Acceso a la información Pública. Causas de Inadmisión. Solicitudes Manifiestamente Repetitivas o Tengan un Carácter Abusivo. (VI)

Cualquiera que, acercándose inocentemente a la Ley de Transparencia, lea este supuesto de inadmisión de las solicitudes de información, “cuando sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la transparencia”, tiene meridianamente claro de lo que se trata: abusar del derecho.

Nuestro legislador, en un detalle que revela su mano miedosa frente a la transparencia y su afán de no soltar la cuerda sino lo justo y necesario a sus intereses, no los de los ciudadanos, incluyó esta causa de inadmisión de manera gratuita e innecesaria.

Nuestro legislador incluyó esta causa de inadmisión de manera gratuita e innecesaria Clic para tuitear

Abuso del derecho

El Código Civil ya impone la obligación de ejercitar los derechos “conforme a las exigencias de la buena fe”. Y añade también nuestra norma de derecho común:

La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

La Administración

En la práctica, la Administración nunca ha tenido problema alguno al espantar este tipo de peticiones echando mano del Código Civil. De hecho, esta causa de inadmisión no estaba contemplada en el borrador inicial de proyecto de Ley que fue sometido al consejo de Estado, y ya en tramitación parlamentaria de la Ley, fue objeto de numerosas enmiendas que proponían su eliminación por innecesaria, y, además —añado yo—, perniciosa. Perniciosa digo, porque en ella la Administración ha encontrado una invitación a su uso inadecuado. Otra más.

Esta causa de inadmisión no estaba contemplada en el borrador inicial de proyecto de Ley Clic para tuitear

Las Empresas Públicas

La Administración suele sorprender, pero más indómitos en sus andares son las empresas públicas, especialmente cuando obligadas novedosamente al cumplimiento de normas administrativas, entran en esta pista de hielo tropezando y dándose de narices con todo, también con el sentido común.

Decía yo mismo (perdón por la inmodestia de la auto-cita, pero viene al caso), en la contestación a una demanda en la que se planteaba esta causa de inadmisión alegada por una entidad que negaba la información:

“… La entidad demandante, menciona el número de solicitudes presentadas por el mismo individuo, como si eso, por sí, fuera suficiente para considerar abusivo el ejercicio del derecho. Pero no acredita que las mismas hubieran sido resueltas desestimatoriamente y fueran coincidentes a la que se refieren los presentes autos. Tampoco acredita que se le hubiera facilitado al peticionario la información solicitada con anterioridad y que esta fuera coincidente con otras solicitudes anteriores. Al respecto el criterio interpretativo 3/2016 del CTBG. En última instancia, si la entidad demandante entendía motivadamente que concurría la causa de inadmisión a la que alude, lo que debió –en su momento—, es simplemente inadmitir motivadamente la solicitud. Porque en definitiva, alegar ahora la concurrencia de esta causa de inadmisión, va contra los propios actos de la demandante, puesto que de sus actos y del contenido del expediente administrativo se deduce que al entender que no concurría causa de inadmisión (art. 18 LTAIBG) admitió y tramitó la solicitud procediendo a denegar la solicitud por únicamente la concurrencia del límite de acceso relativo a la protección de los datos personales (art. 15).

(…) La llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos (STC 73/1988, de 21 de abril).

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

En relación al Criterio 3/2016 citado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la vista de la casuística generada, más justificada por los andares que más arriba mencionaba, se ha visto en la obligación de desgranar el criterio. El consejo distingue dentro de la causa de inadmisibilidad dos motivos distintos, aunque unidos en su esencia por la mala fe que subyace en ellos y en ella describe una serie de supuestos a título ejemplificativo que han de considerarse dentro de la causa de inadmisión, aunque en algunos casos discutible o lindando la frontera de otros supuestos o causas de inadmisión. Pero donde manda patrón no manda marinero, al menos en vía administrativa.

Criterio del CTBG: Solicitudes manifiestamente repetitivas o…

A riesgo de que se pierda algún matiz, aquí debajo te dejo el esquema del criterio del CTBG (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno) respecto a esta causa de inadmisión.

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Esquema Solicitudes Manifiestamente Repetitivas CTBG | Melián Abogados

Acceso a la información Pública. Causas de Inadmisión. Solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. (V)

Por lo que voy viendo en el curso de la elaboración de esta serie de entradas sobre las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública, la de hoy, la inadmisión de solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando no se conozca el competente, quizás sea la menos utilizada o por lo menos, la menos referida en las resoluciones de las reclamaciones ante los órganos de control de la transparencia.

Información pública

Si bien la Ley al regular el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso, previene que las solicitudes se presenten ante el órgano que posea la información, si nos remitimos al concepto que contiene la propia Ley de Transparencia, es información pública:

“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.”

Por lo tanto, la información no sólo debe poseerse por el órgano al que se solicita, sino que, a efectos de la obligación de facilitar la información que se solicita, sólo la información que hayan sido elaborada o adquirida en el ejercicio de las funciones por el órgano que posee la información, será susceptible de entrega con fundamento en el derecho de acceso.

La información pública no sólo debe poseerse por el órgano al que se le solicita Clic para tuitear

Causa de inadmisión menos utilizada

Quizás, el que la causa de inadmisión de la que hoy tratamos sea la menos utilizada, según hemos apuntado, contribuye el que si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, ha de remitirse al competente notificando al ciudadano que su solicitud será atendida por el órgano que tiene la información. Dependiendo de la dimensión de la Administración o del sujeto obligado será sencillo saber quién puede o debe tener la información.

Por último, cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.

En estos dos casos, no estaríamos ante un supuesto de inadmisión por la causa que comentamos. Se trataría de una diligencia previa en virtud de la cual se traslada la petición al órgano competente, al que correspondería en primer lugar resolver la admisión de la solicitud y, en su caso, resolver la petición de información.

Plazo máximo de remisión

En este punto, hubiera sido conveniente que la ley estatal hubiera previsto, un plazo máximo de remisión de la solicitud al órgano competente, tal y como hacen algunas leyes autonómicas (En Aragón 20 días; En Cataluña 15 días naturales; Canarias 5 días, Castilla-La Mancha 10 días); habiéndose puesto de manifiesto algunos casos en los que se dilata excesivamente la remisión, prorrogándose de forma artificiosa los plazos de resolución.

Supuestos a los que afecta la causa de inadmisión

Por lo dicho, esta causa de inadmisión queda constreñida única y exclusivamente a aquellos supuestos en los que no se posee la información y además se ignora quién puede tenerla, porque si se supiera, no procedería la inadmisión, sino como hemos dicho remitirla al órgano correspondiente haciéndole saber esta circunstancia al ciudadano.

Como obligación añadida en relación a este supuesto de inadmisión la Ley previene que, en la resolución de la inadmisión por esta causa, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicarle al ciudadano el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud. No vale encogerse de hombros.

En la resolución de la inadmisión por esta causa, el ciudadano debe ser informado del órgano... Clic para tuitear

Conclusión

Por lo tanto:

  1. Información que no está en poder del órgano al que se le solicita y éste ignora quién la posee => CAUSA DE INADMISIÓN, señalando en la resolución, según el criterio de órgano que inadmite la solicitud, quién la puede tener.
  2. Información que no está en su poder, pero sabe quién la tiene => NO ES CAUSA DE INADMISIÓN: Como trámite previo a la admisión, procede remitirla al órgano competente haciéndoselo saber al ciudadano.
  3. Información dirigida a órgano que posee la información, pero de la que no es autora o la adquirido en el ejercicio de sus funciones => NO ES CAUSA DE INADMISIÓN. Como trámite previo a la admisión, procede remitirla al órgano competente haciéndoselo saber al ciudadano.

Causa de Inadmisión, Órgano | Melián Abogados

Acceso a la información Pública. Causas de Inadmisión. La Reelaboración. (IV)

Cuando se trata de vestir las resoluciones que resuelven inadmitir alguna solicitud de información, a la Administración, al sector público en general, se le despereza su creatividad dormida, la inventiva y un espíritu innovador inusitado.

También la manga ancha por la que, dentro de las causas de inadmisión, cabe casi todo tipo de excusas bajo la pátina de cualquiera de las causas de inadmisión. No es infrecuente doble o triple capa.

Reelaboración

Entre esos barnices de la inadmisión, hoy vamos a examinar uno: el de la Reelaboración, por el que una solicitud de información que requiera ser reelaborada para su obtención puede ser inadmitida. Enviada entonces al camposanto de las peticiones ciudadanas, en el que la necrológica, si la hay, viene en forma de notificación inadmitiendo la solicitud motivadamente. Se adornan y florecen las virtudes del difunto y lo inevitable del hecho luctuoso.

Una solicitud de información que requiera ser reelaborada para su obtención puede ser inadmitida Clic para tuitear

Supuestos de reelaboración

Me he dado un paseo sobre los criterios, resoluciones y sentencias que al día de la fecha se han ido goteando sobre el criterio de inadmisión llamado resumidamente “Reelaboración”. Expongo a continuación —más o menos—, la casuística de cuándo se considera aplicable esta causa de inadmisión.

Confío en que no se me haya escapado nada interesante. No obstante, advierto que esta lista no es de aplicación automática, siempre habrá que estar a las circunstancias del caso concreto y la información solicitada. Puede valer como indicador indiciario de cuándo estamos ante el supuesto “reelaboración”, y cuándo no.

Lista de aplicación de Reelaboración

Criterios Reelaboración | Melián Abogados

Criterios a tener en cuenta

Para elaborar la lista, la referencia inmediata es el Criterio 7/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Algunas disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas (por ejemplo, Andalucía, Canarias y Aragón) han precisado que no se estimará “Reelaboración” la obtención de información mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

Para enriquecer y completar el listado sí me ha parecido interesante la Resolución de 23 de Enero de 2017 del Director General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, por la que dicta el criterio interpretativo 2/2017 de esta causa.

En poco tiempo el TS establecerá las pautas de aplicación del criterio de Reelaboración Clic para tuitear

Tribunal Supremo

Una última reseña. El pasado 23 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo resolvía en auto la admisión de un recurso de casación en el que se plantea el interés casacional de dos cuestiones en relación al Derecho de Acceso: 

  • Art. 14.1.h): <El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: […] Los intereses económicos y comerciales>
  • Art. 18.1.c): <Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: […] Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración>

Considera el Tribunal que:

“….tiene interés casacional la determinación de los presupuestos y requisitos necesarios para la aplicación de la causa de inadmisión de las solicitudes de información consistente en ser necesaria una acción previa de reelaboración; y, asimismo, para la aplicación de la limitación para el acceso a la información consistente en que el acceso a la misma suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la entidad requerida.”

Y sigue diciendo:

“Asiste la razón a la parte recurrente cuando pone de manifiesto que no existe doctrina jurisprudencial que haya analizado, en general, la actividad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y, en particular, sobre el alcance de la obligación de proporcionar información y sus límites cuando se invoque un perjuicio para los interés económicos y comerciales (art. 14.1.h) y sobre la inadmisión de solicitudes cuando para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración ( art. 18. c ). Sobre esta base, consideramos que la cuestión litigiosa presenta un interés justificativo de la admisión del presente recurso…”

Conclusión

Que el Tribunal Supremo, en no mucho tiempo, va a establecer las pautas de aplicación del criterio que examinamos, refrendando o no el criterio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Veremos.

Acción Reivindicatoria. Qué Es Y Requisitos Para Que Prospere

Dice nuestro código civil que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y que el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Lo primero que me veo obligado a explicar, pues este articulo va dirigido al lego en Derecho, es qué es eso de la acción reivindicatoria. De forma sencilla, sin liar con disquisiciones doctrinales, diremos que es el derecho que tiene una persona a acudir a un juez y obtener una sentencia.

Qué es la acción reivindicatoria

Por lo tanto, la acción reivindicatoria no es más que el derecho del propietario a acudir a los tribunales reclamando aquello que considera que es suyo, a aquel que la posee sin ser propietario, con el fin de que se la entregue. En definitiva, es una de las acciones de defensa del derecho de propiedad, hay otras, como la acción declarativa del dominio, la negatoria, la de deslinde y amojonamiento, etc., pero no vamos a entrar en ellas ahora.

La acción reivindicatoria permite acudir a los tribunales reclamando lo que es suyo Clic para tuitear

Requisitos para que prospere

Para que esta acción reivindicatoria pueda prosperar, es decir, para obtener una sentencia favorable, se requieren una serie de requisitos:

1.- Título de dominio.

Si el que la ejercita dice que es el dueño de la cosa, tendrá que acreditarlo. Es decir, tendrá que probar que ha adquirido de alguna forma esa cosa, por ejemplo, herencia, compraventa, subasta pública, usucapión1adquisición de un derecho o de una propiedad a través de su ejercicio en las condiciones y plazos previsto por la ley, etc.

2.- Que la persona a la que reclama posea, sin título alguno.

Es decir, se requiere no sólo que el demandado no sea propietario, sino que además tampoco tenga otro título que le permite estar en posesión de ese bien, por ejemplo, que sea usufructuario es decir que tenga atribuido el uso y disfrute de la cosa, otro ejemplo que sea arrendatario, mientras el contrato de arrendamiento esté en vigor no cabe esta acción reivindicatoria.

3.- Hay que identificar, sin género de duda, lo que se reclama.

Por ejemplo, si reivindicamos un vehículo, matricula y marca serán suficientes, pero si se trata de un terreno habrá que identificar con claridad los linderos, téngase en cuenta que la descripción de la finca no siempre viene de lo que consta en el Registro de la Propiedad, pues éste cede frente a la realidad extraregistral.

En una acción reivindicatoria de un terreno hay que identificar con claridad los linderos Clic para tuitear

4.- Que no haya prescrito la acción.

A veces la prescripción sirve como título de dominio para ejercitar esta acción reivindicatoria, pero también es válida como excepción, es decir, el poseedor puede alegar que si es propietario es porque la ha adquirido por el transcurso del tiempo. Así, si lo que pretendemos reclamar es un bien mueble, por ejemplo, un vehículo, la acción prescribe a los seis años de perdida la posesión, plazo que queda reducido a tres años si ha poseído con buena fe.

Pero hay que tener claro que las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron o robaron, ni por los cómplices o encubridores, al no haber prescrito el delito o falta, o su pena, y la acción para exigir la responsabilidad civil, nacida del delito o falta.

Si se trata de un inmueble el dominio y demás derechos reales se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título. Y el plazo será de treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes.

Contra un título inscrito en el Registro de la Propiedad no tendrá lugar la prescripción ordinaria del dominio o derechos reales en perjuicio de tercero, sino en virtud de otro título igualmente inscrito, debiendo empezar a correr el tiempo desde la inscripción del segundo. Téngase en cuenta que la prescripción se puede interrumpir, es decir, se para de contar el plazo y se comienza de nuevo, y los motivos pueden ser que se cese en la posesión por más de un año, o posea otra persona por más un año, por citación judicial, conciliación, o por reconocimiento expreso o tácito del poseedor al dueño.

Notas   [ + ]

1. adquisición de un derecho o de una propiedad a través de su ejercicio en las condiciones y plazos previsto por la ley

Acceso a la información Pública. Causas de Inadmisión. Información Auxiliar o de Apoyo. (III)

A los efectos del derecho de acceso y su ejercicio, los contenidos o documentos que conforman la información pública tienen una vida muy parecida a la de los actores y los diferentes papeles a interpretar en una obra.

Igual que los figurantes son ignorados en los títulos de crédito, la información auxiliar o de apoyo es irrelevante a los efectos del derecho de acceso a la información pública, siendo causa de inadmisión de las solicitudes que tengan por objeto obtener información auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. 

Lo accesorio y lo principal

En el mundo del teatro, el cine y el de la televisión, entre los actores se distinguen diferentes categorías. 

Documentos principales

El actor principal o protagonista representa al personaje más importante de un drama o de una historia. A ellos corresponde interpretar la mayor parte del texto de un guión. En un expediente administrativo, por ejemplo, la resolución final sería un documento principal o protagonista. También los informes preceptivos y vinculantes.

Documentos secundarios

Los que interpretan personajes no principales pero que son fundamentales para la trama de la obra, son los denominados actores secundarios. En un expediente administrativo, lo serían secundarios aquellos documentos que han sido tenidos en cuenta en la resolución final o que han conformado la voluntad del órgano decisor. Por ejemplo, los informes preceptivos no vinculantes (En la Ley Canaria de transparencia se precisa que nunca podrán ser considerados auxiliares o de apoyo los informes preceptivos a los efectos de que se pueda inadmitir una solicitud de acceso a la información por esta causa).

Documentos que explican la decisión tomada

El actor de reparto interpreta personajes con no más de 20 líneas de texto. Por su presencia escénica en tiempo o peso específico en el argumento de la obra no llegan a las características del papel secundario. Siguiendo el símil, en el ámbito de un expediente administrativo, aquellos documentos o contenidos que, aun no siendo determinantes para la decisión del mismo, sí ayudan a comprender y entender tal decisión, entrarían dentro de esta categoría.

Documentos relevantes para la cumplimentación y tramitación

El Actor de pequeñas partes interpreta personajes que no superan las 2 líneas de texto, y por su presencia en tiempo o peso específico no llegan a las características de papel de reparto. Estos papeles con frecuencia se utilizan para dar continuidad entre las escenas o en la narración de la trama. En nuestra comparación, serían, por ejemplo, los oficios de comunicación entre órganos, las notificaciones y sus acuses de recibo, etcétera. Son documentos o informaciones que, aunque no conforman la voluntad pública del órgano, sí tienen relevancia a la hora de la tramitación del expediente y saber si se han cumplimentado los trámites establecidos legal o reglamentariamente. Estos tampoco pueden considerarse auxiliares o de apoyo.

Información auxiliar o de apoyo

Por último, los figurantes. Son actores que aparecen normalmente de fondo de las escenas, de forma circunstancial. Su presencia ayuda al realismo de la escena, pero no son esenciales en la trama ni para su comprensión. Estos serían los documentos con información auxiliar o de apoyo a la que se refiere la Ley, y cuya petición procede inadmitir por tratarse de documentos que no son esenciales para ayudar a conformar la voluntad del órgano ni en la tramitación del expediente y tampoco ayudan a entender la decisión final en un expediente. 

Igual que ocurre con los actores, los documentos no pertenecen a la categoría de auxiliares o de apoyo porque así se denominen, sino porque así sea según naturaleza y las circunstancias del caso concreto. Para ello, será relevante examinar el motivo o la causa que justifique su petición.

Procede inadmitir los documentos no esenciales para entender la decisión final en un expediente. Clic para tuitear

Pronunciamiento de los Tribunales

En este punto ya se han pronunciado nuestros tribunales1Véase, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia nacional de 24 de Abril de 2017. También las sentencias de 28 de Noviembre de 2016 y particularmente la de 6 de Abril de 2017 de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo números 10 y 5 respectivamente. acertadamente —según mi parecer—, incluso, en algún caso, ampliando en los márgenes que el propio Consejo de Transparencia, en el criterio ad hoc de esta causa de inadmisión2Criterio 6/2015.

En general se ha ratificado el que las causas de inadmisión establecidas en la Ley deben ser consideradas como excepcionales, y que debe exigirse la exposición de los motivos concretos que hacen que concurran dichas causas de inadmisión en cada caso. También, que el derecho de acceso debe ser entendido de forma amplia y que sólo debe estar sujeto a limitadas excepciones.

Aquella información necesaria para la rendición de cuentas y la participación informada de los ciudadanos, nunca puede ser considerada auxiliar o de apoyo, ni irrelevante desde el punto de vista de los fines y objetivos de la transparencia.

Por último, los órganos judiciales han incidido en que necesariamente se ha de tener en cuenta el ámbito y la finalidad de la información que se solicita y la medida en que ésta sirve a la finalidad de la transparencia. Por ejemplo, mejorando o propiciando la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Es primordial la información para la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos. Clic para tuitear

Andar fino

En esto de lo que es accesorio y lo que no lo es, hemos de andar muy finos. Yo, por ejemplo, en Blade Runner no veo nada accesorio, auxiliar o de apoyo en el sentido de que no ayude a entender la obra. Tanto la original “Sueñan los androides con ovejas eléctricas” de Philip K Dick, como la adaptación cinematográfica de Ridley Scott.

Programa de televisión

Por cierto, siguiendo el hilo de lo audiovisual, hace un par de años hice unas notas que transformé en la biblia de un programa de televisión a cuenta de la transparencia, lo llamé “La Mirada Pública“. Aquí lo dejo colgado, como quien no quiere la cosa, por si alguna productora se atreve y echamos a andar este Lázaro. 

Notas   [ + ]

1. Véase, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia nacional de 24 de Abril de 2017. También las sentencias de 28 de Noviembre de 2016 y particularmente la de 6 de Abril de 2017 de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo números 10 y 5 respectivamente.
2. Criterio 6/2015

Banco Popular. Más de Trescientos Mil Accionistas Perjudicados

Tras varios meses de incertidumbre, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) informó que la comisión rectora había procedido a la venta de Banco Popular a Banco Santander por un precio simbólico tras ser declarado inviable por el Banco Central Europeo, solución que trae consigo graves perjuicios para los más de 300.000 accionistas que, víctimas de la imagen fiel de la entidad, han sufrido pérdidas del 100% de lo invertido.

A través de este Post y a la vista de la dramática situación que muchos inversores viven estos días, pretendemos arrojar un poco de luz a una de las cuestiones más planteadas a lo largo de este mes, ¿podré recuperar lo invertido?

Pérdida histórica

La entidad defendió su solvencia hasta el final, y ello a pesar de que presentara una pérdida histórica de 3.485 millones en 2016 y de 137 millones en el primer trimestre de 2017.

Banco Popular Evolución | Melián Abogados

Fuente gráfico: www.porcentual.es

Según comunicado emitido por el Banco Central Europeo el pasado 7 de junio “el deterioro de su liquidez en los últimos días le llevaría en un futuro a no poder pagar sus deudas”, hecho que justifica la declaración de inviable y la adopción de medidas necesarias para interés público.

Antecedentes

Si echamos una mirada al pasado, nos encontramos con antecedentes no idénticos pero similares, el Caso Bankia, supuesto en el que el Tribunal Supremo se pronunció declarando que el pequeño inversor tenía derecho a recuperar las cantidades invertidas en la compra de acciones más los intereses legales.

El pequeño inversor tiene derecho a recuperar las cantidades invertidas en la compra de acciones Clic para tuitear

Esta decisión se adoptó a la vista de la información de solvencia y beneficios que proyectó la entidad en el folleto informativo, al entender que ésta había vulnerado lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores (LMV). Los inversores, en este supuesto, prestaron un consentimiento por error, Bankia había incumplido claramente sus deberes legales y proporcionó información deficiente e incompleta con un único objetivo, la suscripción en masa de acciones influenciados por la creencia errónea de solvencia.

Folleto informativo del Banco Popular

Pues bien, la falsedad de las cuentas anuales incluidas en el folleto informativo del Banco Popular para la ampliación de capital de 25 de mayo de 2016 nos hace recordar necesariamente el caso anterior. Entendemos que resulta especialmente relevante la información contable proporcionada por la entidad en la fase previa a la inversión, pues ésta incide directamente en la decisión final del cliente. Tener conocimiento de la situación económica de la entidad es, sin duda, fundamental para decidir si invertir o no, por lo que el hecho de crear una apariencia que no refleja la imagen fiel de la entidad resulta, a nuestro juicio, la base de cualquier reclamación.

Tener conocimiento de la situación económica de la entidad es fundamental para decidir Clic para tuitear

Acciones orientas a la recuperación de cantidades

Atendiendo a la espeluznante situación que ha generado “la quiebra” del Banco Popular, donde nos encontrarnos con pérdidas del 100% de lo invertido y títulos sin valor adquiridos a la vista de la solvencia proyectada por la entidad, centramos nuestro interés en tranquilizar a los accionistas del Banco Popular, recalcando que nuestro Derecho ofrece la posibilidad de emprender acciones judiciales que tengan como finalidad la recuperación de las cantidades por los perjudicados. Acciones que deberán estudiarse caso por caso pero que tendrán un fin común, la recuperación de lo invertido más el interés legal del dinero desde el momento de suscripción y las costas procesales.

Si compró acciones en la ampliación de 2016 o después, continúe atento a nuestro Blog. En Melián Abogados estamos estudiando todas las vías de recuperación posibles para accionistas que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016. Les mantendremos informados de los avances en la materia.

En Melián Abogados estamos estudiando las vías de recuperación para los accionistas Clic para tuitear

Acceso a la información Pública. Causas de Inadmisión. En Curso de Elaboración o de Publicación (II)

En la primera entrega de esta serie “Acceso a la información Pública, causas de Inadmisión y la Ruleta de la fortuna (I)” habíamos dicho que, enfrentándonos a las causas de inadmisión de las solicitudes de información pública, es necesario delimitar el alcance de cada supuesto de inadmisión, sacar cincel y martillo y desentrañar poco a poco lo que hay detrás de cada uno de los conceptos jurídicos que el legislador utiliza. Como hacen los paleontólogos. Con paciencia y tiento. No se trata del estudio de su ADN. Creo que no hace falta, pero sí sabremos cómo movernos en este campo, a veces minado y no salir muy perjudicado.

Ufano a cuenta de la difusión del post anterior, me ha dado por consultar las estadísticas del derecho de acceso. Las que hay, pero como decía en “Un, Dos, Tres” Kiko Ledgard: hasta ahí puedo leer. Esa historia queda para el final de la serie. Les diré entonces el género teatral al que pertenece y lo que cuenta a este respecto la web de los distintos gobiernos autonómicos. Hay de todo.

Cuestiones básicas

Vuelvo a la causa de inadmisión de hoy. Antes, parece conveniente recordar dos cuestiones:

  1. Conforme a la Ley de Transparencia (art. 13), la información pública susceptible de petición por parte de los ciudadanos a los sujetos obligados a facilitarla, puede consistir en contenidos o documentos (independientemente de su soporte o formato) y exige que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de las funciones que tenga atribuidas el sujeto en cuyo poder se encuentra.
  2. Las causas de inadmisión deben interpretarse restrictivamente y atendiendo al espíritu de la norma: “Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.” (del Preámbulo de la Ley estatal).
Las causas de inadmisión deben interpretarse restrictivamente y atendiendo al espíritu de... Clic para tuitear

Información en curso

La primera de las causas de inadmisión del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, permite inadmitir una solicitud ciudadana de información cuando la misma se refiere a información en curso de elaboración o de publicación general.

Desde luego, no hay que ser un lince para advertir de inmediato y a simple vista que:

  1. En la causa de inadmisión de la que hablamos, realmente se incluyen dos supuestos: 1) en curso de elaboración y 2) en curso de publicación general.
  2. Que en relación al primero de ellos podría cuestionarse su utilidad, por cuanto una información que está en curso de elaboración, no es tal a los efectos de la Ley y por lo tanto no puede ser objeto del ejercicio del derecho de acceso.
  3. Y que el segundo supuesto resulta plantear algunas cuestiones, porque si abarca aquellos casos en los que la información va a ser accesible de forma general en un plazo razonable, no acabo de entender que no pueda darse por tal motivo la información al ciudadano que la solicita; porque el derecho de acceso no depende de que la información vaya a ser publicada o no. Salvo —claro está—, en aquellos supuestos en los que la publicación general esté prevista en alguna norma, también cuando a dicha publicación le atribuyan efectos jurídicos dentro del procedimiento administrativo al que la información se refiere.

Pienso que únicamente en esos supuestos, estaría justificada la inadmisión por razón de que la información solicitada está en curso de publicación. Más allá es echarle hilo infinito a la cometa de excusas para eludir la solicitud del ciudadano. La Ley catalana, permite inadmitir una solicitud:   “c) Si la información que solicitan está en fase de elaboración y debe hacerse pública, de acuerdo con las obligaciones de transparencia del título II, dentro del plazo de tres meses”.

“En curso de elaboración”

Desde el punto de vista puramente semántico y en relación al procedimiento administrativo, de algo se dice “en curso” o cursándose cuando se está tramitando, se están siguiendo los pasos previstos en la ley o en los reglamentos hasta su finalización.

Una información está en curso de elaboración cuando se están recabando los datos necesarios u otras informaciones precisas para completar la información solicitada o cuando la misma está inacabada. Así, una información no está en curso de elaboración cuando la misma como tal ya existe y se trata simplemente de entregarla al ciudadano.

Ejemplo

Por ejemplo, el 29 de Diciembre de 2014, un ciudadano que realizaba una investigación sobre el recurso de amparo español, solicitó al Tribunal Constitucional por la vía del ejercicio derecho de Acceso a la Información pública, el número de los recursos de amparo presentados y resultado de los mismos en los años 2012, 2013 y 2014.
En respuesta, el Tribunal, en una resolución de la secretaría de 20 de Enero, por lo tanto dentro del plazo de una mes —bien—, remite respecto a los ejercicios 2012 y 2013 a las respectivas memorias de esos ejercicio, señalando la web del Tribunal en la que se encuentran publicadas cada una de las memorias anuales y no los enlaces de acceso de cada una de ellas, que sería lo ideal.  Respecto de los datos del 2014 el Tribunal le dice al ciudadano:

“Por lo que respecta a los datos estadísticos correspondientes al año 2014, procede inadmitir a trámite la información solicitada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.1 a) de la citada ley 19/2013, de 9 de diciembre, al encontrarse dicha información en curso de elaboración, para su posterior publicación en la Memoria del Tribunal Constitucional del año 2014, a la que también se podrá acceder, una vez concluida a través de la página web del Tribunal Constitucional.”  

Supuesto

Pero, y ahora yo me pregunto ¿qué hubiera pasado si la información del ejercicio 2014 se hubiera pedido el 1 de Enero de 2015? Sucede que la Ley obliga a publicar “La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente” (publicidad activa). Pero claro, al no precisar el periodo de tiempo al que ha de referirse dicha información y el plazo para publicarse, más hilo a la cometa.

En teoría, en un estado ideal de las cosas, la información estadística de la actividad de cualquier Tribunal, incluido el Constitucional, debería obtenerse de forma instantánea. En ese supuesto hipotético cabe plantearse si es admisible que un sujeto público obligado a satisfacer las peticiones de acceso a la información pública puede retener la misma, a cuenta de su difusión en una memoria que se publicará meses después. Creo que no. Con la salvedad que anteriormente he apuntado, desde el momento que la información de la que se trate esté completa, debe entregarse. En este caso —como digo— además debe publicarse específicamente en la web del sujeto obligado.

Garantía

Naturalmente la inadmisión motivada por esta causa hay que notificarla al interesado. La Ley estatal se ha quedado simplemente ahí. No obstante, tal y como ha ocurrido con la mayor parte de los aspectos de la Ley de Transparencia, algunas Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, Murcia y Navarra) han sido más congruentes con la finalidad que representa la Transparencia y han añadido una importante garantía al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, establecido que en estos supuestos, además de notificar motivadamente la inadmisión por esta causa, se diga al ciudadano qué órgano es el que está elaborando la información y cuándo está previsto que dicha información esté disponible.

Superado el primer escalón, la información que has solicitado no puede considerarse que esté en curso de elaboración o de publicación general, no te entregues mucho a celebraciones. A tu solicitud de información le queda, por lo pronto, superar otras cuatro causas de inadmisión, la verificación de que no se vulnera la protección del derecho a los datos personales de terceros, que no concurre ninguno de los doce límites del Derecho de Acceso y sus variantes y, por último, los añadidos sorpresa a los que somos tan dados.

Algunas Comunidades han añadido una importante garantía al ejercicio del derecho de acceso... Clic para tuitear

Regalos de la Administración

De estos aditamentos administrativos inútiles de regalo y última hora, va el corto en clave de humor administrativo “036” de Juan Fernando Andrés Parrilla y Esteban Roel García Vázquez. Como la vida misma, casi. 

Acceso a la información Pública. Causas de Inadmisión y la Ruleta de la Fortuna (I)

En el momento en el que me acerqué por vez primera a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, mi cerebro me regaló una asociación deliciosa. En los setenta, cuando apenas tenía unos pocos años, era devoto de una serie que emitía entonces televisión española: El Super Agente 86.

El Super Agente 86

La secuencia de los títulos de crédito con la que comenzaba cada capítulo de la serie, era magistral. El Super Agente Maxwell Smart bajaba de su auto y con prestancia entraba en la sede de CONTROL, la agencia de “recontra espionaje” y lucha contra “KAOS”. Después de atravesar sucesivamente unas cuantas puertas que se abrían y cerraban a su paso, Maxwell entraba en una cabina telefónica, hacía una llamada y finalmente descendía desde allí a la oculta sede de CONTROL.

Derecho de acceso a la información pública

Pues bien, casi sin quererlo, el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública por parte de los ciudadanos se me antoja algo parecido a la entrada del Super Agente Maxwell Smart en Control. Múltiples y sucesivos controles y obstáculos para finalmente obtener la información. O no.

Conciencia ciudadana

Tal y como la realidad nos recuerda estadísticamente, que un ciudadano se acerque a una administración a solicitar información, es un hito memorable. No hace mucho, en un grupo de trabajo con algunos funcionarios de otros tantos municipios de la Isla de Tenerife, podría reconocer como mías y a cuenta de sendos trabajos en los que utilizamos la técnica del “cliente misterioso” las dos solicitudes de acceso que hasta ese momento habían recibido esos municipios.

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Plazos

Naturalmente, recordaban con pelos y señales cada uno de los detalle de las solicitudes. Convinieron entre ellos que se trataba de las mismas solicitudes en cada uno de los casos. Obviando en su mayor parte la exigua calidad de las respuestas obtenidas, baste decir que en la primera de las experiencias respondieron en plazo 8 municipios y en la segunda ocasión 6. La cosa fue a menos. Las preguntas eran muy sencillas y en relación a información que en teoría debía estar publicada en su web en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

Voluntad de la Administración

Añadámosle entonces a la prácticamente nula conciencia ciudadana para el ejercicio de su derecho a solicitar información, la poca voluntad de la Administración por dar respuesta a las pocas solicitudes que se le presentan. Y a la exigua intención administrativa, las poderosas herramientas que la Ley ha puesto en su mano para quitarse de un plumazo casi cualquier solicitud. Herramientas de las que la Administración, a medida que los ciudadanos ejercitan el derecho de acceso con mayor frecuencia, es más consciente y las utiliza con cada vez más conciencia.

Obstáculos

Se revela entonces como certera aquella crítica inicial a la Ley: Demasiados obstáculos para acceder a la información pública. El ciudadano, en pro de la información pública, deja de ser tal y se convierte en “Superciudadano”, enfrentándose a una borrasca administrativa con todo tipo de fenómenos impeditivos del acceso a la información en su interior. “En España, el que resiste gana”, dijo Cela. Pues eso.

El primer filtro al que debe enfrentarse una solicitud de Derecho de Acceso lo constituyen las causas de inadmisión, de tal manera que, concurriendo cualquiera de ellas, la solicitud simplemente es inadmitida. Finaliza y termina el expediente administrativo. El gozo ciudadano en un pozo y sus expectativas frustradas.

Causas de inadmisión

Lógicamente, las causas de inadmisión deben ser invocadas por la administración en el plazo del que dispone la administración para contestar. Un mes desde que se realiza la solicitud o en el caso de que dicho plazo sea ampliado, dos meses.

Lo que resulta del todo punto ilógico es hacerlo y a la vez resolver la solicitud. O también, invocar la causa de inadmisión tardíamente, cuando se informa al órgano de control respecto de una reclamación formulada por un ciudadano o cuando en vía judicial se formula demanda o se contesta a la misma. Es bastante común apilar frente al ciudadano como si de una barricada se tratara, acumular causas de inadmisión y límites impeditivos del derecho de acceso, por si alguna cede o falla, que la otra quede y soporte la negación del derecho de acceso. Práctica que reiteradamente se ha criticado desde los distintos órganos de control.

El plazo ampliado que dispone la Administración para responder una solicitud es de dos meses Clic para tuitear

Conforme a la Ley de Transparencia se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que se encuentren en alguna de las circunstancias siguientes:

A. Pendiente de elaboración o de publicación.

Cuando la información a la que se refiere la solicitud esté elaborándose o pendiente de publicación general.

B. Auxiliar o de apoyo.

Cuando la información solicitada se refiera a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como, por ejemplo, la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

C. Precisa reelaboración.

Cuando la información solicitada requiera una acción previa de reelaboración, como, por ejemplo, confeccionar una información partiendo de diversas fuentes de información.

D. No la tiene el órgano al que nos dirigimos.

Cuando la solicitud de información se dirija a un órgano en cuyo poder no obre la información y se desconozca qué órgano sea competente. En este supuesto, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.

E. Repetitivas o abusivas.

Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

Puertas abiertas

Cada una de las causas de inadmisión supone una puerta de acceso añadida al ciudadano para acceder a la información pública. No obstante, a diferencia de cómo le ocurría a Maxell Smart, cada puerta en apariencia está abierta. Igual que ocurre con la aplicación de los límites de acceso a la información, la aplicación de las causas de inadmisión de las solicitudes de información, debe estar justificada y proporcionada a su objeto y finalidad y debe atender a las circunstancias del caso concreto.

Concepto jurídico indeterminado

Debe desentrañarse entonces el concepto jurídico indeterminado que cada una de las causas de inadmisión que antecede implica. De tal manera que la Administración ha de alcanzar en el caso concreto la única solución justa posible mediante la valoración de las circunstancias concurrentes, para comprobar si a la realidad sobre la que actúa le conviene la proposición normativa delimitada de forma imprecisa. Si la solución adoptada se produce dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada. Así es, más o menos, como el Tribunal Constitucional ha definido el de concepto jurídico indeterminado y el objeto de su revisión por los Tribunales.

Antecedentes

En ese camino de ir limpiando la maleza y clarificar los supuestos que encajan en las causas de inadmisión que la Ley contempla, resulta útil servirse de los antecedentes para anticipar si finalmente esa puerta ha de cerrarse e impedir que el ciudadano acceda a la Información Pública. Además de los antecedentes, los criterios emanados de los órganos de control, en relación a la aplicación de cada causa de inadmisión, son una ayuda utilísima para orientar las solicitudes de los ciudadanos. En todos ellos nos detendremos en próximas entregas de esta serie que hoy empiezo.

Los antecedentes permiten anticipar si el ciudadano accederá finalmente a la Información Clic para tuitear

La ruleta de las causas de inadmisión

El Super Agente 86 fue una deliciosa parodia de aquellos agentes especiales y espías que las películas de Hollywood habían puesto de moda por aquellos tiempos. Remedaban hasta el esperpento sus argumentos y personajes con situaciones absurdas en las que el uso de lo que hoy llamaríamos “gadgets tecnológicos” era la guinda. Mi preferido, el zapatófono. Imagino a ese funcionario que aún anida en las murallas administrativas y resulta ser barrera e impedimento de todo, moviendo su “gadget” preferido, la ruleta de las causas de inadmisión cazando una al vuelo y enviando al purgatorio administrativo la solicitud de acceso a la información. ¡Hagan juego señores!

Contratistas y Subcontratistas. Descentralización Productiva

El fenómeno de la descentralización productiva constituye una fuente constante de conflictos. Un caso recurrente en los tribunales es el caso de los trabajadores que prestan sus servicios para empresarios, contratistas y subcontratistas, y reclaman a su empresario y el principal el pago de sus salarios pendientes, y esto es posible.

Artículo 42 del E.T. Contratistas y subcontratistas

El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores establece que los empresarios que contraten o subcontraten con otro la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos, responderán solidariamente, y durante los 3 años siguientes a la terminación de su encargo, de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraída, por los contratistas y subcontratistas, durante el periodo de vigencia de la contrata.

Obligaciones salariales

Igualmente, responderán de las obligaciones de naturaleza salarial contraída por los contratistas y subcontratistas con sus propios trabajadores, durante el año siguiente a la finalización del encargo.

Obviamente se trata de deudas salariales derivadas de la ejecución de la contrata, no de aquellas anteriores y posteriores a la finalización del encargo o ajena a la ejecución de la contrata, y respecto de los trabajadores vinculados a la contrata de que se trate. La deuda salarial, así que por lo tanto tampoco se extiende, por ejemplo, a las consecuencias derivadas de la declaración de un despido nulo o improcedente.

Excepción

El artículo 42 referido señala que no habrá responsabilidad con los actos del contratista cuando la actividad contratada se refiere exclusivamente a la construcción o reparación que puede contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda, así como tampoco el propietario de la obra o industria que contrate la realización de una actividad que no está vinculada con su actividad empresarial.

¿Qué se entiende por propia actividad?

La mayor discusión de los tribunales versa sobre qué se entiende por propia actividad, para extender o no esta importante responsabilidad solidaria del empresario principal. Para aclarar este concepto les señalo, por ejemplo, una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo que se dictó el pasado 21 de julio, que revisa su doctrina anterior respeto una contrata de Telefónica. En la misma lo que señala es que lo que determina que una actividad sea propia es su condición de inherente a su ciclo productivo, es decir, las que forman parte de las actividades principales de la empresa, de manera que si no se ha contratado tendrá que realizarse por el empresario so pena de perjudicar su propia actividad empresarial.

Lo que determina que una actividad sea propia es su condición de inherente a su ciclo productivo Clic para tuitear

Cuotas de la Seguridad Social

Les refiero, por último, que el artículo 42 en su punto uno establece que el empresario principal deberá comprobar que sus contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, recabando por escrito una certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, quien deberá librar inexcusablemente dice certificación en el término de 30 días improrrogables. Transcurrido este plazo quedará exonerado de responsabilidad el empresario solicitante.

En este caso hablamos de una responsabilidad subsidiaria por descubiertos de cotización contraídas por el contratista previa a la contrata, pero entendemos que no alcanza a exonerar de las deudas generadas durante la vigencia de la contrata. Responsabilidad, en este caso, solidaria y de las que debe responder el empresario principal, aún disponiendo de dichos certificados porque, siguiendo las palabras del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, en una sentencia de 21 de julio del 2015, en este supuesto de responsabilidad este certificado que la Administración emite no señala que la empresa sucedida en este caso no tuviese deudas pendientes con la Seguridad Social, sino únicamente certifica que no existe ninguna reclamación por deudas ya vencidas, lo que no quiere decir que no existan estas deudas.

La certificación negativa no asegura la inexistencia de deudas pendientes con la Seguridad… Clic para tuitear

Régimen de Visitas Con Progenitor No Custodio En El Extranjero

Es evidente que cuando los padres residen en países diferentes, o aun residiendo ambos en España, lo hacen a considerable distancia, no se puede establecer a favor del progenitor no custodio el mismo régimen de visitas que para los que no tienen ese problema.

Aprovechando una reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de mayo de 2017, en la cual analiza este supuesto, vamos a intentar aclarar que criterio se deben seguir para fijar un régimen de visitas en estos casos.

Criterio para el régimen de visitas

Lo primero que hay que tener en cuenta, no sólo en cuanto a la fijación de este régimen de visitas, sino en lo referente a cualquier decisión que afecte al menor, es el del interés superior del menor, aunque nunca dejado de lado el interés de los padres, pero siempre en un grado inferior.

Tribunal Supremo

Nuestro Tribunal Supremo en la referida sentencia dice que:

“No existe una previsión legal acerca de cómo debe organizarse el sistema de visitas ni con carácter general ni, en particular, cuando los progenitores residen en lugares alejados o incluso, como sucede en el caso, en países que se encuentran en distintos continentes. Como ha advertido esta sala, cuando no exista un acuerdo entre los progenitores que sea beneficioso para el menor, para los supuestos que supongan un desplazamiento de larga distancia, es preciso ponderar las circunstancias concurrentes con el fin de adoptar las medidas singulares más adecuadas en interés del menor”

Cuando no hay acuerdo entre los progenitores

El juez es el que ha de establecer cuándo, cómo y dónde se ejercita el derecho de visitas. Clic para tuitear

No habiendo acuerdo de los progenitores, es el juez el que ha de fijar en su sentencia cuándo, cómo y dónde se ejercita el derecho de visitas, para ello dice el Tribunal Supremo es necesario, en el caso del que hablamos:

“concretar la frecuencia de las visitas y su duración, quién se desplaza y quién asume el gasto del desplazamiento para adaptar el régimen a las circunstancias que concurran: la edad del menor, la distancia, las molestias y condiciones del viaje, las circunstancias personales, familiares y profesionales de los progenitores, su disponibilidad horaria y personal para viajar, sus recursos económicos, etc. En función de esas circunstancias hay que establecer si, para compensar la dificultad que supone la distancia para las visitas más frecuentes es posible ampliar las visitas de los periodos vacacionales, si debe trasladarse el menor -solo o acompañado- o si, por el contrario, debe trasladarse uno de los progenitores, y cuál, para recogerlo.”

Relación del menor

Cualquier régimen de visitas que entorpezca la relación del menor con su progenitor es contrario al interés del primero. Está claro que el mayor obstáculo para que el menor se relacione con su progenitor es el gasto que supone el desplazamiento, nuestro Tribunal Supremo dice que ha de:

“decidirse en cada caso atendiendo al interés del menor y a un reparto equitativo de las cargas económicas y personales de dedicación al traslado”

El mayor obstáculo para la relación menor y progenitor es el gasto de desplazamiento. Clic para tuitear

lo que lleva a que:

“la solución que se adopte en cada caso tiene que ser la ajustada a las circunstancias concretas. No resulta posible adoptar de manera rígida un único sistema de frecuencia, duración, ni de traslado y contribución a sus gastos.”