Desde luego que los asuntos que arregla la Dra. Nada son menos sanguinolentos pero igual de importantes. Lidia también con muertos, pero no hay que hacer desaparecer cadáveres, sólo la información por la que preguntan los ciudadanos.
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Esconder la información pública es una tendencia natural en el ejercicio del poder. De siempre los cargos públicos adoptan decisiones pero cuya razón no puede conocerse, ni quién ha propuesto adoptarlas, ni cuál es su coste, ni siquiera su beneficio…
Naturalmente en algunas ocasiones podría discutirse si realmente está justificada esta ocultación de información al común de los mortales, pero ocurre que en el resto de casos, en su mayor parte, se esconden decisiones arbitrarias, injustificadas en beneficio propio, de amigos y parientes, también de cuñados, corruptelas varias; prevaricones y prevariquitas. No hay más que ver estos días cómo la primera tentación de aquellos que se han saltado a la torera el orden de vacunación valiéndose de su posición privilegiada, es la de ocultar la información, hacerla desaparecer. Prevaricones.
Para vencer esta inclinación natural en el ejercicio del poder, entre otras razones, el porqué de la Transparencia. He de reconocer que con el advenimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, hasta los políticos, autoridades y funcionarios apasionados del “ocultismo” fueron tentados por justificar su denodado trabajo en la amplia panoplia de causas de inadmisión y límites del derecho de acceso con la que nos obsequió la Ley.
Y así lo hicieron, afortunadamente para todos con clamorosos fracasos. Por poner un ejemplo, cuando el Ministerio de Defensa apeló a la Ley de Secretos Oficiales y a los límites de la ley para denegar la información solicitada por Civio, luego le ocultó la información anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y finalmente el Tribunal Supremo puso las cosas en su sitio con su sentencia de 3 de Marzo de 2020, estableciendo que no existe una limitación temporal en el derecho de acceso a la información reconocido en la ley de transparencia.
También gracias al equipo del compañero Javier de la Cueva y Civio, el Tribunal Supremo en su sentencia del 16 de diciembre de 2019 torció el brazo al Tribunal de Cuentas para que diera a conocer el nombre, cargo, fecha de nombramiento, fecha de cese y retribuciones anuales de los trabajadores eventuales que prestaron servicios en los años 2010 a 2018.
Bueno, como decía, después de esa etapa inicial de euforia “a ver si cuela” por alguna de las vías de la Ley de Transparencia, he asistido con preocupación en tiempos de pandemia a cómo se ha abandonado esta labor de encaje de bolillos, ciertamente complicada y exigente (cuando se hace bien) de meter con calzador cualquiera de las excusas de la ley para negar la información. De tal forma que además de los colores tonos clásicos, versátiles y atemporales que hablan de optimismo y funcionalidad de esta temporada de otoño-invierno 2020/2021 se ha puesto de moda negar la información.
Esta nueva suerte del toreo al ciudadano en sus solicitudes de información pública tiene dos escuelas:
La Doctora Nada encarna ambos estilos de mandar a hacer gárgaras a los súbditos, que no ciudadanos, puesto que la tomadura de pelo a la que someten al conjunto de la ciudadanía es de órdago. En esta categoría de toreo hay ingentes ejemplos.
Contra la Doctora Nada, ley y orden, o lo que es lo mismo, ley y archivos. El mejor aliado de esta supervillana del Acceso a la información pública es, además de la rémora en la implantación de la e-administración, la ausencia de gestión documental y archivo de documentos y expedientes e información. Recuerdo el siglo pasado cuando anduve de vigilante por la administración local, lo fácil que era adelgazar y engordar los expedientes administrativos según las necesidades de cada momento o tu propio antojo.
En mi vida profesional me he encontrado con muchas Doctoras Nada. De hecho, me inicié en la Transparencia preocupado por lo fácil que era hacer desaparecer cualquier información o documento a conveniencia de la administración, particularmente en los expedientes administrativos cuando eran remitidos a los tribunales de lo contencioso-administrativo dentro de los recursos que había interpuesto. Un ejemplo, el Concurso de emisoras de FM en Canarias, en el que incluso para acceder a toda la información se tuvo que recurrir a la vía penal. Sainete autóctono que acabó como era de esperar.
También he conocido unos cuantos Sr. Lobo, de todo tipo. En cierta medida yo también soy un Sr. Lobo del Derecho.
“Soy la Dra. Nada. Como el Sr. Lobo, pero del Derecho de Acceso a la Información; solo que gratis, no cobro, y eso que te ahorro.
Que mi bolso de 300 pavos no te confunda. Fue una donación y ahora es mi herramienta de trabajo, que ahí escondo información…Que me enrollo y de explicarte no he acabado. Ahora llevo prisa que me has llamado, que es que resulta que alguien ha preguntado. Te diré lo que vamos a hacer: he de acudir no más tarde del amanecer, limpiar todo el rastro que la información haya dejado y sin hacer ruido, me has pedido, hacerla desaparecer. Como si nunca hubiera existido, es lo que tiene que parecer.
Además, dentro del mismo trato he de prepararte en un rato la contestación, que con un molde he diseñado, a quien haya preguntado: Querido Ciudadano fulano de tal, nada hay de la información que ha solicitado. Que apenados estamos por su solicitud, para una vez que damos la respuesta con prontitud, resulta que la información que ha pedido por arte de birlibirloque ha desaparecido o nunca ha existido. En el lugar y fecha rubricado, a esto sólo le queda ser notificado. Otra de la que te he librado. ¡Qué innovación! Nada de liarse con causas de inadmisión ni con límites del Derecho a la información. Otro sistema que hemos inventado para hurtar al ciudadano lo que ha solicitado.“
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