitear

Un caso especial lo constituye el caso en que fiador y deudor componen un centro de imputación único o bien cuando el fiador crea la fianza porque está interesado en la buena marcha de la propia deuda, por ejemplo, cuando los fiadores son socios de la deudora, o administradores sociales. En estos casos el Tribunal Supremo ha venido considerando vigente la fianza, (véase del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 309/2009 de 21 May. 2009)

Por otro lado, para que la prórroga despliegue la eficacia extintiva de la fianza, prevista en el artículo 1.851 del Código Civil, debe ser concedida por el acreedor obedeciendo a su exclusiva voluntad. Y por ello carece de efecto extintivo la prórroga concedida como consecuencia de un acuerdo previamente fijado en el contrato (sentencias de la Sala 1ª del T.S.: 8 de mayo de 1984; 8 de julio de 1915); o cuando la prórroga viene impuesta por la Ley (sentencia de la Sala 1ª del T.S.: 27 de febrero de 1981, R.J. Ar. 633); o cuando ha sido acordada por autoridad competente (sentencia de la Sala 1ª del T.S.: 5 de febrero de 1955); así como las acordadas en los procedimientos judiciales universales de concurso de acreedores, quiebras y suspensión de pagos (sentencias del T.S.: 20 de junio de 1989; 24 de enero de 1989; 2 de julio de 1917; 2 de junio de 1909).

Comunidad de Propietarios: Protección de Datos

Se entiende por dato personal cualquier información concerniente a persona física, identificada o identificable. Los propietarios de las viviendas, locales y plazas de garaje situadas en un edificio dividido en régimen de propiedad horizontal, suelen ser en su mayoría personas físicas, los cuales facilitan sus datos personales a la comunidad de propietarios, tanto sus datos identificativos: nombre, DNI, domicilio, como sus datos bancarios. Datos que la comunidad necesita para el normal desenvolvimiento de ésta.

La imagen de una persona también es un dato personal, pues permite identificarla. Clic para tuitear

Además, algunas comunidades tratan datos de empleados: porteros, jardineros, guardas de seguridad…, o imágenes captadas por sistemas de vídeo vigilancia, por ejemplo, las cámaras en la entrada de los garajes. La imagen de una persona también es un dato personal, pues permite identificarla.

Por lo tanto, la comunidad de propietarios trata datos de personas físicas, y por ello debe cumplir con la normativa que regula esta materia: la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo. Da igual que se trate de una comunidad pequeña o grande, el volumen de datos que se traten no importa, lo que importa es que se traten datos de personas físicas.

En este vídeo hablamos de esto y de otras cosas, por ejemplo, de las figuras del responsable del fichero en la comunidadde propietarios, el encargado del tratamiento, etc.

La comunidad de propietarios debe cumplir con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Clic para tuitear

Privacy Shield Sustituye al Acuerdo Puerto seguro

El pasado 12 de julio de 2016, la Comisión Europea adoptó un acuerdo con Estados Unidos, denominado “Privacy Shield” (algo así como “escudo de intimidad”), por el cual se da un nuevo marco para la protección de los datos personales de ciudadanos de la Unión Europea cuyos datos personales son transferidos a los Estados Unidos.

Nuevo acuerdo Privacy Shield

Antecedentes

Este acuerdo sustituye al anterior denominado “Safe Harbor” (puerto seguro), que como señalamos en nuestro artículo “Invalidado el Acuerdo de Puerto Seguro. ¿Y ahora qué?, había sido desautorizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 6 de octubre de 2015, causando una gran incertidumbre y problemas a las empresas Europas que transferían datos a Estados Unidos amparándose en este acuerdo. Recordemos que la cosa no era de unos pocos, pues afectaba a todas aquellas empresas que usaban aplicaciones como Gmail, MailChimp, Dropbox, Google Drive, Facebook…

El 12 de julio de 2016 adoptado nuevo acuerdo «Privacy Shield» en sustitución de «Safe Harbour». Clic para tuitear

Obligaciones más estrictas

Este nuevo acuerdo, “Privacy Shield”, impone obligaciones más estrictas a las empresas estadounidenses para proteger los datos personales de los europeos, y se establecen mecanismos para asegurar que las empresas respetan el acuerdo, con sanciones o con exclusión de las empresas que no cumplan.

Por primera vez, se plasma por escrito que cualquier acceso de autoridades públicas de Estados Unidos a los datos personales estará sujeto a ciertas limitaciones, salvaguardas, y mecanismos, comprometiéndose,  las autoridades americanas, a no utilizar los sistemas de vigilancia indistinta o de masas.

Las Empresas serán capaces de controlar el número aproximado de acceso que se solicita. Recordemos que una de las causas por el que se invalidó el “Safe Harbor”, fue precisamente la posibilidad de que las autoridades americanas pudieran acceder a esos datos, alegando cuestiones de seguridad nacional, así el Tribunal Europeo señalo en dicha sentencia que en el “Safe Harbor” prevalecía incondicionalmente y sin ninguna limitación “la seguridad nacional, el interés público o el cumplimiento de la ley” sobre los derechos fundamentales a la intimidad y la protección de datos, sin otorgar a los ciudadanos europeos ningún medio para obtener la tutela efectiva de esos derechos. Y por otro lado, porque no otorga a los Estados miembros un margen suficiente para suspender las transferencias, en caso de que éstos apreciaran una vulneración de los derechos de los ciudadanos europeos.

«Privacy Shield» impone obligaciones más estrictas a las empresas estadounidenses. Clic para tuitear

Mecanismo de arbitraje

El nuevo acuerdo establece la posibilidad de reparar los daños que se produzcan a los titulares de los datos. Por un lado, el titular podrá contactar directamente con la empresa, la cual deben contestar a las quejas en un plazo de 45 días. Pero además, se establece que las Autoridades de Protección de Datos europeas trabajen  con el Ministerio de Economía y Hacienda estadounidense y la Comisión Federal Comercial para asegurar que las quejas de ciudadanos de la Unión Europea, no resueltas, sean investigadas y rápidamente resueltas. Como una última instancia, habrá un mecanismo de arbitraje para asegurar una decisión ejecutoria.

Revisión anual del acuerdo

El nuevo acuerdo establece, además, mecanismos de revisión anual para valorar el funcionamiento del ‘Privacy Shield’.

Por lo tanto, el acuerdo “Privacy Shield” conllevará que las empresas americanas que almacenan datos de ciudadanos europeos, tendrán que certificar cada año que cumplen con las exigencias de este acuerdo sobre  política de protección de datos, resuelven las quejas que se le formulan y  cooperan y cumplen con Autoridades de Protección de Datos europeas. A los ciudadanos europeos este nuevo marco supone mayor transparencia sobre las transferencias de datos personales, con mayores exigencias y la posibilidad de que sus quejas sean atendidas directamente o con la ayuda de su Autoridad de Protección de Datos local.

Cláusula Suelo: Últimas Noticias

Cláusula Suelo: Últimas Noticias

La cláusula suelo en préstamos hipotecarios sigue dando de sí. Después de tres años de incertidumbre y de resoluciones judiciales contradictorias, parece que la polémica abierta sobre la posibilidad de limitar el efecto retroactivo de la nulidad a fecha 9 de mayo de 2013 quedará, en muy poco tiempo, finalmente resuelta. En esta ocasión, merece un especial pronunciamiento las conclusiones efectuadas por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, polémicas también, tanto o más que la irretroactividad proclamada en la primera sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre la materia.

El Alto Tribunal

Para mayor comprensión, recordemos que el Alto Tribunal justificó la irretroactividad de la nulidad en motivos de seguridad jurídica y trastornos económicos graves, entendiendo que la cláusula litigiosa respondía a intereses económicos legítimos y habituales, hechos que justificarían que la retroactividad no se aplicara como debía de aplicarse. Este pronunciamiento genera consecuencias perjudiciales para los consumidores bancarios, pues éstos, sólo podrían recuperar las cantidades cobradas de forma indebidamente desde el día 9 de mayo de 2013 en adelante, dando por perdida la cuantía sufragada por aplicación de la cláusula desde la fecha de la firma del préstamo hipotecario hasta la fecha de publicación de la sentencia.

La irretroactividad

Sin duda, la irretroactividad, tema no pacífico en la práctica judicial, ha suscitado gran conflictividad. Abundantes resoluciones e interpretaciones favorables y contrarias a los argumentos vertidos por el Tribunal Supremo, han conducido a que el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada y distintas Audiencias Provinciales, entre ellas la de Alicante, Castellón, Zamora, Cantabria y Álava, platearan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales sobre la posibilidad de justificar el carácter no plenamente retroactivo de dicha nulidad en el riesgo de trastorno grave con trascendencia en el orden económico y la buena fe.

Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia Europeo

Hasta la publicación de las conclusiones (no vinculantes) del Sr. Paolo Mengozzi, fechadas el 14 del mes en curso, las expectativas de los abogados y abogadas de consumidores bancarios eran buenas. La Comisión Europea, en su informe de fecha 13 de julio de 2015 se mostraba en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, cuestionando la doctrina sobre el alcance de la nulidad de las cláusulas suelo. Sin embargo, tras un suspiro de aliento que mantuvo las expectativas altas durante este último año, la situación vuelve a dar un giro de 360 grados, generando aún más incertidumbre de la que existía, dejando en vilo a todos los afectados y profesionales del derecho hasta la publicación de la resolución futura del Tribunal Europeo, prevista para dentro de tres o cuatro meses.

Las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia Europeo no son vinculantes. Clic para tuitear

Subrayamos que las conclusiones del Abogado General no son vinculantes, existiendo precedentes en los que el tribunal con sede en Luxemburgo se ha desmarcado de las consideraciones realizadas previamente por éste (como por ejemplo en materia de derecho al olvido contra Google, asunto C-131/12, o bien, en materia de Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos (IVVMDH), asunto C-82/12, el llamado “céntimo sanitario”), por tal motivo, entendemos que lo más prudente es esperar sin adelantarse a los acontecimientos, y más aún, cuando el propio Sr. Mengozzi deja la puerta abierta para la retroacción en reclamaciones individuales, llegando a justificar en sus conclusiones la irretroactividad de la nulidad por repercusiones macroeconómicas sobre el sistema bancario, para acto seguido y en contrapartida, manifestar que dicha limitación, siempre que sea excepcional, resultaría admisible a la luz del principio de efectividad. ¿Excepcionalidad o no? Contradicciones que a nuestro juicio demuestran que ni siquiera él, se encuentra del todo convencido con sus argumentos.

Mientras tanto…

Hasta que se publique una resolución vinculante en sentido contrario, Melián Abogados seguirá luchando por la recuperación íntegra de las cantidades cobradas indebidamente por la entidad bancaria, y no porque entendamos que es lo justo, que lo es, sino porque nuestra propia normativa así lo reconoce. Por ello, lanzamos un mensaje esperanzador dirigido a todos aquellos afectados por la inclusión de una cláusula de este tipo en su hipoteca, aclarando que estas conclusiones no tienen ningún tipo de repercusión en los procedimientos ya iniciados, y, por supuesto, no impiden la interposición de nuevas demandas en las que se inste una acción de nulidad y reclamación de cantidades.

Melián Abogados seguirá luchando por la recuperación de cobros indebidos por cláusula suelo. Clic para tuitear

Indemnización por Caída en Vía Pública

Podemos pedir indemnización por caida en vía pública, siempre y cuando los daños ocasionados hayan tenido como causa el mal mantenimiento de la vía en cuestión, sean concretos y evaluables económicamente. La reclamación normalmente la presentaremos al ayuntamiento de que se trate, como responsable de dicho mantenimiento.

Sin embargo, para proceder a esta reclamación tienen que concurrir una serie de requisitos, tales como:

  • Acreditar que el daño se ha producido efectivamente, en relación con una persona o grupo de personas. Serán de especial utilidad el informe de la asistencia sanitaria, parte médico, el informe de la policia municipal, fotografías del lugar que reflejen el estado de la vía por donde se transitaba (baldosas sueltas, tapas de registro o suministro inexistentes o defectuosas, distintos desniveles…), e igualmente el testimonio de testigos que presenciaron la caída o accidente.
  • El daño tiene que ser antijurídico, o sea, que quien lo padece no tenga el deber de soportarlo, andar por la vía requiere un mínimo de cuidado, si se aprecia esa falta de diligencia en el lesionado, luego no cabrá indemnización alguna.
  • Por último, debe existir una relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la administración y el daño producido.

En el vídeo hablamos, además, de los detalles de la reclamación, ¿qué contiene? ¿qué se puede reclamar? si se pueden reclamar los daños psicológicos, etc.

Normalmente el Ayuntamiento es el responsable del mantenimiento de las vías públicas. Clic para tuitear

Régimen de Visitas; Cuando el Hijo no Quiere

Un tema de extraordinaria complejidad se da cuando un hijo menor de edad no quiere cumplir el régimen de visitas hacia el progenitor no custodio.  Está claro que si una sentencia dice que el progenitor custodio debe entregar al hijo al no custodio, éste puede iniciar la ejecución de la misma para obligar a su cumplimiento.

Hay que distinguir el caso del progenitor custodio que se niega a entregar al hijo, incumpliendo el régimen de visitas o, como se ha dado en algunos casos, se dedique a influir negativamente en su hijo con el fin de que no acuda a las visitas.  De lo que aquí hablamos es de cuando el hijo o hija, por los motivos que sea, no quiere acudir a esas visitas, el asunto se agrava con hijos ya mayores de 14 años, en los que habría que emplear la fuerza para obligarlos a cumplir el régimen de visitas.

Nuestro código civil establece que los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Pero en mi opinión esto no quiere decir que si el hijo no quiere acudir a las visitas de su padre o madre haya que utilizar a la fuerza pública para obligarlo. Al fin y al cabo, las medidas que se adoptan, entre ellas el establecimiento de un régimen de visitas, se acuerda en beneficio del menor.

¿puede obligarse al menor a cumplir el régimen usando para ello la fuerza pública? Clic para tuitear

Corresponde a la autoridad judicial  analizar si el hijo tiene alguna razón objetiva para no querer estar con el progenitor, por ejemplo, malos tratos, lo que podría llevar a la suspensión o modificación del régimen de visitas, o el menor no quiere cumplir el régimen de visitas por razones subjetivas, es decirs se lleva mal con el padre, simplemente se siente mal cuanto está con el progenitor, en estos caso el obligar al menor pudiera dar lugar a producirle daños psicológicos, por lo que es fundamental tomar las medidas adecuadas, informes psicológicos que aconsejen como debe restaurarse la comunicación entre el menor y el progenitor, si ello es posible.

¿Puede ampararse la actitud del menor en contra del régimen de visitas establecido?

Debe quedar claro que no puede ampararse los casos de aquellos menores que simplemente basan su actitud en el mero capricho, por ejemplo, uno de los progenitores es menos permisivo en cuanto a salidas con amigos, horarios, estudios, etc., las resoluciones judiciales suelen establecer que no se puede imponer la voluntad de un menor sobre las decisiones adoptadas por los progenitores en el marco de la guarda y custodia, y mucho menos sobre una decisión adoptada por una resolución judicial,  pero aun así volvemos a la misma pregunta ¿puede obligarse al menor a cumplir el régimen usando para ello la fuerza pública?

Recordemos que la vigente Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor, establece que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos, primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las resoluciones judiciales suelen establecer que no se puede imponer la voluntad de un menor… Clic para tuitear

¿Qué hacer cuando el menor no quiere cumplir con el régimen de visitas?

En primer lugar, yo animo a que los padres dejen atrás sus intereses particulares y hablen, que intenten entre ambos buscar una solución, ellos son los que conocen a su hijo, y por supuesto cuando sea necesario soliciten la ayuda de un profesional. Si esto no es posible, habrá que entrar en el campo procesal, acudir al Juez.

Opciones

Las opciones son dos:

  • Iniciar el procedimiento de ejecución de la sentencia que establece el régimen de visitas, lo cual normalmente lo llevará a cabo el progenitor no custodio que no puede ver a su hijo.
  • Iniciar un procedimiento de modificación de medidas, con el fin de suspender o adaptar las visitas. Éste es el procedimiento que permite la ley para cambiar las medidas adoptadas en cuanto a los hijos, custodia, régimen de visitas, pensión de alimentos, se puede iniciar de mutuo acuerdo, ambos progenitores han pactado un cambio, o contencioso, uno de los progenitores interpone una demanda contra el otro, es necesario abogado y procurador, en el proceso habrá que acreditar que ha habido un cambio sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de dictar la Sentencia que se pretende modificar.

Mensajes de WhatsApp; Prueba Pericial

En un vídeo anterior hablamos de los mensajes de WhatsApp como fuente de prueba ante los tribunales, pues bien, en esta ocasión lo haremos de algunos de los aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de proponer la práctica de una prueba pericial que respalde la autenticidad y la integridad de los contenidos de un mensaje de WhatsApp que se va a utilizar como prueba ante los tribunales, ya sea en la jurisdicción penal, social, civil, contenciosa…

Una prueba pericial respalda la autenticidad y la integridad de los mensajes de WhatsApp. Clic para tuitear

Hay que tener en cuenta que la práctica de una prueba pericial exige la autorización del titular del terminal. Si el titular del terminal se negara a la práctica de la pericia, será el juez el que tenga que poner en juego la razonabilidad de admitir la práctica de la pericia en contra de la voluntad y sin esa autorización del titular, poniendo en relación la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, que chocaría en este caso con la falta de autorización.

La práctica de una prueba pericial exige la autorización del titular del terminal del WhatsApp. Clic para tuitear

Defensa de la Posesión; Acciones

Una de controversias que se suelen plantear en la vida real, con aplicación en el derecho, se da cuando una persona se ve privado de algún bien o derecho que poseía hasta ese momento. Por ejemplo, una persona que viene poseyendo un trozo de terreno, ve como su vecino que, considerando que tiene que poseer más porque así lo dicen sus escrituras, por su propia cuenta se apodera de parte del terreno de esa primera persona.

Ante esta situación, el derecho establece dos acciones que, aunque nuestra ley procesal actual los denomina juicios sumarios, algunos juristas los seguimos denominando con su antigua denominación, interdicto de recobrar la posesión, cuando ya se ha despojado realmente, e interdicto de retener la posesión cuando hay actos que hacen temer por un despojo, pero éste aún no ha tenido lugar. Y ello sin entrar a discutir quién es el propietario o tiene mejor derecho, pues estas acciones van dirigidas sólo a proteger el derecho de posesión.

En nuestro derecho no es lo mismo ser propietario que poseedor. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes; Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de hacer la cosa o derecho como suyos.

En nuestro derecho no es lo mismo ser propietario que poseedor. Clic para tuitear

¿Qué dice nuestra legislación sobre la posesión?

Según nuestra legislación nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa, siempre, la correspondiente indemnización, para añadir seguidamente que si no procediere este requisito los Jueces y Tribunales ampararán y, en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.

Código Civil

Por otro lado, nuestro código civil establece que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión. Por lo tanto, se puede ser propietario y no poseedor, y se puede ser poseedor pero no propietario.

Aquel propietario que ilegítimamente haya sido privado de su propiedad, el derecho le brinda recursos para su defensa, por ejemplo, la acción reivindicatoria. Pero así mismo, aquel poseedor que haya sido desposeído tiene medios en nuestro derecho para exigir que se le devuelva la posesión, pues todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión, y, si fuese inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen. Para eso se establecen las acciones sumarias, los interdictos de retener y de recobrar, que he mencionado anteriormente.

Se puede ser propietario y no poseedor, y se puede ser poseedor pero no propietario. Clic para tuitear

Requisitos

Para el ejercicio de estas acciones y su bien fin, el poseedor debe acreditar una serie de requisitos:

  1. POSESIÓN DE LA COSA POR QUIEN LA RECLAMA. Se ha de acreditar la posesión o tenencia de la cosa o derecho del que se dice haber sido perturbado.
  2. ACREDITACIÓN DE LA PERTURBACIÓN O DESPOJO. Debe haber una lesión de la posesión, una alteración del estado de hecho posesorio realizada por alguien contra o sin la voluntad del poseedor, y sin estar autorizado por el ordenamiento jurídico para realizarla.
  3. ANIMUS SPOLIANDI. No existe unanimidad doctrinal sobre la necesidad de que concurra este requisito para que el despojo o perturbación en la posesión dé lugar a la protección posesoria. Solía exigirse este elemento subjetivo que establecía que el interdicto procedía cuando el que se hallaba en la posesión, o en la tenencia de una cosa, había sido perturbado en ella por actos que manifestasen la intención de inquietarle o despojarle.
  4. CADUCIDAD. Y muy importante, que la demanda se presente antes del transcurso de un año a contar desde el acto que la ocasiona, fuera de este plazo la acción estaría caducada.

Se protegen, por lo tanto, la posesión mientras el poseedor no sea vencido por quién ostente mejor derecho, ya en orden a la posesión misma, o ya por lo que respecte al derecho de propiedad.

Pero hay que tener muy presente, que el que se estime por un juez una demanda sumaria sobre posesión, no quiere decir que aquella persona que considera que él tiene mejor derecho a poseer que el actual o que es el propietario, no puedan acudir a discutir este derecho en proceso ordinario. Es decir, mediante los interdictos sólo se defiende la actual posesión, pero sin prejuzgar quién tiene mejor derecho sobre el bien poseído, lo que se puede discutir en un procedimiento de los llamados ordinarios.

Registro de Contratos de Seguros de Vida

Además del terreno afectivo, la pérdida de un familiar o amigo influye en muchos aspectos de nuestra vida, por ejemplo, en el aspecto económico y jurídico. Por ello, es importante tener claro que algunas de las contrataciones efectuadas en vida por el finado, pueden incidir de modo directo en nuestra esfera económico-patrimonial, dado que el desconocimiento de éstas por parte de los herederos o avalistas, ocasionan en muchos aspectos la subsistencia de créditos cubiertos por pólizas de seguro.

El avalista de un crédito hipotecario ¿tiene la obligación de hacerse cargo de abonar el préstamo , por el simple hecho de haber garantizado en su día, la operación hipotecaria?

A ésta y otras preguntas damos respuesta en este vídeo de hoy. En el hablamos del Registro de Contratos de Seguro de Cobertura de Fallecimiento.

El Registro de Contratos de Seguros de Vida permite conocer si el fallecido tenía contratado uno. Clic para tuitear