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Capitulaciones Matrimoniales: Sociedad de Gananciales

El régimen económico matrimonial será el que los cónyuges pacten o estipulen en capitulaciones matrimoniales, siendo el aplicable por defecto y a falta de pacto (salvo en aquellas Comunidades Autónomas con competencia para legislar en materia Civil) el régimen de sociedad de gananciales, en éste, las ganancias o beneficios serán comunes para los cónyuges y se las atribuirán por mitad si se llegase a disolver la sociedad, por tanto, una vez constituido el matrimonio se crea una comunidad de bienes entre ambos sujetos, una masa que integra tanto bienes privativos como gananciales y que puede provocar, a la hora de que éstos respondan de determinadas deudas, una confusión que implique embargos sobre bienes que no deben responder por ellas.

En nuestro derecho no sólo podrán calificarse determinados bienes con carácter privativo, por ejemplo aquellos de titularidad del cónyuge antes de contraer matrimonio, o bien, los obtenidos mediante herencia, sino que también podremos distinguir qué deudas de las contraídas por los cónyuges tienen carácter privativo o ganancial. La sociedad de gananciales se hará cargo de gastos como el sostenimiento de la familia, educación de los hijos comunes, alimentación, explotación de negocios o gastos generados en el desempeño de la profesión de alguno de los cónyuges, pero pueden existir también deudas privativas de las que deba responder un sólo cónyuge, por ejemplo, las sanciones impuestas por una actuación dolosa o negligente (incluyéndose la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito).

Llegados a este punto, cabe plantearse cuáles son los cauces del cónyuge “no deudor”, que no intervino en el negocio del que surge la deuda cuyo incumplimiento motiva el embargo de bienes a fin de poner de relieve que éste es indebido, ya sea por el bien sobre el que recae o por la cuota de titularidad que se ve afecta, y por tanto y como consecuencia, cómo tutelamos su derecho patrimonial.

Los datos básicos a tener en cuenta son:

  1. Vigencia o no del régimen de gananciales en el momento de nacimiento de la deuda.
  2. Carácter ganancial o no de la deuda.
  3. Carácter ganancial del bien sobre el que se traba embargo.

Pues bien, nacida la deuda mientras la sociedad de gananciales se encuentra vigente puede ocurrir que se trabe embargo sobre un bien privativo del cónyuge no deudor, debiendo personarse éste en el procedimiento de reclamación y oponerse a la ejecución manifestando que dicho bien no debe responder de la deuda, o bien, que se trabe embargo sobre el 100% de un bien ganancial en lugar de anotarse sobre el 50% (recordemos que corresponde a cada cónyuge un 50% de cuota indivisa), debiendo solicitar en este caso que el embargo se acuerde únicamente sobre la parte que correspondería al titular de la deuda privativa.

Como se ha expuesto hasta el momento, los bienes gananciales responderán de las deudas que origine la propia sociedad, lo cual no plantea problemas en la práctica, no obstante, puede ocurrir que tras una crisis matrimonial los cónyuges decidan divorciarse disolviendo el matrimonio pero no lleguen a liquidar la sociedad (reparto de bienes, derechos y obligaciones a cada parte) hecho que puede generar problemas serios en un futuro, pues los bienes seguirán siendo comunes y por tanto figurarán como tales de cara a terceros, por lo que si se contrajesen obligaciones posteriores éstos seguirán integrados en una comunidad de bienes en la que cada ex-cónyuge es titular del 50% de la cuota indivisa, pudiendo anotarse embargos sobre dicha y viéndose, por tanto, obligado el otro titular (ex-cónyuge) a interponer demanda de tercería con el objeto de acreditar que dicho bien no debe responder de la deuda reclamada.

Situación parecida tendría lugar cuando se reclama una deuda nacida antes de encontrarse constituida la sociedad de gananciales por uno de los cónyuges, pues en dicho momento no existía sociedad alguna que pudiera quedar afecta al cumplimiento de la obligación, y por consiguiente, no puede considerarse ésta responsable ni directa ni subsidiariamente de la deuda.

A la vista de lo anterior, insistimos en la importancia del momento de nacimiento de la deuda, pues de él depende que la sociedad de gananciales deba hacerse cargo o no de ésta.

Embargo por deuda ajena y Tercería de Dominio

A primera vista parece una situación improbable, podría plantearse, ¿cómo es posible que se trabe embargo por deuda ajena sobre un bien de mi propiedad?, sin embargo, aunque parezca raro, en la práctica es posible encontrarse con este tipo de situaciones, el origen de tal confusión es diverso pudiendo destacarse entre los motivos más usuales, la falta de inscripción tras un cambio de titularidad. A fin de regularizar la situación, resulta interesante conocer que existe un procedimiento judicial destinado a subsanar ese perjuicio ocasionado que devuelve el bien a su estado original, es decir, un procedimiento que persigue el levantamiento de la carga indebidamente trabada, hablando siempre al margen del procedimiento ejecutivo, pues en el curso del mismo la anotación preventiva de embargo es válida y cumple todos los requisitos legales establecidos al efecto.

El proceso de ejecución se caracteriza por la adopción de medidas tendentes a hacer efectiva la responsabilidad del ejecutado mediante el embargo de bienes, puede ocurrir, que en el normal desarrollo del proceso surja una perturbación por parte de un tercero ajeno al mismo, es decir, aquella persona distinta al ejecutante (acreedor) y al ejecutado (deudor), se trata del tercero titular del bien sobre el que se ha anotado embargo en el proceso ejecutivo instado a fin de satisfacer el derecho de crédito que ostenta la parte acreedora.

La tercería de dominio, más que un proceso autónomo, podría considerarse un procedimiento incidental del juicio ejecutivo, a pesar que desde el punto de vista procesal no sea considerado como tal y debe plantearse la correspondiente demanda declarativa. Se trata de un mecanismo legal para la defensa de un derecho que se entiende lesionado (derecho de propiedad), por tanto, no constituye una oposición del tercero al juicio ejecutivo en curso (no se discute la existencia o no de la deuda que se reclama) sino que el objeto del mismo radica única y exclusivamente en liberar al bien de la carga (embargo indebido). La tercería de dominio por tanto, tal y como declara la jurisprudencia reiterada de nuestros tribunales de justicia, entraña una verdadera acción reivindicatoria en la que el tercero, ajeno al proceso ejecutivo, pretende defender bienes propios embargados de manera improcedente al no pertenecer éstos al ejecutado.

Como es obvio, deberá acreditarse el dominio para ejercitar este tipo de acción, por tanto, deberá acompañar a la demanda el título en el que se funde tal pretensión (aquel que acredita que se ha adquirido el bien mediante compraventa, cesión, legado, herencia, etc.), sin el mismo no se dará curso al proceso, no obstante, no se exige que el mismo constituya prueba plena del derecho que se invoca, siendo admisible en el transcurso del proceso cualquier prueba que pretenda completar o esclarecer dicho aspecto.

De lo anterior, no cabe deducir que cualquier documento sea suficiente para dar curso a la demanda, pues tal y como exige la normativa reguladora, éste ha de acreditar, al menos en principio, el dominio. Para cumplir este requisito basta cualquier documento que sirva de prueba, tales como, una escritura de préstamo o un testamento, por tanto, el juez no está facultado para apreciar, a la hora de admitir o no la demanda, si el título es válido o no, pues sólo se exige una principio de prueba.

Acreditada la improcedencia del embargo, se dictará sentencia estimando la pretensión del tercerista y acordando el levantamiento de la traba, al mismo tiempo, se admitirá el derecho existente sobre el bien objeto de embargo. Como consecuencia de lo anterior, la ejecución se suspenderá respecto a ese bien que quedará plenamente liberado y el Juzgado librará el correspondiente mandamiento de cancelación de embargo al Registro de la Propiedad que corresponda.

 

Protegido: La insolvencia de las Personas Físicas

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