Mediación Penal | Melián Abogados

Mediación Penal; El Camino Hacia la Justicia Restaurativa

Hasta la fecha, la mediación penal en nuestro ordenamiento jurídico carece de regulación expresa, contemplando solo el ideal de justicia retributiva o punitiva, fundado en la aplicación de las penas y el castigo al culpable. A razón de este vacío legal, el Consejo General del Poder Judicial, a través de experiencias piloto, ofrece este servicio en algunos Juzgados de España.

Asimismo, en la propuesta del Código Procesal Penal y la reciente reforma del Código Penal, se introduce una figura que, ya instaurada en el derecho penal de menores y en asuntos civiles y mercantiles, persigue un ideal de justicia restaurativa, lo que supone una posible prevención de los delitos y mayores garantías de satisfacción tanto para las víctimas como para los infractores.

Provincias Mediación Penal | Melián Abogados

* Web del Poder Judicial. Ilustración que muestra las provincias que ofrecen el servicio de mediación penal.

 ¿Qué es la mediación penal?

Cuando hablamos de justicia restaurativa hacemos referencia a la mediación penal. Se trata de un método alternativo de resolución de conflictos, un proceso voluntario en el que dos o más partes involucradas en una controversia intentan buscar una solución y resolver las mismas ante la asistencia de un mediador. Estamos ante una figura de escasa relevancia en nuestra legislación, pero que cuenta con una trascendencia social y jurídica actual que responde a la necesidad de mejorar el ideal de justicia.

La mediación penal es un método alternativo y voluntario de resolución de conflictos. Clic para tuitear

¿Mejorar el ideal de justicia?

Este sistema de resolución de conflictos cuenta con numerosas ventajas, pudiendo simplificarlas en la capacidad para facilitar, a través del diálogo, soluciones prácticas, efectivas y rentables a las controversias en las que se vean inmersas las partes. Así, la mediación en el proceso penal proporciona beneficios que incumben a la víctima, al infractor y a la Administración de Justicia.

En primer lugar, los beneficios que supone este proceso de mediación para la víctima los podemos concretar en el mayor protagonismo de la víctima, la satisfacción moral y superación emocional sobre las consecuencias del hecho delictivo; en segundo lugar, en cuanto a los beneficios que le aporta al infractor, podemos citar que, mediante la mediación, el delincuente podrá asumir su responsabilidad, actuación que conlleva a que el mismo comprenda el desvalor del comportamiento criminal y se implique en la reparación del daño a la víctima, aspectos fundamentales en aras de lograr la resocialización y readaptación; en tercer y último lugar, destacar que la aplicación, en mayor medida, de la mediación penal supondría la agilización de la Administración de Justicia.

La mediación penal redunda en una mayor agilización de la Administración de Justicia. Clic para tuitear

Conclusión

Muy a menudo pretendemos resolver nuestros conflictos a través del derecho penal, acudiendo a los tribunales y solicitando castigos cada vez más contundentes. Hoy día, la sociedad ha caído en la trampa de creer que la única solución a sus problemas es el rigor punitivo a través del establecimiento de las penas, saciando así su sed de venganza y perdiendo, a su vez, la confianza en la justicia. Así, pensamos que la vía judicial punitiva es el método más satisfactorio y el único que cumple las necesidades de las personas, lo cual se aleja mucho de la realidad. Es en este punto donde debe entrar en juego los diferentes métodos de resolución de conflictos y, concretamente, la mediación penal. Con ello, se propone otra posibilidad diferente a la justicia ordinaria, que ofrece soluciones reales de conflictos, en busca de la pacificación social.

Persona Jurídica | Melián Abogados

Persona Jurídica; Responsabilidad del Administrador

En artículos anteriores hablamos de la reciente reforma del código penal en consonancia con los programas de cumplimiento normativo en las empresas, concretamente hicimos referencia a la figura del momento, el Compliance Penal. Expusimos que a raíz de la modificación normativa, la persona jurídica podrá ser responsable de los hechos delictivos que se cometan en el seno de su actividad, comisión que podría llevarse a cabo por los miembros del órgano de administración, por los altos cargos de la empresa, por los propios prestadores de servicios sin más, o incluso y para sorpresa de muchos, por aquellos colaboradores externos que carecen de relación laboral con ésta pero que mantienen otro tipo de vinculación, como por ejemplo los proveedores de mercancías, los profesionales libres externos a la organización, u otros que se relacionen con la persona jurídica y que al cometer un acto delictivo, beneficien directa o indirectamente a la sociedad mercantil.

Responsabilidad empresarial

La concienciación empresarial, y más concretamente la de los miembros del órgano de administración, adquiere especial importancia en temas de cumplimiento normativo. Tanto la reforma del Código Penal como la de la Ley de Sociedades de Capital persiguen la transparencia y el buen gobierno corporativo en las empresas, de ahí la vinculación casi automática del artículo 31 bis del código penal (responsabilidad penal de la persona jurídica) y el artículo 225 y 226 de la Ley de Sociedades de Capital (responsabilidad por falta de diligencia empresarial del miembro del órgano de administración).

La concienciación empresarial adquiere especial importancia en temas de cumplimiento normativo. Clic para tuitear

Persona Jurídica y sistema de prevención de delitos

Dispone nuestra normativa penal que la persona jurídica sólo quedará exenta de responsabilidad si cuenta con un sistema de prevención de delitos que sea eficaz y que haya sido implantado antes de la comisión del hecho delictivo en la empresa. Éste deberá reunir una serie de requisitos, como por ejemplo la implementación de políticas y protocolos de actuación que guarden relación con los principios inspiradores de la sociedad. La creación y actualización de estos mecanismos preventivos, persigue incorporar pautas de comportamiento que deberán fusionarse con las ya existentes en la estructura organizativa, y se difundirán para su conocimiento a través de la formación de empleados llevada a cabo por el propio Compliance Penal o encargado del cumplimiento normativo.

Diligencia

Asimismo, y siguiendo con la vinculación de la normativa expuesta, la ley mercantil establece que los administradores de la sociedad deben desempeñar el cargo y cumplir sus deberes con la diligencia de un ordenado empresario, debiendo asegurarse por tanto, que la organización actúa de conformidad con la legalidad. Este deber de legalidad impone a su vez a los miembros del órgano de administración, un deber personal de asegurarse de la legalidad de las decisiones que se adoptan, y una deber más general de velar porque todas ésas sean lícitas.

Lo anterior abre la vía de la responsabilidad social por falta de diligencia empresarial de los administradores, que con posterioridad a la sanción penal, podrá instarse contra aquellos que no han puesto en marcha o han omitido los mecanismos adecuados para asegurarse razonablemente que las infracciones no se produzcan, y si se producen, que éstas se detecten a tiempo con objeto de sancionar a los verdaderos infractores.

Ser administrador de una sociedad hoy en día es una auténtica labor de riesgo. Clic para tuitear

Conclusión

A la vista de lo anterior, puede concluirse afirmando que ser administrador de una sociedad hoy en día es una auténtica labor de riesgo, de ahí la importancia de adoptar decisiones que nos salvaguarden de una posible responsabilidad personal por la comisión de hechos delictivos en el marco empresarial. Un sistema eficaz de prevención de delitos implantado por profesionales especializados en la materia logrará, sin lugar a dudas, cortar ese flujo de responsabilidad que se balancea entre el Derecho Penal y el Derecho Mercantil, ofreciéndole a la empresa además, una imagen corporativa y reputacional reforzada y transparente, incrementado a su vez, el grado de confianza en la organización que se materializará a la larga en mayores beneficios para ésta.

Compliance Penal y Cultura Ética | Melián Abogados

Compliance Penal. Objetivos Empresariales y Cultura Ética

Hablar de Derecho Penal es hablar de poder punitivo. Lamentablemente no hay nada como una amenaza de sanción directa para concienciar al órgano de administración de las empresas de la importancia de la prevención penal en la gestión empresarial. La necesidad de implantar modelos de prevención de delitos (compliance penal) es la base de una gestión diligente, y así se ha reconocido jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo.

Compliance penal y los beneficios

La empresa persigue una serie de objetivos empresariales para subsistir, crecer y desarrollarse, de ahí la importancia de las políticas ejecutadas al efecto por los departamentos competentes, sin embargo casi en el mismo plano de lo anterior debemos situar la implementación de una cultura de cumplimiento normativo y la persecución de objetivos legales por parte de ésta. Podría estar pensando que relacionar, por ejemplo, la obtención de los objetivos económicos con el cumplimiento normativo es un atrevimiento por mi parte, al fin y al cabo la empresa puede ser rentable exista o no un modelo de cumplimiento implantado en ella, y cierto es, un sistema de compliance penal no incide directamente en los beneficios que pueda obtener a día de hoy la empresa, pero sí que puede afectar en éstos en un futuro. Me explico.

Implantar modelos de prevención de delitos es la base de una gestión diligente. Clic para tuitear

Partimos de la idea de que el mero hecho de que exista una estructura organizativa es suficiente para ser un foco de comisión de conductas delictivas. Una empresa está compuesta por socios (en su caso), administradores, directivos y trabajadores que persiguen un fin común. La presión que ejerce la propia dirección financiera para la obtención de resultados supone incluso, en ocasiones, que los propios trabajadores puedan extralimitarse en sus actuaciones, pongamos un ejemplo, pensemos en los regalos de empresa. Podría pensar que un regalo, sin más, no supondría problema legal alguno para la empresa, pero qué ocurriría si ese regalo facilita la contratación de un servicio/producto o consolida la relación comercial con un cliente, la cosa cambia. ¿Quién no ha escuchado hablar de los regalos de lujo que realizan los laboratorios farmacéuticos a los médicos? Tras la modificación del Código Penal en julio de 2015 ¿Dónde se encuentra el límite legal entre regalos y soborno?

Ejemplos miles. Hechos puntuales, conocidos o no por el órgano de administración, que podrían acarrear problemas graves para la sociedad y para los administradores de ésta a título personal. Recordemos que la responsabilidad penal regulada en el artículo 31 bis del Código Penal debe interpretarse partiendo de las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades de Capital, concretamente las relativas a la diligencia de los administradores de las sociedades mercantiles.

Sentencias y sanciones

El asunto reviste especial importancia, basta con echar un vistazo a las sanciones que prevé nuestra normativa para concienciarse de la necesidad de este tipo de sistemas en la organización. A modo de ejemplo, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla el 14 de diciembre de 2015, en la que se condena a una empresa por un delito de falsificación de documento mercantil al pago de un multa de 1.000.000 de euros con la responsabilidad solidaria de los administradores y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 5 años, y ello por simular la adquisición de contenedores a modo de inversión con objeto de obtener subvenciones de la Comunidad Autónoma.

O bien, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres el día 8 de Mayo de 2016, en la que una sociedad dedicada a la actividad inmobiliaria resulta condenada por un delito de estafa al pago de una multa de 24.000 euros y al cierre temporal de la oficina desde la que operaba durante un periodo de 6 meses, además de la condena al propio Administrador de la inmobiliaria y a un tercero de dos años de prisión por el mismo delito cometido tras cobrar una doble comisión (al comprador y al vendedor) sin que lo supieran los afectados.

El Compliance Penal promueve el buen gobierno corporativo y la transparencia en la empresa. Clic para tuitear

Reflexión

Después de este breve recorrido por la jurisprudencia planteo las siguientes cuestiones a modo de reflexión:

  • ¿Influyen estas condenas en la obtención de objetivos empresariales?
  • ¿Inciden las sanciones económicas impuestas en las cuentas de resultado de las sociedades?
  • Y por último, ¿Se ve afectada la imagen corporativa y el prestigio empresarial de la sociedad de cara a un futuro?

La desviación de la legalidad puede llegar a entenderse como un hecho normal, o quizás como un hecho necesario para la obtención de los fines establecidos por la sociedad o previstos, incluso, para el propio trabajador, cuyo salario puede que dependa directamente de ciertos objetivos fijados por la empresa. De ahí la necesidad de concienciar a administradores y altos directivos de la importancia de la prevención de delitos en el ejercicio de la actividad empresarial, apoyándose en un sistema desarrollado con la ayuda de profesionales que promueva el buen gobierno corporativo y la transparencia. El compliance penal.

Primera Sentencia Responsabilidad Penal | Melián Abogados

Y un Veintinueve de Febrero Sucedió…

Año bisiesto, ¿época de buenaventura o año de fatalidades? Según la perspectiva que utilicemos para analizar la siguiente resolución podrá cumplirse o no el rosario de refranes típicos que protagonizan un año como el presente, pues justo hoy, 29 de febrero de 2016, se dicta la primera sentencia en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica por nuestro Alto Tribunal.

Hasta ahora hemos hablado sobre la importancia de generar una cultura de cumplimiento en la empresa por los miembros del órgano de administración y la alta dirección, ética empresarial que demuestra el compromiso de la organización con la normativa sectorial y reglamentaria. También hemos comentado en artículos anteriores la forma de materializar esa idea, profundizando en los programas de cumplimiento normativo y en la creación de una nueva figura en la estructura empresarial, la del Compliance Penal, claro ejemplo de la concienciación empresarial que persigue nuestro ordenamiento jurídico (Código Penal y Ley de Sociedades de Capital). Vinculamos también, para sorpresa de muchos, el deber de diligencia empresarial con la responsabilidad personal de los administradores, y acabábamos para no saturar al lector, hablando de la exigencia penal (medidas de vigilancia y control) que se introducen a modo de requisito para la aplicación de la eximente ante una supuesta responsabilidad de la empresa por la comisión de un acto delictivo.

Pues bien, continuando en la misma línea y a fin de mantener informados a nuestros seguidores, analizaremos en esta nueva publicación algunas novedades en materia de Compliance, pues la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se pronuncia por primera vez sobre la responsabilidad penal regulada en  el artículo 31 bis del Código Penal, acontecimiento a resaltar en el histórico de sucesos.

Primera sentencia sobre responsabilidad penal de la persona jurídica

La sentencia hace referencia a los requisitos que deben concurrir para apreciar la responsabilidad de la empresa, partiendo de una cuestión básica que deberá investigarse en fase de instrucción y que se solventa respondiendo a la siguiente pregunta:

¿El delito cometido por una persona física en el seno empresarial, ha sido posible por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa?

Si la respuesta fuese positiva, nos encontraríamos con la típica situación de ausencia de un sistema de prevención de delitos, y sin lugar a dudas se produciría una transferencia de responsabilidad a la persona jurídica, que también respondería por el ilícito cometido, pudiendo incluso acordarse la disolución de la sociedad por el Tribunal.

¿Pero que ocurriría si la empresa contase con un sistema de prevención y aun así se cometiera un delito por alguno de los integrantes de la empresa? Sencillo, según establece el Tribunal Supremo tendrá que acreditarse en el procedimiento judicial que la empresa contaba con una sistema idóneo y eficaz de prevención implantado antes de la comisión del delito, y que éste se revisaba de forma periódica por el Oficial de Cumplimiento Normativo con objeto de actualizar y corregir las incidencias que se fueran presentando. Programa implementado bajo el lema “tolerancia cero” que se inspira en los principios definitorios de la empresa, y que regulaba de forma interna y externa la actividad a través de políticas y procedimientos.

Así las cosas, nos encontramos con el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica por un delito contra la salud pública cometido por una de las personas que guardan relación con la entidad mercantil en el que se impone a la misma una sanción pecuniaria en cumplimiento de los dispuesto en la normativa penal. Resolución bastante llamativa que deja incluso una vía abierta, la de aplicar en supuestos similares la pena de intervención judicial de la empresa en aras de salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, y ello siempre que no exceda del límite máximo de cinco años.

Primera sentencia sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. Clic para tuitear

Compliance | Melián Abogados

La Figura del Compliance en la Empresa

El Organismo Internacional sobre Normalización (ISO en su terminología inglesa) hace referencia a la figura del Compliance en la ISO 19600 sobre “Sistemas de Gestión de Compliance (cumplimiento normativo)”. De su lectura se desprende la necesidad de dotar a las empresas de un sistema o modelo de gestión orientado a reducir los riesgos que pueda acarrear el ejercicio de una actividad profesional. La función principal de control será desempeñada por personal especializado formado en materia jurídica, control y psicología social.

El sistema de gestión de Compliance se implantará conforme al principio de proporcionalidad reconocido en muchos de los Marcos para la gestión del complimiento generalmente aceptados. Atenderá en primer lugar al tamaño de la empresa y a la expansión comercial de ésta, pues resultaría ilógico obligar a un pequeño empresario, propietario por ejemplo de un taller mecánico, a instaurar un sistema de Compliance con elementos propios de una súper estructura organizativa.

El Compliance cumple un papel fundamental en la organización, sea grande, mediana o pequeña, pues toda actividad empresarial trae consigo una serie de riesgos inherentes que debemos prevenir y controlar. Para ello, se recomienda implantar un modelo de cumplimiento y que éste, sea ejecutado eficazmente con objeto de evitar la responsabilidad personal de los miembros del Órgano de Administración, responsabilidad de la que hemos hablado en artículo anteriores, léase “Responsabilidad penal de la persona jurídica. El Compliance Officer”.

La seguridad absoluta se escapa de toda lógica, y la idea de que todo lo concerniente a la empresa se encuentra bajo control debe ser rechazada de raíz. La empresa desempeña su actividad a través del personal contratado para ello, pero además ésta se relaciona con terceros en otra esfera independiente a la anterior, la de las relaciones mercantiles propias de su actividad; ¿Podemos asegurar que en este último marco de referencia (empresa-proveedor) no cooperamos indirectamente con la comisión de un delito? Por ejemplo.

Quizás no se lo había planteado hasta el momento, pero el perímetro de riesgo podría verse ampliado a sectores situados fuera de sus expectativas (clientes, socios o los integrantes de la cadena de suministro). Lógicamente, abrir el abanico de control resulta prácticamente inviable si no se instaura un modelo de compliance.

Reflexión que realizamos sin ánimo de implantar temor, pero que entendemos que merece especial atención si queremos crear una imagen corporativa competente y eximirnos de responsabilidad ante la eventual apertura de un incidente de cumplimiento.

El Compliance Officer | Melián Abogados

El Compliance Officer. Prevención de la Comisión de Delitos por los Empleados

La entrada en vigor del nuevo Código Penal (1 de julio de 2015) incorpora novedades significativas relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si echamos una mirada al pasado, podemos comprobar que en nuestro ordenamiento jurídico-penal esta responsabilidad no se encontraba regulada hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, es en este momento en el que se reconoce expresamente dicha responsabilidad, autónoma y directa, de las personas jurídicas.

Programa de Prevención

Después de cinco años de incertidumbre, la Ley Orgánica 1/2015 pone fin a las dudas interpretativas existentes limitando la responsabilidad mediante la incorporación de una figura desconocida hasta el momento en nuestro sistema. El “compliance program” o programa de prevención, delimita el campo de responsabilidad y permite a la empresa eximirse de ésta si se han adoptado, antes de la comisión de los hechos, las medidas suficientes/necesarias de control mediante la implantación en la empresa de un sistema de prevención de delitos.

Compliance Officer

El responsable de cumplimiento normativo, interno o externo a la empresa (Compliance Officer), asumirá la vigilancia y control orientado a prevenir la comisión de delitos por los empleados. Se encargará de crear y ejecutar los protocolos o procedimientos de actuación, la imposición de obligaciones de información, establecimiento de un sistema disciplinario, verificaciones periódicas del modelo, entre otras actuaciones.

El Compliance Officer previene la comisión de delitos por parte de los empleados. Clic para tuitear

Actividad transparente

Tras la reforma normativa, tanto las grandes empresas como las PYMES se encuentran con la necesidad común de asegurar que la actuación de sus trabajadores no traiga consigo, consecuencias jurídico-penales para la empresa. La imposición de sanciones penales, puede acarrear no sólo perjuicios económicos importantísimos, sino también, desprestigio dentro del ámbito empresarial, obstáculos de financiación por parte de las entidades bancarias y lógicamente, una imagen nada favorable de cara a proveedores y clientes. Radica ahí la importancia de asegurar una actividad transparente y conforme a derecho mediante el desempeño de un programa de prevención que vele por el cumplimiento preventivo de la normativa.

Contratar a personal especializado que se encargue de los deberes de control, resulta a nuestro juicio, una medida necesaria y primordial para las personas jurídicas, y ello a fin de evitar responsabilidades penales bajo la supervisión y gestión de la actividad empresarial por profesionales.

Exención de responsabilidad

Dispone la nueva regulación que, sólo tendrá cabida la exención de responsabilidad si concurren los siguientes requisitos:

Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para evitar delitos o bien, reducir de forma significativa el riesgo.

Que dicha supervisión haya sido encargada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control suficientes o que tenga encomendada legalmente la función de control interna de la persona jurídica.

Que el autor del delito haya eludido fraudulentamente los modelos de organización y prevención.

Por último, que no se constate una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano encargado de ejecutar, en sentido amplio, el sistema de prevención.

Es preciso contratar personal especializado que prevenga la comision de delitos en la empresa. Clic para tuitear

Se establece un matiz para el supuesto de las empresas de pequeña dimensión (entendiéndose por tales las que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada), en este caso concreto la gestión encargada generalmente a personal especializado externo (compliance program), podrá asumirla el propio órgano de administración.