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Persona Jurídica; Responsabilidad del Administrador

En artículos anteriores hablamos de la reciente reforma del código penal en consonancia con los programas de cumplimiento normativo en las empresas, concretamente hicimos referencia a la figura del momento, el Compliance Penal. Expusimos que a raíz de la modificación normativa, la persona jurídica podrá ser responsable de los hechos delictivos que se cometan en el seno de su actividad, comisión que podría llevarse a cabo por los miembros del órgano de administración, por los altos cargos de la empresa, por los propios prestadores de servicios sin más, o incluso y para sorpresa de muchos, por aquellos colaboradores externos que carecen de relación laboral con ésta pero que mantienen otro tipo de vinculación, como por ejemplo los proveedores de mercancías, los profesionales libres externos a la organización, u otros que se relacionen con la persona jurídica y que al cometer un acto delictivo, beneficien directa o indirectamente a la sociedad mercantil.

Responsabilidad empresarial

La concienciación empresarial, y más concretamente la de los miembros del órgano de administración, adquiere especial importancia en temas de cumplimiento normativo. Tanto la reforma del Código Penal como la de la Ley de Sociedades de Capital persiguen la transparencia y el buen gobierno corporativo en las empresas, de ahí la vinculación casi automática del artículo 31 bis del código penal (responsabilidad penal de la persona jurídica) y el artículo 225 y 226 de la Ley de Sociedades de Capital (responsabilidad por falta de diligencia empresarial del miembro del órgano de administración).

La concienciación empresarial adquiere especial importancia en temas de cumplimiento normativo. Clic para tuitear

Persona Jurídica y sistema de prevención de delitos

Dispone nuestra normativa penal que la persona jurídica sólo quedará exenta de responsabilidad si cuenta con un sistema de prevención de delitos que sea eficaz y que haya sido implantado antes de la comisión del hecho delictivo en la empresa. Éste deberá reunir una serie de requisitos, como por ejemplo la implementación de políticas y protocolos de actuación que guarden relación con los principios inspiradores de la sociedad. La creación y actualización de estos mecanismos preventivos, persigue incorporar pautas de comportamiento que deberán fusionarse con las ya existentes en la estructura organizativa, y se difundirán para su conocimiento a través de la formación de empleados llevada a cabo por el propio Compliance Penal o encargado del cumplimiento normativo.

Diligencia

Asimismo, y siguiendo con la vinculación de la normativa expuesta, la ley mercantil establece que los administradores de la sociedad deben desempeñar el cargo y cumplir sus deberes con la diligencia de un ordenado empresario, debiendo asegurarse por tanto, que la organización actúa de conformidad con la legalidad. Este deber de legalidad impone a su vez a los miembros del órgano de administración, un deber personal de asegurarse de la legalidad de las decisiones que se adoptan, y una deber más general de velar porque todas ésas sean lícitas.

Lo anterior abre la vía de la responsabilidad social por falta de diligencia empresarial de los administradores, que con posterioridad a la sanción penal, podrá instarse contra aquellos que no han puesto en marcha o han omitido los mecanismos adecuados para asegurarse razonablemente que las infracciones no se produzcan, y si se producen, que éstas se detecten a tiempo con objeto de sancionar a los verdaderos infractores.

Ser administrador de una sociedad hoy en día es una auténtica labor de riesgo. Clic para tuitear

Conclusión

A la vista de lo anterior, puede concluirse afirmando que ser administrador de una sociedad hoy en día es una auténtica labor de riesgo, de ahí la importancia de adoptar decisiones que nos salvaguarden de una posible responsabilidad personal por la comisión de hechos delictivos en el marco empresarial. Un sistema eficaz de prevención de delitos implantado por profesionales especializados en la materia logrará, sin lugar a dudas, cortar ese flujo de responsabilidad que se balancea entre el Derecho Penal y el Derecho Mercantil, ofreciéndole a la empresa además, una imagen corporativa y reputacional reforzada y transparente, incrementado a su vez, el grado de confianza en la organización que se materializará a la larga en mayores beneficios para ésta.

Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

En este vídeo hablamos de alguna de las reformas del código penal incluida en la Ley Orgánica 1/2015. Entre ellas destacamos el régimen de responsabilidad penal de la Persona Jurídica, y más concretamente de la necesidad de un sistema de prevención de delitos, o que delimite el riesgo de comisión de éstos, por parte de los empleados de la empresa.

Este plan de prevención puede ser desarrollado por el propio personal de la empresa o por personal externo cualificado, por ejemplo, abogados, en el caso de pequeñas y medianas empresas.

Aunque no existe obligación de implantar este sistema de prevención, sin embargo, no disponer de él implica la activación inmediata y automática del mecanismo de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

A ésta y más información puedes acceder a través de este vídeo.

El Compliance Officer. Prevención de la Comisión de Delitos por los Empleados

La entrada en vigor del nuevo Código Penal (1 de julio de 2015) incorpora novedades significativas relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si echamos una mirada al pasado, podemos comprobar que en nuestro ordenamiento jurídico-penal esta responsabilidad no se encontraba regulada hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, es en este momento en el que se reconoce expresamente dicha responsabilidad, autónoma y directa, de las personas jurídicas.

Programa de Prevención

Después de cinco años de incertidumbre, la Ley Orgánica 1/2015 pone fin a las dudas interpretativas existentes limitando la responsabilidad mediante la incorporación de una figura desconocida hasta el momento en nuestro sistema. El “compliance program” o programa de prevención, delimita el campo de responsabilidad y permite a la empresa eximirse de ésta si se han adoptado, antes de la comisión de los hechos, las medidas suficientes/necesarias de control mediante la implantación en la empresa de un sistema de prevención de delitos.

Compliance Officer

El responsable de cumplimiento normativo, interno o externo a la empresa (Compliance Officer), asumirá la vigilancia y control orientado a prevenir la comisión de delitos por los empleados. Se encargará de crear y ejecutar los protocolos o procedimientos de actuación, la imposición de obligaciones de información, establecimiento de un sistema disciplinario, verificaciones periódicas del modelo, entre otras actuaciones.

El Compliance Officer previene la comisión de delitos por parte de los empleados. Clic para tuitear

Actividad transparente

Tras la reforma normativa, tanto las grandes empresas como las PYMES se encuentran con la necesidad común de asegurar que la actuación de sus trabajadores no traiga consigo, consecuencias jurídico-penales para la empresa. La imposición de sanciones penales, puede acarrear no sólo perjuicios económicos importantísimos, sino también, desprestigio dentro del ámbito empresarial, obstáculos de financiación por parte de las entidades bancarias y lógicamente, una imagen nada favorable de cara a proveedores y clientes. Radica ahí la importancia de asegurar una actividad transparente y conforme a derecho mediante el desempeño de un programa de prevención que vele por el cumplimiento preventivo de la normativa.

Contratar a personal especializado que se encargue de los deberes de control, resulta a nuestro juicio, una medida necesaria y primordial para las personas jurídicas, y ello a fin de evitar responsabilidades penales bajo la supervisión y gestión de la actividad empresarial por profesionales.

Exención de responsabilidad

Dispone la nueva regulación que, sólo tendrá cabida la exención de responsabilidad si concurren los siguientes requisitos:

Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para evitar delitos o bien, reducir de forma significativa el riesgo.

Que dicha supervisión haya sido encargada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control suficientes o que tenga encomendada legalmente la función de control interna de la persona jurídica.

Que el autor del delito haya eludido fraudulentamente los modelos de organización y prevención.

Por último, que no se constate una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano encargado de ejecutar, en sentido amplio, el sistema de prevención.

Es preciso contratar personal especializado que prevenga la comision de delitos en la empresa. Clic para tuitear

Se establece un matiz para el supuesto de las empresas de pequeña dimensión (entendiéndose por tales las que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada), en este caso concreto la gestión encargada generalmente a personal especializado externo (compliance program), podrá asumirla el propio órgano de administración.