Salario mínimo interprofesional 2018 (SMI 2018)

El Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social anticipó el incremento del Salario Mínimo Interprofesional 2018, señalando en su Disposición Adicional única un incremento del 4% respecto del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) del 2017.

Así, mediante Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, se fija el salario mínimo interprofesional para 2018 en 24,53 euros/día, o 735,9 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.

Mediante Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, se fijó el salario mínimo interprofesional para 2018 en 24,53 euros/día, o 735,9 euros/mes Clic para tuitear

Aplicación del salario mínimo interprofesional 2018

En la aplicación del salario mínimo interprofesional 2018 hay que tener en cuenta, tal como señala la norma, que:

  • En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda dar lugar a la minoración de la cuantía de aquel en dinero.
  • Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.
  • Al salario mínimo se adicionarán los complementos salariales establecidos en los convenios colectivos y contratos de trabajo, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.
  • En cuanto a las reglas sobre la compensación y absorción, señala el artículo 3 que la revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios, en su conjunto y en cómputo anual, fuesen superiores a dicho salario mínimo.
    Las leyes, convenios colectivos y laudos arbitrales en vigor a la fecha de promulgación del Real Decreto deben adaptarse a la norma, incrementándose los salarios profesionales inferiores en la cuantía necesaria para equipararse al salario mínimo.
  • Sin perjuicio de lo anterior: —los salarios de convenio que sean inferiores, en su conjunto y cómputo anual, al SMI para el 2018 deben ser modificados en la cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantía—, en sus disposiciones transitorias señala las siguientes pautas:
    • En los convenios colectivos vigentes a 1 de enero de 2017 que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales, salvo que las partes legitimadas acuerden otra cosa, las cuantías del salario mínimo interprofesional se entenderán referidas durante 2018 a las establecidas en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2016, incrementadas en un dos por ciento, de acuerdo con el objetivo a medio plazo de inflación del Banco Central Europeo1Para el año 2016 quedó fijado en 21,84 euros/día o 655,20 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses..
    • En los convenios colectivos que entraron en vigor después del 1 de enero de 2017 y que continuaban vigentes a 26 de diciembre de 2017, cuando utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales, salvo que las partes legitimadas acuerden otra cosa, las cuantías del salario mínimo interprofesional se entenderán referidas durante 2018 a las establecidas en el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 20172Para el año 2017 quedó fijado en 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses..

Colectivos específicos

Respecto a dos colectivos específicos, los trabajadores eventuales y temporeros, por un lado, y los empleados de hogar por otro, queda fijado así:

Trabajadores eventuales y temporeros

  • Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días el salario mínimo queda fijado en 33,51 euros por jornada legal en la actividad.

Empleados de hogar

  • Para los empleados de hogar que trabajen por horas en régimen externo el salario mínimo de dichos empleados de hogar será de 5,54 euros por hora efectivamente trabajada.
Para los empleados de hogar que trabajen por horas en régimen externo, el salario mínimo será de 5,54 euros por hora efectivamente trabajada. Clic para tuitear

Fuentes y Referencias

➯ Aumento de la Contratación, pero con un mercado laboral más precario (CC.OO.). Europa Press
➯ Las Reformas Laborales: ¡algo más que mercado!. Revista de Fomento Social

Notas   [ + ]

1. Para el año 2016 quedó fijado en 21,84 euros/día o 655,20 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.
2. Para el año 2017 quedó fijado en 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.

Daños en vehículo estacionado en un aparcamiento público de pago

En este post respondemos a la duda acerca de qué ocurre con los daños en vehículo estacionado en un aparcamiento público. Cuando estacionamos nuestro vehículo en un aparcamiento público, me refiero a aquellos que no son gratuitos, el titular del aparcamiento no sólo nos está ofreciendo una plaza de aparcamiento, sino que además también debe ofrecer la vigilancia y custodia del vehículo durante el tiempo que este estacionado.

¿Tiene alguna obligación el titular del aparcamiento?

Por ello la legislación, concretamente la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, establece la obligación del titular del aparcamiento de restituir en el estado en el que le fue entregado, el vehículo y los componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente —de manera fija e inseparable— a aquél y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo de vehículo de que se trate.

El titular del aparcamiento debe restituir en el estado en el que le fue entregado, el vehículo y los componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente, de manera fija e inseparable. Clic para tuitear

¿Nos tienen que restituir la radio o el móvil robado?

Si dejamos algo dentro del vehículo, el móvil, una radio extraíble, o cualquier otro objeto, no estará obligado el titular del aparcamiento a su restitución. Por lo tanto, si sufrimos daños en el vehículo o nos roban el retrovisor, por ejemplo, el titular del aparcamiento estará obligado a reparar los daños.

¿Depósito o Arrendamiento?

En efecto, la ley 40/2002 proclama “los deberes de vigilancia y custodia” a cargo del empresario durante el tiempo de ocupación del aparcamiento —configurando así la relación contractual como auténtico depósito, no como un simple arrendamiento de un espacio acotado—, y en justa correspondencia le obliga a restituir el vehículo “en el estado en que le fue entregado” con los componentes y accesorios, habituales, ordinarios y que se hallen funcionalmente incorporados a él.

Por consiguiente, si el prestador del servicio responde de los daños que haya sufrido un vehículo o dichos componentes y accesorios durante el estacionamiento es porque no ha desarrollado adecuadamente el cometido esencial a su cargo (prestación de hacer: custodia de vehículos), es decir, porque ha incumplido total o parcialmente sus obligaciones.

¿Qué debemos hacer al encontrarnos con daños en nuestro vehículo estacionado?

En ese momento debe pedirse la hoja de reclamación del parking; indicando en dicha hoja:

  1. El número de plaza donde se encuentra el vehículo estacionado, haciendo constar los daños bajo la supervisión de uno de los encargados de vigilancia del parking, requiriendo en su caso la póliza de seguro correspondiente. De negarse el parking a su abono, deberá acudirse al reclamo de los daños por la vía judicial.
  2. Una cuestión muy importante es la de probar que los daños fueron causando mientras el vehículo estaba aparcado en el parking público. Debemos acreditar que estuvimos aparcados. Sera necesario por ello el tique con fecha y hora, la hoja de reclamaciones que rellenaremos en el mismo momento también hará prueba, y por supuesto testigos si los hubiera.
    Quizás la prueba más difícil es acreditar que los daños fueron causados en el parking y no los presentaba antes de entrar el vehículo. Lo podemos acreditar con testigos, o con las grabaciones de las cámaras de seguridad del propio parking. Y por supuesto un reportaje fotográfico no va a sobrar.
¿Qué debemos hacer al encontrarnos con daños en nuestro vehículo estacionado en un aparcamiento de pago? Clic para tuitear

¿Y qué pasa si el titular del parking tiene un cartel que dice que se exime de toda responsabilidad por los daños causados a los vehículos?

Pues que obviamente seguirá respondiendo a pesar de ese cartel, pues la ley establece que sí responde, es una exigencia legal, el artículo 5.1 de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos lo deja claro:

“El titular del aparcamiento responderá, tanto frente al usuario como frente al propietario del vehículo, por los daños y perjuicios que respectivamente les ocasione el incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones previstas en la Ley.”

Los PANAPS en la adjudicación de contratos, en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Hoy hago de funambulista. Moviéndome en el fino alambre que el texto literal de la Ley ha dejado. El precipicio acecha. De forma consciente, además porque, aunque las cuestiones que voy a plantear en relación a la adjudicación de los contratos por los poderes adjudicadores no administraciones públicas (PANAPS) puedan parecer “elucubraciones teóricas”, detrás de ellas pueden esconderse mil y un desagües no queridos de la contratación en las administraciones públicas. Al tajo:

Dedicado a Rafa Camacho (@rafacamu) de Transparencia en España, de cuya agudeza visual y amistad disfruto.

LCSP Nuevas Playas de la Contratación Pública | Melián Abogados

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, adaptando la tipología de las entidades incluidas dentro del ámbito subjetivo de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, mantiene en la configuración del régimen jurídico aplicable, la distinción, dentro de los poderes adjudicadores, entre las Administraciones Públicas y las entidades que, siendo poderes adjudicadores, no son administraciones públicas y que resumidamente llamaremos PANAPS.

Tabla PANAPS en la LCSP | Melián Abogados

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Los PANAPS para los contratos no armonizados

Entre las bondades anunciadas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) se ha venido destacando como principal con relación a los PANAPS, la desaparición de la posibilidad de establecer procedimientos particularizados en las instrucciones internas de contratación para los contratos no armonizados.

No está de más recordar que el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, contempla que los PANAPS, para los contratos no armonizados, se regirán unas instrucciones internas de contratación, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de la contratación pública. (art. 191 TRLCSP)

Instrucciones internas de contratación

Pues bien, efectivamente tal y como se nos anunciaba, desaparecen con la nueva ley las instrucciones internas de contratación y otras especificidades que se vienen aplicando a los PANAPS, unificándose el régimen jurídico de su contratación, antes disperso en tantas instrucciones como poderes adjudicadores no administración pública había.

Pero ojo, eso no significa que dicho régimen se acerque en exceso al de la contratación de las Administraciones Públicas. Al contrario, en mi opinión, puede que en la mayor parte de las Organizaciones los PANAPS se utilicen como una especie de desagüe por el que se libere la presión de los nuevos requisitos establecidos para el contrato menor en las Administraciones Públicas y la desaparición del procedimiento negociado sin publicidad.

Desaparecen con la nueva ley (LCSP) las instrucciones internas de contratación y otras especificidades que se vienen aplicando a los PANAPS. Clic para tuitear

Adjudicación de los PANAPS

Me gustaría compartir con vosotros las conclusiones que se extraen del texto literal de los artículos 317 y 318 de la nueva LCSP, en los que se regula la adjudicación de los PANAPS. Y las comparto porque indudablemente son llamativas y porque, por supuesto, me gustaría conocer los argumentos de quienes extraen otras conclusiones.

Veamos cómo se adjudican los contratos de los PANAPS según la tipología de contratos que contemplan los citados preceptos:

Adjudicación Directa (art. 318. a LCSP)

Los contratos de menos de 15.000 en suministros y servicios y 40.000 en obras, se adjudican sin otro requisito que el contratista designado tenga capacidad de obrar y en su caso habilitación. Digo sin otro requisito, porque estos contratos, no se pueden identificar con los contratos menores del 118 y sus requisitos, por lo siguiente:

  • Aunque en la cuantía coincida con los contratos menores del artículo 118 LCSP, evita llamarlos “menores”, probablemente porque no quiera que se confunda su régimen jurídico.
  • Si el legislador hubiera querido que se le aplicaran los requisitos del 118, simplemente lo hubiera dicho o señalado, como expresamente sí lo hace para el resto de contratos de los PANAPS.

Otra cuestión más delicada, planteada abiertamente por MARC GIL VAN BEVEREN en una colaboración Mercantiles de capital público: vuelta a la senda que se ha de volver a pisar. Pinceladas de la nueva norma relativas a poderes adjudicadores no Administración Pública publicada en el Observatorio de la Contratación Pública, es si le es de aplicación a estos contratos de adjudicación directa la prohibición de prórroga y la duración máxima de un año.

El artículo 29 de la LCSP, aún estando dentro de las normas de aplicación general a la contratación de todo el sector público, sólo limita a un año el plazo de duración y prohíbe la prórroga de los “contratos menores descritos en el artículo 118”, quedando fuera de esas limitaciones, por lo tanto, los contratos de adjudicación directa de los PANAPS.

Es decir, en teoría podrían adjudicarse contratos directos por los PANAPS sometidos —en relación con su duración—, únicamente a la prescripción introductoria del artículo 29:

“1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos.” y a los límites generales de duración previstos en ese precepto según el tipo de contrato.

Sé que nos movemos en arenas movedizas, pero me atengo estrictamente a lo que se concluye del texto literal de la norma.

Resto de contratos no sujetos a regulación Armonizada (318. b LCSP))

Es decir, los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.548.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 221.000 euros.

Estos contratos, se podrán adjudicar por los PANAPS por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168.

Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.548.000 euros, se podrán adjudicar por los PANAPS. Clic para tuitear

La sección segunda mencionada, que comprende desde el artículo 131 al 187, ambos incluidos, describe en ella los procedimientos abiertos, también en su modalidad simplificada y simplificada abreviada, restringidos, con negociación, diálogo competitivo y asociación para la innovación.

Del tenor literal del artículo 318 b) se concluye que se podrá utilizar “cualquier procedimiento” de los señalados. De tal manera que con fundamento en esta habilitación y sin perjuicio del sometimiento del principio de eficiencia en la contratación (art. 28 LCSP,) no será necesario justificar por qué se utiliza un procedimiento determinado u otro en cada caso particular.

Pero la cuestión es si esta libertad de elección del procedimiento permite utilizar cualquier procedimiento (salvo el negociado sin publicidad) independientemente de los requisitos específicos que de ordinario permiten su utilización. Es decir, si independientemente de la cuantía o también de los supuestos y condiciones que específicamente habilitan la utilización de algunos de ellos.

Por ejemplo, parece que es posible utilizar el procedimiento abierto simplificado para contratos no armonizados que, sin embargo, estén por encima de la cuantía máxima que habilita este procedimiento (por ejemplo, en servicios y suministros hasta 100.000 euros, según el art. 159 LCSP).

Y ya lanzándonos a la piscina, la cuestión también es si la utilización de ese procedimiento ha de respetar los demás requisitos o supuestos, además del de la cuantía, por ejemplo, el que los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor no puedan superar el 25% en el procedimiento abierto simplificado.

Si nos atenemos a texto de la Ley la respuesta podría ser positiva. Principalmente porque si así no lo hubiera querido el legislador, no hubiera hecho la salvedad expresa que sí hizo en relación al procedimiento negociado sin publicidad, que como dice el artículo 318 b) “únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168” A sensu contrario, los demás procedimientos se podrán utilizar por los PANAPS sin limitarse a los casos específicamente previstos ni a otras condiciones salvo la de respetar el límite de la cuantía de los contratos no armonizados.

Contratos Armonizados (317 LCSP)

“La preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada que concierten los poderes adjudicadores a que se refiere el presente Título se regirán por las normas establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de esta Ley.”

Es decir, además de las normas generales, le son de aplicación todas las normas contenidas en los artículos 115 a 187. He reproducido literalmente el texto del precepto, porque ha de notarse que, en la preparación de los contratos, los PANAPS únicamente están sometidos a las previsiones de la Ley (dejando, claro está, las que hayan de deducirse a partir de las normas generales de aplicación a todo el sector público del Título preliminar, artículos 1 a 27, y el Libro Primero de la Ley arts. 28 a 114 LCSP) cuando se trata de contratos armonizados.

En el resto de contratos, particularmente en lo que se refiere al expediente del contrato (contenido y aprobación), los PANAPS se moverán aparentemente con cierto margen.

El Panorama

Naturalmente el panorama “laxitud”, utilizando el término aplicado por MARC GIL VAN BEVEREN en relación a la Adjudicación de los contratos de los PANAPS (Panasonics, los llamaba bromeando por Twitter el otro día Javier Vázquez @javiervazquezma) se compensa por las estrictas normas de publicidad, transparencia e información que le son de aplicación (planificación, publicación en el perfil de contratante, informes de justificación de las diferentes vicisitudes del contrato, informes para órganos de control, etcétera) que en eso van igual que el resto de poderes adjudicadores.

Y no digo sector público, porque el artículo 321 sobre la adjudicación de los contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poder adjudicador parece que en materia de publicidad da un paso atrás respecto de las normas generales que en teoría le son de aplicación —sí o sí—, a todas las entidades del sector público. Pero es, ahora no toca. Queda dicho.

El Rascacielos de la contratación pública

La casa de la contratación pública se asemeja entonces, a un rascacielos con ascensores exteriores. En los pisos más altos, donde vive la contratación de la Administración Pública, se han de tomar necesariamente los ascensores de la contratación. A medida que descendemos y nos acercamos al nivel de la calle, el resto de poderes adjudicadores, depende de la altura, cogen el ascensor, bajan discretamente por las escaleras, o incluso, llegado el caso, se descuelgan de las ventanas anudando un par de sábanas. Luego, los del bajo, viven en el edificio del Sector Público, pero entran y salen sin problema. Conocen también la puerta de servicio.

Ahora, han puesto cámaras en el edificio de la contratación 24 horas al día y sustituido al portero por un vigilante jurado y un sabueso. Veremos.

Infografía La adjudicación de los contratos por los PANAPS

Infografía de la adjudicación de los contratos por los poderes adjudicadores no administración pública. Clic para tuitear

Infografía PANAPS en la nueva LCSP | Melián Abogados

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ÚLTIMA HORA

Informe de la Abogacía del Estado sobre los PANAP:

Informe Abogacía del Estado | Melián Abogados

Auditores. Previsión y retos para este año 2018

Con la publicación de este artículo en nuestro blog ponemos en marcha una iniciativa para dar voz a los profesionales de distintas actividades con los que por razón de nuestro trabajo entramos en contacto. En esta ocasión hemos pedido a los amigos de AOB Auditores que bajo la pregunta ¿Qué esperan los auditores de cara a este año? nos cuenten cómo marcha su actividad y las expectativas y novedades de la auditoría para el futuro.

Colaboración. El trabajo de los Auditores.

¿Qué esperan los auditores de cara a este año?

Si en el ámbito de la auditoría el Gobierno es positivo, los profesionales de este ámbito lo son aún más. Y es que casi el 60% de los auditores que asesoran en áreas relacionadas con las finanzas, la contabilidad o los procesos concursales, opinan que este año se superará la previsión del Ejecutivo de un crecimiento del 2,3%.

Es más, un 6% de ellos cree que el crecimiento va a ser bastante más alto del que se ha previsto a nivel oficial. Son datos dados a conocer a través de una encuesta hecha por expertos del propio sector, los cuales coinciden en que la economía española evoluciona favorablemente en prácticamente todos los indicadores.

Buenas previsiones en relación con la creación de empleo

El 71% de los auditores cree que esta evolución positiva por parte de la economía contribuirá a que crezca el empleo. Por otro lado, la evolución del salario medio crece en las empresas, o al menos así lo opina también el 71% de estos profesionales, en tanto que el resto opina que se mantiene.

Como quiera que sea, la estimación media se sitúa por debajo de lo previsto en el primer semestre, lo cual podría indicar que se perciben subidas en los salarios, aunque inferiores a las previstas inicialmente.

Auditores que hacen su trabajo para clientes de cualquier lugar

Estas previsiones llegan en un momento en el que hay que tener muy en cuenta el entorno digital. La auditoría ha llegado a la red para quedarse, y las empresas pueden recurrir a los mejores profesionales que consideren allá donde estos se encuentren. Aunque se trate de un cliente de Jaén, si este considera que su mejor opción está en auditores Madrid, puede ponerse en manos de estos profesionales gracias a las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Un 59% de los encuestados piensa que la cifra de negocios está mejorando ligeramente, mientras que un 35% cree que estos crecen significativamente, o incluso muy significativamente, en comparación con el anterior período.

Otros aspectos que han sido estudiados por el sector de la auditoría 

Los profesionales también valoran la creación de empresas, aspecto que aumentaría en número neto, o lo que es lo mismo, teniendo en cuenta cierres y quiebras, bien de forma leve (un 47%), o bien de manera importante (12%). El resto encuentra una cierta estabilidad en este tema. 

En relación al aspecto corporativo, este se sitúa en su nivel más alto de los dos últimos años, aunque el ritmo de crecimiento se estaría pausando levemente otra vez. Para la actividad económica general, que incluiría el consumo, se prevén crecimientos leves por parte de un 76% de los expertos.  

Cabe destacar que los auditores esperan una evolución de actividad y consumo un poco por debajo de lo que se preveía para el segundo semestre del año anterior, por lo cual el crecimiento de ventas vendría apoyado por el turismo y las exportaciones parcialmente. Finalmente, señalar que casi cinco de cada diez auditores opinan que el turismo tiene recorrido alcista, aun a pesar de las buenas cifras que se consiguieron el año pasado. 

Infografía “Tips para Contratar a un Auditor”

Consejos para Contratar un Auditor | AOB Auditores

Plazo de duración de los contratos en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Te acercas alegremente a la montaña que se otea en el horizonte y casi sin darte cuenta, ya al pie de ella, adviertes que no es una montaña, es una cordillera alpina o casi. Me refiero a la configuración que de los plazos de duración de los contratos del sector público hace la nueva LCSP (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).

LCSP Nuevas Playas de la Contratación Pública | Melián Abogados

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Esa es la impresión que causa en general esta Ley “tocho”, que según leía a Julio Tejedor Bielsa el otro día, en el blog de espublico.es en una excelente reflexión titulada “Criterios de desempate… por si se produce un empate… entre dos o más ofertas… ¿Europa como excusa?”, multiplica por una vez y media nuestro código civil, por cuatro el número de artículos de la ley francesa, varias veces su extensión, y duplica a la italiana.

En relación a la duración de los contratos que allí regula, sucede algo parecido, aunque siendo enteramente sincero y dejando al margen ese lenguaje abusivamente enrevesado y rococó, me gusta esa flexibilidad que denota la nueva ley en este asunto, a pesar de que complica algo el mapa de los plazos de duración de los contratos públicos.

Requisitos para establecer la duración del contrato

La nave nodriza de la duración está en el artículo 29 de la Ley cuya introducción se ofrece como la advertencia previa de admisión en algunos locales:

La duración deberá establecerse teniendo en cuenta:

  1. La naturaleza de las prestaciones,
  2. las características de su financiación
  3. y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.
Para fijar la duración de los contratos deberá tenerse en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. Clic para tuitear

Plazos máximos de duración incluidas las prórrogas

Los contratos de suministros, servicios y arrendamiento de bienes muebles

5 años incluyendo prórrogas.

  1. Excepcionalmente, en los contratos de servicios, se podrá establecer un plazo de duración superior en los siguientes supuestos:
    1. Cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica. Se exige en este caso que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación.
    2. El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto adquirido.
    3. En el caso de servicios relativos a los servicios a las personas cuando ello fuera necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el cambio del prestador pudiera repercutir negativamente, el plazo se adaptará según sea necesario a tal finalidad.
    4. Los contratos de servicios que sean complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo de vigencia superior que no podrá exceder del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprendan trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos.
      La iniciación del contrato complementario a que se refiere este apartado quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato principal. Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una relación de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal.
  2. Otros supuestos a tener en cuenta:
    • La duración de los contratos de suministros de entregas adicionales adjudicados a través del procedimiento negociado sin publicidad no podrá, por regla general, ser superior a tres años. (Art. 168 c) 2º LCSP)

    • En los procedimientos de asociación para la innovación cuando la adquisición de las obras, servicios o suministros conlleve la realización de prestaciones sucesivas, éstas solo se podrán llevar a cabo durante un periodo máximo de cuatro años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición de las obras, servicios o suministros a la que se refiere el apartado 1 del presente artículo. (art. 181.3 LCSP)

    • La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. La duración de los contratos basados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo marco, y se regirá por lo previsto en el artículo 29. Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo marco. (art. 219.2 LCSP)

Contratos de concesión

Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un plazo de duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido.

En cualquier caso, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:

  1. Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.
  2. Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
  3. Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en un 15 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 290.

No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión y del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en los que éstas deban suspenderse por una causa imputable a la Administración concedente o debida a fuerza mayor.

Si el concesionario fuera responsable del retraso en la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión.

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en un 15 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del contrato. Clic para tuitear

Prórrogas

  1. El contrato podrá prever una o varias prórrogas.
  2. Las acuerda el órgano de contratación.
  3. Son obligatorias para el empresario salvo cuando se haya demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses.
  4. Excepto en los contratos de duración inferior a seis meses exige preaviso con antelación de 2 meses, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.
  5. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
  6. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.
  7. Los contratos de servicios y suministros, se podrán prorrogar los contratos originarios hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, con los siguientes requisitos:
    1. Que llegado el vencimiento no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista
    2. Que la causa de dicha circunstancia sea:
      1. resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
      2. producidas en el procedimiento de adjudicación
    3. El anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario
    4. y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación.

Ampliación del plazo

En los supuestos de demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan.

Infografía Duración de los Contratos en la nueva LCSP

Hace un tiempo, dentro de los eventos del “ecosistema de la contratación pública” en nuestro país, me bajé del Congreso Internacional de Contratación, que en enero se celebra anualmente en Cuenca. Este año, me subo de nuevo. Aprovechando la ocasión y la apertura del congreso el día 18 de enero hoy toca infografía, o si se quiere, megainfografía, que en ocasiones la síntesis se resiste y en el equilibrio que ha de guardarse entre el rigor y el resumen a veces necesariamente ha de vencer el primero.

Hoy, como verás, es el caso. Aquí te la dejo para que la uses, reutilices, la matices y mejores. Ojalá te sea tan útil como lo ha sido para mí. Al menos para tener una idea de por dónde caminan la duración de los contratos del sector público en la nueva Ley, lo mínimo para adentrarse en el “ecosistema de la contratación”, expresión que le he robado a Rafa Ayala de http://gobiernotransparente.com/ y de la Transparencia me la traigo a la contratación.

P.D.: He redactado esta entrada del blog en el restaurante de mi hotel en Madrid. Junto a mi mesa, un grupo de señoras mayores muy compuestas conspiran en contra de sus hijos. Andan hartas de sus apariciones por casa cada dos por tres a ser servidos, no ayudan en casa ni con su esfuerzo ni con sus euros. Como marqueses. Una de ellas, la más dispuesta, instruye al resto y les cuenta con orgullo cómo en navidades, reunida toda la familia y colmado su límite y paciencia, se hizo la desmayada. Mano de santo, esa noche a cuenta del teatro y la preocupación de todos, disfrutó como nunca. Todas ríen a carcajadas y le piden para anotar la sentencia con la que al despertar del desmayo de pega remató la escena: “Tened siempre en cuenta la debilidad de los menos fuertes” Vuelven las risotadas pillas.

Infografía Duración de los Contratos  en la nueva LCSP | Melián Abogados

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Esta Infografía da una idea de por dónde camina la duración de los contratos del sector público en la nueva Ley. Clic para tuitear

Conciliación previa demanda ante la jurisdicción social

A continuación les expongo unas líneas muy generales sobre la conciliación previa.

¿Cuál es el órgano competente?

Al margen de los supuestos de mediación o arbitraje, cuando se va a plantear demanda ante la jurisdicción social generalmente es necesario celebrar primero un intento de conciliación previa. En Canarias el órgano administrativo que tiene esta competencia es el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, dependiente de la Dirección General de Trabajo.

¿Es obligatoria la conciliación previa?

No es obligatorio el intento de conciliación previa en determinadas materias, como en aquellos procesos en los que se exija la presentación de reclamación previa o el agotamiento de la vía administrativa previa (es el caso de demandas planteadas ante el Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales, en materia de prestaciones de seguridad Social, donde lo que es obligatorio es la presentación de una reclamación previa ante la entidad gestora o colaboradora; tampoco es obligatoria intentar la conciliación previa en materias como: el disfrute de vacaciones, materia electoral, modificación sustancial de condiciones de trabajo, conciliación familiar, y demás enumeradas en el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Cuando se va a plantear demanda ante la jurisdicción social generalmente es necesario celebrar primero un intento de conciliación previa Clic para tuitear

¿Dónde se formula la demanda?

La demanda se formula directamente en los Juzgados de lo Social.

¿Cuáles son los plazos?

Los plazos de los que se dispone para presentar la papeleta son los mismos exigidos para formular la demanda, por ejemplo, en el caso de un despido se debe presentar dentro del plazo de caducidad de 20 días hábiles que se señala en la ley.

¿Cómo es el trámite?

Este trámite de conciliación administrativa previa se inicia mediante un escrito, lo que conocemos como papeleta de conciliación, en la que se referirá los datos personales de los interesados, es decir, del solicitante y de las parte o partes frente a las que queremos formular la papeleta; el objeto de su pretensión, por ejemplo, si formula papeleta por despido, cantidad, reconocimiento de derechos…, también reflejamos su categoría profesional, antigüedad y salario, la fecha y efectos del despido, en caso de impugnarse un despido, o la cuantía y los conceptos que se reclama si, por ejemplo, es una reclamación de cantidad.

Hay que llevar el original para presentar, otra copia que se queda la parte solicitante y luego otras tantas copias como partes haya que citar al acto de conciliación.

¿Dónde se presenta la papeleta de conciliación?

Esta papeleta se debe presentar físicamente en los registros del propio servicio de conciliación o en los registros de otras administraciones: órganos de la Administración General del Estado, de Comunidades Autónomas, a través del servicio de correos, vía electrónica (en supuesto habilitados).

La papeleta de conciliación se debe presentar físicamente en los registros del propio servicio de conciliación o en los registros de otras administraciones. Clic para tuitear

¿Qué plazos suspende la papeleta de conciliación?

La presentación de la papeleta suspende los plazos de caducidad, pero ojo, en aquellos supuestos en que es preceptiva su celebración, plazos de caducidad que se reanudan una vez celebrado el acto o transcurridos 15 días hábiles sin haberse celebrado el mismo, e interrumpe los plazos de prescripción, que se reinician una vez celebrado el acto de conciliación.

¿Qué ocurre una vez registrada la papeleta de conciliación?

Pues bien, una vez registrada la papeleta se procede a citar a las partes, siendo preceptiva la comparecencia de las partes en el día y hora señalados: el intento de conciliación se realiza ante un letrado del servicio de mediación, quien levanta acta del intento de conciliación que puede finalizar con o sin acuerdo de las partes, o intentado sin efecto por incomparecencia de la parte demandada.

¿Qué ocurre si no comparece el solicitante?

En el caso de incomparecencia injustificada del solicitante se tiene por no presentada la papeleta. Y esto es importante porque debemos tener en cuenta que la falta de celebración del acto de conciliación previa conlleva el archivo de la demanda que se presente en los Juzgados de lo Social; de ahí que con la demanda se exige presentar siempre el justificante de la celebración del acto de conciliación previa o de la presentación de la papeleta.

Si no se acompaña es un requisito subsanable, de manera que el letrado de la administración de justicia requiere a la demandante para que en un plazo de 15 días acredite la celebración o el intento de celebración de la conciliación previa; en caso de no acreditarse se procede al archivo de la demanda.

Fuentes y Referencias

➯ Sistemas de resolución de conflictos laborales y la jurisdicción social. Universidad del País Vasco
➯ La Conciliación Previa en el Proceso Laboral. Elia Rodríguez Moñino (Universitas Miguel Hernández de Elche)
Las TIC como instrumento aplicado a la conciliación, mediación y arbitraje en el ámbito laboral. Blanca Ballester Casanella (Revista de Internet Derecho y Política)

Responsable del contrato en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, —el nueve de marzo está a la vuelta de la esquina—, urge zambullirse ya por completo en su articulado abundante y viscoso. Deambular contra la corriente en su lenguaje, a veces contradictorio e indescifrable, ir descubriendo sus perlas, dobleces y llanuras abisales en las que asoma la incertidumbre de lo desconocido.

LCSP Nuevas Playas de la Contratación Pública | Melián Abogados

Es ahora, cuando ya se vislumbra cercano aquel horizonte, cuando más se agradecen los buenos comunicadores en contratación pública. A uno de ellos, Chema Gimeno Feliú, le he oído referir nuestra contratación pública como “bipolar”. Pasa sin solución de continuidad, de la actividad frenética que representa la licitación y adjudicación del contrato, a la más absoluta depresión y apatía en su fase de ejecución.

Refuerzo de los mecanismos de control

A lo que voy: la nueva Ley de Contratos del Sector Público refuerza los mecanismos de control de la ejecución del contrato. Al respecto, Juan Manuel Martínez Fernández1Martínez Fernández, Juan Manuel. 18/12/2017 “Diez actuaciones esenciales que hemos de realizar los aplicadores de la LCSP antes de su entrada en vigor” Observatorio de Contratación Pública., ha señalado que, y cito literalmente:

“La LCSP introduce tres novedades para el control de la ejecución: a) prevé la existencia de una «unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato» (art. 62.1 LCSP); b) hace obligatoria la designación de un «responsable del contrato» (director facultativo en los contratos de obras) (art. 62.1 LCSP); c) y reconoce expresamente la potestad de la Administración de disponer de «facultades de inspección» de las instalaciones, oficinas y emplazamientos del contratista, cuando sea motivadamente necesario, para verificar el cumplimiento del contrato (art. 190, párrafo segundo).”

Hoy nos vamos a centrar en el responsable del contrato.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público refuerza los mecanismos de control de la ejecución del contrato con tres novedades. Una es el Responsable del Contrato Clic para tuitear

El responsable de contrato

Esta figura no es nueva. Ya en el vigente TRLCSP2Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. se contemplaba en su artículo 52.1:

 1. Los órganos de contratación podrán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.”

La diferencia esencial al respecto en la nueva ley (art. 62), es que ahora su nombramiento no es potestativo como lo era antes, sino que es obligatorio para el órgano de contratación. El carácter obligatorio de su designación se introdujo en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley a través de diversas enmiendas coincidentes de distintos grupos parlamentarios3Enmiendas núm. 51, 218, 337, 502 y 845. Aunque al parecer la paternidad de la iniciativa hay que atribuírsela al Grupo Socialista, según manifestó su portavoz en la sesión de aprobación del Proyecto por la Comisión de Hacienda y Función Pública, celebrada el 27 de Julio de 2017, previa a ...continuar.

Enmiendas

La justificación de todas las enmiendas en su esencia era la misma. Baste reproducir la que fundamentaba la enmienda 51 del Grupo Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea:

“Es imprescindible el seguimiento de la ejecución del contrato cualquiera que sea su tipo y precio. El cumplimiento de las obligaciones contractuales debe ser verificado por una persona delegada del órgano de contratación. La recepción del contrato y el pago del precio deben fundamentarse en esa labor de verificación y dirección del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

La modificación cambia la forma verbal dispositiva “podrán designar” por la obligatoria “designarán”.”

O la justificación de la enmienda 845 del Grupo Mixto:

“En relación al necesario seguimiento del contrato, el artículo 62, sólo indica que los órganos de contratación podrán designar un responsable del contrato a quien corresponderá supervisar su ejecución. Desde nuestro punto de vista, la designación de un responsable del contracto se debería de efectuar siempre, para verificar el correcto cumplimiento del contrato y para verificar el cumplimiento de las condiciones ofertadas por licitador ganador de la adjudicación. Así, proponemos la siguiente redacción del artículo 62.”

Contratos de Servicios y contradicción

También como diferencia de entidad cabe apuntar, en relación a la ejecución de los contratos de Servicios, que las directrices se integran como normas de obligado cumplimiento al nivel del clausulado del contrato y sus pliegos. Eso conforme al artículo 311.1.

Este precepto, además, contiene una contradicción con el carácter obligatorio de la designación del responsable del contrato, que debemos atribuir a un error. O no:

“1. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado. En otro caso, esta función le corresponderá a los servicios dependientes del órgano de contratación.”

Este no es el único caso, como veremos un poco más adelante.

Funciones básicas

Las funciones básicas que le atribuye la LCSP son las mismas que ya contemplaba el TRLCSP:

“Supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan”

Igual que se contemplaba antes, en los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo. No obstante, ahora se especifica además, que si se trata de concesiones, la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio o de la obra.

Igual que antes, el responsable del contrato realiza la propuesta de aplicación de penalidades por incumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso y demora en la ejecución del contrato (ART. 194.2). Vuelve a repetirse también en este precepto la misma contradicción antes apuntada:

“2. Las penalidades previstas en los dos artículos anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.”

Nuevas funciones

Ahora, a la anterior, se añaden dos nuevas funciones:

  • Por un lado, respecto a los contratos de servicio y con la finalidad de que la financiación y el pago ajuste al ritmo requerido, el responsable del contrato adopta las medidas necesarias para la programación de anualidades y durante el período de ejecución (ART. 308.3)
  • Por otro lado, el artículo 195 LCSP contempla para el supuesto de retraso producido por motivos no imputables al contratista, la posibilidad de que éste ofrezca cumplir el contrato si se le amplía el plazo inicial de ejecución.
    Ante tal petición, corresponde al responsable del contrato emitir un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. Si no procede imputarle el retraso, el órgano de contratación ampliará el plazo como mínimo por el mismo tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
El responsable del contrato en la nueva Ley de Contratos del Séctor Público tiene dos nuevas funciones, además de que su nombramiento ahora es obligatorio para el órgano de contratación. Clic para tuitear

Designación

La designación del responsable del contrato, deberá realizarla el órgano de contratación, y podrá recaer sobre una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Y aunque estoy tentado, no me quiero meter en berenjenales, porque ciertamente después de darle un repaso a esta figura, me quedo con la sensación de que el legislador, de forma consciente, no ha querido ir más allá y a ver “que pasa”. Primero lo hacemos obligatorio y después ya vemos.

Aspectos abiertos

Se ha dejado absolutamente abierta la configuración de sus atribuciones en cada contrato.

Llama poderosamente la atención que su nombramiento no esté sujeto a ciertos requisitos formales, que garanticen que no existen conflictos de interés (el conflicto de interés que regula el artículo 64 se refiere a los que puedan surgir “en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores”, pero no en la supervisión de la ejecución del contrato).

Tampoco hay medidas de transparencia ni respecto de su nombramiento, ni de sus atribuciones (salvo que se establezcan en los propios pliegos o en el clausulado del contrato), ni de sus decisiones o instrucciones. Ni las consecuencias de su falta de designación… también su designación obligatoria opera igualmente en garantía del contratista.

Un ejemplo ilustrativo de lo que digo es el artículo 149.7 que prevé que cuando se adjudique el contrato a una empresa que hubiera estado incurso en baja temeraria:

“el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados”

No tiene mucho sentido que ni se le mencione en relación a las funciones que la propia Ley le atribuye… Lo dicho, como dice Margarita Cordovez, “callareme…”.

Mecanismo de garantía

En cualquier caso, creo que la importancia de esta figura es indiscutible. Es un mecanismo de garantía de control de la ejecución del contrato y al ser su designación obligatoria pone peso en el lado de la ejecución del contrato y en el de la profesionalización del control de la ejecución de los contratos.

Infografía del Responsable del Contrato

Y como mil palabras no valen lo que una imagen, aquí dejo la infografía del Responsable del Contrato según la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Por dónde van los tiros con el responsable del contrato.

Responsable del Contrato | Melián Abogados

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Esta Infografía muestra una visión general de la figura del Responsable del Contrato según la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Clic para tuitear

 

Notas   [ + ]

1. Martínez Fernández, Juan Manuel. 18/12/2017 “Diez actuaciones esenciales que hemos de realizar los aplicadores de la LCSP antes de su entrada en vigor” Observatorio de Contratación Pública.
2. Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
3. Enmiendas núm. 51, 218, 337, 502 y 845. Aunque al parecer la paternidad de la iniciativa hay que atribuírsela al Grupo Socialista, según manifestó su portavoz en la sesión de aprobación del Proyecto por la Comisión de Hacienda y Función Pública, celebrada el 27 de Julio de 2017, previa a su remisión al Senado, sin que se contradijera su afirmación. Pues será así. Disponible en la página 9 de la publicación del acta de la sesión.

Antigüedad del trabajador: Reconocimiento y unidad esencial del vínculo laboral

De manera laxa podemos definir la antigüedad del trabajador como el tiempo de prestación de servicios en una empresa. Y juega un papel significativo en el desarrollo de la relación laboral, por ejemplo, nos referimos a ella a efectos salariales (complemento de antigüedad, trienios…), de promoción profesional (ascensos), en material electoral, para el pago de premios de permanencia, etc. y también aludimos a la antigüedad como tiempo de prestación de servicios a efectos del cálculo de la indemnización por la extinción del contrato de trabajo.

La antigüedad del trabajador es el tiempo de prestación de servicios en una empresa, jugando un papel significativo en el desarrollo de la relación laboral. Clic para tuitear

Uno o varios contratos temporales

Cuando nos encontramos ante un único contrato de trabajo existirá un único vínculo laboral, por lo que no será conflictiva la fijación de la antigüedad a efectos retributivos o de cálculo de la indemnización por despido. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando nos encontramos ante una sucesión de contratos temporales? – dicho sea de paso, un supuesto de lo más habitual en un país con tasas de temporalidad tan altas– ¿o de varios contratos temporales seguidos de un contrato indefinido? ¿Se reconoce la antigüedad desde el primero de los contratos, la del último de los contratos suscritos? La casuística es de lo más variada.

Antigüedad del trabajador ¿qué computa?

El Tribunal Supremo ha tratado esta cuestión en múltiples sentencias para referir que en una cadena de contratación se computa la totalidad de los contratos cuando se acredita la unidad esencial del vínculo laboral, de manera que una interrupción entre contratos sucesivos no tiene porqué romper la continuidad de la relación laboral. Así, a efectos de antigüedad, debe computarse la totalidad del tiempo de prestación de servicios cuando la interrupción no es significativa para romper esa unidad esencial de la relación laboral.

El Tribunal Supremo considera que a efectos de antigüedad debe computarse la totalidad del tiempo de prestación de servicios cuando la interrupción no es significativa para romper la unidad esencial de la relación laboral. Clic para tuitear

Sentencia sobre unidad esencial del vínculo

Quiero traer a colación la reciente sentencia que sobre esta materia se ha dictado por el Tribunal Supremo, de 21 de septiembre de 2017, nº 703/2017, donde de una manera muy didáctica repasa su doctrina sobre la unidad esencial del vínculo.

Supuesto analizado

Una trabajadora que viene prestando servicios en distintas empresas, primero en la Universidad de Compostela, luego en TRAGSA y por último en TRAGSATEC, las cuales se han ido sucediendo en el tiempo para la ejecución del mismo servicio encomendado por Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras del Gobierno de Galicia.

La actora plantea la existencia de cesión ilegal de trabajadores solicitando que se declare su condición de personal laboral indefinido en la Consejería con el reconocimiento de la antigüedad a efectos retributivos desde el primero de los contratos suscritos con la Universidad.

Entre el segundo de los contratos suscritos con la Universidad y el primero de los suscritos con TRAGSA transcurren más de 3 meses. Una de las cuestiones a dilucidar en el pleito era la antigüedad que debe reconocerse a la trabajadora.

Estimada íntegramente su demanda en la instancia, la Sala de lo Social del TSJ de Galicia estima íntegramente el recurso planteado por la Universidad y parcialmente el planteado por la Consejería a los efectos de limitar la antigüedad al primero de los contratos suscritos con TRAGSA. La Sala del TSJ de Galicia entiende roto el vínculo laboral al haber transcurrido más de 3 meses entre la finalización de uno y la formalización del siguiente.

Recurrida en casación, el objeto del debate se centra en precisar si una interrupción de 3 meses y medio entre dos periodos de servicios implica que se ha roto su unidad esencial.

Evolución de la doctrina

Expone la Sala la evolución de la doctrina de la unidad esencial del vínculo laboral, destacando:

  1. Es doctrina consolidada, -sentencia de 8/3/2007, 17/12/2007, 18/2/2009 y 17/3/2011– que en supuestos de sucesión de contratos temporales se computa la totalidad del tiempo de prestación de servicios a efectos de la antigüedad, cuando ha existido la unidad esencial del vínculo, lo que comporta que se le haya quitado valor con carácter general a las interrupciones de menos de veinte días, pero, también, a interrupciones superiores a treinta días, cuando la misma no es significativa, dadas las circunstancias del caso, a efectos de romper la continuidad en la relación laboral existente.
  2. La STS 15 mayo 2015 (Rec. 878/2014) mantiene la unidad del vínculo con una interrupción de 45 días, en la que el recurrente percibió prestaciones de desempleo, teniendo en cuenta el tiempo de prestación de servicios anterior y posterior.
  3. La STS 129/2016 de 23 de febrero (Rec. 1423/2014) considera que no se acredita la ruptura de la unidad esencial del vínculo, pese al transcurso de 69 días de intervalo, en caso de reiterada contratación fraudulenta.
  4. La STS 494/2017 de 7 junio (Rec. 113/2015) concluye que se han de tener en cuenta los servicios prestados desde el primero de los contratos temporales suscritos, en aplicación de la teoría de la unidad esencial de vínculo contractual, aunque haya habido dos interrupciones contractuales, primero de algo más de cuatro meses y después de más de uno, habida cuenta de que se trata de 14 años de prestación de servicios y de que el trabajador había adquirido la cualidad de indefinido en aplicación del art. 15.5 del ET.
    A los referidos efectos ha de indicarse que si bien es claro que no necesariamente la unidad del vínculo está ligada la existencia de fraude de ley, pues parece innegable que pudiera apreciarse aquélla en la sucesión de contratos temporales perfectamente ajustados a derecho, no lo es menos cierto que la concurrencia de fraude parece que haya de comportar – razonablemente- que sigamos un criterio más relajado -con mayor amplitud temporal- en la valoración del plazo que deba entenderse «significativo» como rupturista de la unidad contractual, habida cuenta de que la posición contraria facilitaría precisamente el éxito de la conducta defraudadora.

Análisis del Tribunal Supremo

Pues bien, centrándose en el supuesto planteado, en la Sentencia el Tribunal Supremo realiza en esta ocasión un análisis muy clarificador en la fundamentación final de la Sentencia cuando señala:

“A).- Yerra la STSJ Galicia ahora recurrida cuando afirma que la doctrina del Tribunal Supremo conduce a que se rompa la unidad esencial del vínculo si median interrupciones superiores a tres meses, amparándose en la literalidad del transcrito pasaje de la STS 10 julio 2012. Un atento examen de la misma muestra lo siguiente:

  • Rechaza que debamos ” atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos “. Lejos de estar queriendo fijar un tope exacto, recuerda que se abandonó ese enfoque (por referencia a la doctrina que operaba sobre el plazo de veinte días hábiles).
  • Adopta su decisión a la vista de que ” en cuatro ocasiones, al menos, los períodos de cese alcanzaron más de los tres meses e incluso cinco y seis meses “. En modo alguno se afirma que una interrupción superior a tres meses, por sí sola y en todo caso, enerve la presunción de continuidad del vínculo. Lo que hace es enumerar las cuatro que ha habido.
  • La sentencia pone en relación la dimensión de las interrupciones existentes entre unos y otros contratos con el tiempo global analizado (” el periodo de seis años “).

En suma: la STS de 2012 ni opta por un método matemático a la hora de apreciar la ruptura del vínculo, ni erige el módulo de tres meses como barrera universal, ni prescinde de la duración global del arco temporal examinado a la hora de ponderar todas las circunstancias.

  1. B) Diversas sentencias de esta Sala, como las citadas 963/2016 de 8 de noviembre (rcud. 310/2015), 494/2017 de 7 junio (Rec. 113/2015) y 501/2017 de 7 junio (Rec. 1400/2016) han entendido que con una interrupción superior a tres meses es posible que siga existiendo una vinculación laboral recognoscible como tal, es decir, unitaria.
  2. C) Para adoptar la decisión final, por tanto, ha de atenerse al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías contractuales, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos.
  3. D) El caso ahora examinado exige contemplar lo acaecido durante un periodo que dura más de doce años (arranca en mayo de 2001 y persiste, al menos cuando se dicta la sentencia de 2013): durante el mismo han mediado varios contratos temporales, pero siempre para realizar las mismas tareas; ha existido una cesión ilegal; el único paréntesis se ha prolongado durante tres meses y medio.

De este modo se suma la existencia de anomalías en la contratación y en la identificación empresarial con la prestación de la misma actividad durante un 97% del tiempo transcurrido en el lapso de referencia. En esas condiciones, de acuerdo con el Informe del Ministerio Fiscal, consideramos que, tal y como la sentencia del Juzgado de lo Social entendiera, no cabe hablar de ruptura significativa en el hilo conductor de la prestación de servicios.”

Fuentes y Referencias

➯ Estudio empírico de calidad de vida laboral. Horizontes Empresariales
➯ La legislación laboral en el proceso de reformas estructurales de América Latina y el Caribe. Eduardo Lora y Carmen Pagés-Serra
La viabilidad jurídica del contrato único. Universidad Autónoma de Madrid

Procedimiento abierto simplificado de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Una de las “estrellas” de la recién estrenada Ley de Contratos del Sector Público es el nuevo procedimiento abierto simplificado y su versión abreviada, contenidos en el artículo 159 LCSP.

LCSP Nuevas Playas de la Contratación Pública | Melián Abogados

Procedimiento de negociado

El legislador había fulminado el procedimiento negociado por razón de la cuantía y urgía crear un procedimiento ágil y rápido que lo sustituyera y que no enfrentara los problemas de ausencia de publicidad y falta de concurrencia que presentaba el socorrido procedimiento extinto.

Versión abreviada

Esa era la intención, la experiencia nos dirá si tal objetivo se logra. Aunque el propio legislador, consciente de las dificultades con las que nace el nuevo procedimiento, ha creado una versión abreviada para cuantías de menor importe y con menos exigencias que su hermano mayor a cambio de que no haya margen a valoraciones sujetas a juicio de valor en su adjudicación.

Infografía del nuevo procedimiento abierto simplificado

Con la idea de que se pueda tener una visión general del alcance y posibilidades del nuevo procedimiento y su hijuela abreviada, siguiendo los pasos del esquema del nuevo procedimiento que hizo no hace mucho Pilar Batet, hemos elaborado esta infografía:

Infografia Prrocedimiento Abierto Simplificado | Melián Abogados

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Esta Infografía muestra una visión general del alcance y posibilidades del nuevo procedimiento abierto simplificado de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Clic para tuitear

Partes de la Infografía

La primera parte de ella contiene el árbol de decisiones en relación a la concurrencia de los requisitos de cuantía y criterios de adjudicación del nuevo procedimiento y su versión abreviada.

La segunda parte desarrolla los aspectos particulares de la licitación, los licitadores, la presentación de ofertas y el procedimiento, de forma paralela, de tal manera que sea fácil advertir las diferencias entre el abierto simplificado y el simplificado abreviado.

Requisitos básicos del procedimiento abierto simplificado y su modalidad abreviada

Requisitos Básicos Procedimiento Abierto | Melián Abogados

Calculada ambigüedad

Como simple comentario en voz alta, diré que, en términos generales, la Ley realiza una apuesta decidida por la contratación electrónica. Decidida, aunque tenuemente ambigua en algunas cuestiones, dejando abiertas y de forma inexplicable algunas puertas por las que los gestores podrán –eventualmente–, gatear y “fugarse” de la obligación de utilizar los medios electrónicos. Por mucho que en el expediente se exija que se dejen explicaciones al respecto.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público realiza una apuesta decidida por la contratación electrónica, aunque tenuemente ambigua en algunas cuestiones. Clic para tuitear

Dentro de esa crítica que podríamos denominar como “calculada ambigüedad” del legislador respecto de la contratación electrónica, habría que incluir el artículo 159, en el que, aunque en apariencia haya que entenderse que todo el procedimiento será irremediablemente electrónico, la sensación que deja su lectura, no es esa.

Lo pienso por los diferentes términos que se utilizan para referirse a lo mismo, si se trata del simplificado o del simplificado abreviado. Es una impresión que puede atribuirse al hecho de la creación posterior en el tiempo de la versión abreviada, fruto de la exigencia de operadores y gestores que reclamaban algo más útil y sencillo que el abierto simplificado.

Fuentes y Referencias

➯ Una primera aproximación crítica a la LCSP. ICCP (Impacto de la Crisis en la Contratación Pública)
➯ La problemática de los contratos menores. Universidad de La Laguna
Directiva Europea de contratación pública. Revista de Derecho Económico y SocioAmbiental.

Innovación. Medidas para asegurar su protección

Cualquier entidad sea pública, privada o profesional que pretenda no ya tener éxito, sino sobrevivir en un mundo cada vez más globalizado y digital, debe tener como objetivo permanente la innovación, la continua lectura anticipada de los cambios que vienen y adaptarse a ellos.

Proteger la inversión en innovación

Las empresas invierten en innovación no sólo para poder hacer frente a nuevos retos, sino adelantarse a ellos. Por supuesto, es necesario proteger el resultado de esa inversión en medios materiales y personales que es la innovación.

La Protección de la Innovación incluye todas las medidas que toma una entidad para asegurar los beneficios de la explotación de la innovación con el fin de recuperar las inversiones realizadas y retribuir el riesgo asumido con dicho proyecto.

La clave para sobrevivir en un mundo tan globalizado y digital es la innovación. Clic para tuitear

Dicha protección toma diferentes formas en función de las características de la innovación a proteger: propiedad intelectual o propiedad industrial.

Protección en el ámbito empresarial

En el ámbito de la actividad empresarial, se reconocen tres formas de proteger las innovaciones. Según la Escuela de Organización Industrial: Derechos de Propiedad Industrial, “Know-how” (saber hacer) y Secreto industrial.

Cada una de estas vías tiene ventajas e inconvenientes y están relacionadas con la ocultación y divulgación del proceso de innovación, total o parcialmente.

Secreto industrial

Por un lado, el Secreto Industrial, es la ocultación total del proceso de innovación. Esta vía de protección, en condiciones ideales, parecería la más adecuada, lo que ocurre, es que resulta en la práctica bastante frágil, debido a las dificultades que existen para mantener secretos industriales, especialmente si estos suponen ventajas económicas importantes.

Pero en ocasiones supone la única manera de proteger los resultados de la investigación (por ejemplo, porque estos resultados no cumplan todas las condiciones de patentabilidad). Un buen ejemplo de secreto industrial es la fórmula de la Coca-Cola.

El secreto industrial es una vía efectiva de protección de la innovación pero bastante frágil por la dificultad de mantener secretas ventajas económicas importantes. Clic para tuitear

Derechos de propiedad industrial

También podemos proteger la innovación a través de los Derechos de Propiedad Industrial, La esencia de los derechos de propiedad industrial es impedir que los terceros exploten la invención protegida sin el consentimiento del titular; por tanto, confieren un monopolio temporal al inventor para la fabricación y venta de los productos o procedimientos innovados, a cambio de una divulgación completa de cómo han sido obtenidos; protección que difícilmente puede obtener por el sistema de mantener en secreto su invención sin ninguna protección legal, dadas las características de la sociedad actual.

Know-how

Por último, El “Know-how” o, en terminología española, “saber hacer” consiste en el conjunto de detalles que, aun no siendo trascendentales para la consecución del resultado, su desconocimiento impide la materialización del mismo en su máximo grado de eficacia o rendimiento.

En la práctica se utiliza una modalidad de propiedad industrial, manteniendo ocultos algunos detalles no básicos, pero sí importantes, del proceso de innovación.

Fuentes y Referencias

➯ Reconciliar la protección a la innovación y a los pacientes. Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud
➯ Diagnostico de Estrategia de Innovación en Grupos de Investigación. Journal of Technology Management & Innovation
Tecnología e Innovación en el Empresa. Pere Escorsa Castells y Jaume Valls Pasola