Publicación de Imágenes de Adultos

Una de las grandes transformaciones que ha traído consigo la popularización del uso de las nuevas tecnologías y la digitalización de contenidos, es la de poner al alcance de la mayor parte de los ciudadanos la posibilidad de crear sus propios contenidos y comunicarlos de forma multicanal a través de las redes sociales: canales de Youtube, Whatsapp, Telegram, etc., independientemente de que esa comunicación se haga a través del teléfono o de Internet.

Por esa razón es necesario tener, al menos, unos conocimientos básicos del uso de la imagen de las personas a través de los medios y poder contestar a la pregunta ¿puedo publicar la imagen de esa persona?

Imágenes de adultos con notoriedad pública

Veamos el caso de la imagen de las personas adultas. En este caso, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la persona que aparece como protagonista en la imagen tiene notoriedad pública o no.

Notoriedad pública y en ámbito público

Es decir, si es famoso, o se trata de un político, o es un funcionario en el ejercicio de sus funciones… En ese supuesto, si la imagen está tomada en el ámbito público, es decir, en la calle o un lugar público principalmente, no hay problema en publicarla.

En este punto, hay que hacer referencia a la Ley orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana, conocida comúnmente como Ley Mordaza, que establece como infracción grave el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación.

Notoriedad pública y en ámbito privado

Si la imagen de esa persona con notoriedad pública está tomada en el ámbito privado, no se puede publicar salvo que tengamos autorización expresa.

Es infracción grave el uso no autorizado de imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Clic para tuitear

Imágenes de adultos sin notoriedad pública

¿Pero qué ocurre si esa persona no tiene notoriedad pública?

En ese caso, si está tomada en un lugar público, se puede publicar la imagen de esa persona o grupo de personas siempre y cuando su imagen aparezca de forma casual o accesoria a la información principal y con motivo de un suceso o acaecimiento público.

Si la imagen está ligada a personas, lugares, noticias u otro tipo de circunstancias que tengan connotaciones negativas, entonces, la publicación de la imágenes deberá hacerse con técnicas de distorsión de imágenes para que no se les reconozca.

Testamento Digital. Gestión del Patrimonio Digital del Fallecido

La semana pasada fui amablemente invitada a intervenir en el programa de la Radio Autonómica de Canarias “Buenos Días Canarias”, por el periodista Eugenio González (@eugenioglez70). Comentamos acerca del llamado testamento digital entendido como la declaración de las últimas voluntades, de una persona en relación a aquellos bienes y derechos de naturaleza digital que no desaparecen con ocasión de su fallecimiento.

Se suscita la cuestión del destino de toda esa vida en Internet, cuentas de correo electrónico, cuenta de Facebook, de Instagram, blogs, canales de YouTube, etc. en general de cualquier red social, pero por otra parte son medios y soportes de contenidos como fotografías, textos, audios, grabaciones de vídeo, creaciones e todo tipo, etc. o Bitcoin –dinero internet–.

Cuál será el destino de todo nuestro patrimonio digital después de que ya no estemos? Clic para tuitear

El titular de ese patrimonio ha de decidir qué hacer con esos bienes, qué destino darles y quien ha de ostentar los derechos o facultades de disposición en torno a ello, sobre todo para evitar a sus familiares las complicaciones, costes y burocracia que de una situación así se van a generar.

Asimismo, las instrucciones, indicaciones del titular de esos bienes y derechos en relación al destino que ha de dársele.

El testamento ya está regulado en nuestro sistema jurídico, tiene unos requisitos para su validez y de lo que se trataría es de incorporar en esas disposiciones testamentarias las disposiciones no ya sobre los bienes que habitualmente todos pensamos en disponer, sino incluir también esos bienes y derechos, disponiendo cómo gestionarlos y que destino tendrán, sin olvidar la vertiente de su cuantificación económica en el activo de la masa hereditaria. 

El llamado testamento digital no existe como tal sino que se incorpora al testamento ya regulado. Clic para tuitear

Y es que llegados a este punto habrá aspectos que tengan un valor sentimental y otros que puedan además tener un valor económico relevante, podemos estar hablando de personas que tengan patrimonio en el sentido económico y que trascienda para el futuro: blogs/canales de YouTube de amplio seguimiento, músicos, fotógrafos, escritores, creativos, diseñadores, ingenieros, artistas, pensadores, etc.

En las disposiciones testamentarias se pueden designar herederos y/o legatarios de ese patrimonio, que adquieran la titularidad del mismo, aunque también cabe la figura del Albacea en cuanto a ejecutar las voluntades que deje el testador establecidas al respecto, por ejemplo, para el cierre de todas sus cuentas en Internet, ejercer el derecho al olvido, etc., para lo cual tendrá un plazo establecido.

Intervención en el programa “Buenos Días Canarias” de la Radio Autonómica de Canarias:

Servicio de Atención al Cliente de Telefonía, Cobro de Gestiones

Sorprendida me quedé con la noticia que leí hace unos días, tanto que no pude evitar dedicarle unas líneas a fin de realizar un análisis de la misma desde una perspectiva legal. Una de las compañías puntales de telecomunicaciones en España comunicaba que en cuestión de días comenzaría a cobrar 2,5 euros (impuestos incluidos) a todos sus clientes por cada gestión realizada a través del Servicio de Atención al Cliente.

Principales consultas del servicio de atención al cliente

Conocer el periodo de permanencia, solicitar un duplicado de la factura mensual o incluso, realizar un cambio de cuenta bancaria o dirección de facturación ya no sería gratuito y se facturaría. La compañía justifica esa nueva política de cobro en un intento de “fomentar los canales alternativos” como internet o su propia aplicación móvil, obligando a todos sus clientes a utilizar estos medios si no quieren pagar el coste del servicio. ¡Mira tú por dónde!

Algunas compañías pretender cobrar por las gestiones del servicio de atención al cliente Clic para tuitear

Derechos del usuario

Un minuto, de reloj, para abrir el texto legal que regula los derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, concretamente me refiero al Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo. Esta normativa viene a desarrollar a su vez el artículo 38 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, y dispone en su artículo 26.2 lo siguiente:

“El servicio de atención al cliente del operador, de carácter gratuito, deberá prestarse de manera tal que el usuario final tenga constancia de las reclamaciones, quejas y, en general, de todas las gestiones con incidencia contractual que realice el abonado”

Parece que la decisión adoptada por la operadora omite las consideraciones previstas tanto en la normativa específica como en la de protección de consumidores y usuarios de la que tanto hablamos últimamente. El Real Decreto 1/2007 dispone en su artículo 21 que:

“si tales servicios de información o atención al cliente utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones, deberán garantizar una atención personal directa más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otro medios técnicos a su alcance”.

¿Y ahora qué?

La compañía decide aplicar la tarifa, comienza a “hacer caja” y mientras tanto los abonados tendrán que esperar a que la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid resuelva la denuncia interpuesta por dos asociaciones de consumidores distintas. Nuestro consejo, reclamar.

Son dos los puntos fundamentales que permiten fundamentar nuestra reclamación como abonado: La obligación de prestar una atención personal directa y el ofrecimiento del servicio con carácter gratuito.

Cobrar por las gestiones del servicio de atención podría ser motivo de resolución del contrato. Clic para tuitear

Opinión

A nuestro juicio la medida adoptada por la compañía es abusiva y no se ajusta a las prescripciones legales expuestas. Además, resulta claramente discriminatoria para personas de avanzada edad o con cierta discapacidad. Entendemos que dicha reclamación se encuentra amparada legalmente y resulta viable exigir la devolución de las cantidades facturadas por la compañía telefónica, debiendo abstenerse ésta de efectuar nuevos cargos por gestión de servicios en un futuro. Incluso podríamos hablar de un motivo de resolución del contrato sin penalización, lo que permitiría al consumidor optar a un cambio de compañía.

Serventía, Diferencias con la Servidumbre de Paso

La serventía es una institución consuetudinaria (habitual) vigente en las Islas Canarias y el algunos otros territorios, de tal forma que está reconocida en el derecho civil de Galicia y en el derecho foral Navarro, y que viene definida por la Real Academia como “camino que pasa por terrenos de propiedad particular, y que utilizan los habitantes de otras fincas para comunicarse con los públicos”.

Valor jurídico de la serventía

Institución distinta de la servidumbre propiamente dicha, dotada de un valor jurídico del que carece la serventía, que sólo se refiere a camino privado, sin requerir la existencia de un predio dominante y sirviente, consustanciales a la servidumbre y que al hallarse constituida sobre terrenos de la propiedad particular de cada uno de los colindantes, éstos tienen el derecho de usar, disfrutar y poseer en común, a los efectos de paso, sin que sea concebible el derecho individual a pedir su extinción.

La serventía carece de valor jurídico, sólo se refiere a camino privado. Clic para tuitear

Lo público y lo privado

Las sentencias del Tribunal Supremo de 10 junio de 1985 y 14 mayo de 1993, y la 22 julio de 1994 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, diferencian entre servidumbre y serventía y dejan claro que nada tiene que ver esta última con un camino público, pues más bien lo excluye. De ellas se desprende que la serventía es un camino que pasa por terrenos de propiedad particular y que utilizan los habitantes de otras fincas para comunicarse con los públicos. La serventía sólo se refiere a camino privado al servicio común de los propietarios colindantes, sin requerir la existencia de un predio dominante y otro sirviente, consustanciales a la servidumbre, y que al hallarse constituida sobre terrenos de la propiedad particular de cada uno de los colindantes, éstos tienen el derecho de usar, disfrutar y poseer en común, a los efectos de paso, sin que sea concebible el derecho individual a pedir su extinción.

Coincidencias

La servidumbre de paso y la serventía coinciden en que ambas proporcionan a sus titulares el paso hacia sus propiedades, discurriendo por otras que no les pertenecen, pero así como la servidumbre ocupa un terreno perteneciente en propiedad exclusiva al dueño de la finca sobre la que discurre, que resulta de esa manera gravada con ese derecho real, el terreno ocupado por la serventía no tiene esa vinculación exclusiva con la finca o fincas que le sean colindantes, por uno o por ambos lados, como parte de las mismas, sino que pertenece en común a todos los usuarios del paso, de forma indivisible y no modificable por voluntad de uno solo de ellos, comunidad cuyo origen se asienta en la cesión por todos aquéllos de los terrenos afectados o en las compensaciones que convengan, y esta situación no parece que pueda subsumirse en el supuesto contemplado por el art. 545 del Código Civil, puesto que éste otorga el derecho a modificar el trazado del paso al dueño del predio sirviente, situación en que, según se ha expresado, no se encuentran los usuarios de una serventía.

La serventía pertenece en común a todos lo usuarios del paso. Clic para tuitear

Hay que tener en cuenta que la serventía es una institución consuetudinaria que se mantiene y se respeta como algo presente y aceptado por los colindantes. Es una institución que se define como presente, no como hecho histórico. Por lo que para acreditar su existencia hay que probar no si existió en un tiempo pasado, sino si existe ahora.

Derechos de Autor en la Industria de la Moda. Problemática Actual

La moda es un sector que abarca un conjunto de actividades de naturaleza muy diversa: transformación de las materias naturales y artificiales, generación de hilos y tejidos, confección de ropa, calzado y accesorios, joyería, relojes y cosmética, diseño…, todas ellas necesariamente vinculadas a la creatividad y la innovación, lo que convierte al sector en su conjunto en uno de los más dinámicos y crecientes.

Datos económicos

Según los datos contenidos en el Informe “El Sector de la Moda en España: Retos y Desafíos”, impulsado por la Asociación de Creadores de Moda de España, los 27 países de la Unión Europea generan cada año 350.000 millones de dólares al sector (311.951 millones de euros), por encima de países como Estados Unidos o China. En global, el retail de moda factura 1,1 billones de dólares anualmente (0,9 billones de euros).

El sector de la moda en España en 2015 suponía el 2,8% del PIB Clic para tuitear

En España, según un Informe impulsado por modae.es y el CITYC (Centro de Información Textil y de la Confección), el sector de la moda a Diciembre de 2015 había incrementado su peso en nuestra economía representando ya el 2,8% del PIB español, porcentaje nada despreciable en un país volcado a los servicios y poco a la industria. A esas cifras ha de añadirse que representa ya el 4,3% de la tasa de empleo, y su valor añadido de la producción de la moda en España el 27,6% de la cifra de negocio.

Por último, y en relación con la balanza comercial, la industria de la moda representa el 8,4% de las exportaciones y el 8,9 % de las importaciones. No obstante lo anterior y pese a los excelentes datos de 2015, el Indicador del Comercio de Moda ha cerrado 2016 con un descenso del 2,2%, conforme a los datos de la Asociación del Comercio Textil y Complementos (Acotex) y que publicaba el portal de tendencias moda.es.

Derechos de autor y propiedad intelectual

La importancia económica que supone la moda y que hemos expresado en las líneas anteriores se sustenta en el valor creativo e innovador de la moda, en cuya dinámica constantemente cambiante se ven involucrados derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que precisan ser necesariamente protegidos.

Precisamente es el mundo de la moda un excelente escaparate empresarial en el que pueden observarse la tensión entre los requisitos de protección del Derecho de Autor y los de la Propiedad Industrial, especialmente cuando hoy el uso de cámaras, teléfonos móviles, impresoras y escáneres 3D y plataformas comerciales por internet hacen posible fotografiar, reproducir y vender imitaciones en tiempo record. Incluso antes de que una colección se presente.

Por ejemplo, en un futuro inmediato es lógico pensar en un cambio radical en la forma de vender ropa. Ya no hará falta la existencia de multitud de prendas de distintas tallas. Las tallas desaparecerán, porque la ropa se venderá a medida. Un escáner corporal tomará las medidas exactas de nuestro cuerpo, que serán enviadas de forma automática al fabricante, que en muy poco tiempo nos hará llegar una pieza de ropa hecha a nuestra medida. Probablemente ni siquiera sea necesario enviar nuestras medidas al fabricante, porque la ropa se podrá imprimir en la impresora 3D de la tienda.

Volviendo a la actualidad y no al inmediato futuro, estas nuevas circunstancias tecnológicas y el fenómeno mismo de la globalización han alimentado un fenómeno que en la industria se ha dado en llamar “moda rápida” en el que los ciclos de creación-producción comercialización se han reducido a la mínima expresión y en el que, por ejemplo, las grandes firmas de venta textil en masa son capaces de captar las tendencias que se reflejan en las pasarelas de los grandes diseñadores de moda y en cierta medida fagocitar la evolución creativa que alimenta su propio negocio. La versión del original inunda el mercado, devalúa la creación original y sobrepasa al creador original y la firma que sustenta su actividad creativa.

Es preciso garantizar el nivel de protección necesario de los diseñadores sobre sus creaciones. Clic para tuitear

Sin las protecciones legales adecuadas, todo ese esfuerzo creativo, como hemos descrito, no acaba precisamente en manos de los creadores. Es preciso garantizar el nivel de protección necesario de los diseñadores sobre sus creaciones.

Normativa

Como probablemente ya has adivinado, el mundo de la moda –en lo que se refiere a los derechos de autor–, resulta ser terreno pantanoso. La Ley 20/2003 de 7 de julio de 2003 sobre Diseño Industrial, en su Disposición Adicional Décima, dice:

“La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”.

Sentencia del Tribunal Supremo

Es ahí, en el cumplimiento de ese requisito de originalidad cuando la cosa empieza a flojear a la hora de proteger el diseño de moda reconociendo a sus creadores Derechos de Autor. Nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 27 se septiembre de 2012, tuvo ocasión de pronunciarse al respecto en los siguientes términos:

“Está expresamente admitida por el Ordenamiento de la Unión Europea la posibilidad de exigir para la tutela del diseño por derecho de autor, además de la novedad y la singularidad, cierto grado de “originalidad”.
Ello supuesto, el reconocimiento del haz de derechos característicos del derecho de autor -además de los referidos a la explotación de la obra, otros morales-, sin necesidad de registro, y durante el largo período de tiempo que fija la normativa de propiedad intelectual. Y alguno sin límite-, no puede proyectarse, sin más, a las formas nuevas -la novedad de creación estética a que se refieren las sentencias 1166/2001, de 4 de diciembre y 778/2010, de 24 de noviembre que aportan un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. Se trata de requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística, de tal forma que a la “novedad” precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad.”

Cláusulas Suelo: Los 7 Puntos fundamentales del Real Decreto-Ley

A continuación les detallamos los 7 puntos fundamentales a tener en cuenta sobre el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de claúsulas suelo.

Consumidor persona física

Las medidas previstas en el Real Decreto-Ley se aplicarán a los contratos de préstamo hipotecario que incluyan cláusulas suelo y cuyo prestatario sea un consumidor.

Se entenderá por consumidor cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobadas por el RD Legislativo 1/2007. Se excluye por tanto, a las personas jurídicas perjudicadas por la inclusión de este tipo de cláusulas, las cuales podrán hacer valer su derecho de defensa ante los Tribunales de Justicia.

Carácter voluntario para el consumidor

La reclamación por parte del consumidor afectado será voluntaria, por tanto, la vía judicial sigue siendo una alternativa posible y viable.

Asimismo, los consumidores que hayan instado la oportuna reclamación podrán, una vez que el Banco realice la oferta correspondiente, acudir a los Tribunales de Justicia si consideran que ésta difiere de lo realmente adeudado por la entidad.

Oferta de la entidad bancaria

Recibida la reclamación presentada por el consumidor, la entidad debe efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una oferta al cliente. En el supuesto de que la entidad considere que la devolución no es procedente, deberá comunicar las razones en las que motiva su decisión, dando por finalizado el procedimiento extrajudicial sin acuerdo.

Plazo de resolución

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se pongan a disposición del primero la cantidad a devolver, será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación.

El plazo máximo para llegar a un acuerdo consumidor y entidad es de 3 meses. Clic para tuitear

Costas procesales

Si el consumidor rechaza la oferta realizada por la entidad de forma extrajudicial y obtiene una resolución judicial, posterior, más favorable que la oferta realizada inicialmente, se impondrán las costas del procedimiento judicial al Banco/Entidad.

Medidas compensatorias distintas a la devolución del efectivo

Una vez convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad de crédito podrán acordar la adopción de una medida compensatoria distinta a la devolución del efectivo. La aceptación de una medida compensatoria requerirá que el consumidor haya recibido información suficiente y adecuada sobre la cantidad a devolver, la medida compensatoria y el valor económico de esa medida.

Procedimientos judiciales en curso

Los procedimientos judiciales en curso no se ven afectados por este Real Decreto-Ley, éstos continuarán su curso normal con independencia de la aprobación de esta medida.


En Melián Abogados somos conscientes de la dificultad que supone para aquellos consumidores sin formación financiera, el estudio y aceptación de ofertas calculadas en base a criterios desconocidos por éstos. Por tal motivo, y adaptándonos a las circunstancias, continuamos “al pie del cañón” en la lucha contra los abusos bancarios, apoyando a todos nuestros clientes en el procedimiento extrajudicial, ofreciendo asesoramiento personalizado y un estudio pormenorizado de la oferta remitida por la entidad, de forma que no se produzcan vicios en la aceptación que provoquen situaciones de desequilibrio y pérdidas económicas irrecuperables.

Cláusula Suelo. En Melián Abogados estudiamos la oferta remitida por la Entidad. Clic para tuitear

No dude en consultarnos, Melián Abogados le brinda el apoyo que necesita para recuperar todas las cantidades que le corresponden.

Impago de la Pensión de Alimentos por Falta de Recursos

La pensión de alimentos a favor de los hijos, que se establece en los procedimientos de separación o divorcio, o en los de alimentos de hijos extramatrimoniales, debe comprender todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción del alimentista. Su cuantía puede establecerse de mutuo acuerdo por los padres en un convenio regulador, o en caso de desacuerdo puede ser el juez quien la acuerde por sentencia.

Mínimo vital

En muchos casos aun cuando el alimentista, el obligado a su pago, carece de recursos para abonarla, los tribunales han venido estableciendo un mínimo vital, es decir se fija una cantidad mínima que se considera imprescindible para el desarrollo de los hijos menores en condiciones de suficiencia y dignidad, y aun cuando se sabe que no se va a poder abonar.

Suspensión en caso de carecer de ingresos

La pregunta que nos hacemos, mas en estos tiempos, es si esta obligación puede quedar en suspenso mientras el obligado a abonarla no tiene ingresos o los que tiene le da sólo para su propia supervivencia o de su familia.

El mínimo vital es una cantidad mínima imprescindible para el desarrollo de los hijos menores. Clic para tuitear

Lo que dice el Tribunal Supremo

Nuestro Tribunal Supremo ha dicho que la obligación legal que pesa sobre los progenitores, está basada en un principio de solidaridad familiar y tiene su fundamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE. De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores, más que una obligación propiamente alimenticia, lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención.

Juicio de proporcionalidad

Ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC,  lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante.

Derecho a ser alimentado

Dice este alto Tribunal que el interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso“, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC.

El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado. Clic para tuitear

Impago de la pensión de alimentos por carecer de recursos

Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades.

La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC , esta obligación cesa “Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia.

Conclusión

Por lo tanto, la suspensión de la obligación de prestar alimentos sólo se podrá acordar en supuestos muy excepcionales, con criterio restrictivo y temporal. Para solicitar esta suspensión hay que acudir a un procedimiento de modificación de medidas, y acreditar en él la situación de carencia de recursos para continuar abonando la pensión de alimentos. Es en este mismo procedimiento donde se puede solicitar una reducción del importe, en caso de haber cambiado las circunstancias del obligado a darlo o del que tiene derecho a recibirla.

Cláusulas Abusivas en la Constitución del Préstamo Hipotecario

Ésta no es la primera vez que hablamos de cláusulas abusivas, de sentencias estimatorias en contra de la banca y de posibles vías de reclamación que permitan iniciar acciones judiciales ante situaciones de mala praxis bancaria. Por tal motivo, y como de costumbre, planteamos hoy una nueva cuestión.

En esta ocasión trataremos de solventar las dudas planteadas por nuestros clientes sobre la declaración de nulidad de la “cláusula de gastos” inserta en las escrituras de préstamos hipotecarios, intentando aclarar a lo largo del presente artículo los aspectos que entendemos más relevantes de la reciente sentencia del Tribunal Supremo nº 705/2015.

¿Puedo recuperar los gastos abonados por las cláusulas abusivas?

¿Es viable recuperar las cantidades abonadas por el prestatario/a en el momento de constitución de la hipoteca, tanto en concepto de gastos notariales y registrales, como incluso aquellas que correspondan al pago de impuestos en los que el sujeto pasivo es realmente el Banco prestamista y no el prestatario/a?

Sentencia 705/2015

El Tribunal Supremo en su sentencia nº 705/2015, además de acordar la nulidad de otro tipo de cláusulas, realiza un estudio de aquella que impone al consumidor la obligación de asumir todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras y por la constitución, conservación y cancelación de su garantía.

Las escrituras hipotecarias suelen contener gastos que en realidad corresponden al prestamista. Clic para tuitear

En nuestros País, es usual que las escrituras hipotecarias contengan cláusulas de este tipo. Basta leer el documento notarial detenidamente para percatarse de que las entidades, contradiciendo la normativa reguladora, incorporan dicho aspecto de forma unilateral. Obligando por tanto al consumidor a sufragar unos gastos que realmente corresponde abonar al prestamista.

Tribunal Supremo

Dispone el Tribunal Supremo que: “la cláusula que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones contraviniendo, normas legales con previsiones diferentes al respecto” es abusiva y, por ende, nula de pleno derecho.

Justifica tal decisión manifestando que, la obligación de abono la tendrá el sujeto que se beneficie de tal inscripción, que en este caso resulta ser la entidad prestamista. En esa línea subrayar que la entidad, como única beneficiaria, persigue un objetivo claro: La obtención de un título ejecutivo, la constitución de una garantía real a su favor y la adquisición de una ejecución especial ante un supuesto incumplimiento de pago de las cuotas hipotecarias. Por ello, la asunción por el prestatario/a de los gastos notariales y registrales ocasiona, a todas luces, un desequilibrio relevante para el consumidor, que no hubiera aceptado en el marco de una negociación individual entre cliente – entidad.

Catálogo de cláusulas abusivas

Recalcar, además, que esta cuestión aparece recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas, hecho que a juicio de la que suscribe, acredita la mala fe con la que actúan las entidades bancarias/financieras al insertar de forma genérica este tipo de previsiones en las escrituras de préstamo hipotecario.

Otros Tributos

Con los tributos que gravan el préstamo hipotecario ocurre exactamente lo mismo, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone que estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente el adquirente del derecho, es decir aquel que se beneficie de la garantía hipotecaria que se inscribe. De esta forma, no cabe duda que las entidades prestamistas no deben quedar al margen de los tributos que se devenguen, como claramente pretenden, sino todo lo contrario, es ésta el sujeto pasivo del impuesto al menos en lo que respecta a la constitución del derecho.

Conclusión

Por lo anterior, podemos concluir manifestando que, a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, resulta abusivo para el cliente bancario el abono de los gastos descrito en párrafos precedentes, siendo la entidad prestamista la obligada a sufragarlos sin que pueda repercutírselos al mismo. Ello implica que la incorporación de dicha cláusula en su hipoteca puede, fácilmente, considerarse abusiva y, en consecuencia, declararse nula, hecho que permitiría a los perjudicados por su incorporación recuperar todas las cantidades abonadas en el momento de constitución de su hipoteca en concepto de gastos notariales, registrales e impuestos de AJD (Actos Jurídicos Documentados).

Las cláusulas de gastos en la constitución de un préstamo hipotecario son nulas de pleno derecho Clic para tuitear

No dude en consultarnos sus dudas y si lo desea, contacte con nosotros y encargue un estudio gratuito de su escritura hipotecaria, gustosamente le informaremos de la viabilidad de la acción y le guiaremos en el proceso de reclamación y recuperación de cantidades.

Pago por Consignación Judicial

Una de las formas de extinción de las obligaciones es el pago. Nuestro código civil establece que no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consista. Las consecuencias del impago son variadas, a título de ejemplo pensemos en el devengo de intereses de demora, la posible resolución de la obligación por incumplimiento, el desahucio por falta de pago en los contratos de arrendamientos, etc.

Dadas las consecuencias del impago puede ocurrir que el acreedor se niegue a recibirlo, pensemos en el mencionado contrato de arrendamiento, el arrendador se niega a recoger la renta para así dar pie a un desahucio por falta de pago, o el vendedor se niega a recibir el precio para poder dar por resuelto el contrato de compraventa por ya no interesarle la venta al deudor.

¿Qué puede hacer el obligado al pago en estos casos?

La respuesta que nos ofrece nuestro sistema jurídico es el del pago por consignación judicial, nuestro código civil establece que, si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago, se negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida.

El deudor quedará libre de responsabilidad mediante el pago por consignación judicial. Clic para tuitear

Por lo tanto, si el acreedor, por el ejemplo el arrendador, no quiere recibir el pago, la opción de la que disponemos es proceder al pago por consignación en el juzgado, pero antes debemos ofrecer el pago al acreedor anunciándole que si no lo recibe procederemos a su consignación judicial.

Cómo realizar el pago por consignación judicial

Para llevar a cabo la consignación judicial hay que iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria:

  • Presentaremos una solicitud ante el juzgado de primera instancia del lugar donde deba cumplirse la obligación y en su defecto en el del domicilio del deudor. En la solicitud además de identificar a las partes y sus domicilios, habrá de hacerse referencia a las circunstancias de la obligación y a las razones de su consignación.
  • Deberá acreditarse el ofrecimiento de pago, si procediera, y siempre el anuncio de la consignación al acreedor y todos los interesados, y claro está,
  • Deberá ponerse a disposición lo debido, por ejemplo, si fuera dinero lo debido, habrá que proceder a su ingreso en la cuenta judicial.

Resolución

Si el acreedor retira la cosa debida queda cancelada la obligación, pero si no compareciese, o no alegare nada, o la rechazare, el deudor podrá retirar lo debido o mantener la consignación, en este último caso se citará a las partes a una comparecencia y será el juez el que tenga que pronunciar si está bien hecha o no la consignación y si por ello se tiene por cancelada la obligación.

Hay que tener en cuenta que la ley establece que los gastos de la consignación serán de cuenta del acreedor, si fuera aceptada o se declarase estar bien hecha, y será de cuenta del promotor si fuere declarada improcedente la consignación o éste retirase la cosa consignada.

Intereses de Mora Abusivos. Préstamos al Consumo e Hipotecarios

Accedemos, generalmente, a los distintos métodos de financiación que ofrece el mercado para la adquisición de aquellos bienes que deseamos o necesitamos. Solicitar la financiación del vehículo nuevo, el viaje que realizaremos en vacaciones, la vivienda o incluso el mobiliario de ésta, resulta francamente habitual.

Las entidades bancarias y financieras lanzan campañas publicitarias ofertando créditos a “condiciones inmejorables”, anuncios que consiguen atraer la atención de aquellos espectadores que por confianza o necesidad, terminan aceptando el clausulado de condiciones financieras predispuestas e impuestas por la entidad.

¿Conocemos lo que contratamos?

La concesión de un préstamo, personal o hipotecario, supone para el consumidor-prestatario adquirir una obligación económica, la de abonar su cuota de amortización de forma periódica. Dicha cuota no se calcula dividiendo el monto total del capital solicitado entre el número de meses pactados, como muchos consumidores piensan. La cuota de un crédito la integran componentes como el capital solicitado, los intereses remuneratorios (beneficio que obtiene el banco por la cesión temporal de un capital), los honorarios y comisiones por servicios ofrecidos (estudio hipotecario, por ejemplo), o incluso las primas de seguros “voluntarios” (fallecimiento, incapacidad u otros).

Cuando se pacta entre cliente y entidad la concesión de un préstamo y el plazo de financiación, se fija necesariamente un día para que dicho abono se haga efectivo. El problema se plantea cuando llega el reseñado día y el consumidor no dispone de capital suficiente para abonar su cuota y así cumplir con su obligación económica. En este momento nacen o se devengan los tan cuestionados intereses moratorios.

Éstos, en préstamos al consumo o hipotecarios, se pactan de forma conjunta al resto de elementos que configuran la relación entre entidad-cliente, formando parte del clausulado general y/o específico y activándose, únicamente, ante supuestos de mora del deudor. Probablemente conozca de su existencia e incluso, puede que haya sido víctima de los mismos en algún momento, sin embargo, la realidad demuestra que a pesar de su importancia, en fase de negociación previa a la contratación, no se les da la el valor que merecen, llegando el consumidor en ocasiones a encontrarse con reclamaciones desproporcionadas por un retraso en el pago de su cuota, incluso de días.

¿Son los intereses de mora abusivos?

Obviamente no. La entidad bancaria o financiera está legitimada para reclamarlos siempre que el deudor incurra en mora, es decir, siempre que el abono de la cuota pactada se realice con posterioridad a la fecha acordada entre las partes. Sin embargo, para que estos intereses no lleguen a calificarse de abusivos deberán reclamarse conforme a unos márgenes específicos. Veámoslo a continuación:

1º Intereses moratorios en préstamos al consumo

La jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia entiende que este tipo de cláusula puede considerarse abusiva si existiera un desequilibrio entre las partes, es decir, debemos atender a la desproporción entre la indemnización por mora y el quebranto patrimonial sufrido por el profesional (entidad bancaria o financiera), y ello a fin de entrar a valorar la posible abusividad.

El devengo de este tipo de interés responde a una conducta del deudor jurídicamente censurable, impago (puntual) de cuotas, y por tanto sirve para reparar el daño producido y para estimular el obligado cumplimiento. Sin embargo, admitir este tipo de penalizaciones no implica, en modo alguno, aceptar la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta.

El interés de mora puede considerarse abusivo si existiera un desequilibrio entre las partes Clic para tuitear

En España, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados miembros de la Unión Europea, no existe una limitación legal a los intereses moratorios en préstamos personales concertados por consumidores. Tal circunstancia ha obligado a los tribunales a aplicar una regla precisa que permita valorar el carácter abusivo o no de dicha cláusula, en este sentido, el Tribunal Supremo ha determinado como idóneo un interés moratorio que no supere en 2 puntos el interés remuneratorio pactado en contrato. La adición de ese recargo cumple, a todas luces, la finalidad de este tipo de cláusulas (indemnizar por el retraso), y a su vez, resulta proporcionada para el consumidor que ha incurrido en mora.

Ejemplo

Contrato de préstamo para la adquisición de un vehículo

  • Precio de la compraventa: 20.000€
  • Intereses por aplazamiento: 7,00%
  • Interés de demora: 9,00%, conforme al criterio establecido por el Tribunal Supremo

2º Intereses moratorios en préstamos hipotecarios

La Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, modificó el artículo 114 de la Ley Hipotecaria e introdujo una limitación a los intereses de demora al prescribir que “no podrán ser superiores a 3 veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago”.

Esta regla legal fijaba un tope que se aplicaría a todos los contratos hipotecarios, incluyendo aquellos celebrados con anterioridad. Las hipotecas con tipos moratorios del 20%, 25% eran historia. Las entidades bancarias se vieron obligadas a adaptar sus condiciones a la normativa reguladora. Pero la cosa no acaba aquí, una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre intereses moratorios en préstamos hipotecarios, tras recordar los criterios comentados en párrafos anteriores, establece que ese límite cuantitativo fijado por el artículo 114 de la Ley Hipotecaria no puede convertirse en la única referencia, puesto que resulta necesario tomar como referencia otros criterios para decidir sobre la abusividad de la cláusula.

La consecuencia de lo anterior es que, al margen de la finalidad conseguida al introducir el límite del interés de demora en el artículo 114 de la Ley, ese tope no garantiza, a priori, el control de abusividad, pues puede ocurrir que el tipo de interés pactado sea inferior a este límite y aun así se considere abusivo.

Con esa decisión, se extiende a los préstamos hipotecarios la doctrina jurisprudencial fijada para los préstamos personales (de la que hablamos anteriormente), no pudiendo superar el interés de demora en préstamos hipotecarios en dos puntos al límite máximo del interés remuneratorio pactado.

A nuestro juicio, puede que dicha decisión no sea del todo acertada para futuros prestatarios, pues dicho criterio dependerá en primera instancia de la voluntad del prestamista, que es quien fija los intereses remuneratorios que posteriormente determinarán los intereses moratorios.

Quizás la perspicacia de las entidades crediticias se materialice en elevar los intereses remuneratorios a fin de poder cobrar más interés de demora en su día, cosa que no hubiera ocurrido si se tomara como referencia el tipo de interés legal del dinero, aumentado en un múltiplo concreto o mediante la adición de un porcentaje determinado.

Reflexión que no va más allá de una opinión personal, pues los criterios son los que son, están fijados y son los que se aplican, desde ese entonces, para determinar la abusividad de este tipo de cláusulas.