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Indemnización por Despido Improcedente; Aclaración del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo clarifica el cálculo transitorio de la Indemnización por Despido Improcedente.

En nuestro artículo Cálculo transitorio de indemnización por despido improcedente”, nos hacíamos eco de la Sentencia del TS (Tribunal Supremo) de 9 septiembre 2014, que  estableció una interpretación de los topes aplicables en el cálculo de la indemnización por despido improcedente en supuesto de contratos suscritos con anterioridad al 12 de febrero de 2012, los cuales tienen un régimen transitorio contendido en la Disposición Transitoria quinta del RD Ley 3/2012.

El tenor literal de dicha DT (disposición transitoria) parecía claro, pero la aplicación matemática dio lugar a una amplia casuística al punto de que en supuestos en que la indemnización del primer tramo supera los 720 días de tope, pero no alcanza al tope de 42 mensualidades, se planteara la posibilidad de seguir incrementando la indemnización de este primer tramo computando el tiempo de prestación de servicios posterior al 12/2/2012 hasta el tope de las 42 mensualidades. Se produjo una  respuesta afirmativa por parte del Tribual Supremo en la Sentencia de 9 septiembre 2014 (RCUD 3065/2013), en los cálculos efectuados de la indemnización de una trabajadora en la que se daba la situación referida, y el Tribunal determinó que si se superan los 720 días devengados pero no los 42 meses, sigue aumentando la indemnización hasta ese tope.

Pues bien, el Tribunal Supremo ha dictado nueva Sentencia de 18/02/2016 en Recurso de Casación de unificación de Doctrina 3257/2014, que en esta cuestión viene a  Clarificar y concordar la STS 29 septiembre 2014 (Rec. 3065/2013) y STS 2 de febrero de 2016 (Rec. 1624/2014), precisando el alcance de la citada Disposición Transitoria:

a) La Disposición Transitoria solo se aplica a los supuestos en que el contrato se ha celebrado con anterioridad a 12 de febrero de 2012; la fecha inicial de cómputo, en supuestos de unidad esencial del vínculo es claro que se retrotrae hasta el inicio del periodo.

b) Cuando, por aplicación de este precepto, se toman en cuenta periodos de servicio anteriores y posteriores al 12 de febrero de 2012 “el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario”.

c) De manera excepcional, este tope de 720 días de salario puede obviarse si por el periodo anterior a 12 de febrero de 2012 ya se ha devengado una cuantía superior.

d) En sentido contrario, la norma implica que si por el periodo de prestación de servicios anterior a 12 de febrero de 2012 no se ha sobrepasado el tope de 720 días tampoco puede saltarse como consecuencia de la posterior actividad.

e) Si los 720 días indemnizatorios se superan atendiendo a los servicios prestados antes de 12 de febrero de 2012 hay que aplicar un segundo tope: el correspondiente a lo devengado en esa fecha. A su vez, esta cuantía no puede superar las 42 mensualidades.

f) Quienes a 12 de febrero de 2012 no habían alcanzado los 720 días indemnizatorios (con el módulo de 45 días por año) siguen devengando indemnización por el periodo posterior (con el módulo de 33 días). El referido tope de los 720 opera para el importe global derivado de ambos periodos.

g) El cálculo de cada uno de los dos periodos es autónomo y se realiza tomando en cuenta los años de servicio, “prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año” en los dos supuestos.

De acuerdo con lo razonado en el apartado anterior, aunque no se hubiera alcanzado el máximo indemnizatorio absoluto de las 42 mensualidades, el tiempo de servicios posterior a 12 de febrero de 2012 es inhábil para acrecentar la cuantía fijada. Dicho de otro modo: al entrar en vigor la reforma legislativa de 2012 (Real Decreto-Ley 3/2012, respetado por Ley 3/2012) el trabajador ha prestado servicios por tiempo superior a 19 años y eso provoca que el ulterior trabajo resulte inocuo desde la perspectiva de la Disposición Transitoria Quinta aplicable al caso.

Así las cosas, en el cálculo de la indemnización por despido improcedente para contratos celebrados antes de febrero de 2012 a los que se aplica por tanto este régimen transitorio antes referido, lo devengado a febrero de 2012 actúa como tope, por sobrepasar 720 días, aunque no se alcancen las 42 mensualidades.


**  La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

Despido Improcedente; Cálculo de la Indemnización

Cálculo de la indemnización por despido improcedente en una relación mercantil fraudulenta.
Hoy seré breve y me limitaré a compartir con ustedes una Sentencia del Tribunal Supremo que uno de mis compañeros de despacho me envió en su día. Le resultó interesante y acertó. Es una de esas sentencias que yo llamo de uso recurrente, pues no son pocos los litigios que abordan la cuestión que resuelve la Sala 4ª del Tribunal, 29 de mayo de 2015, recurso 687/2014. Versa sobre el módulo salarial para el cálculo de la indemnización por despido improcedente de una trabajadora que ha venido prestando servicios para una Administración Pública mediante contratos mercantiles declarados fraudulentos por existir relación laboral. Por su brevedad, puedo reproducir la fundamentación jurídica completa:

“El debate se centra en resolver si la indemnización por despido, a satisfacer por la empleadora, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes individuales (I.C.A.A.), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, deberá ser calculada con arreglo al Convenio Colectivo único del Personal laboral de la Administración del Estado, o bien conforme a la retribución superior a la del Convenio, que venía percibiendo a tenor de los contratos administrativos que han sido declarados fraudulentos. La cuestión se ha suscitado con ocasión de la extinción del contrato, a instancia de la demandada. La extinción ha sido declarada improcedente al calificar de fraudulento los contratos administrativos que venían otorgando las partes y de laboral indefinida la relación existente. La consecuencia lógica es que de haber sido válida la contratación el cese también lo habría sido y no daría lugar a opción ni por lo tanto a la indemnización. El derecho a ésta presupone una relación laboral que no debía llegar a su término por finalización del periodo pactado, ateniéndonos a las normas que rigen la relación laboral. Entre las mismas se encuentra el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración General del Estado que, junto a otras condiciones del contrato, establece los distintos niveles retributivos no coincidentes con el asignado a la demandante en virtud de los contratos administrativos declarados fraudulentos. En definitiva, el cese indemnizado de que la actora se beneficia tiene su apoyo en las normas laborales y con arreglo a las mismas han de reconocerse el conjunto de derechos que de él emanan, entre ellos el alcance de la indemnización. Declarado el carácter fraudulento de los contratos administrativos, ninguna de sus condiciones puede subsistir, siendo reemplazadas por las condiciones laborales. En la S.T.S. de 9-12-2009 (R. 339/209 ) se contemplaba un supuesto de cesión ilegal en el que una vez declarada ésta y optado por la cesionaria, se postulaba la percepción del superior salario abonado por la cedente. La sentencia de mérito rechaza la pretensión con base en la doctrina de los actos propios. Aunque el supuesto no es idéntico pues no se han producido declaración de cesión ilegal, desplazando el elemento subjetivo en el vínculo de una empresa, cedente, a otra, cesionaria, en cambio se han producido dentro de la misma empresa la transformación del vínculo que pasa del fraudulento administrativo al real de naturaleza laboral, con todas sus consecuencias, incluidas las salariales. El precedente es de plena aplicación, la esencial analogía, transformación de una relación administrativa temporal en laboral indefinida por mor del carácter fraudulento de la primera. Esta interpretación no contradice las previsiones del Código Civil en su artículo 1306-2 º pues si bien no le cabe a la Administración demandada repetir frente a la actora lo percibido en virtud del contrato declarado en fraude, ello no supone que el parámetro de cómputo, una vez declarada la verdadera naturaleza del contrato que ampara una mayor estabilidad en el empleo no sea la que prevé el Convenio bajo el que se sitúa la demandante, a su instancia. Tampoco existiría contradicción entre la decisión de comprobar el salario con arreglo al citado Convenio y el artículo 9 del Estatuto de los Trabajadores por cuanto en este último la previsión se contrae a la nulidad de una parte de las condiciones, lo que permite conservar la validez de los restantes. Pero en el supuesto contemplado en las actuaciones la nulidad alcanza a la esencia del contrato que en su integridad es declarado fraudulento, abandonando el régimen legal en el que indebidamente se le había incardinado para adaptarse al que legalmente le corresponde con independencia de la voluntad de las partes o de sus manifestaciones, si bien es la actora la que ha reclamado, al hacerlo frente al despido el reconocimiento de la distinta naturaleza del vínculo preexistente. La consecuencia inmediata es la aplicación, no solo de las reglas que con arreglo al artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores determinan las consecuencias de un cese injustificado, sino de aquellas que a su vez estatuyen la medida de su ejecución sea económica o de cualquier naturaleza.”

Espero que la información resulte útil a los que aún no conocían esta doctrina del Tribunal Supremo.