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El Certificado Médico como Justificante de la Inasistencia al Trabajo

Posiblemente se les ha planteado alguna vez la duda cuando un empleado presenta un certificado médico para justificar la inasistencia al trabajo. ¿Es suficiente o debe presentar el parte oficial de baja médica?

Infracción laboral

Debemos tener en cuenta que en el Estatuto de los Trabajadores, articulo 54. 2.a) y en la mayoría de los convenios colectivos se tipifica como infracción laboral la inasistencia injustificada al puesto de trabajo. Como regla general, si un trabajador no presenta el correspondiente parte de baja por incapacidad temporal, sino que entrega un parte de asistencia médica —por ejemplo, el recurrido parte de urgencias con prescripción facultativa de reposo domiciliario durante 24 ó 48 horas—, la inasistencia al trabajo estaría justificada, —a causa de una enfermedad—, por lo que el trabajador no incurriría en falta laboral por dicha causa; pero —salvo que el convenio colectivo lo prevea como permiso retribuido— el empresario sí podrá practicar la correspondiente deducción salarial por absentismo.

Casuística

La casuística es variada y se han planteado múltiples litigios en los Tribunales relacionados con esta cuestión, la mayoría derivados de la impugnación de despidos disciplinarios, y que requiere que se analicen de manera individualizada todas las circunstancias concurrentes para determinar cuándo las ausencias por enfermedad están debidamente justificadas por el trabajador.

Sentencias recientes

La más reciente que he podido encontrar al respecto es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 4ª, Sentencia 704/2015 de 8 Oct. 2015, Recurso 492/2015 sobre el despido de un empleado público que presentaba certificados médicos, en lugar del correspondiente parte médico de baja de incapacidad temporal. Concretamente, se imputaba al trabajador la falta injustificada de asistencia a su puesto de trabajo los días 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15 16, 21, 22, 23, 28 y 29 del mes de octubre y días 4, 5, 6, 7 y 8 del mes de noviembre de 2014.

En instancia es declarado improcedente el despido, lo que es ratificado en Suplicación. Como fundamento destacable, señala la Sala:

«no se cuestiona la realidad de las ausencias que la sentencia de instancia las tiene por acreditadas sino su justificación. Y en este último extremo, tampoco se ha cuestionado la realidad de que se han presentado unos documentos justificativos que no se corresponden con partes oficiales de baja médica. A partir de ahí, el problema es netamente jurídico, en orden a determinar si es exigible la justificación que la empresa entiende o la que se ha admitido por la sentencia de instancia. (…) El artículo 42 del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento y otras entidades, califica de faltas muy graves en su apartado m) la falta de asistencia al trabajo no justificada durante cuatro días o más al mes. Por su parte, el artículo 18.2 dice que Toda ausencia por enfermedad del trabajador, deberá ser justificada mediante el correspondiente volante médico. Por incapacidad temporal el trabajador deberá solicitar a su médico el parte de baja al menor a partir del segundo día, y el trabajador dispone de tres días para entregarlo en el Departamento de Recursos Humanos. El primer parte de confirmación se presentará al cuarto día de la incapacidad temporal y los sucesivos, cada siete días“. A la vista de estos preceptos convencionales lo primero que se advierte es que la ausencia por enfermedad cuando está justificada no es computable como falta a efectos de su calificación como conducta disciplinaria. Por tanto, si en este caso se ha justificado la ausencia y éstas lo han sido por enfermedad, en principio, es incuestionable que no se estaría dentro del ámbito de actuación del artículo 42 m) del Convenio Colectivo. La empresa entiende que las faltas de asistencia o ausencia del trabajador no se han justificado y, por ello, deben ser consideradas como incumplimiento contractual que, en el ámbito de la norma que rige la relación laboral, se califica como falta muy grave sancionable con el despido. Ahora bien, para determinar si las ausencias están o no justificadas ha de acudirse, como hace la empresa, al artículo 18 de la citada norma colectiva y en ella se advierte que, a diferencia de lo que entiende la demandada, no se está pidiendo que las ausencias por enfermedad se justifiquen con los partes de baja médicos oficiales. Lo que dice aquel artículo es que la ausencia por enfermedad se justificará por el volante médico y por tal no hay que entender necesaria y exclusivamente el parte médico de baja que emite los servicios competentes -Servicios Públicos de Salud o Mutuas o Empresas Colaboradoras de la Seguridad Social, según el caso-. Si se hubiera querido vincular la justificación de la enfermedad a los partes médicos de baja o confirmación de la baja oficiales así se tendría que haber especificado, como lo hace cuando se refiere a la situación de incapacidad temporal en el párrafo siguiente del mismo precepto convencional. El término volante médico es lo suficientemente genérico como para entender por tal cualquier certificado que ha emitido un facultativo o médico dejando constancia de la asistencia sanitaria o atención médica que haya podido dispensar a un paciente o, incluso puede referirse a la solicitud de servicios a dispensar en un momento determinado. Si, en este caso, el trabajador ha presentado los certificados médicos que justificaban sus ausencias en los días imputados -y la sentencia de instancia así lo declara y en este momento no es posible entender que no se hayan presentado documento alguno que venga a acreditar la razón de la inasistencia- ello es ya suficiente para entender cumplido el trámite que exige el Convenio Colectivo y no le es exigible presentar partes médicos de baja si resulta que no consta que ha iniciado una situación de incapacidad temporal. Y ello no altera el régimen de obligaciones y deberes que debe atender el trabajador en el cumplimiento de su contrato y menos acudir a normas de seguridad social para someterlo a unas exigencias que carecen del sustento fáctico adecuado como sería el que el trabajador hubiera iniciado una situación de incapacidad temporal que no consta en momento alguno se haya producido. Lo que no se puede admitir en este momento, además, es que la parte cuestione la realidad del contenido de los volantes médicos que el trabajador aportó para justificar sus ausencias cuando se ha admitido como suficientes en su contenido en la instancia y en este momento no se ha planteado revisión fáctica en sentido de dejar sin efecto el contenido del hecho probado quinto, sin que podamos tener por injustificada una ausencia con base en que el diagnóstico que se ofrece en el volante médico o la prescripción farmacológica dada no sea la oportuna para la situación clínica que pudiera presentar el trabajador cuando lo que ahora se está cuestionando es, sencillamente, si el demandante ha justificado las ausencias por enfermedad y ello ha quedado debidamente acreditado, según reflejan los hechos probados. El hecho de que se hayan producido tantas inasistencias o ausencias por enfermedad debidamente justificadas no permite sancionar al trabajador con el despido disciplinario, pudiendo la empresa, si acaso, adoptar otras medidas, incluso objetivas si es que se producen los elementos necesarios a tal fin, pero no imputar al trabajador conductas de tal gravedad que, por otro lado, no se revelan como de entidad suficiente para considerar que de forma consciente, voluntaria se quiera por parte del trabajador, en las circunstancias que relata la juez de instancia, transgredir la buena fe contractual o, en definitiva, eludir deliberadamente las obligaciones del contrato de trabajo.»

Y esta otra, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Social, Sentencia 795/2015 de 26 Oct. 2015, Rec. 463/2015, estima procedente el despido disciplinario de un trabajador por falta muy grave de inasistencia injustificada al trabajo, los días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de julio de 2014.

En este supuesto el trabajador, que se encontraba en Marruecos, remitía a la Empresa vía fax dos informes médicos para justificar la imposibilidad de reincorporarse a la Empresa. En este caso, el tribunal entiende que:

«el recurrente faltó a su puesto de trabajo injustificadamente desde el 14 al 31 de julio de 2014, sin que los dos faxes remitidos desde Marruecos de fecha 10 y 26 de julio justifiquen esas inasistencias al trabajo, pues no están corroborados ni se trata de medicina pública. Por todo ello debe desestimarse el recurso planteado y confirmarse la sentencia de instancia, al ser un incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones laborales.»

Sentencia antigua

Una más antigua, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, Sentencia de 10 Feb. 2004, Rec. 2547/2003, que confirma el despido disciplinario de una trabajadora por ausencia injustificadamente a su trabajo los días 26, 28 y 31 de marzo, así como los días 2, 3, 8, 9 y 10 de abril de 2003. Señala la Sala:

«Las ausencias del trabajador pueden ser justificadas, en cuyo caso no cabe el ejercicio del poder disciplinario del empleador por tal motivo. Pero también pueden resultar injustificadas. A este respecto, en supuestos cuando, como en el que nos ocupa, se trata de ausencias en las que se alega la falta de capacidad por razón de enfermedad del trabajador, hemos de hacer diversas puntualizaciones. Así, los trabajadores en situación de incapacidad temporal han de presentar a la empresa los correspondientes partes médicos de baja, de notificación de parto y de alta, dentro de los tres días siguientes a partir de la fecha de su expedición; y los partes de confirmación se deben presentar en la empresa en el mismo plazo. Por otra parte, no se consideran injustificadas las faltas de asistencia en situación de incapacidad temporal conocida por el empresario, aunque no presentara el trabajador los partes de confirmación de la baja (TSJ Cataluña 23-6-95, AS 2415; TSJ Baleares 27-3-96, AS 1819), ya que la demora en la presentación de dichos partes de baja no se considera un incumplimiento grave y culpable (TSJ Canarias 17-5-94, AS 1922; TSJ Galicia 16-4-96, AS 1959). En cambio, sí se considera causa de despido la no presentación de los partes de baja (TSJ Asturias 7-6-96, AS 1695), cuando el empresario no tiene conocimiento de la justificación de las ausencias del trabajador (TSJ C. Valenciana 21-9-93, AS 3934) o cuando la inasistencia injustificada del trabajador por motivos de enfermedad es muy prolongada (TSJ Madrid 2-4-91, AS 2585). Pues bien, en el presente caso, ni siquiera consta la existencia de partes de baja médica propiamente tales, sino tan sólo de unos escritos de un facultativo en el que señala que la actora precisaba reposo y padecía lumbalgias. No se comprende realmente cómo un médico que ha firmado unos días antes unos partes de alta y baja por lumbalgia derivada de enfermedad común, expide unos escritos como los que referimos. De un lado, porque, de ser así, el facultativo habría de expedir parte de baja, que es el documento que permite al trabajador ausentarse justificadamente del trabajo y además percibir la oportuna prestación económica sustitutoria de la falta de ingreso del salario. De otro lado, porque no se comprende que uno de los escritos se expida casi tres meses después de ocurridos los hechos y después de interpuesta la demanda, lo que hace dudar del real conocimiento de los mismos por dicho facultativo, pues de lo contrario, habría procedido atendiendo a la actora en su momento y dándole la baja por incapacidad temporal o constando concretos actos médicos destinados a la terapia o a paliar los padecimientos. En el presente caso, no existe justificación alguna para que la actora no hubiera acudido al trabajo los días 2, 3, 8, 9 y 10 de abril de 2003, toda vez que los dos primeros días indicados no son alegados por Don Cosme en su escrito y que los tres restantes se indica la incapacidad de la actora, pero ello se hace en documento de 21 de junio de 2003, mucho después del despido, que tuvo lugar el 12 de abril de dicho año, lo no sólo equivale a absoluto desconocimiento de la empresa de dicha situación, puesto que no se ha probado que por otros medios se le hubiera hecho saber tal circunstancia, sino que ese señalado documento en modo alguno resulta para la instancia acreditativo de la imposibilidad de la demandante de acudir al trabajo, habida cuenta de cómo y cuándo se redacta y de las circunstancias coetáneas a los días en cuestión. En efecto, los días inmediatamente anteriores 28, 29 y 31 de marzo -, la actora justificó su ausencia al trabajo mediante similar documento del mismo médico expedido el 1 de abril, esto es, al tiempo de producirse su imposibilidad para prestar trabajo. Ahora bien, no ocurre lo mismo en absoluto con los restantes días, dos de los cuales 2 y 3 de abril no están en modo alguno justificados, pues la sola existencia de partes de asistencia al centro de salud correspondiente no supone imposibilidad de acudir a prestar trabajo, y los restantes días 8, 9 y 10 de abril pretenden ser justificados con ese documento firmado por el Dr. Cosme el 21 de junio, lo que la instancia no ha valorado como acreditativo de la imposibilidad de la actora de prestar su trabajo. Pues bien, de ahí que se deba considerar que el despido es procedente, como la instancia ha señalado, sin que se haya infringido el precepto denunciado.»

Y una última apreciación. Estamos hablando del supuesto de ausencias injustificadas al puesto de trabajo como causa de despido disciplinario; supuesto completamente distinto de aquellas ausencias —aún justificadas— que pueden derivar en la extinción indemnizada del contrato por causas objetivas regulado en el artículo 52.d) del Estatuto de los trabajadores. Sobre este tipo de despido objetivo ya hemos publicado algún post.

Fallecimiento del Deudor y Reclamación de Deuda

Al contrario de lo que ocurre en el ámbito penal, en el que la responsabilidad derivada por la comisión del delito queda extinguida por el fallecimiento del sujeto, en el ámbito civil la obligación dineraria contraída en vida por el causante perdura siempre que existan bienes titularidad del finado, o bien, se acepte libremente la herencia por sus sucesores.

Podría plantearse qué ocurriría si llegado el momento de la reclamación el deudor ha fallecido, o si instada la misma y en el curso de ésta la parte obligada al pago fallece.

Cuestión polémica

Se trata de una cuestión polémica que genera dudas constantes no sólo a los profesionales del derecho sino también a los propios acreedores que desconocen las posibles alternativas a adoptar a fin de no ver frustrado el derecho de crédito que ostenta.

Reclamación de deuda fallecido el deudor

La existencia de una deuda vencida y exigible y su posterior reclamación, es decir, una vez fallecido el deudor, es viable y compensa siempre que tengamos acreditada la solvencia del mismo (bienes muebles o inmuebles susceptibles de embargo).

La reclamación de una deuda vencida y exigible es viable una vez fallecido el deudor Clic para tuitear

Legislación

Nuestra legislación dispone que la demanda de reclamación de cantidad podrá dirigirse contra la herencia yacente del fallecido, entendiendo como tal, aquella situación en la que se encuentra la herencia (patrimonio sin sujetos) en el período que media entre la apertura de la sucesión por la muerte del causante y consiguiente aceptación de la misma por sus herederos. Ello implica que la demanda se dirigirá contra una masa o comunidad de bienes que deberá personificarse a través de sus representantes, es decir, por medio del administrador de la herencia nombrado a tal efecto o de sus herederos.

Acreedor

Corresponde al acreedor determinar quién es/son las personas que representan la herencia yacente, si no lo hace y no insta las diligencias de investigación oportunas se suspenderá la tramitación del procedimiento, o incluso podrá acordarse el archivo de las actuaciones en determinados procedimientos al no poder practicarse la oportuna diligencia de requerimiento de pago.

Sucesores

Si se desconociera la existencia de sucesores es posible intentar un emplazamiento de la herencia yacente en el último domicilio del fallecido, pues en ocasiones dicho trámite resulta fructífero al comparecer alguno de los herederos del fallecido (esposo/a, hijos/as) y así, poder requerirles la presentación de documentos donde se designen los herederos (testamento, declaración de herederos ab intestato) del que resulta la identidad de las personas físicas interesadas en el patrimonio.

Diligencias

Las diligencias de investigación podrán practicarse en el seno del procedimiento judicial instado por el acreedor, pudiendo solicitar éste al Juzgado que se requiera a la Notaría correspondiente para que aporte copia del testamento previa adición de la certificación de actos de última voluntad (pues ésta determina la existencia de testamento). Una vez dispongamos de dicho documento y por tanto, conozcamos quiénes son los llamados a la herencia, podrá continuarse la tramitación con el consiguiente requerimiento de los sucesores.

Situaciones una vez localizados los sucesores

Localizados éstos, podrían plantearse distintas situaciones:

  • Los sucesores repudian la herencia; el sucesor rechaza de forma expresa la herencia en escritura pública ante un Notario o judicialmente; no es posible por tanto repudiar la herencia de forma tácita. La responsabilidad derivada de las obligaciones contraídas en vida por el deudor se hará efectiva única y exclusivamente con los bienes titularidad del mismo, si existieran.
  • Los herederos aceptan la herencia a beneficio de inventario; el heredero tan sólo responderá de las deudas del causante hasta el límite del importe de los bienes que le son adjudicados por herencia, es decir, la responsabilidad contraída por el finado no se extenderá a sus sucesores limitándose al patrimonio del fallecido.
  • Aceptación de la herencia “simplemente”; el heredero responderá con sus propios bienes de las deudas de la herencia, pues en ese instante se producirá una confusión de patrimonios (el del propio deudor fallecido y el perteneciente al heredero antes del fallecimiento) y ello se debe precisamente a que el primero de éstos pasa directamente a integrar la masa patrimonial titularidad del sucesor.
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Tarea difícil determinar no sólo la solvencia del deudor sino también la de acreditar la existencia de sucesores de la herencia, la existencia de responsabilidad limitada al patrimonio del fallecido o la extensión de responsabilidad al privativo del heredero, labor de investigación que en ocasiones compensa desempeñar a la vista de solvencia suficiente que satisfaga la deuda “viva” del deudor fallecido.

Intervención en Radio El día

En esta intervención en Radio El Día hablamos del tema:

Pensión de viudedad; parejas que conviven sin estar casados

Vamos a centrarnos en la pensión de viudedad sin estar casados, en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja conviviente. Si tendría ese otro derecho a la pensión de viudedad en nuestro actual sistema de Pensiones y prestaciones de la Seguridad Social, dado que resulta muy habitual creer que por el hecho de que una pareja conviva en un mismo domicilio, incluso tengan hijos en común, etc., puedan considerarse pareja de hecho a efectos, laborales, de seguridad social, herencias, etc. Pero esto no es exactamente así.

Consideraciones previas sobre la pareja de hecho

Lo primero es que, al igual que ocurre mediando matrimonio, el difunto/a deberá haber cubierto unos requisitos de periodos de alta y cotización a la seguridad social. Ahora bien, cubiertos esos requisitos, pasaremos al derecho del conviviente con o sin hijos en común, como posible perceptor de la pensión de viudedad.

Comenzaremos por aclarar que, legalmente, no es lo mismo “conviviente” que “pareja de hecho”, de forma que la mera convivencia no te constituye en pareja de hecho a estos efectos que estamos tratando.

Legalmente, no es lo mismo “conviviente” que “pareja de hecho”. Clic para tuitear

¿Qué es Pareja de Hecho?

Pareja de hecho, a efectos de pensión de viudedad, la constituyen la pareja conviviente que reúna además una serie de requisitos, de forma que si no los cumplís, no se podría devengar la pensión de viudedad. Los requisitos, según el Artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, son los siguientes:

Requisitos

Requisitos económicos para la pensión de viudedad sin estar casados

Pues dependiendo de la situación económica se tendrá o no derecho a esta pensión:

    • que los ingresos del sobreviviente durante el año natural anterior al fallecimiento no alcanzaran el 50% de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.
    • cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su percepción.
      El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente.

Computarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial.

Requisitos de la pareja; no basta la mera convivencia

Se tienen que dar además cada uno de los siguientes (*esto es en general en el estado Español, puede variar dependiendo del derecho foral civil de cada comunidad autónoma):

    • la existencia de una relación de afectividad análoga a la conyugal entre los miembros de la pareja (no lo son las relaciones basadas en otros sentimientos o intereses, como la amistad, el vínculo familiar etc.).
    • convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.
    • que ninguno de los miembros de la pareja estén impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona, es decir han de estar solteros, o viudos o divorciados judicialmente.
    • formalización de la pareja de hecho, mediante inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia, constitución mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

La prueba de la convivencia

La prueba de la convivencia puede hacerse, a través del certificado de empadronamiento, y la existencia de hijos en común hacen prueba de esa convivencia.

En la práctica existen dificultades para acreditar todas estas circunstancias cuando no se han inscrito como pareja de hecho, existiendo diversas posturas de los tribunales para resolver las dudas interpretativas, de forma que una línea judicial sigue una interpretación estricta y literal de la Ley, de manera que, ante la ausencia de la inscripción registral o documento público, deniegan la pensión de viudedad; otra línea judicial más flexible y con una interpretación finalista y de justicia material, estima que lo importante es la existencia real de la pareja de hecho y no la forma de acreditar su existencia, por lo que la inscripción oficial no tiene valor constitutivo.

La prueba de la convivencia puede hacerse a través del certificado de empadronamiento. Clic para tuitear

 

Pensión de viudedad; Pareja de Hecho y Cónyuge Viudo

¿Es igual la pensión de viudedad de la pareja de hecho a la del cónyuge viudo/a?

Es cierto que nuestra legislación ha evolucionado para acoger, en la protección de nuestro sistema nacional de la seguridad social, al conviviente o pareja de hecho, frente a su tradicional desprotección que por el contrario sí tenía el cónyuge, en supuestos de viudedad. Tan cierto como eso es que esa evolución ha sido lenta, y de momento no alcanza una equiparación en el trato del cónyuge y de la pareja de hecho, en supuesto de viudedad y devengo de prestaciones.

Así las cosas, es conveniente que las parejas de hecho estén informadas de que, en supuesto de fallecimiento, su conviviente no recibirá una prestación de viudedad como le ocurriría al cónyuge viudo, sino que se le exigirán unos requisitos adicionales.

La Ley 40/2007, (con efectos de 1 de enero de 2008, sin perjuicio de la retroactividad a la que luego se hace referencia), confirió derecho a pensión vitalicia de viudedad quien estuviera unido con el causante formando pareja de hecho, bien es cierto que con mayores condiciones que al cónyuge viudo (art.174.3 LGSS).

¿Qué requisitos tiene que cumplir el conviviente supérstite para acceder a una prestación de viudedad, además de los generales de alta y cotización del causante? (fallecimiento posterior al 1 de enero de 2008):

1º.- Constituir una pareja de hecho: constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal.

2º.- Que sus integrantes no estén impedidos para contraer matrimonio, ni tengan vínculo matrimonial con otra persona.

3º.- Que acrediten una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años:

a) mediante certificación de la inscripción en los Registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia, o, en supuestos de inexistencia de dicha inscripción, mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja.
b) por su parte, el requisito de convivencia se ha de acreditar mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.

4º.- Tanto la inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante. No obstante en las Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación específica manteniéndose en todo caso el requisito de convivencia ininterrumpida no inferior a cinco años.

5º.- Estar unido con el causante en el momento de su fallecimiento (haberlo estado en otros períodos anteriores no es determinante).

6º.- Requisitos de situación económica: acreditar que los ingresos –del superviviente— durante el año natural anterior no alcanzaron el 50% de la suma de los propios y los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25% en caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión.
No obstante también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) vigente en el momento del hecho causante. Este límite se incrementa en 0,5 veces la cuantía del SMI por cada hijo en común con derecho a pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente; requisito que deberá concurrir en el momento del hecho causante así como durante el período de su percepción.
A estos efectos se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos a mínimos de pensiones.