Ley de Transparencia. Derecho de Acceso; Aspectos Prácticos II

Una vez se ha admitido a trámite la solicitud, el órgano competente (en el caso de Ayuntamientos, Cabildos y Diputaciones, el Presidente de la Corporación, salvo que haya delegado esa competencia), deberá examinar si concurre algunos de los límites del derecho de acceso a la información contenidos en los artículos 14, y 15 de la Ley 19/2013. El primero, referido a los límites específicos del derecho de acceso y el segundo, particularmente en relación a la protección de datos personales como límite también del derecho de acceso.

Recordemos que estos límites no sólo son de aplicación en relación al derecho de acceso a la información, sino también son aplicables en relación a la información que se publica en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, en este último caso si los datos contienen información especialmente protegida se publicarán previa disociación (separación) de los mismos (artículo 5.3 Ley 19/2013).

Los datos con información especialmente protegida se publicarán previa disociación de estos. Clic para tuitear

El proceso de aplicación de los límites al derecho de acceso

Conforme al Criterio 2/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que fue realizado conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en el proceso de aplicación de estas normas, lo procedente es realizar su examen de forma inversa. Empezar por la protección de datos del artículo 15 y luego comprobar si concurre alguno de los límites del artículo 14.

Así el proceso de aplicación de estas normas comprende las siguientes etapas o fases sucesivas:

  1. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter personal, es decir, si contiene cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
  2. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente protegidos, esto es:

    DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS:

    a) Si la información contiene datos de carácter personal especialmente protegidos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. En este supuesto, es necesario siempre el consentimiento por escrito del afectado (naturalmente salvo que el afectado hubiera hecho pública esa información previamente).

    b) Si la información contiene datos de carácter personal especialmente protegidos que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley.

  3. Si los datos de carácter personal contenidos en la información no fueran datos especialmente protegidos, valorar si son o no exclusivamente datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad correspondiente. Si lo son con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información. Tendrán tal consideración el nombre, apellidos, dirección, teléfono u otros datos que identifican la posición de una persona dentro de la organización administrativa (así se pone de manifiesto en los criterios conjuntos CTBG y AEPD 1/2015 y 4/2015). Se concederá el acceso siempre y cuando no se vea afectada por alguna de las limitaciones del artículo 14 que veremos más adelante, justificadamente y de forma proporcionada a los intereses en juego. Tampoco procederá la información cuando el acceso a la información afecte a quien esté en situación de protección especial (Criterio 1/2015); por ejemplo, víctimas de violencia de género, testigos protegidos, sujetos a una amenaza terrorista. En este sentido, en mi opinión, es una práctica recomendable dar audiencia a los interesados con la finalidad de evitar perjuicios irreparables en relación a estas situaciones, puesto que por su propia naturaleza no suelen ser conocidas dentro de la organización.
    Son datos de carácter personal: el nombre, apellidos, dirección, teléfono y otros. Clic para tuitear
  4. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el artículo 15 número 3 de la LTAIBG. Conforme al criterio 4/2015 del CTBG, aprobado de forma conjunta con la AEPD, tanto los DNI de los firmantes de un convenio o de un contrato, como su firma manuscrita, tienen la consideración de dato personal no especialmente protegido y no meramente identificativo y que en su publicidad se debe realizar la ponderación del artículo 15, que veremos en el siguiente apartado
  5. Finalmente, una vez realizados los pasos anteriores o en el caso de que no se constate que la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter personal valorar si resultan de aplicación los límites previstos en el artículo 14.

La Ponderación cuando se trate de datos personales

Para la realización de la citada ponderación del artículo 15:

Test del daño

En primer lugar, tal y como señala la comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP) en su resolución de 17 de diciembre de 2015, los límites al derecho de acceso no se pueden invocar de forma genérica, sino que se ha de motivar suficientemente, en relación con el caso concreto que el acceso a la información puede generar un daño efectivo al derecho o interés que representa el límite, en este caso la protección de datos personales.

Los límites al derecho de acceso no se pueden invocar de forma genérica. Clic para tuitear

Principio de Ponderación

En segundo lugar, ha de ponderarse este perjuicio en relación a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique conceder el derecho de acceso. Conforme al artículo 15 Ley 19/2013 de Transparencia Acceso a la Información y Buen Gobierno. En esta ponderación se tomarán particularmente en consideración los siguientes criterios:

  1. El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Este artículo regula la consulta a los documentos constitutivos del patrimonio español. En concreto el apartado c) del citado artículo señala “c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.”
  2. La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
  3. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
  4. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

Principio de proporcionalidad

En tercer lugar, se ha de dar al menos acceso parcial a aquella parte de la información no afectada por el límite del que se trate, en el caso de los datos personales ese acceso parcial se puede articular a través de un proceso de anonimización mediante el cual se oculten o supriman (disociación) los datos personales que puedan constar en la información solicitada, para impedir la identificación de la persona afectada.

Caso de ejemplo

Caso típico en materia de acceso a la información pública y protección de datos es el relativo a la solicitud de información en relación a la licencia concedida a un vecino. En el Dictamen 15-025 de la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) se analizó la solicitud de un vecino que requería del ayuntamiento que le fuera facilitados los planos actuales del interior de la vivienda de otro particular. Exactamente se solicitaba:

  1. Acceso y copia de los expedientes de todas las licencias de obra mayor y menor solicitadas, denegadas y concedidas para la vivienda sita en […]
  2. Plano actual del interior de todas las plantas de la casa […]

Concluye la AVPD que si los planos actuales obran en la tramitación de la licencia de obra, así como el volumen de expedientes solicitados, parece que atendiendo al marco legal establecido el Ayuntamiento debe permitir el acceso al contenido de dichos expedientes administrativos, así como a los planos que obren en la tramitación de la licencia de obras, en la medida en que el control de legalidad autorizada por la ley únicamente permitiría el acceso a los planos de los expedientes administrativos tramitados, es decir, de aquellas obras realizadas. La cesión de los datos contenidos en los expedientes administrativos tramitados con ocasión de la licencia de obras no es contraria al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Los otros Límites (art. 14)

A saber:

  • La seguridad nacional.
  • La defensa.
  • Las relaciones exteriores.
  • La seguridad pública.
  • La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
  • La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
  • Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
  • Los intereses económicos y comerciales.
  • La política económica y monetaria.
  • El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
  • La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
  • La protección del medio ambiente.

La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

Lo anterior implica realizar un doble test consistente en:

  • TEST DEL DAÑO: En primer lugar, se debe valorar el riesgo de perjudicar alguno o algunos de los intereses o bienes jurídicos protegidos por las limitaciones legales.
  • TEST DE LA PONDERACIÓN: En caso de que efectivamente exista ese riesgo ha de ponderarse el mismo en relación con el interés público en otorgar el acceso a la información. Recordemos que en los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante qué parte de la información ha sido omitida. (art.16 de la Ley 19/2013 y el 39 de la Ley 12/2014 de Canarias).

En este punto, quiero hacer referencia a una cuestión que me ha llamado poderosamente la atención: Los artículos que en la Ley nacional y en la Ley Canaria se refieren a los límites, son idénticos salvo en el último párrafo del artículo 14 de la Ley nacional, que en la canaria se obvia por completo:

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.”

No hemos sido capaces de encontrar la disposición gemela en nuestra legislación, aunque tal ausencia pueda quedar salvada por la previsión de la existencia de un registro de solicitudes de acceso en el artículo 11 de la Ley Canaria (Ley 12/2014, de transparencia y Acceso a la Información, de 26 de Diciembre), aún al día de hoy a expensas de su desarrollo reglamentario. Este puede ser un contenido posible del Reglamento orgánico u ordenanza de cualquier entidad local.

Veamos algunos casos ilustrativos de algunos límites.

Alguno de los límites en particular

Del límite que consiste en riesgo de comprometer “la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.”

Tenemos múltiples ejemplos en el caso de órganos que tienen encomendadas labores como la Agencia antifraude de Cataluña (AAC) que es una entidad de Derecho Público que está adscrita al Parlamento de Cataluña y que tiene por finalidad prevenir e investigar posibles casos concretos de uso o destino ilegal de fondos públicos o cualquier otro comportamiento irregular de las personas que trabajan para el sector público. Por ejemplo, en la resolución 51/2015 la persona que había denunciado ante la Agencia determinados hechos en un Ayuntamiento interesó de la Agencia acceder a la respuesta dada por el Ayuntamiento al informe de la Agencia en el expediente y además solicita saber si la oficina ha realizado actuaciones posteriores. La Agencia antifraude en su resolución hace el doble test y resuelve dar la información solicitada. Por el contrario, en la resolución 2/2016 en el que se pedía conocer el estado de tramitación de las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia en relación a una denuncia presentada, así como si se ha podido realizar la comprobación de ciertos datos facilitados. La Agencia, realiza la siguiente ponderación:

En relación al test del daño concluye que no habiendo concluido la investigación, facilitar información en términos más amplios que la mera indicación del estado de tramitación podría comprometer la eficacia de los procedimientos penales o sancionadores administrativos que eventualmente pudieran derivarse dado que aún no se ha llegado a un posicionamiento definitivo sobre la resolución que ponga fin al procedimiento y que permita descartar en el momento que la Agencia realiza el test, descartar o no la relevancia penal o de infracción administrativa de los hechos objeto de examen.

En relación al Test de ponderación. En el supuesto presente concurren dos intereses legítimos: uno viene constituido por el interés del solicitante en acceder a información pública; el otro interés concurrente es el que protege el límite previsto en los artículos 21 .1 b) de la Ley 19/2014 y 14.1 e) de la Ley 19/2013 y que consiste en el riesgo de comprometer la eficacia en la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. La amplitud de los términos con que está formulada la solicitud plantea la problemática que conllevaría avanzar en estos momentos información relativa al contenido de las actuaciones indagatorias, lo que significaría que la Oficina perdería el exclusivo control de informaciones sensibles, no pudiendo garantizar que no se hiciera un uso inadecuado, negligente o que, de cualquier otro modo, no se pudiera perjudicar a la entidad examinada o a concretas personas. Por otra parte, el interés manifestado por la persona solicitante en obtener información puede verse parcialmente satisfecho haciéndola sabedora del estado de tramitación de las actuaciones las cuales, antes de pasar a la fase de investigación fueron objeto de una evaluación previa de verosimilitud de acuerdo con la normativa aplicable. Finalmente, la Agencia acuerda acceder parcialmente a la solicitud dando cuenta del estado de tramitación del expediente en los términos indicados.

Del límite “Los intereses económicos y comerciales”

En su resolución 105/2015 ha tenido ocasión de pronunciarse el CTBG en relación a este límite. Un ciudadano solicita información sobre el coste de los canales de RTVE. En su respuesta a la solicitud de información RTVE, le viene a decir que como la información hay que reelaborarla debería inadmitirla, pero que en cualquier caso debe desestimarla porque en aplicación de este límite “divulgar la información puede perjudicar los intereses comerciales de RTVE ya que se mueve en el mismo mercado que las operadoras privadas y le generaría una desventaja competitiva.

En relación a la causa de inadmisión, en síntesis viene a declarar su improcedencia puesto que la información que se solicita es información que se haya en poder de RTVE y que además debe ser conocida anualmente por quién tiene competencias para ordenar y distribuir su propio presupuesto una vez asignado por el Estado, así como para rendir cuentas.

En relación al límite, concluye que no procede aplicar el límite del que se trata con el siguiente argumento:

Aunque es cierto que RTVE ejerce sus competencias y funciones en un entorno mercantil de amplia competencia con otras televisiones privadas, debe tenerse en cuenta que esta entidad tiene encomendada par su normativa reguladora la gestión del servicio público de radio y televisión (artículo 3 de la Ley 17/2006), ámbito de actuación donde, evidentemente, no tiene competencia. Asimismo o, no se justifica suficientemente cual pueda ser el “evidente perjuicio para el interés general y el servicio público encomendado” cuando en el caso que nos ocupa se trata solamente de indicar a la reclamante cuanto invierte RTVE en cada canal de televisión en un año ( el montante total en euros, sin desglosar las partidas específicas), sin incidir en las causas por las que destine más o menos recursos a un determinado canal en detrimento de los demás o sobre si sería conveniente invertir más recursos a un canal que a otro ni siquiera sus previsiones de inversión futuras. Tampoco se pide dar información sobre las audiencias de cada canal o sobre la rentabilidad económica de tener abierto o no determinados canales ni sobre el contenido de las decisiones de su Consejo de Administración en este asunto.”

Del límite relativo al secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial

Este límite, el relativo a la propiedad intelectual, fue objeto de examen también en la resolución de la Comisión de Garantía del derecho de Acceso a la información Pública de Cataluña en su resolución de 23 de diciembre de 2015. En un procedimiento de selección universitario, un candidato solicitó tener acceso a la documentación presentada por otros aspirantes. Dicha solicitud la fundamentaba en la necesidad de considerar la posibilidad de presentar o no un recurso frente al resultado del proceso selectivo, es decir en su derecho de defensa. La universidad denegó el acceso entre otras cosas en base a la existencia de derechos de propiedad intelectual dado que se trataba de trabajos originales cuya copia no aportarían información útil al posible recurrente y que por el contrario suponía riesgos de apropiación o del mal uso de los mismos y de los que eventualmente sería responsable la Universidad por facilitarlos al solicitante. Con posterioridad admitió la posibilidad de que el interesado accediera al expediente, pero debía examinarlo en una habitación habilitada al efecto en la Universidad bajo la supervisión de un funcionario.

En relación al riesgo de mal uso o apropiación. La comisión viene a concluir que realmente no se trata de un daño efectivo, sino de una posibilidad meramente hipotética. En este punto, refiere la Comisión en su dictamen la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Junio de 2005, que en un caso similar señaló que la mera sospecha sobre la posibilidad de presumir el mal uso o la conducta antijurídica, no es motivo para limitar el derecho a obtener copia de los documentos públicos. Así en relación al test del daño, tal posibilidad carece de virtualidad para actuar como límite de acceso a la información solicitada. A lo sumo, la Comisión admitió la posibilidad de advertir al interesado que la copia que se facilitara era para su uso personal y que no podía reproducirla ni difundirla y que los perjuicios que cause por su uso indebido serán de su entera responsabilidad.

En relación al test de la proporcionalidad o de la ponderación de los intereses en juego, resulta evidente que el interés prevalente es el derecho de defensa en que fundamentó el acceso el solicitante y que además está amparado por su condición de interesado conforme al artículo 35 de la Ley 30/1992 en relación al derecho a obtener copia de los documentos del expediente. También el acceso en este caso sirve al interés general de contribuir a hacer efectivos los principios de transparencia concurrencia, mérito y capacidad en el proceso de acceso al empleo público.

También en relación a este límite, la Comisión de Garantía del derecho de Acceso a la Información Pública ha publicado un dictamen, el 1/2015 muy sustancioso en su contenido.

El presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) solicitó la opinión de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) sobre si esa Corporación debía hacer pública la información relativa a aquellos contratos o negocios jurídicos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley catalana 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), que están afectados por un pacto de confidencialidad.

Recuerda la Comisión que el TRLCSP contiene tres preceptos relativos a la confidencialidad. Por un lado, el artículo 140 que impide dar publicidad a los datos que los contratistas hayan señalado como confidenciales, especialmente cuando se trate de secretos técnicos, comerciales, u otros aspectos confidenciales de las ofertas. Por otro lado, los artículos 153 y 154 que vienen a establecer “la posibilidad de que el órgano de contratación pueda decidir no difundir determinados datos de un contrato en la medida que su publicidad pueda obstaculizar la aplicación de una norma, ser contraria al interés público, perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia entre ellas o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados.”

Podría no darse publicidad a los datos que los contratistas señalen como confidenciales. Clic para tuitear

Naturalmente los preceptos citados no significan que los contratistas o los órganos de contratación puedan manejar a su antojo la confidencialidad de determinados datos. Como recuerda el dictamen referido en el caso de la denegación a una Diputada de la información relativa a los contratos de la Fórmula 1 el TSJ de Valencia (Sentencia 4285/2014, de 18 de Febrero) ponderó frente a la cláusula de confidencialidad de dichos contratos como preferente el derecho de participación en los asuntos públicos de la solicitante de la información y naturalmente tales cláusulas de confidencialidad tenían que ceder ante tal interés máxime si se está hablando de contratos que por su naturaleza son “públicos” y que en esencia tal naturaleza es contradictoria con hablar de confidencialidad. La propia sentencia aclara que podría hablarse de confidencialidad en relación a los documentos que contienen datos que únicamente tienen repercusión en el sector privado.

Señala el mencionado dictamen que:

“La confidencialidad válidamente amparada en los preceptos citados, exige la existencia material y efectiva de información que realmente tenga tal carácter, como normalmente se suele reconocer en relación a los secretos industriales, pero que en modo alguno puede utilizarse la confidencialidad como impedimento ilegítimo de la transparencia y del derecho de acceso….”

“…El mantenimiento de la confidencialidad cuando entra en conflicto con el derecho de acceso requiere concretar si efectivamente existe un derecho que pueda resultar afectado por la divulgación de la información. Ponderando en tal caso en la motivación de la resolución que se adopte esa posibilidad frente al derecho de acceso.”

Dentro del procedimiento en relación al derecho de acceso a las cláusulas o documentos declarados por contrato “confidenciales” y ahora incluimos también lo relativo a la publicidad activa, ha de darse como ya hemos señalado audiencia a los contratistas para que puedan manifestarse al respecto, de tal manera que, si no hay fundamentación material o motivación suficiente para mantener la confidencialidad, podrá darse publicidad o acceso a la información. Sin perjuicio de aquellos supuestos en los que la confidencialidad injustificada esté pactada contractualmente, en cuyos supuestos ha de utilizarse la vía adecuada para hacer valer la ilegalidad de la cláusula. Por ejemplo, si se trata de contratos de naturaleza privada, la declaración de nulidad habrá de instarse ante los tribunales del orden civil. También el Consejo de transparencia y Buen Gobierno ha tenido ocasión de pronunciarse respecto de este límite.

Ley de Transparencia. Derecho de Acceso; Aspectos Prácticos I

Ley de Transparencia: La Admisión a trámite de las solicitudes del Derecho de Acceso a la Información Pública

Una vez hemos presentado la solicitud de acceso a la información pública y la misma cumple los requisitos mínimos, la solicitud ha de pasar una primera criba, la de su admisión a trámite. La Ley de Transparencia contempla una serie de causas de inadmisión, que tal y como viene señalando el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han de interpretarse restrictivamente a la luz del preámbulo de la Ley, cuando señala que:

“solo cuando la acción de los responsables públicos se someta a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podemos hablar del inicio de un proceso en que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.

La Ley de Transparencia contempla causas de inadmisión de acceso a la información pública. Clic para tuitear

LOS SUPUESTOS DE INADMISIÓN

Así, se inadmitirán las solicitudes motivadamente cuando:

1º. La solicitud se refiera a información que está en curso de elaboración o de publicación general.

Con esta primera causa de inadmisión, parece no haber problema, aunque con buen criterio, el legislador canario exige que en la resolución que inadmita una solicitud de información por esta causa se exprese el tiempo previsto para terminar la elaboración de la información y el órgano que está trabajando en ello.

2º. Las solicitudes que se refieran a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

Al respecto, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tiene aprobado un criterio, el 6/2015, en virtud del cual es el contenido, el que la información tenga el carácter de auxiliar o de apoyo y no la denominación (la relación que contiene la exclusión es simplemente ejemplificativa) del documento lo determinante para la aplicación de la causa de inadmisión incluida en el artículo 18.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En todo caso dicha inadmisión habrá de ser debidamente motivada.

Naturalmente, no son informaciones auxiliares o de apoyo las que sean relevantes para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación.

Ese mismo criterio cita una serie de ejemplos de información que puede considerarse dentro del concepto de auxiliar o de apoyo que no pueden ser de utilidad:

  • Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un· órgano o entidad.
  • Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final.
  • Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud.
  • Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan tramites del procedimiento.
  • Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final.

En la Ley canaria en relación a este criterio se precisa que nunca podrán ser considerados auxiliares o de apoyo los informes preceptivos.

3º. Las relativas a información que para cuya divulgación sea necesaria una previa acción de reelaboración.

En este sentido, el Criterio adoptado por el CTBG (Criterio 7/2015) es que la reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información y no debe confundirse con otros supuestos, tales como, el volumen o la complejidad de la información solicitada, la inclusión de datos personales susceptibles de acceso parcial o de anonimización o el acceso parcial de la información, supuestos estos contemplados en los artículos 20.1, 15.4 y 16 de la Ley 19/2013, que no suponen causas de inadmisión en sí mismos. Las dificultades en la reelaboración habrán de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario, identificando estos en la correspondiente resolución motivada.

En alguna resolución, como la 19/2013, el CTBG además de reproducir el criterio expresado, ha concretado que:

“esta causa de inadmisión es aplicable cuando la información que se solicita, si bien relativa al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba elaborarse expresamente para dar respuesta, por ejemplo haciendo uso de diversas fuentes de información o cuando carezca de los medios técnicos razonables que sean necesarios para extraer y explotar la información, de tal manera que no sea posible proporcionar la solicitada.“

Respecto a esta causa de inadmisión, la Ley canaria determina que no podrá considerarse como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

4º. Dirigidas a órganos en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca cuál es el competente.

En este punto parece no haber problema. Ley establece la obligación en tales supuestos de incluir en la resolución de inadmisión la designación del órgano que a criterio de quien resuelve la solicitud sería competente para conocer de la solicitud.

Los artículos citados de las respectivas leyes contienen además otros dos supuestos:

  • Si se conoce quién puede ser el competente se remite (En la Ley Canaria se precisa en el plazo de cinco días) la solicitud y se notifica tal circunstancia al solicitante
  • Si aun obrando la información en poder de quién la solicita resulta que la misma ha sido elaborada o generada en su integridad o en parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste, notificando de tal circunstancia al solicitante.

5º. Que resulten manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la transparencia de la Ley. Entendemos que esta causa de inadmisión no resultará problemática en su casuística.

Salvo en esta última causa de inadmisión y la que comentaremos a continuación la Ley canaria establece que las resoluciones de inadmisión se tomarán un plazo máximo de diez días

Además, la Ley Canaria añade una sexta causa de inadmisión que no está contemplada en la Ley estatal, cual es que la solicitud afecte a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución. Desde mi punto de vista, esta causa incorpora en sí misma una traba innecesaria al acceso a la información pública. En primer lugar, porque esa circunstancia puede ocurrir que no se revele de inicio, sino iniciada la tramitación de la solicitud. En segundo lugar, porque la propia ley establece que cuando se dé traslado (por quince días) a los terceros de aquellas solicitudes que puedan afectar sus intereses legítimos se pondrá simultáneamente en conocimiento del solicitante esta circunstancia y se suspenderá la tramitación del procedimiento hasta que se hayan recibido las alegaciones o se haya agotado el plazo para realizarlas. Por último, resulta en mi opinión prematura de entrada la inadmisión por esta causa porque puede resultar que simplemente anonimizando los datos personales de los terceros pudiera facilitarse la información. Naturalmente, esta causa de inadmisión está relacionada con la diferente perspectiva con la que debe contemplar la Administración los datos de los administrados, de tal manera que desde su inicio el tratamiento de los datos debe estar orientado a la anonimización de los documentos o en su caso, a facilitar las operaciones de notificación a terceros señalada.


Nota

El texto de este artículo es parte de la ponencia impartida por el autor titulada: “Aspectos Prácticos. Derecho de Acceso a la Información Pública”

Ley de Transparencia: Exigiendo el Derecho de Acceso

Continuando con el concepto de publicidad pasiva, dentro de la Ley de Transparencia, en el vídeo de hoy hablamos de los pasos a seguir para exigir el derecho de acceso a la información pública, en el caso de que nos hayan denegado la misma, ya sea por denegación expresa o por silencio administrativo, por parte de la administración o entidad pública en cuestión. Se trata de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa e incluso presentar una reclamación potestativa ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, órgano de control de la transparencia en España, o ante el Comisionado de la Transparencia, si se trata de Canarias. Veremos también en el caso de qué organismos e instituciones no cabe la reclamación potestativa.

Llama la atención, desde el punto de vista de la transparencia, el efecto negativo del silencio administrativo, tanto en la vía administrativa como en el de la reclamación potestativa.

Llama la atención, por su poca transparencia, el efecto negativo del silencio administrativo. Clic para tuitear

Ley de Transparencia; Publicidad Pasiva

Uno de los aspectos clave de la Ley de Transparencia es el derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, es lo que se denomina Publicidad Pasiva. Pues bien, en este vídeo hablamos de ese derecho de todos para acceder a los contenidos o documentos que obren en poder, principalmente, de las entidades y administraciones públicas, elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Hablamos del proceso para solicitar esa información, de los pasos a seguir y a quién dirigirse.

Mapa Ley de Transparencia: Portales Autonómicos y Órganos de Control

El pasado 23 de Diciembre, el Parlamento gallego aprobó por 55 votos a favor, ningún voto en contra y 14 abstenciones la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Galicia. En alguna entrada en nuestro blog he dado mi opinión sobre estas “unanimidades” (La Ley Canaria de Transparencia y las Carretillas con Cuernos de Pega). A lo que iba: a cuenta de esta nueva Ley hemos actualizado el que en su día denominamos Mapa de Portales Autonómicos de Transparencia y sus Leyes.

Como nos parecía interesante incorporar el órgano de control de cada una de esas autonomías y un enlace a su web, los hemos añadido ahora. En su elaboración hemos apreciado la generalizada falta de la transparencia de los órganos de control de la transparencia. Llama especialmente la atención la inexistencia (por lo menos nosotros no hemos sido capaces de encontrarla) de una sede web a la que asirse en caso de desamparo y en la que se publiquen las resoluciones y otra información. Uno de los principios que impone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es la necesidad de publicar la información actualizada. Pues eso, hay que actualizar.

¡Existe una generalizada falta de transparencia en los órganos de control de la transparencia! Clic para tuitear

Como en ocasiones anteriores, tu colaboración para mejorar la información que ofrecemos en el Mapa y su actualización es fundamental. Por último en relación a las Comunidades Autónomas respecto de las cuales señalamos que tienen Convenio con el CTBG, aunque por la información que hemos podido obtener sólo nos consta verificada la existencia de algunos de ellos, nos hemos fiado a ciegas del documento  denominado “Un año de aplicación de la Ley de Transparencia” publicado por el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que a su vez es contradictorio en algunos datos con los que ofrece la propia sede web del Consejo.


Actualización:
Con posterioridad a la publicación de esta entrada, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha aclarado, a través de su perfil de twitter @ConsejoTBG, que el documento mencionado más arriba en relación a los convenios con las Comunidades Autónomas incluye también los convenios que están proyectados pero no suscritos, que la información correcta es la que se contiene en la web relativa a cada Comunidad Autónoma. —Hemos actualizado el mapa en consecuencia con tal aclaración.—

Mapa Autonómico de la Ley de Transparencia; Portales y Órganos de Control

* hacer clic en cada autonomía para ver la información.

Contrato Menor: Diagrama de Decisiones para Evitar su Irregularidad

En la contratación pública existe una modalidad contractual en la que se suprimen las garantías de aplicación de los principios de publicidad e igualdad de los licitadores. Es el contrato menor. Modalidad contractual que Francisco Blanco, con no poca retranca, califica como “especie contractual imposible de extinguir”.  En el contrato menor,  la tramitación del expediente sólo exige expresamente la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, y en el contrato menor de obra deberá incorporarse en todo caso el presupuesto de las mismas y el proyecto cuando así lo requieran normas específicas y el informe de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. No exige publicidad alguna en su licitación, adjudicándose directamente al empresario que el órgano de contratación estima que tiene capacidad para ejecutar el contrato.

El uso del contrato menor exige el conocimiento de sus límites cuantitativos y documentales. Clic para tuitear

En teoría la razón de ser de los contratos menores, es el ofrecer a la Administración una fórmula ágil para la ejecución de determinadas actuaciones. En la práctica se presenta como la fórmula ideal para eludir el cumplimiento de las normas de publicidad mediante el fraccionamiento irregular —en múltiples contratos menores—, de lo que debería ser un sólo contrato, que por la cuantía estaría sujeto a procedimientos más estrictos en materia de publicidad de la licitación. Además, con frecuencia esa ausencia de publicidad en la licitación al fraccionar la contratación en contratos menores busca la adjudicación de esos contratos de forma regular siempre al mismo o mismos empresarios.

Naturalmente —en la práctica—, el uso correcto del contrato menor, no sólo exige un conocimiento mínimo de sus límites cuantitativos y documentales, sino que –además—, es necesario poner ese contrato en conexión con otros anteriores que hubieran tenido la misma causa.

Según el criterio de la Junta Consultiva de contratación Administrativa de Canarias (informe 1/2010):

“no existirá fraccionamiento fraudulento del objeto contractual cuando, tras haberse realizado un primer contrato, haya que volver a contratar con el mismo contratista la misma prestación debido a una necesidad nueva, no previsible en el momento de realizar el primer contrato; en tal caso, los sujetos y el objeto contractuales son los mismos, pero la causa (finalidad o circunstancias que motivan su necesidad) es distinta, y esto determina que se trate de dos contratos distintos. De aquí la importancia que, aun no siendo preceptivo, las mínimas formalidades de la contratación menor vayan acompañadas de una elemental memoria justificativa de su necesidad, que servirá para concretar la causa del contrato que, como elemento esencial del mismo, le diferenciará de otros en los que coincidan los sujetos y el objeto.”

El contrato menor debe conectarse con otros anteriores que hubieran tenido la misma causa. Clic para tuitear

Diagrama de decisiones del contrato menor

Diagrama Contrato Menor | Melián AbogadosPues bien, para intentar ayudar a una correcta toma de decisiones, hemos elaborado este diagrama de decisiones del contrato menor. Somos conscientes de que ningún órgano de contratación, o en muy contados casos, hace memoria justificativa alguna ni nada que de lejos se le parezca. Por ese motivo, y así se expresa en el diagrama de decisiones, en aquellos contratos menores que sumados a otro u otros anteriores con la misma causa o finalidad, se supere el límite cuantitativo de los contratos menores, aún no siendo previsible y cuantificable este nuevo contrato al tiempo de contratar los anteriores, si el adjudicatario resulta ser el mismo empresario, no debería procederse a realizar un contrato menor.

Cierto es que pueden adjudicarse de forma regular sucesivos contratos menores al mismo empresario siempre que tengan causa distinta, no obstante, por prudencia y como criterio general hemos preferido señalar la improcedencia de una nueva contratación menor, que las armas las carga el diablo.

Transparencia: Acceso a la Información Pública en las Administraciones Locales

Voy a ponerme en el lugar de quienes dentro de las administraciones locales tienen encomendada la labor de poner en marcha los mecanismos y procedimientos administrativos necesarios para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia. Intentaré alumbrarles lo necesario para su puesta en marcha desde el plano normativo. Por descontado, mis disculpas anticipadas al resto de lectores que aunque también son ciudadanos y beneficiarios en última instancia de las ventajas de la Transparencia, indudablemente la necesaria cita de normas y su reproducción resulta bastante árida, por mucho comentario irónico, anécdotas y retruécanos que utilice para suavizar su lectura.

Conforme establece la Ley de Transparencia, las Administraciones Públicas establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información pública de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna. Además el apartado tercero de dicho precepto, aplicable también a las Administraciones Locales, obliga a identificar claramente el órgano competente para conocer —es decir, para resolver— las solicitudes de acceso. Lo lógico es que este órgano sea el competente también en relación a la gestión necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la organización.
Por lo tanto, en el ámbito de las Administraciones Públicas en general cabrá la posibilidad de atribuir la gestión de las solicitudes de información a un órgano administrativo ya existente o crearlo ex profeso. Respecto a la segunda posibilidad, el artículo 11 de la Ley 30/1992 establece:

“Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.”

Y añade el mismo precepto citado:

“La creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
  2. Delimitación de sus funciones y competencias.
  3. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.”

Por último, parece conveniente recordar que el apartado 3 del mencionado artículo establece un límite general a la creación de nuevos órganos administrativos:

“No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos”.

Así y ya en referencia específica a las Administraciones Locales, el artículo 4 de la Ley de Bases de Régimen Local, entre otras cuestiones proclama —en todo caso—, dentro de la esfera de las competencias de los municipios, las provincias y las islas, las potestades reglamentaria y de auto-organización.
La propia Ley de Bases de Régimen Local, atribuye al Pleno municipal, entre otras, la competencia para la determinación de los niveles esenciales de la organización municipal, entendiendo por tales las grandes áreas de gobierno, los coordinadores generales, dependientes directamente de los miembros de la Junta de Gobierno Local, con funciones de coordinación de las distintas Direcciones Generales u órganos similares integradas en la misma área de gobierno, y de la gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones análogas y las Direcciones Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar el número de cada uno de tales órganos y establecer niveles complementarios inferiores; así como la competencia para la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.

Por su parte, el artículo 124 atribuye al Alcalde, sin perjuicio de las competencias anteriormente reseñadas a favor del Pleno, la de “Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva“.
Esta potestad puede ejercerse en los municipios de régimen común a través del Reglamento Orgánico de la Corporación cuya aprobación corresponde al Pleno de la Corporación conforme al artículo 22.2 d) de la citada Ley de Bases, o a través de un Reglamento Orgánico u Ordenanza Municipal creada ex-profeso, aunque indudablemente también mediante actos administrativos y no sólo a través de disposiciones generales pueden ejercerse las competencias de auto-organización.

Del contenido de los artículos que la Ley de Bases dedica a la Información y a la participación pública (69 y siguientes) y de la propia naturaleza del derecho que se ejercita, vinculada a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, entendiendo como una faceta y requisito previo e ineludible de la misma el acceso a la información pública, la aprobación del procedimiento o mecanismo a través del cual se gestionarán las solicitudes de información, deberá regularse a través de un Reglamento Orgánico, ya sea como una modificación en su caso del existente o a través de la aprobación de uno específico. Abona también esta conclusión el que el artículo 123 de la Ley de Bases atribuya la regulación de determinadas materias, entre ellas las relativas a la regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana, la naturaleza de reglamento orgánico (cuya aprobación exige mayoría absoluta).

Una vez hemos creado el órgano encargado de la gestión, veamos cuál sería el circuito que deberían recorrer las solicitudes de información pública. En relación a la recepción de solicitudes, nótese que la Ley de Transparencia cuando describe en su artículo 17 el inicio del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso, establece que:

“Se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información”.

He subrayado “dirigirse”, que no “presentarse”, porque igualmente será admisible, como ocurre con el resto de procedimientos administrativos, la presentación de una solicitud de información en el registro de una administración pública, por ejemplo, en la Delegación del Gobierno, dirigida a determinado Ayuntamiento u órgano de otra administración distinta.

En orden a la recepción de las solicitudes de información y conforme establece la Ley 30/1992 en su artículo 38, en el Registro General que ha de existir en cada administración “se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia“. Además, el mismo precepto contempla la posibilidad de que los órganos administrativos puedan crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen. En este sentido, el artículo 24 de la Ley de Bases admite la posibilidad de que para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los municipios puedan establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. En los municipios de gran población, señalados en el artículo 121 será de aplicación el régimen de gestión desconcentrada establecido en el artículo 128 de la Ley de Bases.

Asentada una solicitud de acceso a la información pública en el Registro, e independientemente de la forma de su presentación, la misma habrá de remitirse al órgano o unidad administrativa al que se le haya encomendado la función de gestionar y tramitar, en su caso, en comunicación con otros órganos, las solicitudes de acceso.
En esta web publicamos en su día el Diagrama de decisiones que se manejan en relación a dichas solicitudes conforme al contenido de la Ley de Transparencia y lo límites de dicho acceso. Te puede ser útil para describir el proceso en la toma de decisiones al respecto y ver el recorrido previsto de una solicitud a partir de su presentación. Lo tienes para su descarga en distintos formatos.

Hasta aquí hemos visto el órgano de tramitación, cómo se habilitan sus funciones y cuál es el circuito básico de funcionamiento. Veamos ahora, lo referente al órgano al que corresponde resolver la solicitud de información. En el caso de las administraciones Locales, lo procedente será hacer la designación de dicho órgano en el correspondiente Reglamento Orgánico. Podrá ser cualquier órgano, el que más operativo resulte según las características de cada municipio: el Alcalde, y por delegación de éste el titular de cualquier concejalía, o directamente el titular de determinada concejalía o área… En el caso de Canarias, como quiera que el Estatuto de Autonomía de Canarias confiere a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen local, su reciente Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (art 22.2), designa al Alcalde como órgano competente para resolver dichas solicitudes, si bien dicha competencia es delegable. Con igual posibilidad de delegación, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, designa para el ejercicio de dicha competencia al Presidente del Cabildo (art. 96.3). En definitiva: independientemente del órgano que cómo se reciba la solicitud (internet, directamente en el registro, remitida por otra administración…, se deberá en primer lugar asentar en el registro y remitirse a la unidad administrativa encargada de su tramitación, correspondiendo su resolución al órgano que se haya establecido como competente para resolver dichas solicitudes.

Una vez se ha resuelto y notificado a quien procede la resolución de la solicitud de acceso a la información, éste es el esquema del régimen de impugnaciones de dichas resoluciones que en su día pusimos a tu disposición para su descarga.

Canarias: Tribunales Administrativos de Contratación y Entidades Locales

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al regular el recurso especial en materia de contratación, y respecto a los recursos que se interpongan en el ámbito de las Corporaciones Locales (apartado 4 del mismo artículo 41), establece que la competencia para resolverlos será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas competencias normativas en materia de régimen local y contratación. Como quiera que el Estatuto de Autonomía de Canarias confiere a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen local, en el Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, se establece que las entidades locales de Canarias, deben crear su propio tribunal independiente para resolver las cuestiones relativas a los recursos especiales en materia de contratación o en su caso, mediante convenio, atribuir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias dicha competencia. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia de este recurso especial y su beneficioso efecto aséptico en la contratación pública.

La disposición transitoria segunda del citado Decreto, determina un plazo de dos meses para que las entidades locales hagan una cosa u otra. Plazo durante el cual, la competencia para la resolución de los recursos especiales en materia de contratación continuará encomendada a los mismos órganos que la estuvieran ejerciendo a la entrada en vigor del presente Decreto, es decir, el mismo órgano de contratación. En el mismo caso, también están las Universidades Públicas Canarias.

Pero ¿qué ocurre cuando superado el plazo de dos meses la entidad local no ha hecho absolutamente nada? Pues eso, que seguirá resolviendo estos recursos potestativos vía recurso de reposición, el mismo órgano de contratación, con lo que nos quedamos en el mismo limbo que se quedaron las entidades locales y universidades andaluzas hasta que en Agosto de 2014, se modificó el Decreto de creación del Tribunal Andaluz, para que en tales casos, el Tribunal Administrativo de Recursos de Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) fuera competente sin necesidad de suscribir un convenio.

Con esta sencilla modificación, en Andalucía se solventó el desamparo de quienes recurrían un acto de un Ayuntamiento que no había formalizado el convenio ni tampoco tenía creado un órgano propio de resolución de recursos. Desamparo en el que sí estamos en Canarias en la mayor parte de los casos, puesto que hasta donde hemos podido saber únicamente los municipios de San Andrés y Sauces y Candelaria, han preferido —con buen criterio, según mi entender— suscribir convenio y no constituir su propio Tribunal Administrativo Especial. El resto de entidades locales, entre la inutilidad constatada de los recursos administrativos ordinarios, vulnerando las normas europeas y la interminable agonía temporal de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Hemos reproducido los errores cometidos por otras Comunidades Autónomas, aun después de que éstas los hubieran corregido. La solución es sencilla: lo fácil hacer lo que se hizo en Andalucía y hemos comentado. Algo más complicado, establecer directamente la competencia para resolver los recursos especiales de contratación referidos a las Entidades Locales Canarias, a favor también del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y ya que nos ponemos debería replantearse la reconfiguración del Tribunal, potenciando su importancia e independencia, transparentando su actividad, y si se quiere, abandonando la contradicción de ser un órgano ahora mismo unipersonal y llamarse Tribunal. Cualquier gasto que en el sentido apuntado se haga, está más que justificado por los retornos que de inmediato se obtienen cuando se limpia el sistema de contratación pública a través de un mecanismo de revisión rápido, independiente y eficiente; se crea un cuerpo de doctrina emanado del Tribunal (para eso han de publicarse sus resoluciones) que sirva de guía de funcionamiento a todos los órganos de contratación y disuada de las malas prácticas. Por supuesto Canarias debería tomar el timón de su propia contratación pública y en este asunto ampliar el ámbito objetivo de este recurso cuya eficacia se reconoce de forma general.

Cuestiones Legales de la Impresión en 3D

La aparición de algunos sistemas de impresión en 3D ha supuesto un abaratamiento progresivo y un aumento de su popularidad. Desde el punto de vista jurídico se plantea el reto de cómo satisfacer los derechos de propiedad intelectual e industrial, caso similar a lo que ha ocurrido y todavía sigue pasando con la música. Se han creado grandes plataformas de intercambio de archivos 3D, en las que los diseños son compartidos electrónicamente, en unos caso de forma legal, pero en otros de forma ilegal. En este vídeo también comentamos las posibles vulneraciones de derechos.

Canarias, en el Limbo de la Contratación Pública y el de la Transparencia

A estas alturas, nadie discute el cambio radical que en el ámbito de la contratación pública ha supuesto la creación de los Tribunales Administrativos Especiales. No sólo porque suponen un control rápido y efectivo de la actividad contractual del sector público, sino también porque constituyen un eficaz instrumento disuasorio de las malas Leer más