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Acceso a la información Pública. Causas de Inadmisión. Solicitudes Manifiestamente Repetitivas o Tengan un Carácter Abusivo. (VI)

Cualquiera que, acercándose inocentemente a la Ley de Transparencia, lea este supuesto de inadmisión de las solicitudes de información, “cuando sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la transparencia”, tiene meridianamente claro de lo que se trata: abusar del derecho.

Nuestro legislador, en un detalle que revela su mano miedosa frente a la transparencia y su afán de no soltar la cuerda sino lo justo y necesario a sus intereses, no los de los ciudadanos, incluyó esta causa de inadmisión de manera gratuita e innecesaria.

Nuestro legislador incluyó esta causa de inadmisión de manera gratuita e innecesaria Clic para tuitear

Abuso del derecho

El Código Civil ya impone la obligación de ejercitar los derechos “conforme a las exigencias de la buena fe”. Y añade también nuestra norma de derecho común:

La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

La Administración

En la práctica, la Administración nunca ha tenido problema alguno al espantar este tipo de peticiones echando mano del Código Civil. De hecho, esta causa de inadmisión no estaba contemplada en el borrador inicial de proyecto de Ley que fue sometido al consejo de Estado, y ya en tramitación parlamentaria de la Ley, fue objeto de numerosas enmiendas que proponían su eliminación por innecesaria, y, además —añado yo—, perniciosa. Perniciosa digo, porque en ella la Administración ha encontrado una invitación a su uso inadecuado. Otra más.

Esta causa de inadmisión no estaba contemplada en el borrador inicial de proyecto de Ley Clic para tuitear

Las Empresas Públicas

La Administración suele sorprender, pero más indómitos en sus andares son las empresas públicas, especialmente cuando obligadas novedosamente al cumplimiento de normas administrativas, entran en esta pista de hielo tropezando y dándose de narices con todo, también con el sentido común.

Decía yo mismo (perdón por la inmodestia de la auto-cita, pero viene al caso), en la contestación a una demanda en la que se planteaba esta causa de inadmisión alegada por una entidad que negaba la información:

“… La entidad demandante, menciona el número de solicitudes presentadas por el mismo individuo, como si eso, por sí, fuera suficiente para considerar abusivo el ejercicio del derecho. Pero no acredita que las mismas hubieran sido resueltas desestimatoriamente y fueran coincidentes a la que se refieren los presentes autos. Tampoco acredita que se le hubiera facilitado al peticionario la información solicitada con anterioridad y que esta fuera coincidente con otras solicitudes anteriores. Al respecto el criterio interpretativo 3/2016 del CTBG. En última instancia, si la entidad demandante entendía motivadamente que concurría la causa de inadmisión a la que alude, lo que debió –en su momento—, es simplemente inadmitir motivadamente la solicitud. Porque en definitiva, alegar ahora la concurrencia de esta causa de inadmisión, va contra los propios actos de la demandante, puesto que de sus actos y del contenido del expediente administrativo se deduce que al entender que no concurría causa de inadmisión (art. 18 LTAIBG) admitió y tramitó la solicitud procediendo a denegar la solicitud por únicamente la concurrencia del límite de acceso relativo a la protección de los datos personales (art. 15).

(…) La llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos (STC 73/1988, de 21 de abril).

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

En relación al Criterio 3/2016 citado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la vista de la casuística generada, más justificada por los andares que más arriba mencionaba, se ha visto en la obligación de desgranar el criterio. El consejo distingue dentro de la causa de inadmisibilidad dos motivos distintos, aunque unidos en su esencia por la mala fe que subyace en ellos y en ella describe una serie de supuestos a título ejemplificativo que han de considerarse dentro de la causa de inadmisión, aunque en algunos casos discutible o lindando la frontera de otros supuestos o causas de inadmisión. Pero donde manda patrón no manda marinero, al menos en vía administrativa.

Criterio del CTBG: Solicitudes manifiestamente repetitivas o…

A riesgo de que se pierda algún matiz, aquí debajo te dejo el esquema del criterio del CTBG (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno) respecto a esta causa de inadmisión.

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Esquema Solicitudes Manifiestamente Repetitivas CTBG | Melián Abogados

Acceso a la información Pública. Causas de Inadmisión. Solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. (V)

Por lo que voy viendo en el curso de la elaboración de esta serie de entradas sobre las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública, la de hoy, la inadmisión de solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando no se conozca el competente, quizás sea la menos utilizada o por lo menos, la menos referida en las resoluciones de las reclamaciones ante los órganos de control de la transparencia.

Información pública

Si bien la Ley al regular el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso, previene que las solicitudes se presenten ante el órgano que posea la información, si nos remitimos al concepto que contiene la propia Ley de Transparencia, es información pública:

“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.”

Por lo tanto, la información no sólo debe poseerse por el órgano al que se solicita, sino que, a efectos de la obligación de facilitar la información que se solicita, sólo la información que hayan sido elaborada o adquirida en el ejercicio de las funciones por el órgano que posee la información, será susceptible de entrega con fundamento en el derecho de acceso.

La información pública no sólo debe poseerse por el órgano al que se le solicita Clic para tuitear

Causa de inadmisión menos utilizada

Quizás, el que la causa de inadmisión de la que hoy tratamos sea la menos utilizada, según hemos apuntado, contribuye el que si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, ha de remitirse al competente notificando al ciudadano que su solicitud será atendida por el órgano que tiene la información. Dependiendo de la dimensión de la Administración o del sujeto obligado será sencillo saber quién puede o debe tener la información.

Por último, cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.

En estos dos casos, no estaríamos ante un supuesto de inadmisión por la causa que comentamos. Se trataría de una diligencia previa en virtud de la cual se traslada la petición al órgano competente, al que correspondería en primer lugar resolver la admisión de la solicitud y, en su caso, resolver la petición de información.

Plazo máximo de remisión

En este punto, hubiera sido conveniente que la ley estatal hubiera previsto, un plazo máximo de remisión de la solicitud al órgano competente, tal y como hacen algunas leyes autonómicas (En Aragón 20 días; En Cataluña 15 días naturales; Canarias 5 días, Castilla-La Mancha 10 días); habiéndose puesto de manifiesto algunos casos en los que se dilata excesivamente la remisión, prorrogándose de forma artificiosa los plazos de resolución.

Supuestos a los que afecta la causa de inadmisión

Por lo dicho, esta causa de inadmisión queda constreñida única y exclusivamente a aquellos supuestos en los que no se posee la información y además se ignora quién puede tenerla, porque si se supiera, no procedería la inadmisión, sino como hemos dicho remitirla al órgano correspondiente haciéndole saber esta circunstancia al ciudadano.

Como obligación añadida en relación a este supuesto de inadmisión la Ley previene que, en la resolución de la inadmisión por esta causa, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicarle al ciudadano el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud. No vale encogerse de hombros.

En la resolución de la inadmisión por esta causa, el ciudadano debe ser informado del órgano... Clic para tuitear

Conclusión

Por lo tanto:

  1. Información que no está en poder del órgano al que se le solicita y éste ignora quién la posee => CAUSA DE INADMISIÓN, señalando en la resolución, según el criterio de órgano que inadmite la solicitud, quién la puede tener.
  2. Información que no está en su poder, pero sabe quién la tiene => NO ES CAUSA DE INADMISIÓN: Como trámite previo a la admisión, procede remitirla al órgano competente haciéndoselo saber al ciudadano.
  3. Información dirigida a órgano que posee la información, pero de la que no es autora o la adquirido en el ejercicio de sus funciones => NO ES CAUSA DE INADMISIÓN. Como trámite previo a la admisión, procede remitirla al órgano competente haciéndoselo saber al ciudadano.

Causa de Inadmisión, Órgano | Melián Abogados

Acceso a la información Pública. Causas de Inadmisión. La Reelaboración. (IV)

Cuando se trata de vestir las resoluciones que resuelven inadmitir alguna solicitud de información, a la Administración, al sector público en general, se le despereza su creatividad dormida, la inventiva y un espíritu innovador inusitado.

También la manga ancha por la que, dentro de las causas de inadmisión, cabe casi todo tipo de excusas bajo la pátina de cualquiera de las causas de inadmisión. No es infrecuente doble o triple capa.

Reelaboración

Entre esos barnices de la inadmisión, hoy vamos a examinar uno: el de la Reelaboración, por el que una solicitud de información que requiera ser reelaborada para su obtención puede ser inadmitida. Enviada entonces al camposanto de las peticiones ciudadanas, en el que la necrológica, si la hay, viene en forma de notificación inadmitiendo la solicitud motivadamente. Se adornan y florecen las virtudes del difunto y lo inevitable del hecho luctuoso.

Una solicitud de información que requiera ser reelaborada para su obtención puede ser inadmitida Clic para tuitear

Supuestos de reelaboración

Me he dado un paseo sobre los criterios, resoluciones y sentencias que al día de la fecha se han ido goteando sobre el criterio de inadmisión llamado resumidamente “Reelaboración”. Expongo a continuación —más o menos—, la casuística de cuándo se considera aplicable esta causa de inadmisión.

Confío en que no se me haya escapado nada interesante. No obstante, advierto que esta lista no es de aplicación automática, siempre habrá que estar a las circunstancias del caso concreto y la información solicitada. Puede valer como indicador indiciario de cuándo estamos ante el supuesto “reelaboración”, y cuándo no.

Lista de aplicación de Reelaboración

Criterios Reelaboración | Melián Abogados

Criterios a tener en cuenta

Para elaborar la lista, la referencia inmediata es el Criterio 7/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Algunas disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas (por ejemplo, Andalucía, Canarias y Aragón) han precisado que no se estimará “Reelaboración” la obtención de información mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

Para enriquecer y completar el listado sí me ha parecido interesante la Resolución de 23 de Enero de 2017 del Director General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, por la que dicta el criterio interpretativo 2/2017 de esta causa.

En poco tiempo el TS establecerá las pautas de aplicación del criterio de Reelaboración Clic para tuitear

Tribunal Supremo

Una última reseña. El pasado 23 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo resolvía en auto la admisión de un recurso de casación en el que se plantea el interés casacional de dos cuestiones en relación al Derecho de Acceso: 

  • Art. 14.1.h): <El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: […] Los intereses económicos y comerciales>
  • Art. 18.1.c): <Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: […] Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración>

Considera el Tribunal que:

“….tiene interés casacional la determinación de los presupuestos y requisitos necesarios para la aplicación de la causa de inadmisión de las solicitudes de información consistente en ser necesaria una acción previa de reelaboración; y, asimismo, para la aplicación de la limitación para el acceso a la información consistente en que el acceso a la misma suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de la entidad requerida.”

Y sigue diciendo:

“Asiste la razón a la parte recurrente cuando pone de manifiesto que no existe doctrina jurisprudencial que haya analizado, en general, la actividad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y, en particular, sobre el alcance de la obligación de proporcionar información y sus límites cuando se invoque un perjuicio para los interés económicos y comerciales (art. 14.1.h) y sobre la inadmisión de solicitudes cuando para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración ( art. 18. c ). Sobre esta base, consideramos que la cuestión litigiosa presenta un interés justificativo de la admisión del presente recurso…”

Conclusión

Que el Tribunal Supremo, en no mucho tiempo, va a establecer las pautas de aplicación del criterio que examinamos, refrendando o no el criterio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Veremos.