Acuerdo de Iniciación de un Procedimiento Sancionador sin Determinar la Sanción

Hace unos días cayó en mis manos la notificación del acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador tramitado por una Administración, llamémosla X, que creo que merece ser objeto de un comentario en este blog por los defectos formales que presenta y por lo fácil de atacar que resulta, y les explico por qué:

Esquema básico del procedimiento sancionador

Inicio

Los procedimientos administrativos sancionadores se inician de oficio por acuerdo del órgano competente. Este acuerdo de iniciación es notificado a los presuntos responsables de la infracción administrativa, otorgándoles un plazo de al menos diez días para que aleguen lo que a su derecho convenga.

El plazo de alegaciones ante un procedimiento administrativo sancionador es de diez días. Clic para tuitear

Instrucción

Una vez hecho esto, comienza la fase de instrucción del procedimiento, que terminará con una propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución se notifica al interesado, otorgándole un nuevo plazo para presentar alegaciones, tras lo cual, el órgano competente para resolver, dictará la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador.

Partiendo de ese esquema básico, la ley prevé que, habiéndose notificado el acuerdo de iniciación, si el presunto responsable no efectúa alegaciones en el plazo previsto, dicho acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución “cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”.

¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que lo siguiente que se nos va a notificar es la resolución definitiva del procedimiento.

Requisitos

Para que esto sea posible, tal y como he señalado, el acuerdo de incoación tiene que contener un “pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”, lo que, según nuestros Tribunales, incluye: la definición de la conducta infractora, el artículo legal en el que se recoge esa conducta como infracción, y, la sanción concreta que cabe imponer.

Si se dicta directamente resolución, omitiéndose la propuesta, y el acuerdo de iniciación no incluye lo citado en el párrafo anterior, el procedimiento sancionador es nulo de pleno derecho.

Defectos formales

Pues bien, el acuerdo de iniciación al que me refería al inicio, identificaba al presunto responsable, calificaba la infracción como leve y señalaba el precepto legal oportuno pero, no decía cuál era la sanción, sino que le comunicaba al interesado cuál podía ser la cuantía mínima de la multa, y cuál la máxima, y ponía en su conocimiento, que si no presentaba alegaciones, el acuerdo se consideraría propuesta de resolución.

Lo asombroso en este caso no es solo que se omitiera uno de los requisitos que nuestros Tribunales vienen exigiendo aproximadamente desde 1998, sino que la diferencia entre una y otra cuantía era de más de 59.000 euros.

Obviamente, la persona a la que le llega este acuerdo, después de leerlo, no puede menos que asustarse, y de este miedo parece que pretende aprovecharse la Administración autora del acto porque a renglón seguido le comunica que, si reconoce voluntariamente su responsabilidad, la sanción que proceda imponer será rebajada en un 20%. ¡Qué oportuno!

Lo que obviaron señalar, además de la cuantía de la multa, es que, desde octubre, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario (multa), viene obligado a aplicar reducciones, acumulables, de, al menos, un 20% sobre el importe de la sanción no solo cuando el infractor reconozca su responsabilidad, sino también, cuando pague voluntariamente antes de que se dicte resolución que ponga fin al procedimiento.

Pero, ¿cómo voy a pagar antes de que el órgano competente dicte resolución, si no será hasta ese momento cuando conozca la cuantía de la sanción?

Un procedimiento sancionador, sin propuesta y sin indicar la sanción, es nulo de pleno derecho. Clic para tuitear

Consecuencias

Después de todo esto, se preguntarán qué consecuencias tiene este actuar administrativo. La respuesta es sencilla: cuando a esta persona le notifiquen la resolución, recurriremos, con el objetivo de que se declare nulo el procedimiento sancionador por los motivos expuestos, y, como los procedimientos nulos no interrumpen la prescripción, cuando la Administración quiera volver a iniciarlo se encontrará con que ello no es posible porque la infracción, que en este caso era leve, habrá prescrito.

versión técnica del artículo

Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común.

En lo que al procedimiento sancionador se refiere, en relación a la terminación del mismo, la nueva Ley ha incorporado, en su artículo 85, la obligación de las Administraciones Públicas de practicar reducciones sobre el importe de la sanción propuesta cuando se cumplan determinados requisitos.

El tenor literal del precepto es engorroso y parte de su contenido es copia textual de lo previsto en el artículo 8 del hoy derogado Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Así, el mencionado artículo 85 dice:

“1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

  1. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
  2. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente”.

Como puede observarse, el precepto no se caracteriza precisamente por su claridad, es por ello que procedemos a explicarlo brevemente:

Según lo dispuesto en apartado 3º, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, viene obligado a aplicar reducciones, acumulables, de, al menos, un 20% sobre el importe de la sanción cuando:

  1. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el infractor reconozca su responsabilidad.
  2. El presunto responsable pague voluntariamente antes de que se dicte resolución que ponga fin al procedimiento.

En ambos casos, se condiciona la aplicación efectiva de la reducción al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

Así mismo, el citado precepto establece que las mencionadas reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento sancionador.

A este respecto cabe señalar que el artículo 64.2 f) prevé que, si notificado el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, el administrado no efectúa alegaciones en el plazo otorgado al efecto, este podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un “pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”.

En relación a este último inciso, es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo (STS, Sala 3ª, Sección 3ª, de 7 abril de 1998 y STS, Sala 3ª, Sección 5ª, de 8 febrero 2010, entre otras)  –ignorada por algunas Administraciones- aquella según la cual, “el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el art. 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso”.

Así pues, si el acuerdo de incoación únicamente contiene la identificación del hecho imputado y del precepto en que se tipifica, así como la mera indicación de la sanción que en abastracto cabe imponer, es necesario la notificación de la porpuesta de resolución, aún en el caso de que el administrado no haya efectuado alegaciones frente a dicho acuerdo, pues en caso contrario, el acto administrativo es nulo en virtud de lo dispuesto en el art. 47.1 a) y a la luz de la jurisprudencia señalada.

Pues bien, partiendo de lo anterior, y para concluir, cabe señalar que la necesidad de que en el acuerdo de incoación se cuantifique la sanción para que pueda hacerse uso de la opción prevista en el artículo 64.2 f) deriva, no ya de la citada jurisprudencia, sino de la propia normativa vigente, puesto que, de lo contrario, se haría impracticable la opción prevista en el art. 85.3 ya que en caso de otorgar a un acuerdo de incoación en el que no se cuantifica la sanción la consideración de propuesta de resolución, deviene imposible la opción de pagar voluntariamente antes de que se dicte resolución que ponga fin al procedimiento, pues no será hasta ese momento que el administrado conozca la cantidad a pagar.

Datos Personales de los Empleados Públicos. Publicidad Activa

Entre las diversas aficiones y costumbres que adornan destacadamente a nuestro país y sus gentes, hacer de la regla la excepción ha logrado un hueco importante entre las que más. En eso, la Transparencia es una mina; y respecto de aquella, la protección de los datos personales, un filón. Si se trata de información relativa a los datos personales de los empleados públicos, se aplica aún con más prestancia la misma cura: La protección de datos personales hace inaccesible la información.

Introducción

De forma general, dado que la ley básica estatal, Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno, no contempla tal obligación en general para todos los empleados públicos, se viene negando la posibilidad de que una organización publique la identificación de cada empleado público, con su nombre, apellidos y el puesto de trabajo que ocupa, salvo que explícitamente la Ley contemple expresamente tal posibilidad, tal y como sucede en la ley murciana1Art. 13.2 a) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. y en la canaria2Art. 30.3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública..

La protección de datos personales hace inaccesible la información. Clic para tuitear

Los límites legales de la transparencia

Recordemos que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), dedica el artículo 14 a los límites generales aplicables al derecho de acceso. Además, el artículo 15, a la Protección de Datos Personales como impedimento para facilitar información. Recordemos igualmente que en su art. 38.2.a) se atribuye a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la función de “adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.

Consejo de Transparencia y Agencia de Protección de Datos

Además, la disposición adicional 5ª de la LTAIBG determina que El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos adoptarán conjuntamente los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de las reglas contenidas en el artículo 15, en particular en lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En cumplimiento del citado mandato se aprobó el criterio conjunto de ambas entidades 2/2015.

Publicidad activa

Previamente a entrar en más consideraciones, conviene recordar, que los límites de la LTAIBG, se aplican no sólo al derecho de acceso a la información pública, sino también a la publicidad activa. Así lo dispone el artículo 5 de la LTAIBG. Es decir, que cualquiera de los límites, cuando represente un interés más relevante que el que representa el derecho de los ciudadanos a conocer la información que por obligación legal ha de publicarse en la web o sede electrónica de los sujetos obligados, normalmente las Administraciones públicas, puede impedir la publicación de esa información.

En el criterio conjunto 2/2015 citado más arriba, se describe el método para el análisis de las peticiones de derecho de acceso a la información pública. De tal manera que en primer lugar se ha de analizar lo relativo a la protección de datos personales (art. 15) y luego lo referido al resto de límites (art. 14). Además, se expresan algunos criterios referidos a la aplicación de dichos límites en relación al derecho de acceso, que más adelante nos servirán de referencia en lo atinente a la publicidad activa.

Los datos personales

Centrándonos en la Protección de Datos Personales, el artículo 15 de la Ley describe qué tratamiento ha de darse a la información según el tipo de datos personales contenga la información:

  • Datos personales especialmente protegidos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical; es necesario el consentimiento expreso y por escrito del afectado a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos.
  • Datos especialmente protegidos que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, será necesario el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley.
  • Datos personales meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano; salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se pueden publicar o en su caso se puede conceder el acceso a la información pública que los contenga.
  • Datos no especialmente protegidos (en mi opinión, incluidos también los meramente identificativos). Para su publicación o para conceder el acceso a este tipo de datos será necesario realizar una ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.
    Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios:

    1. El menor perjuicio a los afectados derivados del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
    2. La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
    3. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativos de aquéllos.
    4. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

Datos meramente identificativos

Centrémonos en el criterio expresado en el apartado c): El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.

Parece conveniente, en primer lugar, contestar a la pregunta ¿qué datos son meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública? Conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de datos da carácter Personal (LOPD), dato personal es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. De forma más explícita el artículo 5 f) Reglamento de desarrollo de la LOPD3Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal., lo define como “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

Por último, el artículo 2.2 del citado Reglamento excluye de su aplicación, entre otros, a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.

En nuestra opinión la anterior relación nos puede valer como lista abierta y ejemplificativa de lo que ha de considerarse datos meramente identificativos. El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el libro del que el mismo es autor y editor “100 preguntas sobre transparencia” responde a la pregunta 75 ¿Qué debe entenderse por información personal meramente identificativa relacionada con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano? Lo siguiente:

“Nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, DNI o NRP (número de registro de personal), número de teléfono profesional, cargo, nivel…”

La publicidad activa de los datos personales de los empleados públicos. Los datos meramente identificativos

No obstante lo señalado, conviene advertir que el que determinado dato sea –a primera vista–, meramente identificativo no significa que pueda, sin más, ser libremente publicado. Así, prevalecerá la publicidad de aquella información que más directamente esté relacionada con la necesidad de control y transparencia de la actuación administrativa, mientras que preponderará el derecho a la privacidad en todos los datos personales cuyo conocimiento es innecesario para dicho objetivo, tal y como señaló la Resolución de la mesa de la Diputación permanente del Congreso de los Diputados nº 2016/264En esta cuestión la citada Resolución de la mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en relación con el recurso interpuesto por h.g.r. contra la resolución del secretario general del congreso de los diputados relativa a su solicitud de acceso a diversa información sobre la tarjeta de taxi a disposición de los diputados (número de referencia 2016/26), se argumenta: “Este criterio es el establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 2 noviembre 2010 (Caso Gillberg contra Suecia) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencias de 20 de mayo de 2003 -Asunto C-465/00; Rechnungshof-, 9 de noviembre de 2010 -Asunto C-92/09; Volker und Markus Schecke GbR-, y 29 de junio de 2010 –Asunto C-28/08; The Bavarian Lager Co. Ltd.-). Es decir, se debe realizar un juicio abstracto relativo a la importancia de la información para los fines de conocimiento, participación y control de la gestión de los asuntos públicos a los que sirve la transparencia.”.

En este punto, resulta especialmente significativa la respuesta de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, respondiendo el 22 de Julio de 2016 en su sede electrónica en Internet a la pregunta:¿Es posible publicar un listado de las comisiones de servicios con indicación de los puestos de origen, puesto de destino e identificación de los empleados públicos, con indicación de sus nombres y apellidos de un Ministerio?

Esta publicación, de conformidad con la LOPD, constituye una cesión de datos de carácter personal, reguladas por el artículo 11 de la misma.

No obstante, debe tenerse en consideración para esta publicación la aplicación directa del artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE, cuyo efecto directo ha sido expresamente declarado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011 (Asunto Asnef, Fecemd), será igualmente posible la cesión cuando ello sea “necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva.

Por lo tanto, deberá apreciarse en primer lugar, la concurrencia del mencionado interés y delimitar su naturaleza para, en segundo lugar, efectuar una adecuada ponderación del citado interés legítimo con los derechos de las personas a las que la información se refiera y, particularmente, su derecho fundamental a la protección de datos.

Sobre el interés legítimo, la finalidad de las normas de transparencia es la de permitir a las personas conocer los mecanismos que intervienen en los procesos de toma de decisión por parte de los poderes públicos, así como la utilización que aquéllos hacen de los fondos presupuestarios, garantizándose así la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante un mejor conocimiento de la acción del Estado.

En cuanto a los derechos de las personas afectadas, cabe recordar que el artículo 15.2 de la Ley 19/2013 dispone que “con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”.

De este modo, en consecuencia, la publicación de la información referida a las comisiones de servicios de los empleados públicos de un Ministerio, en cuanto se limite exclusivamente a indicar su nombre y apellidos, puesto de origen y puesto de destino, se encontraría amparada por lo establecido en la normativa de protección de datos a menos que dicha publicación pudiese colocar a la persona a la que los datos se refieren en una situación de riesgo que haga prevalecer su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.”

Bastante tiempo antes, en el año 2008, la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD), en colaboración con la Asociación de Municipios Vascos – Euskadiko Udalen Elkartea EUDEL, había elaborado el “Manual de Buenas Prácticas para las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco“. En el Anexo I de dicho manual se contienen múltiples supuestos prácticos con la respuesta adecuada. En relación a los datos personales de los empleados públicos, dicho Anexo, identificado con el número 139, expresamente contiene la siguiente pregunta:
¿Es adecuado publicar en internet una guía de comunicación de la entidad local que incluya, además de la identificación de los puestos de trabajo que dan un servicio público, los datos de identificación de sus ocupantes?

Esta, su contestación literal:

  • Las organizaciones quieren facilitar su comunicación con los ciudadanos. De ahí que las entidades públicas identifiquen sus unidades de servicio, los puestos de trabajo y los datos de contacto (correo electrónico, teléfono y dirección postal) y los publiquen en guías de comunicación, en formato papel y en formato electrónico.

  • Respecto a la cuestión sobre la publicación, en particular en internet, también de los datos de identificación personal (entiéndase, el nombre y los apellidos) de las personas que ocupan los puestos de trabajo, esta práctica comunicativa ha originado frecuentemente conflictos entre los trabajadores y su entidad cuando no ha estado precedida de la solicitud del consentimiento previo a las personas para hacerlo.

  • Desde un punto de vista práctico, esto es, para acercar la administración a un ciudadano y poder ofrecerle la información que necesite con prontitud, por ejemplo, con una simple llamada, no parece necesario, ni proporcional al fin pretendido, la publicación en internet de los datos personales de un funcionario. Máxime cuando, en ocasiones, la rotación de las personas en los puestos o su ausencia en períodos vacacionales o durante bajas laborales puede resultar en que haya que pensar en modificar, provisional o definitivamente, los datos personales publicados en internet.

  • En cualquier caso, si una entidad local decidiera publicar una guía de comunicación incluyendo los datos identificativos de sus empleados, en virtud del artículo 2.2. del RD 1720/2007, por otro lado, de previsible aplicación restrictiva, parece que una práctica muy recomendable es solicitar a los trabajadores su consentimiento previo para hacerlo y explicitar en la publicación que la información no constituye una fuente de acceso público.

Para ampliar información puede consultar los siguientes textos:

  • Estatuto del Empleado Público. Art. 74.
  • Dictamen AVPD CN3/2007.
  • Real decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Art. 2.2

La protección de datos personales es la excepción al derecho a la información pública. Clic para tuitear

Al margen de los criterios expresados, es evidente que aquella autoridad o funcionario que denuncie un perjuicio por la publicidad de datos personales de los empleados públicos, cuando sean meramente identificativos, debe presentar una justificación suficiente y concreta, sin que sea admisible la mera invocación de un perjuicio presunto y abstracto. No debe perderse de vista que la protección de datos personales es la excepción al derecho a la información pública y no lo contrario.

En general, en el ámbito de los Convenio internacionales, el derecho a recibir información se considera incluido en el derecho a la libertad de opinión y de expresión.5Así ocurre en el artículo 19 de la Declaración Universal de derechos del Hombre que en su artículo 19 proclama: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU que interpreta Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU 1966), en su Observación General nº 34, realiza un comentario sobre el artículo 19 del Pacto “libertad de opinión y libertad de Expresión”. Dicho artículo 19 en su apartado 2 dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

En relación a este apartado, el comentario que efectúa el Comité en la observación citada, considera que en dicho párrafo se enuncia el derecho de acceso a la información pública. En dicho comentario se incide en que la existencia de excepciones a este derecho deben ser eso, excepciones justificadas por la proporcionalidad. En su Observación general Nº 27, el Comité señaló que “las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse… El principio de proporcionalidad debe respetarse no solo en la ley que defina las restricciones sino también por las autoridades administrativas y judiciales que la apliquen” . El principio de proporcionalidad también debe tener en cuenta la forma de expresión de que se trate así como los medios por los que se difunda. Por ejemplo, el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática.

Igualmente, la Convención contra la Corrupción de 2003, incide en repetidas ocasiones en la importancia de la información pública y su acceso como instrumento de lucha contra la corrupción, dedicándole el artículo 10 por entero, en el que se conmina a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para aumentar la transparencia en su administración públicas, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público.

En la misma línea, en Europa, el Convenio para la protección de los derechos y Libertades Fundamentales (CEDH), dedica su artículo 10 a la libertad de expresión. Conviene destacar el apartado 2 de dicho artículo: “2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Al respecto el artículo 8 del CEDH establece:

Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.   

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 
  1. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

También la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dedica su artículo 11 a la Libertad de Expresión e Información En virtud del apartado 3 del artículo 52 de la Carta, este derecho tiene el mismo sentido y alcance que el garantizado por el CEDH y las limitaciones de que puede ser objeto este derecho no pueden por lo tanto sobrepasar las establecidas en el apartado 2 de su artículo 10.

Por último, a nivel internacional hemos de mencionar en esta materia el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos (Convenio 205) de 2009. No debe olvidarse que respecto de los límites del Derecho de Acceso a la información pública nuestro legislador trasladó a la Ley de Transparencia, casi de forma literal los límites que contiene el Convenio mencionado..

La utilidad de publicar los datos identificativos de los funcionarios

Puede admitirse con carácter general que la finalidad de las normas de transparencia es la de permitir a las personas conocer los mecanismos que intervienen en los procesos de toma de decisión por parte de los poderes públicos, así como facilitar la rendición de cuentas, y consecuentemente la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante un mejor conocimiento de la acción del Estado.

A este respecto, recordemos que conforme al primer párrafo del artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público6Aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. (TREBEP) “Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los empleados públicos dejan de ser sujetos anónimos a ser sujetos servidores públicos. Clic para tuitear

La publicidad activa de los datos meramente identificativos de los empleados públicos es un mecanismo de garantía del cumplimiento de los Principios éticos y de Conducta a los que están sujetos los empleados públicos y que se concretan en los artículos 53 y 54 del TREBEP. En particular resulta especialmente útil en el control de las incompatibilidades a las que están sujetos. Teniendo un indudable efecto preventivo en el cumplimiento de tales prescripciones legales.

Los empleados públicos dejan de ser sujetos anónimos a ser sujetos plenamente identificados como servidores públicos en relación con el puesto de trabajo que ocupan y por lo tanto sometidos al escrutinio público en relación al cumplimiento de las normas a los que están obligados y en particular las que pretenden garantizar la integridad en su actuación.

Desde ésta última perspectiva, se percibe un claro componente de participación ciudadana en los asuntos públicos: pone en sus manos la información precisa para reaccionar ante los comportamientos irregulares de los empleados públicos. Es en consecuencia una excelente medida dentro del entramado de iniciativas de lucha contra la corrupción además de satisfacer el derecho de acceso a la Información pública como parte del Derecho a la Libertad de Expresión e Información.

En lógica consecuencia con lo señalado y en relación a la identificación de los empleados públicos, su publicidad constituye también un instrumento más en la lucha contra la corrupción.

Conclusión

Según hemos podido advertir, en principio y sin perjuicio de las determinaciones específicas de las respectivas leyes de transparencia, la publicidad activa de los datos personales de los empleados públicos, cuando aquellos datos son meramente identificativos en relación con el puesto de trabajo que ocupan en la organización, no debería ofrecer ningún problema desde la perspectiva de la protección de los datos personales.

Los datos de los empleados públicos en relación a su puesto de trabajo deberían ser públicos. Clic para tuitear

No obstante, determinadas circunstancias particulares de estos empleados que suelen ser ignoradas por la propia organización a la que pertenecen (por ejemplo, víctimas de violencia de género, testigos protegidos, etc.) pueden hacer recomendable poner previamente en conocimiento de los empleados públicos la publicación de sus datos identificativos con la finalidad de que manifiesten la concurrencia de circunstancias concretas por las que la publicidad de tales datos meramente identificativos pudiera causarle consecuencias adversas; sin que en mi opinión sea válida la simple invocación abstracta de las consecuencias dañinas de la publicación de los datos identificativos.

Notas   [ + ]

1.Art. 13.2 a) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2.Art. 30.3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
3.Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
4.En esta cuestión la citada Resolución de la mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en relación con el recurso interpuesto por h.g.r. contra la resolución del secretario general del congreso de los diputados relativa a su solicitud de acceso a diversa información sobre la tarjeta de taxi a disposición de los diputados (número de referencia 2016/26), se argumenta: “Este criterio es el establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 2 noviembre 2010 (Caso Gillberg contra Suecia) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencias de 20 de mayo de 2003 -Asunto C-465/00; Rechnungshof-, 9 de noviembre de 2010 -Asunto C-92/09; Volker und Markus Schecke GbR-, y 29 de junio de 2010 –Asunto C-28/08; The Bavarian Lager Co. Ltd.-). Es decir, se debe realizar un juicio abstracto relativo a la importancia de la información para los fines de conocimiento, participación y control de la gestión de los asuntos públicos a los que sirve la transparencia.”
5.Así ocurre en el artículo 19 de la Declaración Universal de derechos del Hombre que en su artículo 19 proclama: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU que interpreta Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU 1966), en su Observación General nº 34, realiza un comentario sobre el artículo 19 del Pacto “libertad de opinión y libertad de Expresión”. Dicho artículo 19 en su apartado 2 dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

En relación a este apartado, el comentario que efectúa el Comité en la observación citada, considera que en dicho párrafo se enuncia el derecho de acceso a la información pública. En dicho comentario se incide en que la existencia de excepciones a este derecho deben ser eso, excepciones justificadas por la proporcionalidad. En su Observación general Nº 27, el Comité señaló que “las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse… El principio de proporcionalidad debe respetarse no solo en la ley que defina las restricciones sino también por las autoridades administrativas y judiciales que la apliquen” . El principio de proporcionalidad también debe tener en cuenta la forma de expresión de que se trate así como los medios por los que se difunda. Por ejemplo, el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática.

Igualmente, la Convención contra la Corrupción de 2003, incide en repetidas ocasiones en la importancia de la información pública y su acceso como instrumento de lucha contra la corrupción, dedicándole el artículo 10 por entero, en el que se conmina a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para aumentar la transparencia en su administración públicas, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público.

En la misma línea, en Europa, el Convenio para la protección de los derechos y Libertades Fundamentales (CEDH), dedica su artículo 10 a la libertad de expresión. Conviene destacar el apartado 2 de dicho artículo: “2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Al respecto el artículo 8 del CEDH establece:

Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.   

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 
  1. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

También la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dedica su artículo 11 a la Libertad de Expresión e Información En virtud del apartado 3 del artículo 52 de la Carta, este derecho tiene el mismo sentido y alcance que el garantizado por el CEDH y las limitaciones de que puede ser objeto este derecho no pueden por lo tanto sobrepasar las establecidas en el apartado 2 de su artículo 10.

Por último, a nivel internacional hemos de mencionar en esta materia el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos (Convenio 205) de 2009. No debe olvidarse que respecto de los límites del Derecho de Acceso a la información pública nuestro legislador trasladó a la Ley de Transparencia, casi de forma literal los límites que contiene el Convenio mencionado.

6.Aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Cuando la Administración no Paga. Cómo Proceder

Ya hemos dicho que la administración dispone de 30 días para pagar las facturas, una vez se ha verificado que los servicios, suministros o certificaciones, en el caso concreto de contrato de obras, a los que se refieren se han realizado correctamente. De no haberse hecho esta verificación en el momento en el que se han entregado los suministros, realizado los servicios o ejecutado las obras, deberá hacerse en el plazo máximo de 30 días, la Administración tiene 30 días para realizar esta comprobación.

¿Y si la Administración no paga en plazo?

Si la Administración no paga en plazo debemos dirigir un escrito a esa Administración deudora, reclamándole el pago de la factura o facturas de la que se trate, más los intereses de demora y la indemnización por costes de cobro.

Si la Administración no paga en plazo también podemos reclamar indemnización por costes de cobro. Clic para tuitear

Indemnización por costes de cobro

Recordemos que esta indemnización por costes de cobro, en los casos de demora, dará derecho a exigir a la Administración una cantidad fija de 40 euros que se añadirán, en todo caso y sin petición expresa, a la deuda principal. Además, se puede reclamar los costes de cobro, debidamente acreditados, siempre y cuando superen estos 40 € de los que hemos hablado.

Jurisdicción Contenciosa Administrativa

Si pasa un mes desde que hemos requerido el pago de esa factura pendiente a la administración, y la Administración no nos ha contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y se podrá formular recurso ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa por inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago anticipado de la deuda, en tanto se tramita el procedimiento judicial y a expensas de lo que resulte de ese procedimiento.

El juez de lo Contencioso-Administrativo ordenará el pago de la deuda como medida cautelar. Clic para tuitear

Medida cautelar

El juez de lo Contencioso-Administrativo ordenará el pago como medida cautelar previa, y eso evitará que la Administración aproveche la lentitud de la justicia para alargar al máximo el plazo de pago por vía judicial. Esta medida cautelar podrá consistir en ordenar la totalidad del pago de la deuda, salvo que la Administración se oponga señalando que no procede el pago de la deuda o que procede una parte, en ese supuesto en que la Administración demuestre que sólo procedería una parte la medida cautelar se limitará a ordenar el pago cautelar de la cantidad que proceda.

Límites del Derecho de Acceso a la Información Pública. La Igualdad de Partes y la tutela judicial efectiva

La presente reflexión en voz alta, no tiene vocación académica o científica alguna. Pretende simplemente abrir el debate en relación a la configuración de uno de los límites establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En concreto el relativo a la igualdad de partes y tutela judicial efectiva.

Igualdad de partes y tutela judicial efectiva

Al respecto, el artículo 14.1, apartado f), de la Ley de Transparencia determina que el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

Conforme tiene declarado nuestro tribunal constitucional (STC 125/1995):

“la necesidad de que ambas partes concurran al proceso en régimen de igualdad, con igualdad de armas y medios procesales y con posibilidad de contradicción, constituye una garantía que integra el propio art. 24 C.E., en cuanto que, interpretado a la luz del art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del art. 14 del Pacto de Nueva York, del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del propio art. 14 C.E., reconoce el derecho a un proceso informado por el principio de igualdad entre las partes (SSTC 4/1982114/1989180/1991, entre otras)”.

Se trata, por lo tanto, de un principio eminentemente procesal, que en palabras del Tribunal Constitucional:

“alcanza su manifestación más básica en el hecho de que las partes puedan comparecer en el proceso “con igualdad de posibilidades y cargas y empleando la asistencia técnica y los medios de defensa adecuados, sin que una de las partes quede a tal efecto en mejor situación que la otra, salvo que ello obedeciera, excepcionalmente, a una justificación muy estricta”

Las partes tienen que comparecer en el proceso con igualdad de posibilidades y cargas. Clic para tuitear

¿Partes iguales?

Evidentemente el principio de igualdad de partes no implica que las mismas sean iguales: por ejemplo, no es lo mismo la Administración, que el ciudadano en el proceso contencioso administrativo, ni persiguen los mismos fines.

La Administración Pública, investida del poder del Estado, del privilegio de poder de crear, modificar o extinguir derechos por voluntad propia y a través de actos unilaterales, investida también de la ejecutoriedad de sus resoluciones y acción de oficio, de la inembargabilidad de sus bienes y de la presunción de legalidad de sus actos; acude al proceso contencioso administrativo de forma netamente desigual en sus relaciones jurídicas con el administrado.

Sin embargo, en las actuaciones decisivas del proceso deben tener las mismas oportunidades para defender sus pretensiones. Incumbe por lo tanto a la autoridad judicial, procurar la neutralidad, y en consecuencia, la igualdad de armas procesales entre las partes.

Aplicación del límite

No nos andaremos con rodeos. Desde nuestra perspectiva este límite está contemplado para su aplicación única y exclusivamente por el Poder Judicial y su administración, y no por cualquier sujeto que posea información pública.

Admitir la aplicación de este límite por la propia entidad del sector público a la que se le solicita una información, provoca efectivamente, no potencialmente, en el caso concreto, una privación o minoración sustancial del derecho de defensa y un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes en el proceso y crea indefensión.

Además, esta posibilidad pone sobre la mesa otra cuestión: ¿Se aplica sólo cuando el solicitante de información tenga un pleito con la entidad a la que solicita la información pública? Ese supuesto llevaría al absurdo de poner en peor situación al que tuviera en marcha un pleito con la entidad a la que solicita una información que al resto de ciudadanos. Bastando simplemente que un tercero solicitara la información, la obtuviera y se la entregara al que se le negaría el acceso a la información por tener un pleito en curso con la entidad informante.

¿Se aplicaría entonces respecto de cualquier información vinculada directamente a la existencia de un pleito o asunto con la administración, independientemente de la persona que solicite la información? Desde luego que la contestación a esta pregunta si es positiva nos lleva a un lugar de tinieblas absoluto por cuanto cualquier información pública en el poder de una entidad puede ser negada bajo la mera excusa de que puede ir contra el principio de igualdad de armas procesales y crearle indefensión. Es muy fácil vincular cualquier información pública en poder de una entidad a la existencia de cualquier proceso judicial independientemente de su naturaleza, en el que se halle envuelto una entidad. Esta vía, esta interpretación, nos devuelve con suma facilidad al cero de la transparencia en nuestro país.

Incumbe a la autoridad judicial procurar la neutralidad entre las partes. Clic para tuitear

Límites del convenio del Consejo de Europa

No debe olvidarse que respecto de los límites del Derecho de Acceso a la información pública nuestro legislador trasladó a la Ley de Transparencia, casi de forma literal los límites que contiene el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos (Convenio 205).

Concretamente en su artículo 3.1) i) habla de “la igualdad de las partes en los procedimientos judiciales y la administración eficaz de la justicia” como límite o excepción al acceso a la información. El Profesor Emilio Guichot en su libro Transparencia y Acceso a la Información en el Derecho Europeo (2011, Cuadernos Universitarios de Derecho Administrativo), realiza un comentario a pie de página de esta excepción del Convenio 205 (véase pág.50 y también en la pág. 305) en el que parece abonar la postura que sostenemos: “No entran dentro de esta excepción, los documentos que no hayan sido elaborados en previsión de su uso ante una instancia judicial” Conclusión lógica según los argumentos que expresamos.

Ese límite del acceso a la información “cuando suponga un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva” que hace referencia a un principio de naturaleza exclusivamente procesal, el de igualdad de partes, aplicado no por el poder judicial y sus órganos –que es en quién se está pensando al establecer este límite–, sino por una de las partes interesadas en un proceso judicial respecto de la información que ella misma considera que le puede perjudicar, obrante en un expediente, da una ventaja evidente e injustificada a esa misma parte, contrariando el principio de igualdad de partes no sólo en el curso de un procedimiento judicial, en que la parte que impide al acceso a la información pública obtiene una posición de ventaja injustificada (como hemos señalado se trata de información pública) sino también impide al ciudadano acudir a la Jurisdicción o tomar la decisión de acudir o no a ella con todos los elementos de juicio necesarios en la medida que el sujeto obligado a dar la información se niega a darla por cuanto eso, que es información pública, le puede perjudicar a sus intereses en un pleito.

Tratándose de información pública, la aplicación de ese límite no debiera ser aplicada por el propio beneficiario de la denegación de dicho acceso, porque eso sí que es contrario al principio de igualdad de armas y crea indefensión. Tratándose de información pública, digo. También desde la perspectiva del derecho de los ciudadanos a una buena administración. La aplicación de este límite por la propia entidad interesada, es desde el punto de vista de la ética y la integridad pública, impresentable. Se trata –repetimos–, de información pública.

*Este artículo ha sido publicado en el número 3 de la RET (Revista Española de la Transparencia)

Compartiendo la Serie Supervillanos de la Información Pública. Nuestro Regalo de Navidad

En otro post de este blog conté que la serie Supervillanos de la Información Pública fue concebida junto con Rafa Camacho a partir de la necesidad de contar de forma amena, entretenida y gráfica cuáles son las barreras a las que se enfrentan de ordinario los ciudadanos cuando de información pública se trata.

Pretendíamos crear un material que pudiéramos utilizar, tanto en docencia como en alguna conferencia o ponencia, que de tanto en tanto nos llevan por esos mundos de Dios. Creo que el objetivo inicial está más que cubierto.

Y ya que estábamos, ¿por qué no difundirlo por internet? Eso hicimos, vuestra amable redifusión y acogida de cada una de las entregas semanales hizo el resto. Qué menos que responder a esa fidelidad semanal poniendo a vuestra disposición todo el material utilizado editable para ser empleado en vuestras propias presentaciones.

Derecho de acceso a la información pública: Futuro con ciudadanos más responsables. Clic para tuitear

Nos haría especial ilusión que llegara a las escuelas, lugar en el que indiscutiblemente han de concentrarse los esfuerzos divulgativos del Derecho de Acceso, si queremos tener en un futuro ciudadanos más responsables; capaces de exigir y perseguir de forma pertinaz e incansable sus derechos, en este caso el derecho de acceso a la información pública.

Todo el material que ahora compartimos en diversos formatos de presentación, está licenciado bajo licencias Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual, de tal manera que puedes utilizarlo, total o parcialmente, tanto textos como imágenes, con la condición de que reconozcas la paternidad manteniendo las menciones de autoría y compartas el resultado de tu creación de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros ahora. Y si tienes alguna duda es muy fácil preguntar. La serie Supervillanos de la Información Pública es nuestro regalo de Navidad, by Rafa Camacho & Melián.

¡Feliz Navidad!

La serie Supervillanos de la Información Pública es nuestro regalo de Navidad. Clic para tuitear


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Cómo Cobrar una Factura a la Administración

¿Cómo cobrar una factura a la Administración, si precisamente, uno de los principales problemas que tienen que enfrentar empresas y profesionales, especialmente en época de crisis, es el de la morosidad?

El plazo

La probabilidad de cobro de una deuda disminuye con el paso del tiempo, por esa razón es conveniente no dejar pasar demasiado tiempo sin reclamar esa deuda formalmente.

Cuando realicemos un servicio o o suministro o la ejecución de una obra para una Administración pública, es muy importante presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente dentro de los treinta días siguientes a la fecha de entrega de las mercancías, la prestación del servicio o la realización de la obra.

Es importante presentar la factura ante el registro de entrada dentro de los 30 días siguientes. Clic para tuitear

Conformidad

Naturalmente, la Administración tiene que dar su conformidad a la certificación de la obra, si es una obra o a la factura que se presenta, comprobando que efectivamente los bienes o servicios a los que se refiere han sido prestados tal y como se había pactado.

Si esa conformidad no se ha dado en el mismo momento de realizar las prestaciones pactadas, la Administración dispone de 30 días como máximo para dar esa conformidad.

Este plazo de 30 días, puede ser mayor si así se ha pactado en el contrato o así está dispuesto en alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo.

Intereses de demora y costes de cobro

Desde que la administración da su conformidad, tiene otros 30 días para pagar y si la administración no paga en ese plazo, además del importe de la deuda se puede exigir el pago de intereses de demora y el pago de la indemnización correspondiente por los costes que ese impago haya causado.

Si la administración no paga en plazo se le puede exigir intereses de demora y costes de cobro. Clic para tuitear

Esta indemnización por costes de cobro, en los casos de demora, dará derecho a cobrar a la Administración una cantidad fija de 40 euros que se añadirá en todo caso y sin petición expresa a la deuda principal, además se podrá reclamar los costes de cobro debidamente acreditados que superen el importe de 40 euros.

Registro

Es importante presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente y dentro de los treinta días siguientes al momento en el que se ha realizado el servicio o la entrega de suministros, porque así podrás reclamar intereses a partir de la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Del Derecho a Saber al Derecho a Conocer. Supervillanos del Acceso a la Información Pública: INCULTURA

Esta es la última infografía de la serie “Del derecho a saber al Derecho a Conocer. Supervillanos del Acceso a la Información Pública” pergeñada al alimón entre el amigo Rafa Camacho de Transparencia en España y servidor. Con la Supervillana INCULTURA terminamos.

Un buen solo de guitarra o saxo que se precie, no sólo debe dejar al público boquiabierto, lo debe dejar también con ganas de más. Lo poco agrada y lo mucho empalaga. Ya se sabe. En nuestro caso, no creo que hayamos dejado embobado a nadie o por lo menos más de lo que ya estuviera sin nuestra estimable contribución. Pero sí queremos dejaros con un buen sabor de boca. Con ganas de más.

Es importante y trascendente superar las distintas barreras de acceso a la información. Clic para tuitear

La razón de ser

Empezamos esta pequeña aventura de siete semanas, medio en serio medio en broma, con la intención de armarnos con unas herramientas útiles para hacer entendible la importancia y trascendencia de la necesidad de superar las distintas barreras de acceso a la información y que personalizamos en los supervillanos que nos impiden acceder con normalidad a la información pública:

Los Supervillanos

Intro: Los Supervillanos de la información pública; Transparencia en España

Cap. 1: INFOXICATION

Cap. 2: BUROCRATIO

Cap. 3: INCOMPRENSIT

Cap. 4: BRECHATECH

Cap. 5: PDF-MAN

Cap. 6: INCULTURA

Ecosistema transparente

Creo que al menos hemos conseguido animar unas semanas el “ecosistema transparente”, denominación, dicho sea de paso, que debemos a Rafa Ayala (en twitter @ra_ayala) de gobiernotransparente.com, al que por primera vez oí tal expresión para referirse a la fauna y vegetación variopinta que habita la Transparencia en España.

Por último, quisiéramos dar las gracias tanto a los compañeros de Acreditra, que cataron anticipadamente cada infografía para testear su equilibrio, como a nuestros followers en Twitter muchos de los cuales se animaron a interactuar con nuestros antihéroes.

Por descontado, gracias también cabroncetes, hijoputillas, mamoncetes y demás escoria, sin distinción de género, Supervillanos de vedad, con los que hemos de lidiar en serio, nunca en broma, en la vida real y cuyo comportamiento de común abyecto y retorcido si bien dan un toquecito de regusto amargo, a veces nos inspiran –como es el caso–, para dar vida, una mala y corta vida supervillana, espero, a nuestras criaturas infografías.

La Incultura es la democracia para el pueblo, sin el pueblo. Clic para tuitear

Nuestra Supervillana INCULTURA se suelta el pelo y nos dice:

“No te confundas, no soy la que piensa que África es un país, que melómano es quién cultiva melones o que aristócrata es el seguidor de Aristóteles. Puedo serlo, pero no. Soy la que alela a los ciudadanos ante la Administración, ante el gobierno, para que no pregunten, para que no conozcan su derecho a preguntar y la obligación de aquellos, de contestar. Creo ciudadanos irresponsables y nada comprometidos, que no persiguen sus derechos y se vencen al primer obstáculo. Que desde pequeños sepan que preguntar es de mala educación y pedir cuentas, peor. Todos los supervillanos de la información me adoran y muestran devoción. Mis aliados son. Soy la malvada incultura, la poderosa. La democracia para el pueblo sin el pueblo. Qué sabrán ellos. Nada y nunca si por mi fuera. Soy esa administración, ese gobierno, ese funcionario que maneja la información como propia. A su antojo, y aún siendo pública, no la hace pública; que conoce mejor que los propios ciudadanos lo que a ellos interesa. Que sin saber nada lo sabe todo. Soy la que oculta a los vecinos sus derechos, que no hace ningún esfuerzo para que los conozcan y en consecuencia los exijan. La que no forma a funcionarios y políticos; la que los deforma y alimenta su desinterés en rendir cuentas; la que los empuja a hacer siempre lo mismo y tratar como memos a la gente, ignorando que teniendo el ciudadano en su mano la información, todo iría mejor. Pues no, ¡¡¡vivamos ciudadanos felices, en la incultura y la desinformación y si a alguien se le ocurre preguntar, miremos a otro lado y subamos el televisor!!!”

Infografía Supervillano: Incultura

Supervillanos de la Información: Incultura | Melián Abogados

Del Derecho a Saber al Derecho a Conocer. Supervillanos del Acceso a la Información Pública: PDFMAN

Este es un post de invitado de Rafa Camacho. Rafa es el desarrollador y content curator de la selección de contenidos Transparencia en España desde 2015.

Continuamos con el desarrollo de la serie sobre las barreras al acceso a la información pública, y esta semana nos encontramos de nuevo con la brocha gorda de la transparencia: PDFMAN. ¿Nos encontramos de nuevo? Pues sí, porque decir que hoy vamos a “presentarlo” tendría un punto de guasa importante. Que levante la mano quien esté leyendo esto y no se haya topado con él. ¿Nadie? Lo sospeché desde un principio, como diría el mismísimo Chapulín Colorado, ese antihéroe de barrio creado por el mítico cómico mexicano Chespirito.

Por otra parte, sobre la relación de PDFMAN y la transparencia ya trató mi compañero de aventuras supervillanas Juan Carlos García Melián en un post de 2014, cuando ya algunos como él advertían que no era transparencia todo lo que se publicaba… o al menos, no era tan transparente como podría ser, y que las paredes de cristal de nuestras administraciones a lo mejor sólo eran de metacrilato o de plástico fino.

Siguiendo la ingeniosa metáfora de ese post, “el PDF es a la transparencia lo que el gotelé es a la pintura”. Así, el PDF cumple su función en cuanto a la publicidad activa como el gotelé tapa los desconchones de la pared y homogeniza la pared pintada. Nadie puede decir que los datos o documentos subidos en PDF no están publicados, como nadie puede decir que una pared recién pintada está sin pintar, pero seguramente muchos convendremos que no es “lo excelente” . Y como la superpoblación de PDFs en una web de transparencia se viene considerando excelente o similar (véanse los ránquines de transparencia, o los numerosos  titulares en prensa de corte local y comarcal especialmente), parece necesario dar este toque de atención sobre tan generosa evaluación.

El PDF tiene muchas virtudes que no son discutibles. Se reproduce sin problemas en cualquier sistema operativo, permite la conversión de múltiples formatos respetando su edición y contenido tal y como lo quiere mostrar el autor, es fácilmente distribuible, especialmente desde que se pasó la prehistoria de los módems telefónicos para conectarse a Internet, es fácil de crear hasta por los afectados levemente por BRECHATECH…, es bueno, bonito y barato. O eso piensan las administraciones.  Y además no es fácil de editar, y mucho menos de manera gratuita, con lo que, queriendo o sin querer, se añade otra valla en la carrera de obstáculos que puede resultar una petición de acceso a la información pública por parte del ciudadano medio, incluso si obtiene una contestación afirmativa.

¿Quieres documentos? Toma un carro de PDFs, y depende de la voluntad real de transparencia de la administración en cuestión, que sean cifrados o en formato imagen, para que ese ciudadanito ingenuamente feliz por haber obtenido respuesta tenga que acabar viéndose como ese clásico espía de la ficción que hace clandestinamente fotografías de los archivos “top-secret” archivados bajo siete llaves.

¿Quieres transparencia? Toma dos tazas. Puede parecerle al lector que exagero, pero ejemplos hay de peticiones de información resueltas, previo “tirón de orejas” de un órgano garante, para las que como respuesta se procede a llenar, literalmente, una furgoneta de papeles para dar “toda la información” al reclamante.

¿Que la quieres digital? No hay problema. Toma unos miles de PDFs y déjate las pestañas leyendo y transformando tan liviana lectura en datos. La actitud de la administración es la que determina ese comportamiento, y se puede poner en práctica tanto en la versión “analógica” como en la “digital”. Y eso, como ya vimos en nuestra serie, no es información, es infoxicación.

El pdf debería ir acompañado de otros formatos reutilizables: XML, CSV, XLS, DOC... Clic para tuitear

Todas las ventajas del PDF no las voy a rebatir, pero permítanme que sí lo haga respecto a la supuesta plenitud de su excelencia en caso de que fuera el formato perfecto, el definitivo, el colmo de la transparencia, porque no lo es: pregunten por la indexación de PDFMAN y la presencia en los motores de búsqueda web de documentos ungidos por sus poderes, que lo pueden convertir en un villano invisible a los ojos del mismísimo Google.

Y puestos a pedir, que creo que no es mucho, como ya sugería Juan Carlos en aquel post que les cité al principio, acompáñese de otros formatos (XML, CSV, XLS, DOC…). Siguiendo con las citas de programas infantiles, recordemos cómo en La Bola de Cristal nos aconsejaban: “sólo no puedes; con amigos, sí”. El Boletín Oficial del Estado es buen ejemplo de ello. Las Disposiciones del BOE se publican en varios formatos y no sólo eso, se relacionan con la legislación que le atañe directamente (análisis); la Disposición, bien dispuesta con sus amigos.

Y es que además hay una evidencia: el PDF no nace, se hace. El PDF (en su inmensa mayoría), antes de su existencia pluscuamperfecta, fue un DOC, o XLX o vaya usted a saber qué tipo de archivo editable. ¿Es necesario ponerle una coraza? Puede ser práctico si le acompañan otros formatos. Si se queda solo ante el inquisidor peticionario de información, se convierte en cierta forma en un truco de magia: ahora ves un pañuelo, ahora es un conejo… ahora ves la paloma, ahora no la ves…

Al hilo de esta pregunta, subyace un obstáculo, una barrera o un qué sé yo que es tanto o más preocupante que las limitaciones técnicas: “el miedo a que me lo cambien“. Esto es real, creo que tampoco es necesario, como con PDFMAN, extenderse en la explicación. “Es que si cuelgo una hoja Excel con los presupuestos me lo pueden cambiar y publicarlo… ¡no es seguro!”.

Parece que no puede el guardián de la pureza de la información dormir tranquilo sabiendo que hay inquisidores perversos y desocupados que van a alterar sus datos inmaculados para publicarlos fraudulentamente. Pero no piensa nuestro guardián que si él ha publicado a la vista de todos los mismos datos, es muy fácil detectar el fraude y destrozar la credibilidad de quien se atreva a hacer tan burda trampa, a la par que refuerza la del emisor original.

Ese entrecomillado anterior, tan llano, tan cargado de aparentemente lógicos recelos, muestra el problema de fondo que subyace bajo su premisa: no se confía en los receptores de la información. Ni se confía en sus buenas intenciones, ni se confía en su inteligencia. Y tal vez no sea ese el camino que deben explorar las administraciones para ganarse una confianza perdida como consecuencia del descrédito de la política y los crecientes sentimientos de desafección a ella, que se contagian, como una mala gripe, de la política a la administración, de los representantes a los gestores, de los políticos a los funcionarios. Un par de tazas de confianza, por favor. Y PDFMAN, con amigos, sí.

Detrás del uso del pdf subyace una premisa: no se confía en los receptores de la información. Clic para tuitear

Veamos que nos dice este esperado Supervillano PDFMAN:

Yo soy la solución a todos tus problemas de transparencia. Popular y de uso fácil, configurable y asegurable, compacto e inconmensurable. No veas el volumen de documentos e información que puedo manejar. Y me verás tal cual, como el documento original. Soy independiente: hardware, software, o sistema operativo, me da igual. Fácil de transmitir y usar. Y para ocultar la información, soy el campeón. Medalla de oro en dificultad de edición. Sea el escaneo o la imagen de un documento o por configuración, impenetrable e inescrutable por las máquinas. Información inaccesible e irreutilizable. Que hay que publicar las cuentas, pdf; que te piden la relación de contratos menores, pdf; que hay que publicar un listado de lo que sea, ahí estoy yo. Tablas y datos, para cosidos y zurcidos, pdf que te crió.

Infografía Supervillano del pdf: Pdf-Man

Supervillanos de la Información: Pdfman | Melián Abogados

Del Derecho a Saber al Derecho a Conocer. Supervillanos del Acceso a la Información Pública: BRECHATECH

Una serie, para serlo, requiere un mínimo de continuidad. Con BRECHATECH, que es el cuarto Supervillano del Acceso a la Información, de la serie “Del derecho a saber al derecho a conocer” al alimón por el curador de contenidos, Rafa Camacho, y Melián Abogados, ya tenemos una mínima sucesión de supervillanos  y por lo tanto merecemos ya llamar a este invento “serie”.

A la que, en las próximas dos semanas, se unirá otro Supervillano: PDFMAN y otra Supervillana: LA INCULTURA. Pero bueno, eso es lo que ha de venir. Lo que toca hoy es presentar a un Supervillano especialmente dañino, y frente al que la lucha parece interminable. La denominada Brecha Digital. Esta barrera de acceso a la información que impide la incorporación a la Sociedad de la Información de un número importante de ciudadanos,  tiene una doble cara.

Por un lado, cultural. Una parte de la población carece de un mínimo de cultura digital para poder acercarse de forma autónoma a las nuevas tecnologías; particularmente al simple uso de un ordenador y como mínimo, navegar por Internet.

La Brecha Digital impide la incorporación a la Sociedad de la Información de muchos ciudadanos. Clic para tuitear

Por otro lado, tecnológica. Naturalmente, el acceso a Internet y la calidad de ese acceso, son determinantes para el aprovechamiento óptimo de todas las oportunidades que ofrece la red de redes. Entre ellas, por ejemplo, el acceso a la información pública que se vuelca en los portales de transparencia o también la posibilidad de gestionar telemáticamente cualquier petición ante la administración sin que sea una experiencia interminable o inconclusa.

Si volcamos toda nuestra voluntad y medios en trasladar al mundo virtual las relaciones Administración-Ciudadano, han de realizarse no menos esfuerzos para evitar que haya una parte de ellos que queden descolgados de ese mundo virtual por razones culturales o tecnológicas. También es su derecho.

El acceso a Internet es determinante para aprovechar las oportunidades que ofrece la red. Clic para tuitear

Oigamos qué tiene que decirnos este Supervillano BRECHATECH:

“Os mantengo a distancia de la información, incentivo vuestra ignorancia tecnológica y promuevo un acceso a Internet “de manivela”, por goteo de datos, al peso y salado, salado. Agito el señuelo de la información y justo cuando confiáis en acceder a ella, os devuelvo a la realidad: ni sabéis ni podéis. “Error” 401, 403, 404, ó 503, también me valen; y como fallo fiel a su nombre siempre falla, mensajito para rematarla de no se qué de la máquina Java o un “internal server error” en puñetera ventana emergente. Difícil asomarse al mundo virtual –harén de la información–, con la losa del acceso de pega a Internet, la de la cara manivela y sin tener el ticket del saber digital. Soy guardián de la sima tecnológica que impide oler siquiera las oportunidades que Internet ofrece. Tampoco acceder a la información fiada a la tecnología. La casa por el tejado. Irse a la montaña sin agua, botas y piolet. O algo parecido. A la primera te rindes. Mejor para mañana.

–Y ahora, cierra la ventana… (haces ademán de levantarte de la silla) …

–¡esa noooo!, la de la pantalla. Esa deliciosa “digital divide”, soy yo.”

Infografía Supervillano de la brecha digital: Brechatech

Supervillanos de la Información: Brechatech | Melián Abogados

Del Derecho a Saber al Derecho a Conocer. Supervillanos del Acceso a la Información Pública: INCOMPRENSIT

A cuenta de la serie “Del derecho a saber, al derecho a conocer”, con el que Rafa Camacho y servidor estamos intentando poner cara a las barreras de la información, me había propuesto escribir apenas unas líneas para introducir al Supervillano de este martes, INCOMPRENSIT, cuando  me topé con el recorte guardado para una ocasión como esta, se trata de un anuncio en el BOE que ilustra perfectamente la naturaleza de este supervillano y que suele hacerte dudar de tu propia capacidad intelectual.

No te preocupes, no eres tú, son ellos. Aquel anuncio publicado en el BOE Núm. 147 de 18 de junio de 2014 Sec. V-A. Pág. 29334, contenía un encabezado que decía así:

BOE 147

“Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del “Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hacen públicas las modificaciones de dos anuncios relativos a una misma licitación: El anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca la licitación del acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa y el anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública una modificación del anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación para el acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa”

Pues de eso se trata, de expresarse de tal manera que el anuncio no sirva de nada, puesto que no hay manera de entender qué es lo que se anuncia, salvo que te hagas un mapa para saber dónde está el tesoro de lo anunciado.

El Supervillano de la incomprensión en la Transparencia. Cuando no hay manera de entender nada. Clic para tuitear

Y ahora que le pongo cuenta al asunto la contratación –el anuncio reproducido pertenece a esta especialidad–, es terreno abonado para nuestro supervillano. No ya por las fórmulas, o criterios de adjudicación, dignos de esos problemas que perviven años sin que haya un Arturo que extraiga la espada de la piedra, alumbrando su resolución.

También el texto legislativo, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tiene su cosa. Como botón de muestra baste recordar que algunos preceptos como los de modificación de contratos, es aconsejable para desentrañar su alcance, leerlos empezando por el final y hacerse, como dije, un mapa.

Desde luego, la Incomprensión de los textos normativos, actos administrativos o de la propia información, no ha de atribuirse necesariamente a la mala intención de su autor. A veces, uno cuando escribe, se lía. Ya se sabe, el sueño de la razón produce monstruos. Pues eso.

Este problema de la incomprensión de la información, se hace más grave aún respecto de aquellas personas que tienen dificultades lectoras transitorias (inmigración, incorporación tardía a la lectura, escolarización deficiente…) o permanentes (trastornos del aprendizaje, diversidad funcional, senilidad…) Iniciativas como las de “Lectura Fácil” pretenden concienciar sobre estas circunstancias promoviendo una comunicación clara y directa, basada en la transparencia, la accesibilidad y la responsabilidad.

Dice nuestro SUPERVILLANO:

Soy el Considerando Primero, el otrosí , el gerundio y el pluscuamperfecto. La perífrasis superflua, el retruécano y la elipsis constante. Soy ese “adjunto le remito a los efectos que procedan respecto del asunto de referencia” Amigo de la ambigüedad, la imprecisión y de la remisión a la remisión. Adicto de la frase larga, ampulosa, pomposa y engolada. Nada de lectura fácil. Sólo Sosegada. Tómate tu tiempo y por si acaso, al lado, un diccionario.  Soy la norma que sólo se entiende haciendo el pino y del revés. Amante de la salvedad y la excepción. Me pone el sesquipedalismo, los archisílabos, los anglicismos, las siglas y los anagramas. La PACA, ¡qué invento! Jerga administrativa, textos legislativos en chino ¡que gozada! Es cierto, no se entiende un pimiento. De eso se trata, si te digo otra cosa, te miento.”

Infografía Supervillano de la incomprensión: Incomprensit

Supervillanos de la Información: Incomprensit | Melián Abogados