Cláusulas Suelo: Los 7 Puntos fundamentales del Real Decreto-Ley

A continuación les detallamos los 7 puntos fundamentales a tener en cuenta sobre el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de claúsulas suelo.

Consumidor persona física

Las medidas previstas en el Real Decreto-Ley se aplicarán a los contratos de préstamo hipotecario que incluyan cláusulas suelo y cuyo prestatario sea un consumidor.

Se entenderá por consumidor cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobadas por el RD Legislativo 1/2007. Se excluye por tanto, a las personas jurídicas perjudicadas por la inclusión de este tipo de cláusulas, las cuales podrán hacer valer su derecho de defensa ante los Tribunales de Justicia.

Carácter voluntario para el consumidor

La reclamación por parte del consumidor afectado será voluntaria, por tanto, la vía judicial sigue siendo una alternativa posible y viable.

Asimismo, los consumidores que hayan instado la oportuna reclamación podrán, una vez que el Banco realice la oferta correspondiente, acudir a los Tribunales de Justicia si consideran que ésta difiere de lo realmente adeudado por la entidad.

Oferta de la entidad bancaria

Recibida la reclamación presentada por el consumidor, la entidad debe efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una oferta al cliente. En el supuesto de que la entidad considere que la devolución no es procedente, deberá comunicar las razones en las que motiva su decisión, dando por finalizado el procedimiento extrajudicial sin acuerdo.

Plazo de resolución

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se pongan a disposición del primero la cantidad a devolver, será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación.

El plazo máximo para llegar a un acuerdo consumidor y entidad es de 3 meses. Clic para tuitear

Costas procesales

Si el consumidor rechaza la oferta realizada por la entidad de forma extrajudicial y obtiene una resolución judicial, posterior, más favorable que la oferta realizada inicialmente, se impondrán las costas del procedimiento judicial al Banco/Entidad.

Medidas compensatorias distintas a la devolución del efectivo

Una vez convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad de crédito podrán acordar la adopción de una medida compensatoria distinta a la devolución del efectivo. La aceptación de una medida compensatoria requerirá que el consumidor haya recibido información suficiente y adecuada sobre la cantidad a devolver, la medida compensatoria y el valor económico de esa medida.

Procedimientos judiciales en curso

Los procedimientos judiciales en curso no se ven afectados por este Real Decreto-Ley, éstos continuarán su curso normal con independencia de la aprobación de esta medida.


En Melián Abogados somos conscientes de la dificultad que supone para aquellos consumidores sin formación financiera, el estudio y aceptación de ofertas calculadas en base a criterios desconocidos por éstos. Por tal motivo, y adaptándonos a las circunstancias, continuamos “al pie del cañón” en la lucha contra los abusos bancarios, apoyando a todos nuestros clientes en el procedimiento extrajudicial, ofreciendo asesoramiento personalizado y un estudio pormenorizado de la oferta remitida por la entidad, de forma que no se produzcan vicios en la aceptación que provoquen situaciones de desequilibrio y pérdidas económicas irrecuperables.

Cláusula Suelo. En Melián Abogados estudiamos la oferta remitida por la Entidad. Clic para tuitear

No dude en consultarnos, Melián Abogados le brinda el apoyo que necesita para recuperar todas las cantidades que le corresponden.

Impago de la Pensión de Alimentos por Falta de Recursos

La pensión de alimentos a favor de los hijos, que se establece en los procedimientos de separación o divorcio, o en los de alimentos de hijos extramatrimoniales, debe comprender todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción del alimentista. Su cuantía puede establecerse de mutuo acuerdo por los padres en un convenio regulador, o en caso de desacuerdo puede ser el juez quien la acuerde por sentencia.

Mínimo vital

En muchos casos aun cuando el alimentista, el obligado a su pago, carece de recursos para abonarla, los tribunales han venido estableciendo un mínimo vital, es decir se fija una cantidad mínima que se considera imprescindible para el desarrollo de los hijos menores en condiciones de suficiencia y dignidad, y aun cuando se sabe que no se va a poder abonar.

Suspensión en caso de carecer de ingresos

La pregunta que nos hacemos, mas en estos tiempos, es si esta obligación puede quedar en suspenso mientras el obligado a abonarla no tiene ingresos o los que tiene le da sólo para su propia supervivencia o de su familia.

El mínimo vital es una cantidad mínima imprescindible para el desarrollo de los hijos menores. Clic para tuitear

Lo que dice el Tribunal Supremo

Nuestro Tribunal Supremo ha dicho que la obligación legal que pesa sobre los progenitores, está basada en un principio de solidaridad familiar y tiene su fundamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE. De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores, más que una obligación propiamente alimenticia, lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención.

Juicio de proporcionalidad

Ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC,  lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante.

Derecho a ser alimentado

Dice este alto Tribunal que el interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso“, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC.

El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado. Clic para tuitear

Impago de la pensión de alimentos por carecer de recursos

Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades.

La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC , esta obligación cesa “Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia.

Conclusión

Por lo tanto, la suspensión de la obligación de prestar alimentos sólo se podrá acordar en supuestos muy excepcionales, con criterio restrictivo y temporal. Para solicitar esta suspensión hay que acudir a un procedimiento de modificación de medidas, y acreditar en él la situación de carencia de recursos para continuar abonando la pensión de alimentos. Es en este mismo procedimiento donde se puede solicitar una reducción del importe, en caso de haber cambiado las circunstancias del obligado a darlo o del que tiene derecho a recibirla.

Cláusulas Abusivas en la Constitución del Préstamo Hipotecario

Ésta no es la primera vez que hablamos de cláusulas abusivas, de sentencias estimatorias en contra de la banca y de posibles vías de reclamación que permitan iniciar acciones judiciales ante situaciones de mala praxis bancaria. Por tal motivo, y como de costumbre, planteamos hoy una nueva cuestión.

En esta ocasión trataremos de solventar las dudas planteadas por nuestros clientes sobre la declaración de nulidad de la “cláusula de gastos” inserta en las escrituras de préstamos hipotecarios, intentando aclarar a lo largo del presente artículo los aspectos que entendemos más relevantes de la reciente sentencia del Tribunal Supremo nº 705/2015.

¿Puedo recuperar los gastos abonados por las cláusulas abusivas?

¿Es viable recuperar las cantidades abonadas por el prestatario/a en el momento de constitución de la hipoteca, tanto en concepto de gastos notariales y registrales, como incluso aquellas que correspondan al pago de impuestos en los que el sujeto pasivo es realmente el Banco prestamista y no el prestatario/a?

Sentencia 705/2015

El Tribunal Supremo en su sentencia nº 705/2015, además de acordar la nulidad de otro tipo de cláusulas, realiza un estudio de aquella que impone al consumidor la obligación de asumir todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras y por la constitución, conservación y cancelación de su garantía.

Las escrituras hipotecarias suelen contener gastos que en realidad corresponden al prestamista. Clic para tuitear

En nuestros País, es usual que las escrituras hipotecarias contengan cláusulas de este tipo. Basta leer el documento notarial detenidamente para percatarse de que las entidades, contradiciendo la normativa reguladora, incorporan dicho aspecto de forma unilateral. Obligando por tanto al consumidor a sufragar unos gastos que realmente corresponde abonar al prestamista.

Tribunal Supremo

Dispone el Tribunal Supremo que: “la cláusula que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones contraviniendo, normas legales con previsiones diferentes al respecto” es abusiva y, por ende, nula de pleno derecho.

Justifica tal decisión manifestando que, la obligación de abono la tendrá el sujeto que se beneficie de tal inscripción, que en este caso resulta ser la entidad prestamista. En esa línea subrayar que la entidad, como única beneficiaria, persigue un objetivo claro: La obtención de un título ejecutivo, la constitución de una garantía real a su favor y la adquisición de una ejecución especial ante un supuesto incumplimiento de pago de las cuotas hipotecarias. Por ello, la asunción por el prestatario/a de los gastos notariales y registrales ocasiona, a todas luces, un desequilibrio relevante para el consumidor, que no hubiera aceptado en el marco de una negociación individual entre cliente – entidad.

Catálogo de cláusulas abusivas

Recalcar, además, que esta cuestión aparece recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas, hecho que a juicio de la que suscribe, acredita la mala fe con la que actúan las entidades bancarias/financieras al insertar de forma genérica este tipo de previsiones en las escrituras de préstamo hipotecario.

Otros Tributos

Con los tributos que gravan el préstamo hipotecario ocurre exactamente lo mismo, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone que estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente el adquirente del derecho, es decir aquel que se beneficie de la garantía hipotecaria que se inscribe. De esta forma, no cabe duda que las entidades prestamistas no deben quedar al margen de los tributos que se devenguen, como claramente pretenden, sino todo lo contrario, es ésta el sujeto pasivo del impuesto al menos en lo que respecta a la constitución del derecho.

Conclusión

Por lo anterior, podemos concluir manifestando que, a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, resulta abusivo para el cliente bancario el abono de los gastos descrito en párrafos precedentes, siendo la entidad prestamista la obligada a sufragarlos sin que pueda repercutírselos al mismo. Ello implica que la incorporación de dicha cláusula en su hipoteca puede, fácilmente, considerarse abusiva y, en consecuencia, declararse nula, hecho que permitiría a los perjudicados por su incorporación recuperar todas las cantidades abonadas en el momento de constitución de su hipoteca en concepto de gastos notariales, registrales e impuestos de AJD (Actos Jurídicos Documentados).

Las cláusulas de gastos en la constitución de un préstamo hipotecario son nulas de pleno derecho Clic para tuitear

No dude en consultarnos sus dudas y si lo desea, contacte con nosotros y encargue un estudio gratuito de su escritura hipotecaria, gustosamente le informaremos de la viabilidad de la acción y le guiaremos en el proceso de reclamación y recuperación de cantidades.

Pago por Consignación Judicial

Una de las formas de extinción de las obligaciones es el pago. Nuestro código civil establece que no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consista. Las consecuencias del impago son variadas, a título de ejemplo pensemos en el devengo de intereses de demora, la posible resolución de la obligación por incumplimiento, el desahucio por falta de pago en los contratos de arrendamientos, etc.

Dadas las consecuencias del impago puede ocurrir que el acreedor se niegue a recibirlo, pensemos en el mencionado contrato de arrendamiento, el arrendador se niega a recoger la renta para así dar pie a un desahucio por falta de pago, o el vendedor se niega a recibir el precio para poder dar por resuelto el contrato de compraventa por ya no interesarle la venta al deudor.

¿Qué puede hacer el obligado al pago en estos casos?

La respuesta que nos ofrece nuestro sistema jurídico es el del pago por consignación judicial, nuestro código civil establece que, si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago, se negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida.

El deudor quedará libre de responsabilidad mediante el pago por consignación judicial. Clic para tuitear

Por lo tanto, si el acreedor, por el ejemplo el arrendador, no quiere recibir el pago, la opción de la que disponemos es proceder al pago por consignación en el juzgado, pero antes debemos ofrecer el pago al acreedor anunciándole que si no lo recibe procederemos a su consignación judicial.

Cómo realizar el pago por consignación judicial

Para llevar a cabo la consignación judicial hay que iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria:

  • Presentaremos una solicitud ante el juzgado de primera instancia del lugar donde deba cumplirse la obligación y en su defecto en el del domicilio del deudor. En la solicitud además de identificar a las partes y sus domicilios, habrá de hacerse referencia a las circunstancias de la obligación y a las razones de su consignación.
  • Deberá acreditarse el ofrecimiento de pago, si procediera, y siempre el anuncio de la consignación al acreedor y todos los interesados, y claro está,
  • Deberá ponerse a disposición lo debido, por ejemplo, si fuera dinero lo debido, habrá que proceder a su ingreso en la cuenta judicial.

Resolución

Si el acreedor retira la cosa debida queda cancelada la obligación, pero si no compareciese, o no alegare nada, o la rechazare, el deudor podrá retirar lo debido o mantener la consignación, en este último caso se citará a las partes a una comparecencia y será el juez el que tenga que pronunciar si está bien hecha o no la consignación y si por ello se tiene por cancelada la obligación.

Hay que tener en cuenta que la ley establece que los gastos de la consignación serán de cuenta del acreedor, si fuera aceptada o se declarase estar bien hecha, y será de cuenta del promotor si fuere declarada improcedente la consignación o éste retirase la cosa consignada.

Intereses de Mora Abusivos. Préstamos al Consumo e Hipotecarios

Accedemos, generalmente, a los distintos métodos de financiación que ofrece el mercado para la adquisición de aquellos bienes que deseamos o necesitamos. Solicitar la financiación del vehículo nuevo, el viaje que realizaremos en vacaciones, la vivienda o incluso el mobiliario de ésta, resulta francamente habitual.

Las entidades bancarias y financieras lanzan campañas publicitarias ofertando créditos a “condiciones inmejorables”, anuncios que consiguen atraer la atención de aquellos espectadores que por confianza o necesidad, terminan aceptando el clausulado de condiciones financieras predispuestas e impuestas por la entidad.

¿Conocemos lo que contratamos?

La concesión de un préstamo, personal o hipotecario, supone para el consumidor-prestatario adquirir una obligación económica, la de abonar su cuota de amortización de forma periódica. Dicha cuota no se calcula dividiendo el monto total del capital solicitado entre el número de meses pactados, como muchos consumidores piensan. La cuota de un crédito la integran componentes como el capital solicitado, los intereses remuneratorios (beneficio que obtiene el banco por la cesión temporal de un capital), los honorarios y comisiones por servicios ofrecidos (estudio hipotecario, por ejemplo), o incluso las primas de seguros “voluntarios” (fallecimiento, incapacidad u otros).

Cuando se pacta entre cliente y entidad la concesión de un préstamo y el plazo de financiación, se fija necesariamente un día para que dicho abono se haga efectivo. El problema se plantea cuando llega el reseñado día y el consumidor no dispone de capital suficiente para abonar su cuota y así cumplir con su obligación económica. En este momento nacen o se devengan los tan cuestionados intereses moratorios.

Éstos, en préstamos al consumo o hipotecarios, se pactan de forma conjunta al resto de elementos que configuran la relación entre entidad-cliente, formando parte del clausulado general y/o específico y activándose, únicamente, ante supuestos de mora del deudor. Probablemente conozca de su existencia e incluso, puede que haya sido víctima de los mismos en algún momento, sin embargo, la realidad demuestra que a pesar de su importancia, en fase de negociación previa a la contratación, no se les da la el valor que merecen, llegando el consumidor en ocasiones a encontrarse con reclamaciones desproporcionadas por un retraso en el pago de su cuota, incluso de días.

¿Son los intereses de mora abusivos?

Obviamente no. La entidad bancaria o financiera está legitimada para reclamarlos siempre que el deudor incurra en mora, es decir, siempre que el abono de la cuota pactada se realice con posterioridad a la fecha acordada entre las partes. Sin embargo, para que estos intereses no lleguen a calificarse de abusivos deberán reclamarse conforme a unos márgenes específicos. Veámoslo a continuación:

1º Intereses moratorios en préstamos al consumo

La jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia entiende que este tipo de cláusula puede considerarse abusiva si existiera un desequilibrio entre las partes, es decir, debemos atender a la desproporción entre la indemnización por mora y el quebranto patrimonial sufrido por el profesional (entidad bancaria o financiera), y ello a fin de entrar a valorar la posible abusividad.

El devengo de este tipo de interés responde a una conducta del deudor jurídicamente censurable, impago (puntual) de cuotas, y por tanto sirve para reparar el daño producido y para estimular el obligado cumplimiento. Sin embargo, admitir este tipo de penalizaciones no implica, en modo alguno, aceptar la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta.

El interés de mora puede considerarse abusivo si existiera un desequilibrio entre las partes Clic para tuitear

En España, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados miembros de la Unión Europea, no existe una limitación legal a los intereses moratorios en préstamos personales concertados por consumidores. Tal circunstancia ha obligado a los tribunales a aplicar una regla precisa que permita valorar el carácter abusivo o no de dicha cláusula, en este sentido, el Tribunal Supremo ha determinado como idóneo un interés moratorio que no supere en 2 puntos el interés remuneratorio pactado en contrato. La adición de ese recargo cumple, a todas luces, la finalidad de este tipo de cláusulas (indemnizar por el retraso), y a su vez, resulta proporcionada para el consumidor que ha incurrido en mora.

Ejemplo

Contrato de préstamo para la adquisición de un vehículo

  • Precio de la compraventa: 20.000€
  • Intereses por aplazamiento: 7,00%
  • Interés de demora: 9,00%, conforme al criterio establecido por el Tribunal Supremo

2º Intereses moratorios en préstamos hipotecarios

La Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, modificó el artículo 114 de la Ley Hipotecaria e introdujo una limitación a los intereses de demora al prescribir que “no podrán ser superiores a 3 veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago”.

Esta regla legal fijaba un tope que se aplicaría a todos los contratos hipotecarios, incluyendo aquellos celebrados con anterioridad. Las hipotecas con tipos moratorios del 20%, 25% eran historia. Las entidades bancarias se vieron obligadas a adaptar sus condiciones a la normativa reguladora. Pero la cosa no acaba aquí, una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre intereses moratorios en préstamos hipotecarios, tras recordar los criterios comentados en párrafos anteriores, establece que ese límite cuantitativo fijado por el artículo 114 de la Ley Hipotecaria no puede convertirse en la única referencia, puesto que resulta necesario tomar como referencia otros criterios para decidir sobre la abusividad de la cláusula.

La consecuencia de lo anterior es que, al margen de la finalidad conseguida al introducir el límite del interés de demora en el artículo 114 de la Ley, ese tope no garantiza, a priori, el control de abusividad, pues puede ocurrir que el tipo de interés pactado sea inferior a este límite y aun así se considere abusivo.

Con esa decisión, se extiende a los préstamos hipotecarios la doctrina jurisprudencial fijada para los préstamos personales (de la que hablamos anteriormente), no pudiendo superar el interés de demora en préstamos hipotecarios en dos puntos al límite máximo del interés remuneratorio pactado.

A nuestro juicio, puede que dicha decisión no sea del todo acertada para futuros prestatarios, pues dicho criterio dependerá en primera instancia de la voluntad del prestamista, que es quien fija los intereses remuneratorios que posteriormente determinarán los intereses moratorios.

Quizás la perspicacia de las entidades crediticias se materialice en elevar los intereses remuneratorios a fin de poder cobrar más interés de demora en su día, cosa que no hubiera ocurrido si se tomara como referencia el tipo de interés legal del dinero, aumentado en un múltiplo concreto o mediante la adición de un porcentaje determinado.

Reflexión que no va más allá de una opinión personal, pues los criterios son los que son, están fijados y son los que se aplican, desde ese entonces, para determinar la abusividad de este tipo de cláusulas.

Impago de la Prima de Seguro: Asegurado, Salvo Notificación Expresa

Circular con un vehículo a motor, sin contratar previamente la prima de seguro de responsabilidad civil obligatoria es un hecho constitutivo de infracción que puede traer consigo consecuencias realmente graves.

Consecuencias de conducir sin seguro

El conductor se expone a la imposición de multas de importante cuantía, y además, podrán adoptarse contra éste otras medidas complementarias como la inmovilización de su vehículo.

Sin embargo, puede darse el caso de que dicha situación se produzca por causas ajenas a la voluntad del conductor, o incluso a sabiendas del tomador, pero sin que se dirija una comunicación de resolución del contrato por parte de la Compañía: pensemos, por ejemplo, en la devolución del recibo domiciliado en cuenta por su entidad bancaria.

Devolución del recibo de la prima de seguro

¿Qué ocurría si tuviéramos un accidente en el periodo que transcurre desde el día del intento de abono infructuoso y la comunicación de impago? ¿Estamos o no cubiertos por la póliza de seguro? ¿Qué requisitos debe cumplir la comunicación emitida por la Compañía para eximirse de responsabilidad?

Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, fija doctrina sobre una de las cuestiones que más dudas generan en materia de seguros de responsabilidad civil, en la circulación de vehículos a motor.

Según la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, la compañía aseguradora no quedará liberada de la obligación de indemnizar al perjudicado por impago de la primera prima o prima única, si no logra acreditar el haber notificado la resolución del contrato al tomador del seguro previamente, bien, mediante correo certificado con acuse de recibo o bien, por cualquier otro medio admitido en derecho que permita tener constancia de su recepción.

La carta no vale

Parece que la tan usual carta de comunicación remitida por correo ordinario, queda excluida de las alternativas que exige el propio Tribunal Supremo para desvincular a la Compañía de la responsabilidad que pueda derivarse de un siniestro, incluso para aquellos casos en los que el impago de la prima sea por culpa propia del tomador de la póliza.

La normativa reguladora, dispone que la proposición del seguro de suscripción obligatoria, hecha por la entidad aseguradora o su agente, vinculará a la aseguradora por el plazo de quince días, y una vez aceptada la proposición por el tomador, se entenderá perfeccionado el contrato, quedando siempre a salvo, en caso de impago de la primera prima por culpa del tomador, el derecho del asegurador a resolver el contrato o exigir el pago de la prima de seguro en los términos previstos en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Seguro.

En caso de impago de la prima de seguro no es suficiente la comunicación por correo ordinario Clic para tuitear

Esto quiere decir que, si la Compañía opta por esa segunda opción (resolución de contrato), deberá ponerlo en conocimiento del cliente en la forma prevista y reseñada anteriormente, pues de lo contrario, la responsabilidad que se derive como consecuencia del siniestro, se extenderá contra ésta, sin que resulte suficiente para quedar liberada, el acreditar la culpa del tomador en caso de impago de la prima, o la prueba de la falta de fondos en la cuenta designada por el tomador para atender el recibo pendiente de emitir.

En Qué Consiste el Interdicto de Obra Nueva

Nuestro código civil establece que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión y si fuere inquietado en ella deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen. En artículos anteriores hemos hablado de la posesión y las acciones que se pueden ejercitar en su defensa, concretamente en nuestro artículo “Defensa de la Posesión; Acciones” de 31 de mayo de 2016, tratamos del interdicto de recobrar la posesión, que procede cuando ya se ha despojado realmente, y del interdicto de retener la posesión que es adecuado cuando hay actos que hacen temer por un despojo, pero éste aún no ha tenido lugar.

Finalidad del interdicto de obra nueva

En esta ocasión vamos a tratar el interdicto de obra nueva, aunque la ley ya no llama así, en la práctica los abogados seguimos dándole esa denominación. La finalidad del interdicto de obra nueva es la paralización de la obra que menoscabe, invada, recorte, modifique o imposibilite el ejercicio de la posesión, para evitar que se consume el perjuicio. Se trata de paralizar una obra con el fin de evitar daños mayores en nuestra posesión. Para que esta acción sea viable, se requiere:

  1. Que se esté ejecutando una construcción material que ocasione un cambio en el estado actual de las cosas.
  2. Que dicha construcción perjudique, moleste u origine algún inconveniente o interferencia en la propiedad, posesión o derecho real del actor, con daños efectivamente producidos y constatados o simplemente potenciales (es decir, protege el daño actual, pero, fundamentalmente, el daño no causado que se prevé que va a producirse con el desarrollo de la obra ).
  3. Que dicha obra o construcción no esté finalizada, pudiendo intentarse la acción tanto para impedir una obra nueva como para suspenderla en el estado en que se encuentre cuando su continuación pueda perjudicar al titular de un derecho cuyo objeto no pueda sustraerse al daño actual o futuro de la obra.

La finalidad del interdicto de obra nueva es la paralización en ciertos casos de la obra. Clic para tuitear

En definitiva, la finalidad de la acción ejercitada no es otra que obtener del tribunal la suspensión de una obra nueva, incumbiendo al que la promueve acreditar tanto la justificación del derecho que alega como perjudicado y el perjuicio que se pretende causado por la obra. No basta con alegar posibles arbitrariedades en la actuación del demandado mientras no se traduzcan en perturbaciones constatadas en la situación fáctica de disfrute en que permanezca el actor.

¿Qué se persigue?

Lo que se persigue con esta acción es una defensa posesoria consiguiente a un ataque a la posesión causado por una obra nueva, aunque con ello se proteja también la propiedad u otros derechos reales, pero no con base en una reclamación real o reivindicación de los mismos.

La resolución que se adopte en este procedimiento, que será en todo caso la paralización o no de la obra, no tiene efectos de cosa juzgada. Por ello queda reservado a las partes el derecho que puedan tener sobre la propiedad o sobre la posesión definitiva, derecho que podrán hacer valer en juicio posterior.

Es decir. se trata de obtener la paralización cautelar de una obra, en tanto se dilucida definitivamente el derecho de las partes en el juicio declarativo ordinario que corresponda, ya que en los juicios interdictales no es posible discutir el derecho a la propiedad o a la posesión definitiva, pues su finalidad no es otra, en esta concreta modalidad, sino la de impedir la continuación de una obra nueva que afecte o pueda afectar a la situación preexistente, quedando así fuera de su ámbito la discusión de cuestiones complejas, cuyo examen y resolución corresponde al posterior juicio declarativo; lo que determina, que cualquiera que sea el pronunciamiento final que recaiga en este procedimiento, la sentencia que lo termina carece de defectos de cosa juzgada material, desde el momento que el dueño de la obra, luego que sea firme la sentencia en la que se ratifique la suspensión, podrá pedir que se declare, en el juicio declarativo correspondiente, su derecho a continuarla; al tiempo que quien hubiere promovido el interdicto podrá ejercitar también en el juicio declarativo correspondiente el derecho del que se creyere asistido para obtener la demolición de la obra, si la sentencia hubiere sido adversa a sus pretensiones, o para solicitar la demolición de lo anteriormente edificado, en el caso de haber resultado ratificada la suspensión inicial.

Por ello, cuantas declaraciones contenga el procedimiento interdictal, atendida su naturaleza cautelar y provisional, carecen de relevancia en el posterior declarativo y contradictorio, ya que es en éste en donde se deciden y ventilan los derechos de las partes.

Extinción de la Fianza, ¿Puedo dejar de ser Fiador?

Por la fianza un tercero se obliga a responder del cumplimiento de una obligación, si no la cumple el deudor principal. Es frecuente que algunos clientes nos preguntéis si pueden dejar de ser fiadores, la respuesta es que si el acreedor no lo consiente, ello no es posible.

¿Cuándo se extingue la fianza?

Hay que tener en cuenta que el acreedor, el que presta un dinero, por ejemplo, o el arrendador de una vivienda, puede haber tenido en cuenta para consentir, suscribir un contrato o prestar ese dinero, las garantías ofrecidas, entre ellas,  la fianza prestada por un tercero. Por lo tanto, la fianza por regla general sólo se extingue por las mismas causas que la obligación principal, si se extingue ésta se extingue la fianza.

Para dejar de ser fiador, el acreedor tiene que consentirlo. Clic para tuitear

Y por las mismas causas que el resto de las obligaciones, por ejemplo, el pago. No obstante, hay otras causas especiales por las cuales también se extingue la fianza, un caso es la dación en pago, si el deudor paga al acreedor con un inmueble u otras cualesquiera efectos, se extingue la fianza (aunque después el acreedor la pierda por evicción). Otra causa se da cuando el acreedor lleva a cabo algún hecho que impida la subrogación del fiador en los derechos hipotecas o privilegios que gozaba (por ejemplo, el acreedor no recurre una sentencia que declara perdido un derecho del que gozaba). Otro caso de extinción de la fianza es el de la concesión de prórroga por el acreedor, sin el consentimiento del fiador.

Normativa y jurisprudencia

El Art. 1851 del código civil es una norma que, apartándose de sus precedentes, declara la extinción de la fianza y el consiguiente derecho del fiador a pedirla cuando se haya concedido una prórroga al deudor “sin el consentimiento del fiador”.

La dificultades en la aplicación de esta norma vienen centradas en qué hay que entender por “sin el consentimiento del fiador”. Nuestro tribunal supremo ha venido considerando que este consentimiento puede ser expreso, de forma que si el fiador consintió la prórroga en el momento de constituir la fianza (consentimiento genérico, mediante la renuncia a la excepción de liberación), o bien en un momento posterior, cuando la prórroga tiene lugar, no va a producirse el efecto liberatorio. Pero también ha dicho que se excluye cuando por hechos concluyentes del propio fiador (consentimiento tácito), pueda llegarse a la conclusión de que la prórroga se ha consentido.

La fianza generalmente sólo se extingue por las mismas causas que la obligación principal. Clic para tuitear

Un caso especial lo constituye el caso en que fiador y deudor componen un centro de imputación único o bien cuando el fiador crea la fianza porque está interesado en la buena marcha de la propia deuda, por ejemplo, cuando los fiadores son socios de la deudora, o administradores sociales. En estos casos el Tribunal Supremo ha venido considerando vigente la fianza, (véase del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 309/2009 de 21 May. 2009)

Por otro lado, para que la prórroga despliegue la eficacia extintiva de la fianza, prevista en el artículo 1.851 del Código Civil, debe ser concedida por el acreedor obedeciendo a su exclusiva voluntad. Y por ello carece de efecto extintivo la prórroga concedida como consecuencia de un acuerdo previamente fijado en el contrato (sentencias de la Sala 1ª del T.S.: 8 de mayo de 1984; 8 de julio de 1915); o cuando la prórroga viene impuesta por la Ley (sentencia de la Sala 1ª del T.S.: 27 de febrero de 1981, R.J. Ar. 633); o cuando ha sido acordada por autoridad competente (sentencia de la Sala 1ª del T.S.: 5 de febrero de 1955); así como las acordadas en los procedimientos judiciales universales de concurso de acreedores, quiebras y suspensión de pagos (sentencias del T.S.: 20 de junio de 1989; 24 de enero de 1989; 2 de julio de 1917; 2 de junio de 1909).

Comunidad de Propietarios: Protección de Datos

Se entiende por dato personal cualquier información concerniente a persona física, identificada o identificable. Los propietarios de las viviendas, locales y plazas de garaje situadas en un edificio dividido en régimen de propiedad horizontal, suelen ser en su mayoría personas físicas, los cuales facilitan sus datos personales a la comunidad de propietarios, tanto sus datos identificativos: nombre, DNI, domicilio, como sus datos bancarios. Datos que la comunidad necesita para el normal desenvolvimiento de ésta.

La imagen de una persona también es un dato personal, pues permite identificarla. Clic para tuitear

Además, algunas comunidades tratan datos de empleados: porteros, jardineros, guardas de seguridad…, o imágenes captadas por sistemas de vídeo vigilancia, por ejemplo, las cámaras en la entrada de los garajes. La imagen de una persona también es un dato personal, pues permite identificarla.

Por lo tanto, la comunidad de propietarios trata datos de personas físicas, y por ello debe cumplir con la normativa que regula esta materia: la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo. Da igual que se trate de una comunidad pequeña o grande, el volumen de datos que se traten no importa, lo que importa es que se traten datos de personas físicas.

En este vídeo hablamos de esto y de otras cosas, por ejemplo, de las figuras del responsable del fichero en la comunidadde propietarios, el encargado del tratamiento, etc.

La comunidad de propietarios debe cumplir con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Clic para tuitear

Privacy Shield Sustituye al Acuerdo Puerto seguro

El pasado 12 de julio de 2016, la Comisión Europea adoptó un acuerdo con Estados Unidos, denominado “Privacy Shield” (algo así como “escudo de intimidad”), por el cual se da un nuevo marco para la protección de los datos personales de ciudadanos de la Unión Europea cuyos datos personales son transferidos a los Estados Unidos.

Nuevo acuerdo Privacy Shield

Antecedentes

Este acuerdo sustituye al anterior denominado “Safe Harbor” (puerto seguro), que como señalamos en nuestro artículo “Invalidado el Acuerdo de Puerto Seguro. ¿Y ahora qué?, había sido desautorizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 6 de octubre de 2015, causando una gran incertidumbre y problemas a las empresas Europas que transferían datos a Estados Unidos amparándose en este acuerdo. Recordemos que la cosa no era de unos pocos, pues afectaba a todas aquellas empresas que usaban aplicaciones como Gmail, MailChimp, Dropbox, Google Drive, Facebook…

El 12 de julio de 2016 adoptado nuevo acuerdo «Privacy Shield» en sustitución de «Safe Harbour». Clic para tuitear

Obligaciones más estrictas

Este nuevo acuerdo, “Privacy Shield”, impone obligaciones más estrictas a las empresas estadounidenses para proteger los datos personales de los europeos, y se establecen mecanismos para asegurar que las empresas respetan el acuerdo, con sanciones o con exclusión de las empresas que no cumplan.

Por primera vez, se plasma por escrito que cualquier acceso de autoridades públicas de Estados Unidos a los datos personales estará sujeto a ciertas limitaciones, salvaguardas, y mecanismos, comprometiéndose,  las autoridades americanas, a no utilizar los sistemas de vigilancia indistinta o de masas.

Las Empresas serán capaces de controlar el número aproximado de acceso que se solicita. Recordemos que una de las causas por el que se invalidó el “Safe Harbor”, fue precisamente la posibilidad de que las autoridades americanas pudieran acceder a esos datos, alegando cuestiones de seguridad nacional, así el Tribunal Europeo señalo en dicha sentencia que en el “Safe Harbor” prevalecía incondicionalmente y sin ninguna limitación “la seguridad nacional, el interés público o el cumplimiento de la ley” sobre los derechos fundamentales a la intimidad y la protección de datos, sin otorgar a los ciudadanos europeos ningún medio para obtener la tutela efectiva de esos derechos. Y por otro lado, porque no otorga a los Estados miembros un margen suficiente para suspender las transferencias, en caso de que éstos apreciaran una vulneración de los derechos de los ciudadanos europeos.

«Privacy Shield» impone obligaciones más estrictas a las empresas estadounidenses. Clic para tuitear

Mecanismo de arbitraje

El nuevo acuerdo establece la posibilidad de reparar los daños que se produzcan a los titulares de los datos. Por un lado, el titular podrá contactar directamente con la empresa, la cual deben contestar a las quejas en un plazo de 45 días. Pero además, se establece que las Autoridades de Protección de Datos europeas trabajen  con el Ministerio de Economía y Hacienda estadounidense y la Comisión Federal Comercial para asegurar que las quejas de ciudadanos de la Unión Europea, no resueltas, sean investigadas y rápidamente resueltas. Como una última instancia, habrá un mecanismo de arbitraje para asegurar una decisión ejecutoria.

Revisión anual del acuerdo

El nuevo acuerdo establece, además, mecanismos de revisión anual para valorar el funcionamiento del ‘Privacy Shield’.

Por lo tanto, el acuerdo “Privacy Shield” conllevará que las empresas americanas que almacenan datos de ciudadanos europeos, tendrán que certificar cada año que cumplen con las exigencias de este acuerdo sobre  política de protección de datos, resuelven las quejas que se le formulan y  cooperan y cumplen con Autoridades de Protección de Datos europeas. A los ciudadanos europeos este nuevo marco supone mayor transparencia sobre las transferencias de datos personales, con mayores exigencias y la posibilidad de que sus quejas sean atendidas directamente o con la ayuda de su Autoridad de Protección de Datos local.