Arrendamiento de Temporada y Sanciones en Materia de Turismo

Algunos asuntos administrativos sancionadores merecen una advertencia previa al estilo de Iker Jiménez: “Bienvenidos a la nave del misterio…”. Si se trata de infracciones administrativas en materia turística, y más cuando la misma está relacionada con un arrendamiento de temporada,  ya no es cuestión de saber en qué cueva oscura te metes. Es menester también saber algo de vampiros y zombis. Conceptos básicos. Estaca (preferiblemente de un rosal silvestre, álamo o fresno) para los vampiros.  Y para los zombis, según se insinúa en The Walking Dead, un remate a tiempo asegura que queden definitivamente tiesos.

Caso de arrendamiento de temporada

Hace apenas unos días, en un asunto en el que trataba de liquidar un zombi administrativo en forma de sanción en materia turística a cuenta de un arrendamiento de temporada, el Juzgado de lo Contencioso número uno de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia por la que anula la sanción impuesta a una promotora inmobiliaria establecida en el sur de Tenerife  y que ofrecía a las personas interesadas en su promoción la posibilidad de probar los inmuebles antes de su compra.

Si finalmente la adquisición no se efectuaba, el cliente paga un alquiler por su estancia. La administración turística había impuesto una sanción de 24.000 euros por no poseer libro de reclamaciones y libro de inspección.

Expediente sancionador

Como suele ocurrir, en el expediente administrativo sancionador había algunos “muertos vivientes”. Según Ia sentencia dictada:

“…De la documentación obrante en el expediente tramitado no existen elementos de prueba que acrediten que el arrendamiento efectuado por la actora excede del ámbito de Ia Ley de Arrendamientos Urbanos al ejercerse una actividad turística. EI mero hecho de que el arrendamiento se efectúe por periodos cortos de tiempo no es prueba suficiente por sí misma para calificar de “turística” la actividad ejercitada por la actora.” —Y continúa diciendo— “Es preciso en el ámbito sancionador la aportación de elementos adicionales de prueba que, sin género de duda alguna, evidencien la existencia de una explotación de naturaleza turística (v.gr. por la prestación de servicios complementarios que exceden del ámbito de mero arrendamiento de servicios, etc.). Por todo ello, el conjunto documental obrante en el expediente administrativo, no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.”

Definitivamente, las sanciones han sido anuladas y la administración (o sea, todos), condenada al pago de las costas correspondientes. Pero igual que en las pelis de zombis ¡hay que asegurarse de rematar al muerto a tiempo o revive!

Me temo que este muerto administrativo andante no haya quedado bien anestesiado y hubiera necesitado un remate que impida que la Administración nuevamente lo saque a paseo para asustar a los mortales.

Cabos sueltos

Lo digo porque en este expediente había material para dejarlo definitivamente rematado: una traducción hecha desde el Traductor de Google era el hilo del ovillo; la sancionada, además, no prestaba servicios propios de la actividad turística (servicios de recepción, limpieza diaria…); la inspección ni siquiera se interesó por comprobar la presunta realidad que en teoría debían constatar… Y lo que me parecía más interesante: la discusión en torno al ámbito omnicomprensivo de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, sin que exista un criterio claro y preciso que defina qué actividades justificadamente pueden estar sometidas a la ley y cuáles no.

Sigo pensando que tal circunstancia es contraria a la Directiva de servicios, por cuanto introduce un elemento de incertidumbre e inseguridad jurídica, dado que cualquier servicio o actividad comercial, sea de la naturaleza que sea, puede ser conceptualizada como “actividad de explotación turística”.

Tan cierto es lo que digo, que en su día, el Gobierno tuvo que dictar el Decreto 93/1998, por el que se establecen los criterios y el procedimiento para declarar la no sujeción a la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Su simple existencia denota precisamente lo que decimos.

Inseguridad jurídica

O dicho de otro modo: la inseguridad jurídica introducida por el ámbito objetivo de la Ley es tal que se exige una declaración expresa introducida por el Decreto mencionado para realizar la actividad propia, con la finalidad de no verse sorprendido con la inclusión de la misma en la Ley turística, lo que de facto, además, supone la introducción de una autorización o licencia en sentido negativo para poder realizar una actividad, por ejemplo, un arrendamiento de temporada, y tener la seguridad de que no está sometida a la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Autorización o licencia para la realización de una actividad proscrita por la propia Directiva mencionada.

Lo dicho, esperemos que este “muerto administrativo” esté tieso definitivamente y no reviva por falta de un buen remate a tiempo. Hasta entonces, descanse en paz. Y si resultara que ese vampiro administrativo que te inquieta se parece al de este caso, aquí te dejo, como si de una ristra de ajos se tratara, la sentencia en cuestión.