Banco Popular. Más de Trescientos Mil Accionistas Perjudicados

Tras varios meses de incertidumbre, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) informó que la comisión rectora había procedido a la venta de Banco Popular a Banco Santander por un precio simbólico tras ser declarado inviable por el Banco Central Europeo, solución que trae consigo graves perjuicios para los más de 300.000 accionistas que, víctimas de la imagen fiel de la entidad, han sufrido pérdidas del 100% de lo invertido.

A través de este Post y a la vista de la dramática situación que muchos inversores viven estos días, pretendemos arrojar un poco de luz a una de las cuestiones más planteadas a lo largo de este mes, ¿podré recuperar lo invertido?

Pérdida histórica

La entidad defendió su solvencia hasta el final, y ello a pesar de que presentara una pérdida histórica de 3.485 millones en 2016 y de 137 millones en el primer trimestre de 2017.

Banco Popular Evolución | Melián Abogados

Fuente gráfico: www.porcentual.es

Según comunicado emitido por el Banco Central Europeo el pasado 7 de junio “el deterioro de su liquidez en los últimos días le llevaría en un futuro a no poder pagar sus deudas”, hecho que justifica la declaración de inviable y la adopción de medidas necesarias para interés público.

Antecedentes

Si echamos una mirada al pasado, nos encontramos con antecedentes no idénticos pero similares, el Caso Bankia, supuesto en el que el Tribunal Supremo se pronunció declarando que el pequeño inversor tenía derecho a recuperar las cantidades invertidas en la compra de acciones más los intereses legales.

El pequeño inversor tiene derecho a recuperar las cantidades invertidas en la compra de acciones Clic para tuitear

Esta decisión se adoptó a la vista de la información de solvencia y beneficios que proyectó la entidad en el folleto informativo, al entender que ésta había vulnerado lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores (LMV). Los inversores, en este supuesto, prestaron un consentimiento por error, Bankia había incumplido claramente sus deberes legales y proporcionó información deficiente e incompleta con un único objetivo, la suscripción en masa de acciones influenciados por la creencia errónea de solvencia.

Folleto informativo del Banco Popular

Pues bien, la falsedad de las cuentas anuales incluidas en el folleto informativo del Banco Popular para la ampliación de capital de 25 de mayo de 2016 nos hace recordar necesariamente el caso anterior. Entendemos que resulta especialmente relevante la información contable proporcionada por la entidad en la fase previa a la inversión, pues ésta incide directamente en la decisión final del cliente. Tener conocimiento de la situación económica de la entidad es, sin duda, fundamental para decidir si invertir o no, por lo que el hecho de crear una apariencia que no refleja la imagen fiel de la entidad resulta, a nuestro juicio, la base de cualquier reclamación.

Tener conocimiento de la situación económica de la entidad es fundamental para decidir Clic para tuitear

Acciones orientas a la recuperación de cantidades

Atendiendo a la espeluznante situación que ha generado “la quiebra” del Banco Popular, donde nos encontrarnos con pérdidas del 100% de lo invertido y títulos sin valor adquiridos a la vista de la solvencia proyectada por la entidad, centramos nuestro interés en tranquilizar a los accionistas del Banco Popular, recalcando que nuestro Derecho ofrece la posibilidad de emprender acciones judiciales que tengan como finalidad la recuperación de las cantidades por los perjudicados. Acciones que deberán estudiarse caso por caso pero que tendrán un fin común, la recuperación de lo invertido más el interés legal del dinero desde el momento de suscripción y las costas procesales.

Si compró acciones en la ampliación de 2016 o después, continúe atento a nuestro Blog. En Melián Abogados estamos estudiando todas las vías de recuperación posibles para accionistas que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016. Les mantendremos informados de los avances en la materia.

En Melián Abogados estamos estudiando las vías de recuperación para los accionistas Clic para tuitear

Régimen de Visitas Con Progenitor No Custodio En El Extranjero

Es evidente que cuando los padres residen en países diferentes, o aun residiendo ambos en España, lo hacen a considerable distancia, no se puede establecer a favor del progenitor no custodio el mismo régimen de visitas que para los que no tienen ese problema.

Aprovechando una reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de mayo de 2017, en la cual analiza este supuesto, vamos a intentar aclarar que criterio se deben seguir para fijar un régimen de visitas en estos casos.

Criterio para el régimen de visitas

Lo primero que hay que tener en cuenta, no sólo en cuanto a la fijación de este régimen de visitas, sino en lo referente a cualquier decisión que afecte al menor, es el del interés superior del menor, aunque nunca dejado de lado el interés de los padres, pero siempre en un grado inferior.

Tribunal Supremo

Nuestro Tribunal Supremo en la referida sentencia dice que:

“No existe una previsión legal acerca de cómo debe organizarse el sistema de visitas ni con carácter general ni, en particular, cuando los progenitores residen en lugares alejados o incluso, como sucede en el caso, en países que se encuentran en distintos continentes. Como ha advertido esta sala, cuando no exista un acuerdo entre los progenitores que sea beneficioso para el menor, para los supuestos que supongan un desplazamiento de larga distancia, es preciso ponderar las circunstancias concurrentes con el fin de adoptar las medidas singulares más adecuadas en interés del menor”

Cuando no hay acuerdo entre los progenitores

El juez es el que ha de establecer cuándo, cómo y dónde se ejercita el derecho de visitas. Clic para tuitear

No habiendo acuerdo de los progenitores, es el juez el que ha de fijar en su sentencia cuándo, cómo y dónde se ejercita el derecho de visitas, para ello dice el Tribunal Supremo es necesario, en el caso del que hablamos:

“concretar la frecuencia de las visitas y su duración, quién se desplaza y quién asume el gasto del desplazamiento para adaptar el régimen a las circunstancias que concurran: la edad del menor, la distancia, las molestias y condiciones del viaje, las circunstancias personales, familiares y profesionales de los progenitores, su disponibilidad horaria y personal para viajar, sus recursos económicos, etc. En función de esas circunstancias hay que establecer si, para compensar la dificultad que supone la distancia para las visitas más frecuentes es posible ampliar las visitas de los periodos vacacionales, si debe trasladarse el menor -solo o acompañado- o si, por el contrario, debe trasladarse uno de los progenitores, y cuál, para recogerlo.”

Relación del menor

Cualquier régimen de visitas que entorpezca la relación del menor con su progenitor es contrario al interés del primero. Está claro que el mayor obstáculo para que el menor se relacione con su progenitor es el gasto que supone el desplazamiento, nuestro Tribunal Supremo dice que ha de:

“decidirse en cada caso atendiendo al interés del menor y a un reparto equitativo de las cargas económicas y personales de dedicación al traslado”

El mayor obstáculo para la relación menor y progenitor es el gasto de desplazamiento. Clic para tuitear

lo que lleva a que:

“la solución que se adopte en cada caso tiene que ser la ajustada a las circunstancias concretas. No resulta posible adoptar de manera rígida un único sistema de frecuencia, duración, ni de traslado y contribución a sus gastos.”

Régimen Económico del Matrimonio. Materia Desconocida para Muchas Parejas

Nos hemos acostumbrado a escuchar en las bodas civiles cómo el oficiante procede a dar lectura de varios artículos del código civil, concretamente los artículos del 66 al 68. Los mismos hablan de que los cónyuges son iguales en derechos y deberes, que deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia, y que los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.

Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo.

Régimen económico del matrimonio

Sin embargo, nada se dice de algunas otras consecuencias del matrimonio, entre éstas se encuentran las relaciones económicas que se darán entre los cónyuges y los terceros, que se verán sometidas a una serie de normas jurídicas a las se denomina régimen económico matrimonial.

Muchísimas personas no saben que las relaciones económicas de su matrimonio se rigen por ese conjunto de normas, entre otras cosas porque nadie se lo explicó antes de casarse, y realmente se enteran, en muchos casos, cuando se divorcian.

Los cónyuges deberán compartir las tareas domésticas y el cuidado de las personas a su cargo Clic para tuitear

En el derecho común, la no elección del régimen que regirá las relaciones económicas del matrimonio dará lugar a que se aplique el régimen de la sociedad de gananciales, en algunas comunidades autónomas con normas propias, se aplica por defecto el régimen de separación de bienes.

Tipos de regímenes económicos

En nuestro derecho hay tres regímenes posibles:

Régimen de PARTICIPACIÓN

De muy rara aplicación, en éste a cada cónyuge le corresponde la administración, el disfrute y la libre disposición de los bienes que le pertenecían en el momento de contraer matrimonio, así como los adquiridos por él después por cualquier título, pero la singularidad viene dada porque cada uno de los cónyuges adquiere el derecho a participar en las ganancias obtenidas por el otro.

Régimen de SEPARACIÓN DE BIENES

En este caso pertenece a cada cónyuge los bienes que tenía en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por cualquier título, y a cada uno le corresponderá la administración, goce y libre disposición de tales bienes, la diferencia con el anterior es que no hay derecho del otro cónyuge a participar en las ganancias del otro.

Régimen de SOCIEDAD DE GANANCIALES

Éste es el más común porque, como ya hemos dicho, se aplica por defecto, y mediante él se hacen comunes para ambos cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos, los bienes que adquieran durante el matrimonio serán comunes, salvo que se hayan adquirido con dinero privativo o procedente de la venta de bienes privativos, siendo privativos los bienes que tenían cada cónyuge antes contraer matrimonio y los adquiridos a título gratuito, donación herencia. En este régimen, salvo que pacte otra cosa por los cónyuges en escritura pública, la gestión y disposiciones de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges.

Si los cónyuges no desean que se aplique el régimen económico que rige por defecto, el de gananciales, lo que deben hacer es otorgar capitulaciones matrimoniales, para ello es necesario acudir a un Notario, y formalizar una escritura pública en la que se manifestará el régimen económico que se elige, si es antes de contraer matrimonio bastara con ello, si es después, habrá además que disolver y liquidar el régimen que hubiera regido hasta entonces.

Muchas parejas desconocen que al matrimonio se le aplica un régimen económico por defecto Clic para tuitear

Desconocimiento

Como hemos dicho al principio de este artículo, muchas parejas no saben nada de que al matrimonio se le aplica un régimen económico hasta que llega el momento del divorcio. Y llegado ese momento, o cualquier otro por el cual se disuelva la sociedad de gananciales, los bienes y el dinero que hubiera, siempre que no sean privativos como ya hemos explicado más arriba, se repartirán por mitades iguales a cada cónyuge, independientemente de cuál de ellos hubiera aportado más dinero.

Y con las deudas igual, cada cónyuge deberá asumir la mitad. Eso no ocurrirá en el caso de que el régimen sea el de separación, pues cada cónyuge continuará siendo titular de los bienes que haya adquirido y de las deudas que haya contraído.

Accidentes de Tráfico. La Póliza de Seguro Obligatorio

Contar con información adecuada cuando nos enfrentamos a las duras consecuencias de un accidente de circulación es fundamental para que nuestra actuación sea efectiva y en consecuencia, logremos obtener la reparación del daño o daños causados por terceros. Por ese motivo, a lo largo de distintos artículos, el presente y posteriores, desarrollaremos una breve guía práctica de solución de conflictos en accidentes de circulación.

Nuestro interés, es que esa recopilación de preguntas frecuentes sirva como herramienta consultiva para todos nuestros seguidores, de manera que cualquier persona pueda solventar las cuestiones que a nuestro juicio resultan más relevantes de forma rápida y eficaz.

Seguro de responsabilidad civil

En primer lugar y a modo de introducción, subrayar la importancia de tener contratado un seguro de responsabilidad civil y que éste se encuentre en vigor. Su suscripción es obligatoria para todo propietario, se haga o no uso del vehículo, y siempre que no se haya comunicado al Registro de la Dirección General de Tráfico nuestra intención de retirar el vehículo de la circulación. Nuestro seguro nos dará cobertura ante un posible siniestro, además de ahorrarnos disgustos por el mero hecho de circular incumpliendo la normativa reguladora.

A la vista de su importancia, comenzamos esta guía práctica hablando de ella. A lo largo de este artículo introductorio intentaremos resolver las dudas más frecuentes sobre la PÓLIZA DE SEGURO:

La suscripción de un seguro de responsabilidad civil es obligatoria. Clic para tuitear

¿Qué cubre nuestro seguro obligatorio (a terceros básico)?

El seguro obligatorio (SOA) cubre la responsabilidad civil del conductor frente a terceros, pero no los daños personales ni materiales que el conductor o su coche sufran si éste es culpable del accidente. Por ello, aunque no es obligatorio, muchos conductores optan por contratar un seguro específico que les cubra ante un supuesto accidente. Sin embargo, este hecho no implica que la cobertura básica no se extienda a otros ocupantes del vehículo, los cuales serán considerados “terceros” (cobertura de ocupantes) y por tanto, estarán cubiertos por la póliza.

¿Qué entendemos por cobertura de daños propios?

La cobertura de daños propios se reserva exclusivamente para los seguros a Todo Riesgo y se extiende a los daños sufridos en el vehículo asegurado.

En artículos posteriores trataremos una de las cuestiones más polémicas que surgen en siniestros con pólizas que incluyen este tipo de cobertura. Me refiero al supuesto típico de un siniestro con importantes daños materiales, ¿Debemos conformarnos con el valor venal del vehículo o podremos exigir la reparación de éste aunque el coste fuera superior? Hablaremos de ello más adelante, pues es un tema merecedor de un apartado independiente. 

Tercero, conductor no reseñado en la póliza de seguro

¿Cubre el seguro la responsabilidad civil que nazca como consecuencia de un accidente cometido por persona distinta al tomador/conductor habitual del seguro? Especial referencia al supuesto de menores de 26 años.

Puede ocurrir que el vehículo asegurado se conduzca por un tercero no reseñado en la póliza, ni como tomador ni como conductor habitual. Pensemos en el típico caso de una familia con hijos mayores de edad que obtienen recientemente su permiso de conducir y utilizan el vehículo de sus padres, ¿estamos obligados contratar un seguro donde se incluya a éstos como conductores habituales u ocasionales?

Jurisprudencia

El Tribunal Supremo resuelve esta polémica cuestión en Sentencia de fecha 20 de noviembre de 2014. En este caso concreto, la póliza de seguro contenía una cláusula que excluía de la cobertura a los conductores menores de 26 años que no aparecieran expresamente declarados, motivo por el cual, la compañía aseguradora insta demanda de reclamación contra el tomador de la póliza en la que reclama la cantidad satisfecha por ésta como consecuencia de un siniestro (un total de 17.787,72€).

Hasta la fecha, era usual que la compañía aseguradora ejerciera su derecho de repetición contra el tomador del seguro reclamando las cantidades abonadas a raíz del accidente, sin embargo esta cuestión se esclarece tras el pronunciamiento del Alto Tribunal.

La Sala, aborda el tema referido manifestando que:

“Pues bien, como consecuencia, el artículo 10 en su apartado c), autoriza la repetición contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y, conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducción del vehículo por quien carezca del permiso de conducir. Es decir que, legalmente, se limita la posibilidad de pacto sobre repetición al supuesto de conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir, de modo que fuera de tal caso sólo cabe la repetición en los supuestos previstos por la ley, no alcanzando los supuestos legalmente previstos al caso de conducción por persona no autorizada según el contrato que sea menor de veintiséis años, como aquí sucede.”

Esta sentencia supone que, las compañías no podrán reclamar al tomador de la póliza las cantidades satisfechas cuando el conductor responsable del accidente sea un menor de 26 años, o cuando éste tenga un permiso de circulación con antigüedad inferior a 2 años.

¿Cuáles son las consecuencias de circular sin póliza de seguro en vigor?

Conducir un vehículo a motor sin seguro no es delito pero si puede acarrear una importante sanción administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del RD Legislativo 8/2004:

a) La prohibición de circulación por territorio nacional de los vehículos no asegurados.
b) El depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el seguro.

Se acordará cautelarmente el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo por el tiempo de un mes, que en caso de reincidencia será de tres meses y en el supuesto de quebrantamiento del depósito o precinto será de un año, y deberá demostrarse, para levantar dicho depósito o precinto, que se dispone del seguro correspondiente. Los gastos que se originen como consecuencia del depósito o precinto del vehículo serán por cuenta del propietario, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo.

c) Una sanción pecuniaria de 601 a 3.005 euros de multa, graduada según que el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duración de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción.

Conducir un vehículo sin seguro no es delito pero si puede acarrear una importante sanción. Clic para tuitear

¿Incluyen las pólizas de seguro de vehículos a motor una cobertura jurídica?

Esta cobertura suele ofrecerse por la mayoría de aseguradoras. Gracias a ella, los firmantes de la póliza se aseguran asistencia jurídica a cargo de la compañía tras un accidente de tráfico. Ésta permite al asegurador elegir abogado para que defienda y represente sus intereses. No obstante, para conocer los términos de la cobertura debemos atender a las condiciones particulares de la póliza, pues es una cuestión que puede variar notablemente entre compañías.

Sabemos que las compañías ofrecen directamente ese servicio a través de sus Departamentos Jurídicos, pero no nos cansaremos de recomendar hacer uso de la cobertura siempre que desee que un profesional actúe en su beneficio y con total independencia.

Latigazo Cervical en Accidentes de Tráfico ¿Fraude o Realidad?

Con el latigazo cervical la cosa se complica. El “gran zasca” de las faltas en el ámbito de los accidentes de tráfico genera desde la modificación del Código Penal, en julio de 2015, un grave perjuicio para las víctimas de accidente de tráfico. La reforma del reseñado texto normativo suprime la imprudencia leve como criterio de imputación, hecho que provoca que la reclamación de este tipo de lesiones sea necesariamente por la vía civil, como única opción.

La tramitación penal de este tipo de sucesos reducía considerablemente los costes judiciales para el cliente. Las indemnizaciones por daños personales se negociaban en la gran mayoría de ocasiones con las aseguradoras antes incluso de la celebración de juicio, sin embargo, ahora la cosa cambia considerablemente. A mi juicio, la reforma normativa allana notablemente el terreno a las compañías aseguradoras permitiendo una desestimación, sin discreción, de las reclamaciones amistosas instadas, obviamente en perjuicio de la víctima.

Las lesiones por imprudencia leve en accidentes de tráfico, ahora se reclaman vía civil. Clic para tuitear

Muchos de ustedes, sea en primera o tercera persona, conocerán la coletilla básica empleada por estas compañías reinas del escaqueo. La inexistencia de nexo causal entre el accidente y los daños sufridos, generalmente por tratarse de colisiones a baja velocidad, se convierte en el día a día de los profesionales que accedemos a este tipo de expedientes.

¿Qué opinan las partes acerca de las lesiones del latigazo cervical?

¿Puede la aseguradora ampararse en ese aspecto para desestimar la reclamación? ¿guarda relación la velocidad del impacto con los daños? y por último, los Tribunales de Justicia… ¿Qué opinan al respecto?

Nos encontramos ante una discusión abierta objeto de debate continuo. Las compañías aseguradoras lo tratan de fraude, sin embargo, la postura es opuesta desde el momento en el que le preguntamos a las víctimas del accidente, tanto éstas como los peritos médicos aseguran que sufrir una lesión de este tipo genera molestias que sin un adecuado tratamiento rehabilitador pueden cronificarse. Que discrepancia.

No se crean que se trata de una cuestión sencilla, obviamente habrá que estar a las circunstancias concretas del caso para valorar si se trata de un auténtico “cuponazo cervical” o de una realidad patente. No obstante, si es cierto que el incremento de los costes judiciales para reclamar indemnizaciones por este tipo de daños ha generado que muchos afectados dejen las cosas como están y no se animen a continuar por vía judicial.

Persigo dos propósitos con este artículo:

Aclarar que una colisión a baja velocidad, o bien, un choque con escasos daños materiales, puede provocar sin género de duda la reseñada lesión, siendo por tanto dicha justificación de las aseguradoras errada, discutible y acreditable.

Recordar que la gran mayoría de seguros de automóvil incluyen una cobertura de defensa jurídica que cubre, hasta un límite, los gastos judiciales que se deriven del procedimiento, incluyendo gastos de perito. De ahí la importancia de prestar atención a este requisito en el momento de negociación previa a la contratación.

La gran mayoría de seguros de automóvil incluyen una cobertura de defensa jurídica. Clic para tuitear

Latigazo cervical: Jurisprudencia

El estado de preparación del sujeto en el momento de recibir el golpe, la edad, el estado físico, entre otros factores, tienen influencia directa en este tipo de lesiones y así lo ha venido reconociendo la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia. Ni siquiera el importe de la reparación del vehículo es un elemento relevante para determinar la existencia o no de una lesión, pues en este tipo de accidentes la violencia del impacto se transfiere y repercute en mayor medida sobre la estructura corpórea del viajero, de ahí el potencial lesivo de las colisiones a baja velocidad.

¿Fraude por parte de las víctimas o bien, ahorro significativo de costes para la aseguradora bajo argumentos discutibles? Valoren ustedes. En cualquier caso, si ha sido víctima de un accidente y sufre este tipo de lesión, no de todo por perdido y consulte abogado de confianza.

Imágenes de Adultos. Publicación en los Medios de Comunicación

Una de las grandes transformaciones que ha traído consigo la popularización del uso de las nuevas tecnologías y la digitalización de contenidos, es la de poner al alcance de la mayor parte de los ciudadanos la posibilidad de crear sus propios contenidos y comunicarlos de forma multicanal a través de las redes sociales: canales de Youtube, Whatsapp, Telegram, etc., independientemente de que esa comunicación se haga a través del teléfono o de Internet.

Por esa razón es necesario tener, al menos, unos conocimientos básicos del uso de la imagen de las personas a través de los medios y poder contestar a la pregunta ¿puedo publicar la imagen de esa persona?

Imágenes de adultos con notoriedad pública

Veamos el caso de la imagen de las personas adultas. En este caso, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la persona que aparece como protagonista en la imagen tiene notoriedad pública o no.

Notoriedad pública y en ámbito público

Es decir, si es famoso, o se trata de un político, o es un funcionario en el ejercicio de sus funciones… En ese supuesto, si la imagen está tomada en el ámbito público, es decir, en la calle o un lugar público principalmente, no hay problema en publicarla.

En este punto, hay que hacer referencia a la Ley orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana, conocida comúnmente como Ley Mordaza, que establece como infracción grave el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación.

Notoriedad pública y en ámbito privado

Si la imagen de esa persona con notoriedad pública está tomada en el ámbito privado, no se puede publicar salvo que tengamos autorización expresa.

Es infracción grave el uso no autorizado de imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Clic para tuitear

Imágenes de adultos sin notoriedad pública

¿Pero qué ocurre si esa persona no tiene notoriedad pública?

En ese caso, si está tomada en un lugar público, se puede publicar la imagen de esa persona o grupo de personas siempre y cuando su imagen aparezca de forma casual o accesoria a la información principal y con motivo de un suceso o acaecimiento público.

Si la imagen está ligada a personas, lugares, noticias u otro tipo de circunstancias que tengan connotaciones negativas, entonces, la publicación de la imágenes deberá hacerse con técnicas de distorsión de imágenes para que no se les reconozca.

Testamento Digital. Gestión del Patrimonio Digital del Fallecido

La semana pasada fui amablemente invitada a intervenir en el programa de la Radio Autonómica de Canarias “Buenos Días Canarias”, por el periodista Eugenio González (@eugenioglez70). Comentamos acerca del llamado testamento digital entendido como la declaración de las últimas voluntades, de una persona en relación a aquellos bienes y derechos de naturaleza digital que no desaparecen con ocasión de su fallecimiento.

Se suscita la cuestión del destino de toda esa vida en Internet, cuentas de correo electrónico, cuenta de Facebook, de Instagram, blogs, canales de YouTube, etc. en general de cualquier red social, pero por otra parte son medios y soportes de contenidos como fotografías, textos, audios, grabaciones de vídeo, creaciones e todo tipo, etc. o Bitcoin –dinero internet–.

Cuál será el destino de todo nuestro patrimonio digital después de que ya no estemos? Clic para tuitear

El titular de ese patrimonio ha de decidir qué hacer con esos bienes, qué destino darles y quien ha de ostentar los derechos o facultades de disposición en torno a ello, sobre todo para evitar a sus familiares las complicaciones, costes y burocracia que de una situación así se van a generar.

Asimismo, las instrucciones, indicaciones del titular de esos bienes y derechos en relación al destino que ha de dársele.

El testamento ya está regulado en nuestro sistema jurídico, tiene unos requisitos para su validez y de lo que se trataría es de incorporar en esas disposiciones testamentarias las disposiciones no ya sobre los bienes que habitualmente todos pensamos en disponer, sino incluir también esos bienes y derechos, disponiendo cómo gestionarlos y que destino tendrán, sin olvidar la vertiente de su cuantificación económica en el activo de la masa hereditaria. 

El llamado testamento digital no existe como tal sino que se incorpora al testamento ya regulado. Clic para tuitear

Y es que llegados a este punto habrá aspectos que tengan un valor sentimental y otros que puedan además tener un valor económico relevante, podemos estar hablando de personas que tengan patrimonio en el sentido económico y que trascienda para el futuro: blogs/canales de YouTube de amplio seguimiento, músicos, fotógrafos, escritores, creativos, diseñadores, ingenieros, artistas, pensadores, etc.

En las disposiciones testamentarias se pueden designar herederos y/o legatarios de ese patrimonio, que adquieran la titularidad del mismo, aunque también cabe la figura del Albacea en cuanto a ejecutar las voluntades que deje el testador establecidas al respecto, por ejemplo, para el cierre de todas sus cuentas en Internet, ejercer el derecho al olvido, etc., para lo cual tendrá un plazo establecido.

Intervención en el programa “Buenos Días Canarias” de la Radio Autonómica de Canarias:

Servicio de Atención al Cliente de Telefonía, Cobro de Gestiones

Sorprendida me quedé con la noticia que leí hace unos días, tanto que no pude evitar dedicarle unas líneas a fin de realizar un análisis de la misma desde una perspectiva legal. Una de las compañías puntales de telecomunicaciones en España comunicaba que en cuestión de días comenzaría a cobrar 2,5 euros (impuestos incluidos) a todos sus clientes por cada gestión realizada a través del Servicio de Atención al Cliente.

Principales consultas del servicio de atención al cliente

Conocer el periodo de permanencia, solicitar un duplicado de la factura mensual o incluso, realizar un cambio de cuenta bancaria o dirección de facturación ya no sería gratuito y se facturaría. La compañía justifica esa nueva política de cobro en un intento de “fomentar los canales alternativos” como internet o su propia aplicación móvil, obligando a todos sus clientes a utilizar estos medios si no quieren pagar el coste del servicio. ¡Mira tú por dónde!

Algunas compañías pretender cobrar por las gestiones del servicio de atención al cliente Clic para tuitear

Derechos del usuario

Un minuto, de reloj, para abrir el texto legal que regula los derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, concretamente me refiero al Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo. Esta normativa viene a desarrollar a su vez el artículo 38 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, y dispone en su artículo 26.2 lo siguiente:

“El servicio de atención al cliente del operador, de carácter gratuito, deberá prestarse de manera tal que el usuario final tenga constancia de las reclamaciones, quejas y, en general, de todas las gestiones con incidencia contractual que realice el abonado”

Parece que la decisión adoptada por la operadora omite las consideraciones previstas tanto en la normativa específica como en la de protección de consumidores y usuarios de la que tanto hablamos últimamente. El Real Decreto 1/2007 dispone en su artículo 21 que:

“si tales servicios de información o atención al cliente utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones, deberán garantizar una atención personal directa más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otro medios técnicos a su alcance”.

¿Y ahora qué?

La compañía decide aplicar la tarifa, comienza a “hacer caja” y mientras tanto los abonados tendrán que esperar a que la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid resuelva la denuncia interpuesta por dos asociaciones de consumidores distintas. Nuestro consejo, reclamar.

Son dos los puntos fundamentales que permiten fundamentar nuestra reclamación como abonado: La obligación de prestar una atención personal directa y el ofrecimiento del servicio con carácter gratuito.

Cobrar por las gestiones del servicio de atención podría ser motivo de resolución del contrato. Clic para tuitear

Opinión

A nuestro juicio la medida adoptada por la compañía es abusiva y no se ajusta a las prescripciones legales expuestas. Además, resulta claramente discriminatoria para personas de avanzada edad o con cierta discapacidad. Entendemos que dicha reclamación se encuentra amparada legalmente y resulta viable exigir la devolución de las cantidades facturadas por la compañía telefónica, debiendo abstenerse ésta de efectuar nuevos cargos por gestión de servicios en un futuro. Incluso podríamos hablar de un motivo de resolución del contrato sin penalización, lo que permitiría al consumidor optar a un cambio de compañía.

Serventía, Diferencias con la Servidumbre de Paso

La serventía es una institución consuetudinaria (habitual) vigente en las Islas Canarias y el algunos otros territorios, de tal forma que está reconocida en el derecho civil de Galicia y en el derecho foral Navarro, y que viene definida por la Real Academia como “camino que pasa por terrenos de propiedad particular, y que utilizan los habitantes de otras fincas para comunicarse con los públicos”.

Valor jurídico de la serventía

Institución distinta de la servidumbre propiamente dicha, dotada de un valor jurídico del que carece la serventía, que sólo se refiere a camino privado, sin requerir la existencia de un predio dominante y sirviente, consustanciales a la servidumbre y que al hallarse constituida sobre terrenos de la propiedad particular de cada uno de los colindantes, éstos tienen el derecho de usar, disfrutar y poseer en común, a los efectos de paso, sin que sea concebible el derecho individual a pedir su extinción.

La serventía carece de valor jurídico, sólo se refiere a camino privado. Clic para tuitear

Lo público y lo privado

Las sentencias del Tribunal Supremo de 10 junio de 1985 y 14 mayo de 1993, y la 22 julio de 1994 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, diferencian entre servidumbre y serventía y dejan claro que nada tiene que ver esta última con un camino público, pues más bien lo excluye. De ellas se desprende que la serventía es un camino que pasa por terrenos de propiedad particular y que utilizan los habitantes de otras fincas para comunicarse con los públicos. La serventía sólo se refiere a camino privado al servicio común de los propietarios colindantes, sin requerir la existencia de un predio dominante y otro sirviente, consustanciales a la servidumbre, y que al hallarse constituida sobre terrenos de la propiedad particular de cada uno de los colindantes, éstos tienen el derecho de usar, disfrutar y poseer en común, a los efectos de paso, sin que sea concebible el derecho individual a pedir su extinción.

Coincidencias

La servidumbre de paso y la serventía coinciden en que ambas proporcionan a sus titulares el paso hacia sus propiedades, discurriendo por otras que no les pertenecen, pero así como la servidumbre ocupa un terreno perteneciente en propiedad exclusiva al dueño de la finca sobre la que discurre, que resulta de esa manera gravada con ese derecho real, el terreno ocupado por la serventía no tiene esa vinculación exclusiva con la finca o fincas que le sean colindantes, por uno o por ambos lados, como parte de las mismas, sino que pertenece en común a todos los usuarios del paso, de forma indivisible y no modificable por voluntad de uno solo de ellos, comunidad cuyo origen se asienta en la cesión por todos aquéllos de los terrenos afectados o en las compensaciones que convengan, y esta situación no parece que pueda subsumirse en el supuesto contemplado por el art. 545 del Código Civil, puesto que éste otorga el derecho a modificar el trazado del paso al dueño del predio sirviente, situación en que, según se ha expresado, no se encuentran los usuarios de una serventía.

La serventía pertenece en común a todos lo usuarios del paso. Clic para tuitear

Hay que tener en cuenta que la serventía es una institución consuetudinaria que se mantiene y se respeta como algo presente y aceptado por los colindantes. Es una institución que se define como presente, no como hecho histórico. Por lo que para acreditar su existencia hay que probar no si existió en un tiempo pasado, sino si existe ahora.

Derechos de Autor en la Industria de la Moda. Problemática Actual

La moda es un sector que abarca un conjunto de actividades de naturaleza muy diversa: transformación de las materias naturales y artificiales, generación de hilos y tejidos, confección de ropa, calzado y accesorios, joyería, relojes y cosmética, diseño…, todas ellas necesariamente vinculadas a la creatividad y la innovación, lo que convierte al sector en su conjunto en uno de los más dinámicos y crecientes.

Datos económicos

Según los datos contenidos en el Informe “El Sector de la Moda en España: Retos y Desafíos”, impulsado por la Asociación de Creadores de Moda de España, los 27 países de la Unión Europea generan cada año 350.000 millones de dólares al sector (311.951 millones de euros), por encima de países como Estados Unidos o China. En global, el retail de moda factura 1,1 billones de dólares anualmente (0,9 billones de euros).

El sector de la moda en España en 2015 suponía el 2,8% del PIB Clic para tuitear

En España, según un Informe impulsado por modae.es y el CITYC (Centro de Información Textil y de la Confección), el sector de la moda a Diciembre de 2015 había incrementado su peso en nuestra economía representando ya el 2,8% del PIB español, porcentaje nada despreciable en un país volcado a los servicios y poco a la industria. A esas cifras ha de añadirse que representa ya el 4,3% de la tasa de empleo, y su valor añadido de la producción de la moda en España el 27,6% de la cifra de negocio.

Por último, y en relación con la balanza comercial, la industria de la moda representa el 8,4% de las exportaciones y el 8,9 % de las importaciones. No obstante lo anterior y pese a los excelentes datos de 2015, el Indicador del Comercio de Moda ha cerrado 2016 con un descenso del 2,2%, conforme a los datos de la Asociación del Comercio Textil y Complementos (Acotex) y que publicaba el portal de tendencias moda.es.

Derechos de autor y propiedad intelectual

La importancia económica que supone la moda y que hemos expresado en las líneas anteriores se sustenta en el valor creativo e innovador de la moda, en cuya dinámica constantemente cambiante se ven involucrados derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que precisan ser necesariamente protegidos.

Precisamente es el mundo de la moda un excelente escaparate empresarial en el que pueden observarse la tensión entre los requisitos de protección del Derecho de Autor y los de la Propiedad Industrial, especialmente cuando hoy el uso de cámaras, teléfonos móviles, impresoras y escáneres 3D y plataformas comerciales por internet hacen posible fotografiar, reproducir y vender imitaciones en tiempo record. Incluso antes de que una colección se presente.

Por ejemplo, en un futuro inmediato es lógico pensar en un cambio radical en la forma de vender ropa. Ya no hará falta la existencia de multitud de prendas de distintas tallas. Las tallas desaparecerán, porque la ropa se venderá a medida. Un escáner corporal tomará las medidas exactas de nuestro cuerpo, que serán enviadas de forma automática al fabricante, que en muy poco tiempo nos hará llegar una pieza de ropa hecha a nuestra medida. Probablemente ni siquiera sea necesario enviar nuestras medidas al fabricante, porque la ropa se podrá imprimir en la impresora 3D de la tienda.

Volviendo a la actualidad y no al inmediato futuro, estas nuevas circunstancias tecnológicas y el fenómeno mismo de la globalización han alimentado un fenómeno que en la industria se ha dado en llamar “moda rápida” en el que los ciclos de creación-producción comercialización se han reducido a la mínima expresión y en el que, por ejemplo, las grandes firmas de venta textil en masa son capaces de captar las tendencias que se reflejan en las pasarelas de los grandes diseñadores de moda y en cierta medida fagocitar la evolución creativa que alimenta su propio negocio. La versión del original inunda el mercado, devalúa la creación original y sobrepasa al creador original y la firma que sustenta su actividad creativa.

Es preciso garantizar el nivel de protección necesario de los diseñadores sobre sus creaciones. Clic para tuitear

Sin las protecciones legales adecuadas, todo ese esfuerzo creativo, como hemos descrito, no acaba precisamente en manos de los creadores. Es preciso garantizar el nivel de protección necesario de los diseñadores sobre sus creaciones.

Normativa

Como probablemente ya has adivinado, el mundo de la moda –en lo que se refiere a los derechos de autor–, resulta ser terreno pantanoso. La Ley 20/2003 de 7 de julio de 2003 sobre Diseño Industrial, en su Disposición Adicional Décima, dice:

“La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”.

Sentencia del Tribunal Supremo

Es ahí, en el cumplimiento de ese requisito de originalidad cuando la cosa empieza a flojear a la hora de proteger el diseño de moda reconociendo a sus creadores Derechos de Autor. Nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 27 se septiembre de 2012, tuvo ocasión de pronunciarse al respecto en los siguientes términos:

“Está expresamente admitida por el Ordenamiento de la Unión Europea la posibilidad de exigir para la tutela del diseño por derecho de autor, además de la novedad y la singularidad, cierto grado de “originalidad”.
Ello supuesto, el reconocimiento del haz de derechos característicos del derecho de autor -además de los referidos a la explotación de la obra, otros morales-, sin necesidad de registro, y durante el largo período de tiempo que fija la normativa de propiedad intelectual. Y alguno sin límite-, no puede proyectarse, sin más, a las formas nuevas -la novedad de creación estética a que se refieren las sentencias 1166/2001, de 4 de diciembre y 778/2010, de 24 de noviembre que aportan un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. Se trata de requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística, de tal forma que a la “novedad” precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad.”