Contratación Temporal. Fraude de Ley en la Administración Pública

La jurisdicción Social continúa dictando pronunciamientos para la Administración pública en relación al personal laboral temporal, en sus distintas vertientes, con el denominador común de recordarle a la administración empleadora que le son aplicables los límites legales en el abuso y el fraude de ley en la contratación temporal.

Indefinido no fijo

La cuestión no es nueva, la figura del indefinido no fijo nació por creación jurisprudencial para solventar aquellos fraudes. Más recientemente, la cuantificación de las indemnizaciones por la finalización de este tipo de contratos, que han abarcado desde declaraciones de nulidad, improcedencia y establecimiento también de indemnizaciones por equiparación a los despidos objetivos, son algunos de los últimos pronunciamientos que vienen a poner límites a la actuación de la administración.

Objeto lícito y válido de la contratación temporal

No es menos cierto que la contratación temporal válida y lícita, que cumple y atiende a su finalidad y sus requisitos legales, no debe ser demonizada en sí misma, pues el objeto del contrato puede ser cierto lícito y válido, cuando no se incurre en abuso. Los casos que trascienden son aquellos que los que la línea entre la irregularidad y la corrección de la contratación temporal es muy gris.

El objeto del contrato temporal puede ser cierto lícito y válido, cuando no se incurre en abuso. Clic para tuitear

Abuso de derecho

Son reciente noticia pronunciamientos que toman relevancia al dimanar del Tribunal de Justicia Europeo y de los altos tribunales españoles. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha declarado como indefinido el vínculo laboral de una empleada pública temporal que encadenó un total de 268 contratos temporales “formalmente” legales. La sentencia, del 2 de mayo de 2017, considera que dicha utilización de la contratación temporal supone un abuso de derecho que “no puede admitirse”.

La sentencia destaca que los contratos firmados son “formalmente” legales, pero critica a la empleadora el uso de “una política anómala de contratación […] más cercana a una bolsa permanente de trabajo que a la contratación temporal con tal de cubrir necesidades puntuales y específicas”.

El tribunal considera que el uso de la contratación interina que se realiza en este supuesto, no atiende a situaciones de difícil previsión, como bajas por enfermedad, sino que son supuestos “perfectamente previsibles e integrados dentro de la dinámica ordinaria de la gestión hospitalaria como las vacaciones y los permisos”. Sobre esa situación, concluye que “hay un abuso de derecho” en el hecho de mantener una “plantilla paralela de sustitutos” que cubren necesidades estructurales, en lugar de convocar plazas permanentes que las cubran.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Esta sentencia es un eco más de la dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de septiembre de 2016, que se declaró contrario al Derecho europeo la sucesión de contratos eventuales en la Sanidad para cubrir necesidades estructurales.

Los tribunales están poniendo límite a las situaciones fraudulentas en la contratación temporal. Clic para tuitear

La realidad

El abuso por parte de la administración empleadora ciertamente se produce en los casos enjuiciados, no porque lo diga quien escribe sino los magistrados, pero no es menos cierto que los recortes presupuestarios, y la prohibición de contratar que cada año viene contenida de la legislación básica de los presupuestos generales del estado, cuando la necesidad existe, lleva que se cubran las necesidades de personal de la forma “menos incorrecta” posible, el mal menor. Los tribunales están actuando para poner límite y establecer consecuencias jurídicas a estas situaciones fraudulentas.

Accidentes In Itinere. Otro Supuesto a Raíz de una Sentencia del Supremo

Recordaba haber tratado en alguna ocasión el tema de los accidentes in itinere, y sí, la búsqueda en nuestra web arrojó dos publicaciones. Una de fecha 11 de noviembre de 2014 reproduce el audio de una colaboración en el espacio jurídico que conducía nuestro amigo Manuel Artiles, en su programa de radio “Despierta Tenerife”, y la otra publicación contiene un vídeo de fecha 27 de noviembre de 2015, en el que mencionábamos la presunción de laboralidad junto con los elementos o circunstancias que concurren en el caso de los accidentes in itinere.

Son accidentes In Itinere los que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. Clic para tuitear

Calificación como accidente laboral

Sus contenidos siguen de perfecta actualidad, pero ¡cómo pasa el tiempo! Y traigo a colación esas dos publicaciones a raíz de una reciente Sentencia del Tribunal Supremo que ha caído en mis manos, y que debate sobre la calificación como accidente laboral el sufrido por un trabajador cuando se desplaza en su vehículo de regreso a su domicilio.

En el accidente de tráfico el trabajador fallece, planteando sus familiares el reconocimiento de las prestaciones de viudedad y a favor de familiares e indemnización a tanto alzado como derivadas del accidente de trabajo.

Sentencia del Tribunal Supremo

La Sentencia es la dictada el pasado 14 de febrero de 2017, con número 121/2017, rec. 838/2015, anulando la dictada por el TSJ de Andalucía, Granada, Sala de lo Social de 10 diciembre de 2014.

Ideas básicas de la Sentencia

Someramente anoto las tres ideas básicas para centrar el post en lo relevante de la Sentencia –una visión más completa sobre la figura del accidente in itinere la tienen en las otras dos publicaciones–:

1. Definición de accidente de trabajo

El accidente de trabajo se define en el artículo 156.1 de la vigente LGSS como toda lesión corporal que sufre el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Podríamos decir que nos encontramos ante un accidente de trabajo, cuando concurren los siguientes requisitos: que se produzca una lesión corporal, que esta lesión sea consecuencia de un trabajo por cuenta ajena, y que exista una relación de causalidad entre la lesión y la realización del trabajo, existiendo presunción de laboralidad en las lesiones sufridas durante el tiempo y lugar de trabajo.

2. Accidentes In Itinere

El mismo artículo 156, en su apartado segundo enumera, entre los supuestos de accidente laboral, los llamados accidente in itinere, “los que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo”.

3. Elementos concurrentes en los accidentes In Itinere

Para calificar un accidente como accidente in itinere deben concurrir 4 elementos:

  1. que el accidente se produzca con ocasión o por consecuencia del trabajo (elemento teleológico).
  2. que suceda en tiempo inmediato o razonablemente próximo a la hora de entrada o salida del trabajo (elemento cronológico), que no hay interrupciones temporales o desviaciones significativas que rompan el nexo causa con la ida o vuelta al trabajo.
  3. que sea utilizado el trayecto habitual de ida y vuelta al trabajo desde el domicilio o viceversa. (requisito topográfico).
  4. que el medio de transporte sea adecuado para realizar el desplazamiento (requisito mecánico).

En un accidente de trabajo In Itinere tienen que concurrir los 4 elementos. Clic para tuitear

Datos relevantes del supuesto

El supuesto analizado en la sentencia que hoy comentamos tiene como datos más relevantes: que el trabajador se desplazaba cada día desde su domicilio habitual en Puente Tablas (Jaén) hasta el centro de trabajo en Linares (Jaén). Durante el trayecto de ida y vuelta se desviaba para recoger ó dejar a un compañero de trabajo en otro pueblo, Mengíbar. El desplazamiento se realizaba en coche y por autopista. El día del accidente el desplazamiento se inició al finalizar la jornada de trabajo, sobre las 18:30 horas, pero el accidente ocurrió más de una hora después y a unos 20 km del centro de trabajo.

El elemento clave

Pues bien, la Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO de 14 de febrero de 2017 se centra en el análisis de uno de estos elementos, el cronológico, pues es el elemento que la sentencia recurrida entendió que no concurría en el caso planteado porque “el accidente ocurre a unos veinte kilómetros del lugar de inicio y trascurrida más de una hora desde la salida del trabajo. Ese retraso, que no aparece justificado, aparece como la clave para romper el carácter laboral del desplazamiento”.

La solución

El Alto Tribunal, aplicando la doctrina que sentó con la anterior Sentencia dictada en Pleno el 26/12/2013, rec. 2315/2012, llega a la solución contraria que la sentencia recurrida y sí califica el accidente como laboral.

Es interesante como va desgranando en el fundamento cuarto de la sentencia su razonamiento. Por su extensión no lo transcribo íntegramente, pero les recomiendo su lectura detallada (descargar en pdf sentencia 121/2017, rec. 838/2015). Destaco el siguiente párrafo cuando señala:

Esta Sala no comparte el modo en que se aborda el factor cronológico en la sentencia recurrida, que se limita a tomar como hora de salida la (aproximada) de cierre de la valla de la obra, contrastarla con la hora del siniestro y concluir que se ha utilizado más de una hora para recorrer unos veinte kilómetros por autovía. C) Lo acreditado es que el trabajador emprende el regreso con posterioridad a las 18,30. No consta la hora real en que el vehículo emprende la marcha; si realmente lo hizo a las 18,45, es lógico pensar que accede a la población de Mengíbar sobre las 19,15; teniendo presente que realiza dos paradas, es razonable pensar que a las 19,30 esté en condiciones de reemprender el viaje a Linares. Pues bien, recordemos que el accidente lo sufre sobre las ocho menos veinte y a la salida de Mengíbar. La sentencia recurrida expone que al no haberse acreditado las causas del retraso en cuestión, el viaje se ha deslaboralizado. Entendemos que el número de minutos sin justificar ha podido dedicarse a muy diversos menesteres, sin que ello comporte la ruptura del elemento cronológico. No estamos ante un retraso relevante. El tiempo razonable de despedida con los compañeros de la obra que se quedan en Mengíbar, la eventualidad de que hubiera habido algún atasco menor, la imposibilidad de que el trabajador manifestara exactamente lo acaecido tras dejar al segundo de los pasajeros, la posibilidad de alguna gestión intermedia razonable (recargar combustible, acudir al servicio, realizar una mínima compra), son factores que inclinan a la solución flexibilizadora patrocinada tanto por la sentencia referencial cuanto por la del Pleno de esta Sala ya expuesta”.

Régimen Económico del Matrimonio. Materia Desconocida para Muchas Parejas

Nos hemos acostumbrado a escuchar en las bodas civiles cómo el oficiante procede a dar lectura de varios artículos del código civil, concretamente los artículos del 66 al 68. Los mismos hablan de que los cónyuges son iguales en derechos y deberes, que deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia, y que los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.

Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo.

Régimen económico del matrimonio

Sin embargo, nada se dice de algunas otras consecuencias del matrimonio, entre éstas se encuentran las relaciones económicas que se darán entre los cónyuges y los terceros, que se verán sometidas a una serie de normas jurídicas a las se denomina régimen económico matrimonial.

Muchísimas personas no saben que las relaciones económicas de su matrimonio se rigen por ese conjunto de normas, entre otras cosas porque nadie se lo explicó antes de casarse, y realmente se enteran, en muchos casos, cuando se divorcian.

Los cónyuges deberán compartir las tareas domésticas y el cuidado de las personas a su cargo Clic para tuitear

En el derecho común, la no elección del régimen que regirá las relaciones económicas del matrimonio dará lugar a que se aplique el régimen de la sociedad de gananciales, en algunas comunidades autónomas con normas propias, se aplica por defecto el régimen de separación de bienes.

Tipos de regímenes económicos

En nuestro derecho hay tres regímenes posibles:

Régimen de PARTICIPACIÓN

De muy rara aplicación, en éste a cada cónyuge le corresponde la administración, el disfrute y la libre disposición de los bienes que le pertenecían en el momento de contraer matrimonio, así como los adquiridos por él después por cualquier título, pero la singularidad viene dada porque cada uno de los cónyuges adquiere el derecho a participar en las ganancias obtenidas por el otro.

Régimen de SEPARACIÓN DE BIENES

En este caso pertenece a cada cónyuge los bienes que tenía en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título, y a cada uno le corresponderá la administración, goce y libre disposición de tales bienes, la diferencia con el anterior es que no hay derecho del otro cónyuge a participar en las ganancias del otro.

Régimen de SOCIEDAD DE GANANCIALES

Éste es el más común porque, como ya hemos dicho, se aplica por defecto, y mediante él se hacen comunes para ambos cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos, los bienes que adquieran durante el matrimonio serán comunes, salvo que se hayan adquirido con dinero privativo o procedente de la venta de bienes privativos, siendo privativos los bienes que tenían cada cónyuge antes contraer matrimonio y los adquiridos a título gratuito, donación herencia. En este régimen, salvo que pacte otra cosa por los cónyuges en escritura pública, la gestión y disposiciones de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges.

Si los cónyuges no desean que se aplique el régimen económico que rige por defecto, el de gananciales, lo que deben hacer es otorgar capitulaciones matrimoniales, para ello es necesario acudir a un Notario, y formalizar una escritura pública en la que se manifestará el régimen económico que se elige, si es antes de contraer matrimonio bastara con ello, si es después, habrá además que disolver y liquidar el régimen que hubiera regido hasta entonces.

Muchas parejas desconocen que al matrimonio se le aplica un régimen económico por defecto Clic para tuitear

Desconocimiento

Como hemos dicho al principio de este artículo, muchas parejas no saben nada de que al matrimonio se le aplica un régimen económico hasta que llega el momento del divorcio. Y llegado ese momento, o cualquier otro por el cual se disuelva la sociedad de gananciales, los bienes y el dinero que hubiera, siempre que no sean privativos como ya hemos explicado más arriba, se repartirán por mitades iguales a cada cónyuge, independientemente de cuál de ellos hubiera aportado más dinero.

Y con las deudas igual, cada cónyuge deberá asumir la mitad. Eso no ocurrirá en el caso de que el régimen sea el de separación, pues cada cónyuge continuará siendo titular de los bienes que haya adquirido y de las deudas que haya contraído.

Accidentes de Tráfico. La Póliza de Seguro Obligatorio

Contar con información adecuada cuando nos enfrentamos a las duras consecuencias de un accidente de circulación es fundamental para que nuestra actuación sea efectiva y en consecuencia, logremos obtener la reparación del daño o daños causados por terceros. Por ese motivo, a lo largo de distintos artículos, el presente y posteriores, desarrollaremos una breve guía práctica de solución de conflictos en accidentes de circulación.

Nuestro interés, es que esa recopilación de preguntas frecuentes sirva como herramienta consultiva para todos nuestros seguidores, de manera que cualquier persona pueda solventar las cuestiones que a nuestro juicio resultan más relevantes de forma rápida y eficaz.

Seguro de responsabilidad civil

En primer lugar y a modo de introducción, subrayar la importancia de tener contratado un seguro de responsabilidad civil y que éste se encuentre en vigor. Su suscripción es obligatoria para todo propietario, se haga o no uso del vehículo, y siempre que no se haya comunicado al Registro de la Dirección General de Tráfico nuestra intención de retirar el vehículo de la circulación. Nuestro seguro nos dará cobertura ante un posible siniestro, además de ahorrarnos disgustos por el mero hecho de circular incumpliendo la normativa reguladora.

A la vista de su importancia, comenzamos esta guía práctica hablando de ella. A lo largo de este artículo introductorio intentaremos resolver las dudas más frecuentes sobre la PÓLIZA DE SEGURO:

La suscripción de un seguro de responsabilidad civil es obligatoria. Clic para tuitear

¿Qué cubre nuestro seguro obligatorio (a terceros básico)?

El seguro obligatorio (SOA) cubre la responsabilidad civil del conductor frente a terceros, pero no los daños personales ni materiales que el conductor o su coche sufran si éste es culpable del accidente. Por ello, aunque no es obligatorio, muchos conductores optan por contratar un seguro específico que les cubra ante un supuesto accidente. Sin embargo, este hecho no implica que la cobertura básica no se extienda a otros ocupantes del vehículo, los cuales serán considerados “terceros” (cobertura de ocupantes) y por tanto, estarán cubiertos por la póliza.

¿Qué entendemos por cobertura de daños propios?

La cobertura de daños propios se reserva exclusivamente para los seguros a Todo Riesgo y se extiende a los daños sufridos en el vehículo asegurado.

En artículos posteriores trataremos una de las cuestiones más polémicas que surgen en siniestros con pólizas que incluyen este tipo de cobertura. Me refiero al supuesto típico de un siniestro con importantes daños materiales, ¿Debemos conformarnos con el valor venal del vehículo o podremos exigir la reparación de éste aunque el coste fuera superior? Hablaremos de ello más adelante, pues es un tema merecedor de un apartado independiente. 

Tercero, conductor no reseñado en la póliza de seguro

¿Cubre el seguro la responsabilidad civil que nazca como consecuencia de un accidente cometido por persona distinta al tomador/conductor habitual del seguro? Especial referencia al supuesto de menores de 26 años.

Puede ocurrir que el vehículo asegurado se conduzca por un tercero no reseñado en la póliza, ni como tomador ni como conductor habitual. Pensemos en el típico caso de una familia con hijos mayores de edad que obtienen recientemente su permiso de conducir y utilizan el vehículo de sus padres, ¿estamos obligados contratar un seguro donde se incluya a éstos como conductores habituales u ocasionales?

Jurisprudencia

El Tribunal Supremo resuelve esta polémica cuestión en Sentencia de fecha 20 de noviembre de 2014. En este caso concreto, la póliza de seguro contenía una cláusula que excluía de la cobertura a los conductores menores de 26 años que no aparecieran expresamente declarados, motivo por el cual, la compañía aseguradora insta demanda de reclamación contra el tomador de la póliza en la que reclama la cantidad satisfecha por ésta como consecuencia de un siniestro (un total de 17.787,72€).

Hasta la fecha, era usual que la compañía aseguradora ejerciera su derecho de repetición contra el tomador del seguro reclamando las cantidades abonadas a raíz del accidente, sin embargo esta cuestión se esclarece tras el pronunciamiento del Alto Tribunal.

La Sala, aborda el tema referido manifestando que:

“Pues bien, como consecuencia, el artículo 10 en su apartado c), autoriza la repetición contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y, conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducción del vehículo por quien carezca del permiso de conducir. Es decir que, legalmente, se limita la posibilidad de pacto sobre repetición al supuesto de conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir, de modo que fuera de tal caso sólo cabe la repetición en los supuestos previstos por la ley, no alcanzando los supuestos legalmente previstos al caso de conducción por persona no autorizada según el contrato que sea menor de veintiséis años, como aquí sucede.”

Esta sentencia supone que, las compañías no podrán reclamar al tomador de la póliza las cantidades satisfechas cuando el conductor responsable del accidente sea un menor de 26 años, o cuando éste tenga un permiso de circulación con antigüedad inferior a 2 años.

¿Cuáles son las consecuencias de circular sin póliza de seguro en vigor?

Conducir un vehículo a motor sin seguro no es delito pero si puede acarrear una importante sanción administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del RD Legislativo 8/2004:

a) La prohibición de circulación por territorio nacional de los vehículos no asegurados.
b) El depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el seguro.

Se acordará cautelarmente el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo por el tiempo de un mes, que en caso de reincidencia será de tres meses y en el supuesto de quebrantamiento del depósito o precinto será de un año, y deberá demostrarse, para levantar dicho depósito o precinto, que se dispone del seguro correspondiente. Los gastos que se originen como consecuencia del depósito o precinto del vehículo serán por cuenta del propietario, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo.

c) Una sanción pecuniaria de 601 a 3.005 euros de multa, graduada según que el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duración de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción.

Conducir un vehículo sin seguro no es delito pero si puede acarrear una importante sanción. Clic para tuitear

¿Incluyen las pólizas de seguro de vehículos a motor una cobertura jurídica?

Esta cobertura suele ofrecerse por la mayoría de aseguradoras. Gracias a ella, los firmantes de la póliza se aseguran asistencia jurídica a cargo de la compañía tras un accidente de tráfico. Ésta permite al asegurador elegir abogado para que defienda y represente sus intereses. No obstante, para conocer los términos de la cobertura debemos atender a las condiciones particulares de la póliza, pues es una cuestión que puede variar notablemente entre compañías.

Sabemos que las compañías ofrecen directamente ese servicio a través de sus Departamentos Jurídicos, pero no nos cansaremos de recomendar hacer uso de la cobertura siempre que desee que un profesional actúe en su beneficio y con total independencia.

Latigazo Cervical en Accidentes de Tráfico ¿Fraude o Realidad?

Con el latigazo cervical la cosa se complica. El “gran zasca” de las faltas en el ámbito de los accidentes de tráfico genera desde la modificación del Código Penal, en julio de 2015, un grave perjuicio para las víctimas de accidente de tráfico. La reforma del reseñado texto normativo suprime la imprudencia leve como criterio de imputación, hecho que provoca que la reclamación de este tipo de lesiones sea necesariamente por la vía civil, como única opción.

La tramitación penal de este tipo de sucesos reducía considerablemente los costes judiciales para el cliente. Las indemnizaciones por daños personales se negociaban en la gran mayoría de ocasiones con las aseguradoras antes incluso de la celebración de juicio, sin embargo, ahora la cosa cambia considerablemente. A mi juicio, la reforma normativa allana notablemente el terreno a las compañías aseguradoras permitiendo una desestimación, sin discreción, de las reclamaciones amistosas instadas, obviamente en perjuicio de la víctima.

Las lesiones por imprudencia leve en accidentes de tráfico, ahora se reclaman vía civil. Clic para tuitear

Muchos de ustedes, sea en primera o tercera persona, conocerán la coletilla básica empleada por estas compañías reinas del escaqueo. La inexistencia de nexo causal entre el accidente y los daños sufridos, generalmente por tratarse de colisiones a baja velocidad, se convierte en el día a día de los profesionales que accedemos a este tipo de expedientes.

¿Qué opinan las partes acerca de las lesiones del latigazo cervical?

¿Puede la aseguradora ampararse en ese aspecto para desestimar la reclamación? ¿guarda relación la velocidad del impacto con los daños? y por último, los Tribunales de Justicia… ¿Qué opinan al respecto?

Nos encontramos ante una discusión abierta objeto de debate continuo. Las compañías aseguradoras lo tratan de fraude, sin embargo, la postura es opuesta desde el momento en el que le preguntamos a las víctimas del accidente, tanto éstas como los peritos médicos aseguran que sufrir una lesión de este tipo genera molestias que sin un adecuado tratamiento rehabilitador pueden cronificarse. Que discrepancia.

No se crean que se trata de una cuestión sencilla, obviamente habrá que estar a las circunstancias concretas del caso para valorar si se trata de un auténtico “cuponazo cervical” o de una realidad patente. No obstante, si es cierto que el incremento de los costes judiciales para reclamar indemnizaciones por este tipo de daños ha generado que muchos afectados dejen las cosas como están y no se animen a continuar por vía judicial.

Persigo dos propósitos con este artículo:

Aclarar que una colisión a baja velocidad, o bien, un choque con escasos daños materiales, puede provocar sin género de duda la reseñada lesión, siendo por tanto dicha justificación de las aseguradoras errada, discutible y acreditable.

Recordar que la gran mayoría de seguros de automóvil incluyen una cobertura de defensa jurídica que cubre, hasta un límite, los gastos judiciales que se deriven del procedimiento, incluyendo gastos de perito. De ahí la importancia de prestar atención a este requisito en el momento de negociación previa a la contratación.

La gran mayoría de seguros de automóvil incluyen una cobertura de defensa jurídica. Clic para tuitear

Latigazo cervical: Jurisprudencia

El estado de preparación del sujeto en el momento de recibir el golpe, la edad, el estado físico, entre otros factores, tienen influencia directa en este tipo de lesiones y así lo ha venido reconociendo la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia. Ni siquiera el importe de la reparación del vehículo es un elemento relevante para determinar la existencia o no de una lesión, pues en este tipo de accidentes la violencia del impacto se transfiere y repercute en mayor medida sobre la estructura corpórea del viajero, de ahí el potencial lesivo de las colisiones a baja velocidad.

¿Fraude por parte de las víctimas o bien, ahorro significativo de costes para la aseguradora bajo argumentos discutibles? Valoren ustedes. En cualquier caso, si ha sido víctima de un accidente y sufre este tipo de lesión, no de todo por perdido y consulte abogado de confianza.

Imágenes de Adultos. Publicación en los Medios de Comunicación

Una de las grandes transformaciones que ha traído consigo la popularización del uso de las nuevas tecnologías y la digitalización de contenidos, es la de poner al alcance de la mayor parte de los ciudadanos la posibilidad de crear sus propios contenidos y comunicarlos de forma multicanal a través de las redes sociales: canales de Youtube, Whatsapp, Telegram, etc., independientemente de que esa comunicación se haga a través del teléfono o de Internet.

Por esa razón es necesario tener, al menos, unos conocimientos básicos del uso de la imagen de las personas a través de los medios y poder contestar a la pregunta ¿puedo publicar la imagen de esa persona?

Imágenes de adultos con notoriedad pública

Veamos el caso de la imagen de las personas adultas. En este caso, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la persona que aparece como protagonista en la imagen tiene notoriedad pública o no.

Notoriedad pública y en ámbito público

Es decir, si es famoso, o se trata de un político, o es un funcionario en el ejercicio de sus funciones… En ese supuesto, si la imagen está tomada en el ámbito público, es decir, en la calle o un lugar público principalmente, no hay problema en publicarla.

En este punto, hay que hacer referencia a la Ley orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana, conocida comúnmente como Ley Mordaza, que establece como infracción grave el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación.

Notoriedad pública y en ámbito privado

Si la imagen de esa persona con notoriedad pública está tomada en el ámbito privado, no se puede publicar salvo que tengamos autorización expresa.

Es infracción grave el uso no autorizado de imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Clic para tuitear

Imágenes de adultos sin notoriedad pública

¿Pero qué ocurre si esa persona no tiene notoriedad pública?

En ese caso, si está tomada en un lugar público, se puede publicar la imagen de esa persona o grupo de personas siempre y cuando su imagen aparezca de forma casual o accesoria a la información principal y con motivo de un suceso o acaecimiento público.

Si la imagen está ligada a personas, lugares, noticias u otro tipo de circunstancias que tengan connotaciones negativas, entonces, la publicación de la imágenes deberá hacerse con técnicas de distorsión de imágenes para que no se les reconozca.

Indemnización por Extinción del Contrato del Personal Laboral Indefinido no Fijo

Sin olvidar que la casuística concreta de cada caso pudiera dar lugar a otra solución judicial, como por ejemplo que el fin del contrato de trabajo de un empleado laboral indefinido no fijo pueda ser declarado improcedente o nulo, nos centraremos en el supuesto en el que sacada la plaza que ocupa el empleado laboral indefinido no fijo, para su cobertura reglamentaria, finalizado el proceso selectivo, resulte adjudicada a un tercero.

Comunicación al trabajador

La comunicación al trabajador/a de la extinción de su relación laboral por tal motivo –su cobertura reglamentaria–, se ha debatido si generaba o no derecho a indemnización, y en su caso cual fuera esta, pues la finalización del contrato del personal laboral indefinido no fijo, de creación jurisprudencial, no tiene prevista legalmente las consecuencias de su extinción por acontecer esa causa de finalización.

Tribunales

Los tribunales se han pronunciado de forma diversa, todo sea dicho eso si, considerando una amplia casuística y los pormenores de cada supuesto. Nos hemos encontrado con pronunciamientos que no otorgan derecho a indemnización llegada la finalización del mismo por justa causa (la amortización del puesto o cobertura reglamentaria), o que tenían derecho a la indemnización prevista para los contratos temporales del art 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores, aun cuando no son contratos de duración determinada, o la prevista para los despidos improcedentes del art 56 del TR ET, si no se siguieron los trámites legalmente establecido para la tramitación de los despidos por causa objetivas, o la indemnización prevista para estos últimos. Así que la ausencia de regulación expresa para esta situación ha dado para diversidad de conclusiones.

Sentencia indemnización contrato laboral indefinido no fijo

Queremos referir por su importancia, la reciente Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2017, resuelve la cuestión planteada a cerca de cual es la indemnización derivada de la extinción de tal contrato laboral indefinido no fijo, cuando ello acontece por la cobertura reglamentaria de la plaza.

La Sala, acude a supuestos comparables, decantándose por la indemnización de veinte días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del Estatuto de los Trabajadores en relación a los apartados c) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas.

Contrato laboral indefinido no fijo, el TS se decanta por la indemnización de 20 días/año Clic para tuitear

La equiparación no se hace porque la situación sea subsumible en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores contempla, sino por asimilación de la extinción analizada como una circunstancia objetiva que permiten la extinción indemnizada del contrato.

Situaciones del Personal Laboral Indefino no Fijo. Responsabilidades

En el seno de la administración pública los empleados públicos se clasifican en Funcionarios de carrera, Funcionarios interinos, Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y Personal eventual. El reconocimiento legal del personal laboral indefinido no fijo, trae causa de la creación jurisprudencial nacida en su día para dar respuesta a la realidad existente, en la que se situaban a los/as trabajadores/as que habían sido objeto de una contratación temporal en fraude de ley por parte de la Administración.

Irregularidades

Las irregularidades en la contratación que pueden dar causa a esta situación son diversas, pero en todo caso subyace la confrontación del derecho laboral –que sanciona esa irregularidades con la adquisición de una relación laboral indefinida–, frente al derecho administrativo y los principios constitucionales que disponen que el acceso la función pública ha de hacerse a través de procesos que de cumplimiento a los principios de publicidad concurrencia, igualdad mérito y capacidad.

Tanto la adquisición de la condición de laboral indefinido, por irregularidades en la contratación laboral, como por producirse la figura de la cesión ilegal de trabajadores (Art 43 del TR ET), no son deseables, en tanto en cuanto son una ilegalidad en sí mismas.

No es deseable la condición de laboral indefinido por irregularidades en la contratación laboral Clic para tuitear

Leyes

El legislador intenta poner freno a una situación cada vez más extendida, muestra de ello es la disposición adicional primera del Real decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, estableció que los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del TRLCSP tenían que dictar en sus respectivos ámbitos de competencias, las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de forma que quedara aclarada la relación entre los gestores de la Administración y el personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que se pudieran considerar como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral.

Un ejemplo de ello lo encontramos en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el BOC nº 183 de 23 de septiembre de 2013, se publicó la Resolución de 13 de septiembre de 2013, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten. Estamos pues ante la obligación de no incurrir en conductas que se pudieran considerar como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral con dichas administraciones.

Presupuestos

El proyecto de ley de presupuestos generales del estado para 2017, en su Disposición adicional trigésima quinta, aborda esta situación desde la perspectiva de regular la Exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral, de modo que dispone en materia de contratación laboral que Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo.

Y yendo más allá dispone que ello darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos referidos, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

Delegados Sindicales; Trámite de Audiencia Previa al Despido

Me gustan esos momentos en que nos plantean una consulta, estudiamos una nueva demanda o, simplemente, navegamos por las bases de datos buscando noticias de actualidad. Unas u otros levantamos la vista del ordenador –la entrañable consulta a los libros es parte del pasado– y nos acercamos al despacho del compañero/a; si el momento es propicio, y la cara no se tensa cuando interrumpes, pronuncias el consabido: “ a ver qué opinas tú…”, “Mira la última que encontré…”. Hoy ha sido uno de esos días en que mi compañera Isabel y yo pudimos parar unos minutos, y hablamos, y concluimos.

Trámite de audiencia previa

La cuestión que se nos planteó es una demanda por despido disciplinario en la que se alega su improcedencia por defecto formal, ya que en la Empresa en cuestión existe constituida una sección sindical y no se cumplió el trámite de audiencia previa prevista en el artículo 55 del Real Decreto -Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores- en adelante el E.T. Aquel señala en cuanto a la forma y efectos del despido disciplinario que:

1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos. Por Convenio Colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido. Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese. Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare, deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la Sección sindical correspondiente a dicho sindicato”.

A tener en cuenta

Para resolver esta cuestión hay que tener en cuenta:

  1. El artículo 10.3 de la Ley orgánica 11/1985, 2 agosto, de libertad Sindical (LOLS) dispone que los delegados sindicales tendrán las mismas garantías previstas para los representantes legales de los trabajadores –artículo 68 E.T–, así como los derechos, enumerados en el apartado 3 de este artículo 10.3, entre otros a ser oídos por la Empresa previamente al despido o sanción de los afiliados a su sindicato.
  2. Las garantías y derechos a que alude el artículo 10.3 LOLS son reconocidos a los delegados sindicales, no a las secciones sindicales. Es decir, los trabajadores afiliados a un sindicato podrán constituir secciones sindicales, independientemente del tamaño de la Empresa, pero sus prerrogativas se limitan a las previstas en el artículo 8.1 LOLS (celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical, recibir información del sindicato).

    Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en convenio colectivo, si estas secciones sindicales pertenecen a los sindicatos más representativos, o cuentan con delegado de personal, o tienen representación en los comités de Empresa o en los órganos de representación de las Administraciones Públicas, dispondrán de los derechos reconocidos en el artículo 8.2 LOLS (disponer de tablón de anuncios, a la negociación colectiva, a la utilización de local adecuado en empresas o centros de más de 250 trabajadores).

    Pero los derechos y garantías concretas recogidos en el artículo 10.3 LOLS sólo se reconoce a los delegados sindicales nombrados al amparo del apartado 1 de dicho artículo 10 LOLS. Y serán aquellos designados como representantes de las secciones sindicales que puedan constituirse en las Empresas –o, en su caso, en los centros de trabajo– que ocupen a más de 250 trabajadores, por parte de los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en los comités de empresa o en los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones Públicas. Por convenio colectivo puede mejorarse las condiciones establecidas en la Ley.

    Por tanto, no es exigible el requisito de audiencia previa al despido en aquellas Empresas en las que únicamente consten constituidas secciones sindicales, es decir, que no dispongan de delegado sindical nombrado al amparo del artículo 10.1 LOLS ni tengan reconocidas las prerrogativas del artículo 10.3 LOLS.

    Las garantías y derechos del artículo 10.3 LOLS son reconocidos sólo a los delegados sindicales. Clic para tuitear

    Sentencias

    Un extracto de sentencias al respecto:

    • TSJ Madrid Sala de lo Social, sec. 6ª, S 3-6-1999, nº 322/1999, rec. 2332/1999.La garantía formal contenida en esos preceptos establece precisamente la audiencia del delegado o delegados sindicales, refiriéndose por tanto a la figura regulada en el art. 10 de la LOLS. EDL 1985/9019 Ahora bien, aunque los trabajadores afiliados a un sindicato siempre tienen el derecho a constituir secciones sindicales, según el art. 8 LOLS EDL 1985/9019, no toda sección sindical goza del derecho a estar representada ante la empresa, con el cúmulo de obligaciones y cargas que para la empresa conlleva, por uno o varios delegados sindicales. Esta posibilidad solamente se reconoce a los sindicatos con presencia en el comité de empresa, cuando la empresa o el centro de trabajo ocupe más de 250 trabajadores, según el art. 10.1 LOLS EDL 1985/9019, que en el caso de las empresas de seguridad se reduce a 150, según el art. 48 de su convenio colectivo estatal (BOE. 11.6.98) en relación con el art. 10.2 LOLS. EDL 1985/9019. Es claro, en consecuencia, que para que pueda exigirse la audiencia previa al despido de un trabajador afiliado a un sindicato, y declararse la improcedencia del despido por falta de ese requisito formal, es preciso que exista en la empresa, por tener el número de trabajadores necesario, un delegado sindical que haya sido nombrado como tal y cuyo nombramiento haya sido dado a conocer a la empresa para que ésta asuma las cargas y obligaciones que le corresponden en relación con este órgano de representación sindical (sentencias del Tribunal Constitucional 292/83 de 18 octubre y 84/89 de 10 mayo). No es exigible la audiencia previa a otras personas distintas del delegado sindical, como pretende el recurrente, que alude al secretario de la sección sindical, el cual podrá ser un cargo o puesto de la sección con relevancia interna, pero no es un delegado sindical que tenga las competencias y garantías que la ley reconoce al delegado sindical, a menos que así se hubiera demostrado. En los hechos probados de la sentencia no consta que exista un delegado sindical de UGT en la empresa, extremo que el propio actor no ha alegado tampoco en ningún momento, limitándose a invocar la exigibilidad del requisito formal sin acreditar el presupuesto de hecho que posibilitaría su cumplimiento. Por ello, y aunque por razones distintas a las de la sentencia de instancia, el motivo debe ser desestimado, por lo que -no habiendo más motivos que examinar- procede la total desestimación del recurso y la confirmación de aquella”.
    • STSJ Andalucía (Gra) Sala de lo Social de 14 octubre 2009.– En relación con el derecho aplicado, se alega en primer lugar infracción del art. 55.1 IV del Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 y del art. 10.3.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, al no haberse declarado la improcedencia del despido siendo así que no se oyó previamente a los delegados sindicales del sindicato al que estaba afiliada la actora. La Magistrada de instancia niega que haya quedado demostrado por la actora que la demandada conociera su afiliación a CC.OO, convicción que obtiene de la valoración total de la prueba practicada, la cual que no puede quedar desvirtuada por el contenido de un documento privado emitido dos años antes de la comunicación del despido. Ahora bien, aun cuando el derecho a constituir secciones sindicales no depende en modo alguno de la representatividad que puedan tener los sindicatos en los respectivos ámbitos, el derecho a ser oídas en aplicación del derecho que se consagra en los preceptos citados, sólo se atribuye a las secciones sindicales debidamente constituidas que pertenezcan a los sindicatos más representativos o a los que tengan representación en los comités de empresa, es decir, a aquellas que se constituyen al amparo del art. 10.1 de la Ley Orgánica de 2 de agosto de 1985, según el cual “en las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en los comités de empresa o en los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas estarán representadas, a todos los efectos, por delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de trabajo”.
    • TSJ Región de Murcia Sala de lo Social, S 21-6-2001, nº 878/2001, rec. 485/2001 (…..) Es claro, en consecuencia, que para que pueda exigirse la audiencia previa al despido de un trabajador afiliado a un sindicato, y declararse la improcedencia del despido por falta de ese requisito formal, es preciso que exista en la empresa, por tener el número de trabajadores necesario, un delegado sindical que haya sido nombrado como tal y cuyo nombramiento haya sido dado a conocer a la empresa para que ésta asuma las cargas y obligaciones que le corresponden en relación con este órgano de representación sindical ( Sentencias del Tribunal Constitucional 292/1993, de 18 octubre EDJ 1993/9177 y 84/1989, de 10 mayo EDJ 1989/4890). No es exigible la audiencia previa a otras personas distintas del delegado sindical, sin que la sentencia del TS de 1 de junio de 1992 EDJ 1992/5573 haya declarado que ante la falta de delegado sindical el trámite de audiencia previa al despido debe observarse con la sección sindical, cuya existencia en la empresa demandada, por otra parte, no ha resultado acreditada por el actor a quien incumbía la carga de la prueba sobre tal extremo. Pero es que, se insiste, aunque la sección sindical hubiera llegado a constituirse, lo que en ningún caso podría tener al frente como portavoz o representante es un delegado sindical nombrado conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3 LOLS EDL 1985/9019 dado el reducido tamaño de la plantilla laboral de la empresa, de la que el actor es el único delegado de personal.
    • STSJ La Rioja Sala de lo Social de 29 octubre 2002.- Por su parte el Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de julio de 2000 reconoce la posibilidad de que por medio de un Convenio Colectivo se modifiquen los requisitos mínimos fijados por el artículo 10 de la LOLS  para que surja la obligación empresarial de reconocer al delegado sindical las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros del Comité de Empresa, así dice dicha sentencia: el art. 48 del Convenio Colectivo ha mejorado de forma manifiesta los requisitos establecidas por la Ley Orgánica de Libertad Sindical para que una Sección Sindical pueda hacerse acreedora de tener un Delegado Sindical con las garantías y prerrogativas que se prevén para el mismo en el art. 10.3 de aquella Ley Orgánica puesto que, sin decirlo expresamente ha reducido de 250 a 150 los trabajadores que ha de tener la empresa o, en su caso, el centro de trabajo para alcanzar aquel derecho. Y el propio Tribunal, en sentencia de 11 de abril de 2001 , manifiesta que: A falta de acuerdos específicos, la empresa solamente tiene la obligación de reconocer a los delegados sindicales las garantías y derechos ex art. 10.3 LOLS de concurrir los presupuestos del art. 10.1 LOLS y con relación a un número concreto de delegados en atención a la dimensión de su plantilla”.

  3. Será improcedente el despido disciplinario por falta del requisito de audiencia previa si la Empresa conoce, y así queda acreditado en juicio, la afiliación del trabajador al sindicato. Artículo 55 ET.
  4. Conforme consolidada doctrina de los Tribunales de justicia, este requisito de audiencia previa sólo es exigible en las sanciones y despidos disciplinarios.
    • Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª de 23 mayo 1995.-“ A partir de esta regulación el Tribunal Supremo, ha acotado al ámbito disciplinario el derecho aquí reconocido, limitando tal obligación del empresario a los despidos. CUARTO.- De las dos doctrinas judiciales divergentes confrontadas en el recurso la ajustada a derechos es la que expresa la sentencia recurrida. Con arreglo a criterios de interpretación finalista, el término “despido ” incluido en el art. 10.3. tercero LOLS y 108.2.c TALPL comprende la extinción del contrato de trabajo por causas disciplinarias, y no otros supuestos extintivos asimilables al despido a otros efectos, como el enjuiciado en el presente caso. El precepto legal que establece la audiencia previa del delegado del sindicato al que está afiliado el trabajador despedido o sancionado constituye una garantía singular del trabajador sindicado que no tiene cualquier otro trabajador despedido o sancionado, y que encuentra su razón de ser en la conveniencia apreciada por el legislador de que los trabajadores sindicados tengan una protección reforzada frente al poder disciplinario del empresario, a cuyo riesgo de abuso pueden resultar más vulnerables. La defensa sindical preventiva del trabajador afiliado frente a tal facultad sancionadora no debe alcanzar a las extinciones derivadas de otras causas no disciplinarias, con independencia de que sean consideradas o no suficientes para justificar la decisión extintiva del empresario. La tesis anterior, que es la que sostiene de manera expresa la sentencia recurrida, no pugna con el “sentido propio de las palabras” de la ley, ya que el Estatuto de los Trabajadores EDL 1995/13475 , y en general la legislación laboral española, no utilizan unívocamente el vocablo “despido “; unas veces se designa con él sólo al despido disciplinario (señaladamente en el art. 49 ET EDL 1995/13475, que es el general sobre “extinción del contrato”), y otras, más extensivamente, se incluyen también otros supuestos extintivos por voluntad del empresario.”

El requisito de audiencia previa sólo es exigible en las sanciones y despidos disciplinarios. Clic para tuitear

Conclusión despido delegados sindicales

Concluimos que en el caso concreto planteado no asiste la razón al trabajador, no estando obligada la Empresa a cumplir con el trámite de audiencia previa al despido.

Y seguimos hablando. Y nos planteamos el supuesto de aquellos delegados a los que la Empresa les ha reconocido, y disfrutan, de los derechos y prerrogativas del artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical aunque no concurran los requisitos legales o convencionales establecidos. Pero será materia de otra entrada.

Acuerdo de Iniciación de un Procedimiento Sancionador sin Determinar la Sanción

Hace unos días cayó en mis manos la notificación del acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador tramitado por una Administración, llamémosla X, que creo que merece ser objeto de un comentario en este blog por los defectos formales que presenta y por lo fácil de atacar que resulta, y les explico por qué:

Esquema básico del procedimiento sancionador

Inicio

Los procedimientos administrativos sancionadores se inician de oficio por acuerdo del órgano competente. Este acuerdo de iniciación es notificado a los presuntos responsables de la infracción administrativa, otorgándoles un plazo de al menos diez días para que aleguen lo que a su derecho convenga.

El plazo de alegaciones ante un procedimiento administrativo sancionador es de diez días. Clic para tuitear

Instrucción

Una vez hecho esto, comienza la fase de instrucción del procedimiento, que terminará con una propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución se notifica al interesado, otorgándole un nuevo plazo para presentar alegaciones, tras lo cual, el órgano competente para resolver, dictará la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador.

Partiendo de ese esquema básico, la ley prevé que, habiéndose notificado el acuerdo de iniciación, si el presunto responsable no efectúa alegaciones en el plazo previsto, dicho acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución “cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”.

¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que lo siguiente que se nos va a notificar es la resolución definitiva del procedimiento.

Requisitos

Para que esto sea posible, tal y como he señalado, el acuerdo de incoación tiene que contener un “pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”, lo que, según nuestros Tribunales, incluye: la definición de la conducta infractora, el artículo legal en el que se recoge esa conducta como infracción, y, la sanción concreta que cabe imponer.

Si se dicta directamente resolución, omitiéndose la propuesta, y el acuerdo de iniciación no incluye lo citado en el párrafo anterior, el procedimiento sancionador es nulo de pleno derecho.

Defectos formales

Pues bien, el acuerdo de iniciación al que me refería al inicio, identificaba al presunto responsable, calificaba la infracción como leve y señalaba el precepto legal oportuno pero, no decía cuál era la sanción, sino que le comunicaba al interesado cuál podía ser la cuantía mínima de la multa, y cuál la máxima, y ponía en su conocimiento, que si no presentaba alegaciones, el acuerdo se consideraría propuesta de resolución.

Lo asombroso en este caso no es solo que se omitiera uno de los requisitos que nuestros Tribunales vienen exigiendo aproximadamente desde 1998, sino que la diferencia entre una y otra cuantía era de más de 59.000 euros.

Obviamente, la persona a la que le llega este acuerdo, después de leerlo, no puede menos que asustarse, y de este miedo parece que pretende aprovecharse la Administración autora del acto porque a renglón seguido le comunica que, si reconoce voluntariamente su responsabilidad, la sanción que proceda imponer será rebajada en un 20%. ¡Qué oportuno!

Lo que obviaron señalar, además de la cuantía de la multa, es que, desde octubre, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario (multa), viene obligado a aplicar reducciones, acumulables, de, al menos, un 20% sobre el importe de la sanción no solo cuando el infractor reconozca su responsabilidad, sino también, cuando pague voluntariamente antes de que se dicte resolución que ponga fin al procedimiento.

Pero, ¿cómo voy a pagar antes de que el órgano competente dicte resolución, si no será hasta ese momento cuando conozca la cuantía de la sanción?

Un procedimiento sancionador, sin propuesta y sin indicar la sanción, es nulo de pleno derecho. Clic para tuitear

Consecuencias

Después de todo esto, se preguntarán qué consecuencias tiene este actuar administrativo. La respuesta es sencilla: cuando a esta persona le notifiquen la resolución, recurriremos, con el objetivo de que se declare nulo el procedimiento sancionador por los motivos expuestos, y, como los procedimientos nulos no interrumpen la prescripción, cuando la Administración quiera volver a iniciarlo se encontrará con que ello no es posible porque la infracción, que en este caso era leve, habrá prescrito.

versión técnica del artículo

Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común.

En lo que al procedimiento sancionador se refiere, en relación a la terminación del mismo, la nueva Ley ha incorporado, en su artículo 85, la obligación de las Administraciones Públicas de practicar reducciones sobre el importe de la sanción propuesta cuando se cumplan determinados requisitos.

El tenor literal del precepto es engorroso y parte de su contenido es copia textual de lo previsto en el artículo 8 del hoy derogado Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Así, el mencionado artículo 85 dice:

“1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

  1. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
  2. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente”.

Como puede observarse, el precepto no se caracteriza precisamente por su claridad, es por ello que procedemos a explicarlo brevemente:

Según lo dispuesto en apartado 3º, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, viene obligado a aplicar reducciones, acumulables, de, al menos, un 20% sobre el importe de la sanción cuando:

  1. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el infractor reconozca su responsabilidad.
  2. El presunto responsable pague voluntariamente antes de que se dicte resolución que ponga fin al procedimiento.

En ambos casos, se condiciona la aplicación efectiva de la reducción al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

Así mismo, el citado precepto establece que las mencionadas reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento sancionador.

A este respecto cabe señalar que el artículo 64.2 f) prevé que, si notificado el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, el administrado no efectúa alegaciones en el plazo otorgado al efecto, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un “pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”.

En relación a este último inciso, es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo (STS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 7 abril de 1998 y STS, Sala 3ª, Sección 5ª, de 8 febrero 2010, entre otras)  –ignorada por algunas Administraciones- aquella según la cual, “el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el art. 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso”.

Así pues, si el acuerdo de incoación únicamente contiene la identificación del hecho imputado y del precepto en que se tipifica, así como la mera indicación de la sanción que en abastracto cabe imponer, es necesario la notificación de la porpuesta de resolución, aún en el caso de que el administrado no haya efectuado alegaciones frente a dicho acuerdo, pues en caso contrario, el acto administrativo es nulo en virtud de lo dispuesto en el art. 47.1 a) y a la luz de la jurisprudencia señalada.

Pues bien, partiendo de lo anterior, y para concluir, cabe señalar que la necesidad de que en el acuerdo de incoación se cuantifique la sanción para que pueda hacerse uso de la opción prevista en el artículo 64.2 f) deriva, no ya de la citada jurisprudencia, sino de la propia normativa vigente, puesto que, de lo contrario, se haría impracticable la opción prevista en el art. 85.3 ya que en caso de otorgar a un acuerdo de incoación en el que no se cuantifica la sanción la consideración de propuesta de resolución, deviene imposible la opción de pagar voluntariamente antes de que se dicte resolución que ponga fin al procedimiento, pues no será hasta ese momento que el administrado conozca la cantidad a pagar.