El Día: Publicidad Institucional y Discriminación

El Día; Publicidad y Discriminación | Melián Abogados¿Existe alguna directriz encaminada a excluir al diario EL DÍA, de las campañas de publicidad del Gobierno de Canarias? El pasado 13 de Enero, el periódico Canarias7 reconocía en su editorial que el Gobierno de Canarias paga semanalmente una página de publicidad institucional a todos los diarios editados en Canarias, excepto a uno de ellos. Parece confirmarse así la eventual existencia de una directriz encaminada a excluir al diario de mayor difusión de Canarias, EL DÍA, de las campañas de publicidad del Gobierno de Canarias, insertando anuncios en todos los demás diarios editados en las Islas Canarias, de inferior tirada y penetración. Ello, según digo, porque así lo afirma la propia competencia del citado diario. Increíble y cierto.

Por si no fuera suficiente, en esta versión de “El Dilema” (The Insider, 1999) a lo chusco, en la que el papel de las tabacaleras de la película de Michael Mann lo desempeña la propia Administración, hace poco el conejo acabó de “riscar la perra” del todo. A mediados de Febrero, el Gobierno de Canarias publicaba un Decreto por el que aprueba los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales en campañas institucionales. En dichos pliegos, se establecen determinaciones —en relación a la contratación de campañas institucionales—, cuya única explicación es la de excluir a los medios díscolos, entre ellos EL DÍA. Por ejemplo, se establece que la cantidad de individuos que leen un periódico sea indiferente a la hora de evaluar la propuesta de campaña en prensa. Lo mismo o parecido también en la radio. Otro ejemplo: Se reserva un cupo del presupuesto previsto en cada campaña publicitaria para las televisiones autonómicas y locales canarias, condicionándose dicho cupo a que las emisoras tengan licencia. Requisito lógico que se torna en tomadura de pelo ya que precisamente es el propio Gobierno de Canarias el responsable de que, al día de la fecha, no haya ni una sola televisión que cumpla esa condición, puesto que todas las licencias de televisión otorgadas por el Gobierno de Canarias han sido anuladas en los tribunales.

Se pretende beneficiar, claramente, a las grandes cadenas nacionales de televisión por sus emisiones en Canarias. Impresión que liga con la absoluta pasividad del Gobierno de Canarias respecto de las desconexiones locales que realizan esas cadena con la única finalidad de vender publicidad. También se beneficia a la televisión autonómica pública, que igualmente tiene su corazoncito y vende publicidad a las agencias como cualquier hijo de vecino. Son sólo algunos ejemplos, porque el mencionado decreto tiene más miga.

Y para aquellos que tuvieran alguna duda, según manifestación expresa en rueda de prensa de la autoridad competente (aunque sus “logros” desmerezcan el adjetivo), resulta que esos mismos pliegos los vienen utilizando desde hace años, lo cual más que bendecirlos, justifica el origen de la discriminación antes sospechada, confirmada por la competencia del diario y ahora denunciada. En la misma explicación el Viceconsejero añade un divertidísimo trabalenguas irreproducible (aunque más abajo pueden escuchar el audio con su intervención) sobre los Gross Rating Point (GRP) que un compañero letrado ya calificó con acierto de “cantinflada” y respecto del que en su día haré un monográfico, porque se lo merece. Valga como avanzadilla que la utilización de los GRP, por sí, no garantiza que no discrimine a un medio, cuestión que resulta indiscutible a la vista de la afirmación de que los pliegos en cuestión se vienen utilizando desde hace años. Precisamente se denuncia la discriminación advertida desde hace años.

Recapitulando, ésta es la sinopsis:

[box type=”note”]Un medio de comunicación, el de mayor difusión, sospecha que lo están discriminando en la publicación de publicidad institucional. La competencia, a la sazón beneficiada con la discriminación, se lo confirma por escrito. Para rematar, la propia administración discriminadora, al aprobar su último invento reglamentario, también. Y no sólo eso, sino que al parecer el origen de esa discriminación está precisamente en ese pliego que se viene utilizando desde hace años. Queda por saber quién hará el papel de Jeffrey Wigand desvelando el tejemaneje. Por lo pronto lo está haciendo el propio medio interesado.[/box]

Se repite así un clásico de los Gobiernos molestos con los medios informativos por el ejercicio del derecho a la información, a la libertad de expresión y opinión. Matar al mensajero. Así ocurrió en su día con el diario El Alcázar, el diario La Información de Alicante, el Diario de Melilla, el Deia en el país Vasco, el diario Levante-EMV, ABC de Sevilla, Nueva España de Asturias, etcétera. También ha ocurrido con televisiones y radios. Lo dicho, todo un clásico. Como si de la entrada violenta de un defensa a un delantero se tratara, se excluye al medio en cuestión provocándole una doble lesión: el de la exclusión en sí y el del beneficio a la competencia. Pero sobre todo, se contraría la interdicción de la arbitrariedad pública contenido en el art. 9 de la Constitución, el principio de igualdad del art. 14 o la obligación de servir con objetividad a los intereses generales del art. 103.

Este tipo de discriminación, tiene como pretensión última la de coartar la libertad y obligación informativa y el compromiso del medio con la sociedad. La diferencia de trato adquiere categoría jurídica de discriminación cuando aparece desprovista de base objetiva, resultando conculcado el principio de igualdad ante los beneficios públicos. En repetidas sentencias el Tribunal Supremo ha tenido la ocasión de declarar que “La exclusión de un medio singular en una campaña institucional, cuando éste tenga una tirada superior y sus tarifas no sean superiores, supone una infracción del principio de igualdad” y que “la Constitución prohíbe cualquier actitud discriminatoria por razón de opinión“. Habrá a quien todo esto más que a El Dilema le parezca el Show de Truman. La manipulación y el engaño en este guión también se utilizan para mantener a la audiencia fiel en la ignorancia.

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Juan Carlos Melián | Melián Abogados

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Licenciado en Derecho, Abogado colegiado en el ICATF, Especialista en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Propiedad Intelectual y Derecho del Entretenimiento. Cuenta con una dilatada experiencia de más de 25 años en el ejercicio profesional, principalmente en la consultoría de entidades del sector público autonómico y local y de diferentes medios de comunicación. Desarrolla su actividad como socio director del área de derecho Administrativo en el bufete “Melián Abogados”, establecido en las Islas Canarias. Puedes seguirlo en Twitter, Linkedin o Facebook. También puedes localizarlo en Skype en la cuenta: juancarlosmelian1 o por su nombre.